Un informe de Adcap Grupo Financiero reveló que, excluyendo el swap con China, las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) rondan los u$s28.200 millones, una cifra que representa entre el 36% y el 49% de lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) considera como prudente para economías emergentes con el perfil de Argentina. El análisis se apoya en la guía de 2016 del FMI sobre Evaluación de la Adecuación de Reservas (ARA), una herramienta que continúa siendo la referencia estándar para medir la salud externa de un país.

Según la metodología ARA, las reservas óptimas para un país con tipo de cambio administrado como el argentino deberían ubicarse en torno a los u$s68.000 millones. En un régimen de flotación cambiaria, el umbral baja a u$s57.800 millones, y en un esquema fijo se eleva a u$s78.700 millones. A la luz de estos parámetros, el stock real de reservas —sin contar el acuerdo de swap con China— deja a la Argentina apenas a mitad de camino, lo que genera un importante gap de cobertura frente a posibles shocks financieros o comerciales.

El estudio, elaborado por los economistas Eduardo Levy Yeyati y Federico Filippini, desglosa los componentes críticos de la fórmula ARA:

• Deuda de corto plazo: u$s18.300 millones
• Otros pasivos de portafolio: u$s314.000 millones
• Dinero amplio en dólares: u$s30.600 millones
• Exportaciones anuales: u$s73.600 millones

Este análisis refuerza la idea de que el proceso de acumulación de reservas, pese a los avances recientes, sigue siendo una de las principales vulnerabilidades estructurales del esquema macroeconómico vigente.

En paralelo a la publicación del informe, el Gobierno argentino formalizó ante el FMI una solicitud de waiver —una dispensa técnica— por no haber alcanzado la meta de acumulación de reservas fijada para el segundo trimestre de 2025, que preveía un incremento de u$s4.700 millones. La gestión fue encabezada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el viceministro de Economía, José Luis Daza, quienes viajaron a Washington para presentar el pedido.

El pedido de dispensa es clave para destrabar un giro pendiente de u$s2.000 millones correspondiente a la primera revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) por u$s20.000 millones. Sin embargo, debido al receso estival del organismo, tanto la aprobación del Staff Level Agreement (SLA) como el desembolso podrían demorarse hasta septiembre.

Según fuentes cercanas a las negociaciones, el desvío en la meta de reservas responde a una combinación de factores:

• Vencimientos de deuda que absorbieron divisas.
• Política monetaria restrictiva, con nula emisión para compra de dólares.
• Limitaciones cambiarias impuestas por el Ejecutivo, como la decisión de no intervenir en el mercado hasta que el dólar oficial tocara los $1.000, umbral inferior del corredor cambiario.

El informe de Adcap advierte que la fragilidad externa persiste, incluso en un contexto donde el tipo de cambio se encuentra administrado. “Dado el crawling peg actual, un objetivo razonable para el nivel de reservas sería de u$s68.000 millones. Eso implicaría más que duplicar las reservas actuales”, remarca el estudio.

Si bien el pedido de waiver podría evitar una crisis de corto plazo, la necesidad de recomponer las reservas internacionales sigue siendo un desafío de fondo para estabilizar expectativas y reducir la vulnerabilidad financiera. Sin un refuerzo significativo, el margen de maniobra ante shocks externos o corridas cambiarias se mantiene limitado.

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