El Gobierno de Javier Milei cedió ante los reclamos de la oposición ante la necesidad de conseguir los votos para la aprobación de la ley Ómnibus. En el caso de las economías regionales con base en Misiones, seguirán con retenciones cero la yerba mate y el té y se incluyó a la forestoindustria. Sin embargo, el tabaco quedó fuera del listado admitido por los negociadores del Presidente, de acuerdo al borrador que trascendió. El tabaco pagaba 12 por ciento y si se mantiene la exclusión, tributará el quince por ciento, lo mismo que iba a pagar la madera exportada.

En el caso del Ambiente, se incorporó un reconocimiento expreso del acuerdo de las provincias para la legislación ambiental armonizada. También se admite la inclusión de las provincias en las mesas técnicas de trabajo para el diseño del modo de asignación de derechos de emisión y la implementación del modo para establecer los límites de derechos de emisión anuales. 

En materia ambiental, también se eliminó el artículo 497 de la ley de Quema, que entendía por “aprovechamiento productivo” toda actividad que tenga una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno. Asimismo, se suprimió la modificación del artículo 26 de la ley de Bosques, -la ley de Presupuestos Mínimos de  Protección Ambiental de los Bosques Nativos-, que pretendía habilitar usos distintos del suelo y desmontes en zonas críticas. También se agregará un artículo para garantizar financiamiento de la ley de Bosques.

El principio de acuerdo alcanzado en la Cámara de Diputados entre La Libertad Avanza (LLA) y los denominados bloques dialoguistas del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, comprende cuestiones como la metodología de aumento de las jubilaciones, los sectores productivos alcanzados por las retenciones y con qué porcentajes y el detalle de las empresas a privatizar.

El acuerdo es analizado por los diferentes bloques de la Cámara y se propone limitar el plazo de vigencia de la emergencia solicitada por 4 años a un año, más otro prorrogable por el Poder Ejecutivo (lo que suma dos en total), y se eliminan las facultades delegadas en materia de defensa, social, previsional y sanitaria.

En otro punto el texto dice que se fijan en 0% las retenciones para economías regionales, que originalmente se llevaban a un 15%, y se limita/elimina la facultad para aumentar los derechos de exportación.

En relación al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se establece como requisito que el Poder Ejecutivo Nacional para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferido al Tesoro), “deberá contar con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones”.

Sobre las empresas del Estado a privatizar, sólo se excluiría a YPF, aunque el bloque radical también pide dejar al margen al Banco Nación y Arsat.

En materia de producción se prevé un aumento en los cortes obligatorios de bioetanol (hasta alcanzar entre 18% y 27%) y biodiésel (alcanzar en 2026 hasta 15%) y se elimina la posibilidad de libre importación de biocombustibles. También, se elimina la derogación de Ley de Azúcar.

El texto establece un beneficio para contribuyentes cumplidores del impuesto a los Bienes Personales, aunque se sugiere que el capítulo sobre este tributo podría enviarse junto “al proyecto de Ganancias”.

En materia de seguridad, se elimina el artículo que hacia referencia a considerar manifestación a la reunión de tres personas, y se agregaría como “pena en el Código Penal los bloqueos a comercio o industrias”.

Se establecería la eliminación de todo el capítulo de reforma a la Ley de Sociedades y el de salud pública; en tanto que de la cuestión electoral sólo avanzaría el referido a las PASO, quedando al margen la modificación a la composición de la Cámara.

En relación al Régimen Federal de Pesca, se precisa que “se mantiene la obligación de desembarcar en Argentina; se aclara que el sistema de licitaciones no va a ser internacional; y se mantienen los requisitos actuales con respecto a la tripulación local”.

Sobre la Ley de Hidrocarburos se incluirá “la aclaración ‘Nacional o Provincial’, según corresponda, para evitar cualquier duda sobre competencias de las provincias en la materia, en todo el articulado” y se mantendrá la facultad de las provincias de controlar el plan de inversiones, con lo cual no se derogan los artículos 32 y 33 de la Ley 17.319.

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