El Gobierno avanza con la reestructuración de la Procuración del Tesoro en medio de sospechas por filtraciones en el caso YPF

La administración de Javier Milei oficializó un fuerte ajuste en la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo encargado de la defensa jurídica del Estado. La medida incluye la disolución de áreas clave y se da en un contexto de sospechas por venta de información vinculada al juicio millonario por la expropiación de YPF.

Reestructuración oficial con foco en “eficiencia y gasto público”

Mediante el Decreto 475/2025 publicado en el Boletín Oficial, la Procuración del Tesoro —órgano dependiente del Ministerio de Justicia— activó una reorganización estructural de sus direcciones internas. La medida fue firmada por el procurador Santiago María Castro Videla, y responde formalmente a una búsqueda de “eficiencia operativa y reducción del gasto público”.

La decisión implica la reconfiguración o posible disolución de al menos cinco direcciones estratégicas: Dictámenes, Asuntos Judiciales, Asuntos y Controversias Internacionales, Sumarios e Investigaciones Administrativas, y Coordinación Técnica y Administrativa.

Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que la reestructuración coincide con la denuncia de filtraciones de información reservada en el juicio que enfrenta Argentina por la expropiación de YPF, en el que el fondo Burford Capital y Eton Park exigen al país el pago de US$16.000 millones.

Acusaciones cruzadas y posibles conflictos de interés

Según trascendidos publicados por medios nacionales como Infobae, TN, Clarín y La Nación, en la Casa Rosada aseguran contar con pruebas de que hubo “venta de información confidencial a los demandantes” del caso YPF. El hecho se habría producido al interior de la propia Procuración del Tesoro, donde trabajan cerca de 240 personas.

“Creemos que hubo venta de información”, afirmó una fuente oficial a Infobae. Sin embargo, el Gobierno evitaría hacer pública la acusación para no perjudicar la apelación ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York, donde se dirime un pedido urgente para suspender la ejecución del fallo de primera instancia.

TN fue más allá al afirmar que “en Balcarce 50 no descartan denunciar a los trabajadores apuntados ante la Justicia por daños al Estado”, mientras que Clarín indicó que la Procuración prefiere “poner el foco en la eficiencia administrativa” antes que en la divulgación de información reservada.

Designaciones polémicas: vínculos con Burford y Eskenazi

El escándalo tomó temperatura por los antecedentes de los funcionarios designados por el presidente Javier Milei en la Procuración. El primero en asumir fue Rodolfo Barra, quien debió excusarse al haber sido consultor jurídico del Grupo Petersen, cuyos derechos fueron adquiridos por Burford.

Su reemplazo, Santiago Castro Videla —hoy a cargo del organismo—, fue socio de Alberto Bianchi, testigo del fondo buitre en el proceso judicial en Nueva York. A su vez, el segundo del organismo, Andrés De la Cruz, también defendió al Grupo Petersen como parte del estudio jurídico Cleary Gottlieb (N.d.R. erróneamente al armar el artículo se mencionaba al estudio Marval O’Farrell & Mairal donde De la Cruz nunca trabajo).

“¿Conflicto de intereses o un Estado que patea en contra?”, se preguntan con ironía algunos abogados judiciales, al señalar que “Milei eligió a tres abogados con vínculos directos con los demandantes” en el caso judicial más costoso de la historia argentina.

Una purga en marcha y un riesgo económico monumental

Aunque desde el Gobierno intentan desligar los despidos de las sospechas, distintos medios coinciden en que habrá una “purga interna” y que ya se inició el proceso para desvincular personal involucrado en la presunta filtración. La Dirección Nacional de Sumarios también fue alcanzada por la reestructuración.

Según los documentos oficiales, se fortalecerán los mecanismos de control, auditoría interna, ciberseguridad y protección de la información, con un rediseño de funciones y responsabilidades.

La eventual venta de información podría afectar de forma directa la estrategia legal de Argentina, no solo en el caso YPF sino también en otros litigios internacionales de alto impacto económico. El fallo por la expropiación de la petrolera implica una condena de más de US$350 por cada argentino, un riesgo fiscal sin precedentes.