El primer discurso del presidente Javier Milei ante el Congreso tuvo ribetes de extensión del modo campaña. Un relato de reafirmación de ideas para un público complaciente y una oferta que nadie podría rechazar: un nuevo “pacto fundacional” de acuerdo a un catálogo prediseñado que hay que firmar antes a cambio de un paquete de alivio fiscal para las provincias. Ninguna mención a un plan de desarrollo ni estimación de cuándo se verá la luz al final del túnel. Solo una cita de William Shakespeare y un pedido de “paciencia y confianza, porque por más oscura que sea la noche, siempre sale el sol por la mañana”. 

Obviamente nadie puede oponerse a un decálogo de buenas intenciones. El equilibrio económico, la transparencia, son metas que nadie debe eludir. Ningún gobernador está en contra de alcanzarlas. Pero las lecturas entre líneas marcan posiciones distintas en el cómo llegar a ese destino. 

Alberto Weretilneck, de Río Negro, dijo que “van a encontrar un Gobierno Provincial que defienda los intereses” de la provincia. El de La Pampa, Sergio Ziliotto, reconoció que “el diálogo es la base de la política”, pero advirtió que “se construye a partir del respeto”. “Y los acuerdos devienen del consenso, no de la imposición. No se construyen consensos pretendiendo poner de rodillas al otro, agrediéndolo y quitándole lo que le pertenece y debe defender. Para este Gobernador, nunca será posible un acuerdo si antes no se respeta la Constitución nacional y, a partir de sus máximos postulados, la división de poderes y el federalismo. Tengo la responsabilidad de gobernar y defender La Pampa. Ningún acuerdo me llevará a resignar ningún derecho de las y los pampeanos”.

El misionero Hugo Passalacqua marcó: “Nos encontrará siempre en el lugar de los grandes acuerdos nacionales que por la vía del consenso, el diálogo y el federalismo traigan paz y bienestar a los argentinos, en especial al querido pueblo misionero”. 

Por la vía de… 

Milei no abona esa búsqueda de consensos. “Cuando nos encontramos con un obstáculo, no vamos a dar marcha atrás, vamos a seguir acelerando”, amenazó a los gobernadores.

“Si eligen el camino de la confrontación, se encontrarán con un animal muy distinto al que están acostumbrados. Porque a diferencia de algunos de los que están acá o de quienes nos miran desde su provincia, la política para nosotros no es un fin en sí mismo. No vivimos por la política, no vivimos de la política, no tenemos ambición de poder. Lejos de todo eso, lo único que tenemos es sed de cambio. Nosotros no tomamos decisiones pensando en nuestra carrera política. Nosotros vinimos a enarbolar las banderas de la libertad, con plena conciencia de que íbamos a tener que pagar los costos de la fiesta obscena que muchos de ustedes realizaron. Porque lo que nos mueve a nosotros no es el poder por el poder mismo, sino nuestra causa sagrada: la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada de los argentinos. No buscamos ni provocamos la confrontación, no queremos discutir el pasado. Venimos a plantear una agenda de futuro, porque como dice el refrán “el secreto del cambio es concentrar toda tu energía, no en luchar contra los viejos, sino en construir lo nuevo”. Nosotros venimos a poner nuestra energía en construir lo nuevo, pero quiero decirles a todos los que están acá y a quienes nos están mirando que si lo que buscan es el conflicto, conflicto tendrán”. 

Para el Presidente, el camino distinto, de paz es aceptar su plan. Pero por las dudas, tomó distancia: “Debo ser honesto en decirles que no tengo demasiadas esperanzas de que tomen este camino. Creo que la corrupción, la mezquindad y el egoísmo están demasiado extendidos. Pero si bien no tengo demasiadas esperanzas, tampoco las he perdido. Es más, quiero que me demuestren que estoy equivocado, quiero desafiarlos a que demuestren que la política puede ser más que lo que es, que podemos aspirar a ser mejores, que demuestren a que a pesar de nuestras diferencias podemos anteponer los intereses de la nación a los miserables intereses electorales. Por esta razón y con el deseo de estar equivocado en mi desconfianza hacia muchos de ustedes, es que quiero aprovechar esta ocasión para extenderles una invitación”. Rara forma de invitar al diálogo. Ustedes, los corruptos. Yo, el impoluto. 

Sin embargo, pese al “llamado”, el Gobierno nacional sigue ninguneando a las provincias. Apenas unas horas pasaron y el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda Cámara de Diputados, José Luis Espert, quien en la noche del viernes se fundió en un largo abrazo con Milei, se burló: “Hay que ver cuánta plata necesitan los gobernadores para levantar la manito”.

El pacto del 25 de Mayo que propuso el Presidente no es otra cosa que la reescritura de la ley Ómnibus que hace pocos días fue rechazada en el Congreso por amplia mayoría. Y que incluye efectos nocivos para buena parte de la sociedad. Este “nuevo” acuerdo contiene similitudes llamativas con los pilares del Consenso de Washington diseñado para América Latina en los 90 y avanza sobre algunos preceptos del federalismo, como la imposición de un compromiso para que las provincias acepten explotar sus recursos naturales, que, según la Constitución, son de su dominio originario. Aplica para los minerales y guanacos de Chubut o el agua del Acuífero Guaraní y la selva misionera. 

El Presidente también propone rediscutir la coparticipación federal de impuestos y “terminar para siempre con el modelo extorsivo actual”. Deuda pendiente desde la reforma de 1994, una nueva ley de reparto enfrenta diversos intereses y un callejón sin salida: debe partir de la premisa de que nadie reciba menos recursos y varias provincias exigen más de lo que reciben actualmente. 

Desde hace años Misiones reclama una compensación, ya que recibe menos que todo el NEA, pese a que es la provincia con mayor potencia económica y lo mucho que cambiaron las condiciones desde 1988, cuando se aprobó la ley actual. ¿Cómo será reparada Misiones si la intención de la Nación es achicar la torta de reparto? ¿Cómo será compensada la provincia de Buenos Aires que padece de un mal similar? 

La posición sostenida en el tiempo por Misiones es que a pesar de ser la séptima economía de la Argentina y la novena en cantidad de habitantes, está relegada al puesto 20 en el reparto de la coparticipación. Una vez conocidos los datos del Censo 2022, la Provincia, que recibe 3,5 por ciento del total de lo repartido, redobló su reclamo por un punto más de coparticipación.

Al margen, las cuentas de la mayoría de las provincias están más saludables que las de la Nación. Misiones mantiene una política de no endeudamiento desde 2003 y el último dato de 2023 marca un superávit primario de $3.166,75 millones, que es incluso superior medido con la lupa de Nación. 

El camino elegido para llegar al mismo lugar, es distinto. En contraste con la política nacional, Misiones tiene una decidida participación en la economía, con incentivos directos a las áreas más sensibles e inyección de recursos propios para apuntalar a las economías regionales. La obra pública es pilar del desarrollo territorial y hoy es sostén de un empleo duramente golpeado por la parálisis nacional. La construcción en Misiones registra 6.640 empleos, el menor nivel de los últimos treinta y tres meses, lo que revela el impacto de la decisión de parar todas las obras con financiamiento nacional. 

Milei plantea un equilibrio fiscal “innegociable” y promete condenas para quienes financien el déficit con emisión, además de una reducción del gasto público en torno al 25 por ciento del PBI. Eso implicará sostener el ritmo de ajuste actual. Pero para alcanzar el déficit cero en “tiempo récord”, el Presidente sencillamente dejó de pagar. 

Se desentendió de obligaciones asumidas por el Estado nacional y congeló partidas que estaban presupuestadas. Así desaparecieron el Fondo Compensador del Transporte y Fondo de Incentivo Docente y otros aportes al salario educativo. Ante la tribuna, el Presidente se quejó de que “el analfabetismo incipiente es a nuestra educación lo que la inflación es a nuestra economía”. Diagnóstico preocupante y conocido. Pero no hay ninguna acción que implique una mejora. Desfinanciar infraestructura educativa y los salarios docentes, no parece ser un sendero que permita corrección alguna. Para cubrir la deuda salarial de la Nación, acumulada entre diciembre y enero, la Provincia puso 3.027 millones de pesos, para comenzar el ciclo lectivo sin deudas. Al Fonid corresponden 890 millones. No hay certezas de qué pasará en los próximos meses ni cuánto podrán soportar las cajas provinciales. Misiones ya tiene una demanda en la Corte, al igual que otras provincias, para que la Nación cumpla con los pagos, que ya estaban incluidos en el Presupuesto que fue prorrogado. Por lo pronto, no hubo avances en la reunión paritaria entre Nación y los gremios.  

En el discurso de poco más de una hora no hubo una sola línea dedicada por Milei a cómo enmendar el drama de miles de argentinos que fueron empujados a la pobreza tras la devaluación y la escalada inflacionaria. 

Desde que asumió, los combustibles aumentaron 96 por ciento, con la cuarta suba aplicada este sábado. La inflación desde que llegó al poder acumula 46,1 por ciento y en estos días se conocerá el dato de febrero, que no será mucho menor que el de enero. 

A eso se suma un nuevo tarifazo por la quita de subsidios en las tarifas eléctricas. Las facturas llegarán con aumentos de entre el 50 y el 230 por ciento, de acuerdo a la categoría. En el caso de los usuarios residenciales, el aumento será del 50 por ciento. Para los sectores comerciales e industriales, la suba será del 87 por ciento. Pero quienes más sufrirán el embate de las subas serán los que no están inscriptos: las subas serán entre 200%  y 230% para unos 50.000 usuarios aproximadamente, particularmente en el sector Residenciales.

No solo no hubo mención alguna a cómo reparar los efectos del ajuste y la liberación de mercados. Sino que, por el contrario, el Presidente dio una visión diametralmente opuesta a la de la calle. “Derogamos la nefasta ley de alquileres y pasó exactamente lo que dijimos: la oferta de bienes en el mercado se duplicó de diciembre a febrero y en consecuencia el valor en términos reales de los alquileres bajó”. No dijo dónde. En Misiones ocurrió lo contrario. Los precios de los alquileres se dispararon sin el corsé de la ley. En paralelo, aseguró que el ajuste “ha sido realizado mayormente sobre el sector público nacional” pero los sectores más afectados por los recortes fueron las prestaciones sociales -jubilaciones y asignaciones familiares- (representaron el 41,8% del ajuste total) y los subsidios -a la energía y el transporte- (16,8%). Esto fue omitido por Milei. Pos devaluación, la pobreza está hoy en el nivel más alto de los últimos 20 años, con un fuerte salto de casi quince puntos en menos de tres meses. 

Las encuestas comienzan a marcar que la visión del Presidente no se condice con la de los ciudadanos. Incluso, aquellos que lo votaron comienzan a mostrar síntomas de agotamiento. Un estudio de Analogías señala que al concluir los dos primeros meses de gestión de la administración mileísta, se registra una caída de la imagen presidencial y se igualan sus opiniones positivas (47%) y negativas (47%). También se han deteriorado levemente las expectativas económicas: ahora las percepciones pesimistas (47%) se imponen a las optimistas (45%).

Si en el tiempo que media entre los estudios de enero y febrero se hubiera repetido la evolución nominal de los salarios que consignó el INDEC diciembre, el sector registrado de los trabajadores habría perdido casi el 22% de su capacidad de compra, sólo en este mes. En este sentido, una clara mayoría expresó nuevamente que el ajuste recae sobre trabajadores y jubilados (55%) y que habrá resistencia social al mismo (65%).

El decálogo de reformas propuestas incluye una reforma laboral, una reforma previsional, que incluye elevar la edad jubilatoria y la vuelta “optativa” de las AFJP, además de una diferenciación que salve la “afrenta moral” entre quienes aportaron toda su vida y quienes entraron por moratorias. Hay moratorias y moratorias. Finalmente, en su plan “anticasta”, Milei quiere que los partidos políticos sean financiados por aportes privados y no por el Estado. Una apuesta riesgosa que abre la puerta a capitales y lobbies no siempre transparentes. En contraste, aquellos que no consigan “sponsors” quedarán rápidamente fuera de carrera. Democracia para quien pueda pagarla.

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