La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei fue presentada como una pieza clave para combatir la informalidad y generar empleo registrado. Sin embargo, una reciente declaración del asesor laboral del Presidente, Julián De Diego —redactor del proyecto— dejó al descubierto una verdad que el oficialismo intenta ocultar: la reforma no va a crear trabajo formal. La admisión no solo desarma el principal argumento con el que se intentó legitimar el avance sobre derechos laborales, sino que obliga a replantear el verdadero sentido político de la iniciativa.

Lejos de tratarse de un desliz discursivo, el reconocimiento expone una coherencia interna del programa económico: el objetivo no es generar empleo, sino redefinir las condiciones en las que se trabaja, incluso aceptando que habrá menos protección, más precariedad y mayor transferencia de riesgos hacia los trabajadores.

El empleo no cae por derechos, cae por recesión

El proyecto oficial parte de un diagnóstico que no resiste el contraste con la evidencia empírica. No existe en la Argentina una relación demostrable entre derechos laborales y falta de empleo. Por el contrario, los períodos de mayor creación de trabajo registrado coincidieron con ciclos de crecimiento económico, expansión del mercado interno y políticas activas del Estado.

Según datos del INDEC, durante 2024 el salario real acumuló una caída superior al 20%, el consumo interno se desplomó y la actividad industrial y de la construcción registraron bajas de dos dígitos. En ese contexto, el desempleo volvió a crecer y la informalidad laboral se mantiene en torno al 40/45% de la población ocupada. No porque los derechos sean excesivos, sino porque la economía se contrajo violentamente.

La evidencia es clara: las empresas no contratan cuando no venden, no cuando existen convenios colectivos o indemnizaciones. Ninguna reforma laboral puede compensar una política económica que destruye demanda, asfixia a las pymes y paraliza la inversión productiva.

Flexibilización como política de ajuste

El propio asesor presidencial reconoce que la reforma no generará empleo. Esa frase, lejos de debilitar el proyecto, lo define con mayor precisión. La reforma laboral no es una política de empleo: es una política de ajuste.

La ampliación del período de prueba, el debilitamiento de las multas por trabajo no registrado, la desarticulación de la negociación colectiva y el ataque al rol sindical no apuntan a incorporar nuevos trabajadores al sistema formal, sino a abaratar despidos, disciplinar conflictos y reducir el poder de negociación del trabajo frente al capital.

En términos económicos, la reforma opera como una redistribución regresiva del ingreso: mejora la rentabilidad empresarial a costa de salarios más bajos, mayor inestabilidad y pérdida de derechos. En términos políticos, consolida un modelo que asume como natural la precariedad y renuncia explícitamente a la idea de desarrollo con inclusión.

El corrimiento deliberado del Estado

El reconocimiento oficial también expone otro aspecto central: el corrimiento del Estado de su responsabilidad histórica en la generación de empleo. En lugar de políticas de incentivo productivo, crédito, obra pública o fortalecimiento del mercado interno, el gobierno opta por intervenir exclusivamente sobre el eslabón más débil de la relación laboral.

La Argentina no enfrenta una “crisis de regulaciones”, sino una crisis de modelo económico. La informalidad no se explica por el exceso de derechos, sino por la persistencia de estructuras productivas débiles, la falta de planificación y la primarización de la economía. Ninguna de esas causas es abordada por la reforma.

Un cierre sin eufemismos

Que el propio redactor de la reforma admitiera que no habrá más empleo registrado debería cerrar definitivamente el debate público. Si no crea trabajo, si no reduce la informalidad y si no mejora las condiciones de vida, la pregunta ya no es técnica sino política.

La reforma laboral del gobierno de Milei no va a fracasar porque esté mal comunicada: fracasará porque no está pensada para resolver el problema del empleo, sino para consolidar un modelo económico que acepta el desempleo, la informalidad y la precarización como costos inevitables del ajuste.

Cuando un gobierno avanza sobre derechos sin siquiera prometer trabajo, lo que está en juego no es una modernización, sino una redefinición regresiva del contrato social. Y cuando esa admisión proviene del propio oficialismo, lo que queda al desnudo no es una contradicción, sino una decisión política consciente.

Empleo y modelo económico: lo que muestran los datos

Conclusión empírica: el empleo crece cuando crece la economía. La flexibilización sin crecimiento no genera trabajo: redistribuye pérdidas.