El presidente Javier Milei firmó el Decreto 534/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, por el cual vetó en su totalidad los proyectos de ley N° 27.791, 27.792 y 27.793, aprobados por el Congreso el 10 de julio pasado. Las iniciativas incluían un aumento extraordinario del 7,2% para jubilaciones y pensiones, una nueva ayuda previsional de hasta $110.000, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia nacional en discapacidad con nuevas prestaciones y beneficios.

Según el Poder Ejecutivo, estas normas “implicarían para el Estado un gasto adicional superior a $7 billones en 2025 y cerca de $17 billones en 2026”, lo que representa el 0,9% y el 1,68% del PBI, respectivamente. “Su promulgación afectaría profundamente la sostenibilidad del sistema previsional y pondría en riesgo las metas fiscales”, señala el decreto firmado por Milei.

¿Qué preveían las leyes vetadas?

El proyecto más amplio (27.791) otorgaba un incremento excepcional del 7,2% a todas las jubilaciones y pensiones con movilidad por la Ley 24.241 y una ayuda económica previsional de hasta $110.000, actualizable por el índice de movilidad jubilatoria. También disponía transferencias adicionales a las provincias con cajas previsionales no transferidas y establecía modificaciones al financiamiento, como la eliminación de ciertas exenciones de IVA a directores de sociedades y a contratos de garantía recíproca.

Por su parte, el proyecto 27.792 prorrogaba por dos años el plan de pagos de la deuda previsional (moratoria) y reducía de 65 a 60 años la edad mínima para que las mujeres accedan a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), compatibilizándola con otras prestaciones e ingresos laborales.

Finalmente, el proyecto 27.793 declaraba la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta 2026, creaba una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo y garantizaba la actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, entre otras medidas de apoyo a personas con discapacidad y prestadores del sistema.

Las razones del veto: “Gasto exorbitante e insuficiente financiamiento”

El decreto firmado por Milei califica las normas como “técnicamente deficientes” y “manifiestamente inviables” por carecer de fuentes de financiamiento adecuadas.

Solo la ayuda económica previsional prevista en el proyecto 27.791 demandaría $1,3 billones este año (0,16% del PBI) y $3,2 billones en 2026. Sumando todas las medidas, el gasto adicional asciende a $4,45 billones en 2025 (0,54% del PBI) y a $8,9 billones en 2026 (0,89% del PBI). El impacto total de los tres proyectos eleva el gasto en 6% del gasto primario anual previsto.

“El Congreso no cumplió con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige especificar fuentes concretas, específicas, actuales y suficientes de financiamiento. Pretender cubrir estos gastos con reasignaciones presupuestarias o eliminación de exenciones marginales es irresponsable”, sostiene el texto.

Además, el Ejecutivo cuestiona la prórroga de las moratorias previsionales, señalando que el 55% de las jubilaciones actuales corresponden a regímenes por moratoria, y que estas medidas “socavan los incentivos a la formalidad laboral y generan inequidades frente a quienes aportaron durante 30 años”.

Más allá del aspecto económico, el decreto denuncia “graves vicios” en el procedimiento legislativo del Senado. Según el Ejecutivo, los proyectos fueron tratados sin una citación formal a los senadores, con dictámenes “careciendo de los requisitos reglamentarios” y con votaciones que deberían haber requerido dos tercios de los presentes.

“La sanción de estos proyectos constituyó un atentado directo contra nuestra Constitución. No resulta tolerable que una mayoría circunstancial manipule las reglas del Congreso para imponerse sobre las minorías”, afirma el texto presidencial.

Milei: “El equilibrio fiscal es innegociable”

El veto se enmarca en la estrategia fiscal del Gobierno. “El equilibrio fiscal constituye uno de los principales compromisos asumidos por el Presidente y fue refrendado en el Pacto de Mayo firmado con 17 gobernadores”, señala el decreto, que reitera el objetivo de “emisión monetaria cero” y la defensa del valor de la moneda.

“El gasto aprobado por el Congreso aumentaría año tras año, condenando a nuestros jóvenes a más emisión, inflación y pobreza”, advierte el texto.

Con el veto, los proyectos regresan al Congreso, que podrá insistir con una nueva votación por dos tercios de ambas cámaras para convertirlos en ley. Sin embargo, en el oficialismo confían en que no existen los votos para revertir la decisión presidencial.

Desde la oposición, algunos bloques anticiparon que buscarán insistir, mientras que organizaciones de jubilados y de personas con discapacidad cuestionaron la medida por “afectar a los sectores más vulnerables”.

El Gobierno, por su parte, sostuvo que seguirá “generando las condiciones necesarias para evitar el deterioro de los haberes, la solvencia fiscal y el crecimiento genuino, basado en la sustentabilidad y la búsqueda de fuentes de financiamiento reales”.