Escribe José María Segura* – Desde hace muchos años, pero particularmente en los últimos 50, el problema de la economía argentina ha sido un nivel de gasto público muy por encima de las posibilidades genuinas de financiación; lo que alternativamente desembocó en recurrentes crisis inflacionarias y de deuda pública, con el consecuente efecto en el estancamiento económico y deterioro del nivel de vida de la población. 

De los últimos 80 años, en 68 el país ha tenido alzas en el nivel general de precios interanuales por encima de los dos dígitos. No obstante, la inflación -que es un problema económico en sí mismo, ya que distorsiona el sistema de precios, aumenta la incertidumbre y reduce el horizonte temporal de planeación- es el síntoma de una causa subyacente: el crónico déficit fiscal. 

Ahora bien, cuando se aborda el problema de la economía argentina desde esta perspectiva más amplia, surge inmediatamente la pregunta si un plan de dolarización -plan eminentemente monetario que apunta a un fenómeno monetario como es la inflación- es per se garantía de éxito frente un problema económico que es de raíz fiscal. 

No nos proponemos aquí analizar la viabilidad de la potencial implementación del tal programa -sobre lo cual también existirían dudas- sino sobre la sustentabilidad o irreversibilidad de este a largo plazo. Nos preguntamos aquí si la dolarización, es decir la elección del país de atarse a una moneda de otra economía, en este caso el dólar, es suficiente para resolver el problema fiscal, causa origen del problema monetario. 

Desde el punto de vista conceptual, la devaluación de la moneda permite a una economía abierta amortiguar los shocks externos que pudieran afectarla. Al abaratar las exportaciones y encarecer las importaciones, la devaluación reequilibra el sector externo sin necesidad que el equilibrio deba producirse tras un proceso de ajuste en las cantidades que, a la postre, corrija los precios relativos de un modo semejante al que se hubieran corregido por medio de la devaluación.

Ahora bien, si frente a un shock externo se elimina la posibilidad de devaluación -por atarse a una moneda cuya economía no se viera impactada por los mismos factores exógenos-, no queda otro mecanismo de ajuste del sector externo que no sea la corrección de los precios relativos tras un ajuste de cantidades. Frente a esta situación, o los precios de la economía son lo suficientemente flexibles a la baja como para aumentar la oferta exportable o, paradójicamente, la situación no diferiría demasiado de la situación actual donde, al haber fijado el tipo de cambio oficial, la corrección debe hacerse vía restricciones cuantitativas a las importaciones -porque los dólares existentes no alcanzan para sostener el nivel de importaciones-, hasta tanto la actividad caiga a un nivel en el cual la demanda de las mismas sea consistente con el nuevo equilibrio de sector externo tras el shock. 

La experiencia histórica demuestra que la economía argentina presenta innumerables rigideces en los mercados laborales -con imposiciones que financian el gasto social-, en el gasto público, etc., que hacen que -a menos que estas sean abordadas con reformas específicas- no puede esperarse un escenario de rápido rebalanceo del sector externo frente a un shock exógeno. 

En efecto, hacia fines de los 90’s, con un esquema monetario menos inflexible que la dolarización -como era la convertibilidad-, la economía argentina no presentó un grado de flexibilidad tal que permitiera corregir los precios relativos para ajustar el sector externo y mantenerse dentro del corsé monetario. Tras el contagio de las crisis del sudeste asiático (97), rusa (98) y la devaluación del real brasileño en 1999, la competitividad de la economía argentina quedó fuertemente impactada al no poder devaluar su moneda. A ello se sumó una seguidilla de alzas en la tasa de interés de Estados Unidos que no solo apreciaron el dólar -y consecuentemente el peso-, sino que también afectaron fuertemente a los compromisos de deuda asumidos. 

Ante la inflexibilidad de precios a la baja en el mercado interno -fundamentalmente de salarios, atados al dólar- y del gasto público -básicamente gasto en la seguridad social- la recesión se tornó socialmente inviable, permitiendo que la política encontrara una forma de financiarlo; primero eludiendo el corsé monetario -mediante la emisión de cuasimonedas- y luego rompiéndolo -abandonando la convertibilidad.

Como se puede apreciar, la historia muestra que si no se generan las reformas y consensos estructurales que apunten al nudo del problema -que no es monetario, sino fiscal y de rigideces en los mercados de factores- no habrá garantías de que aún un esquema monetario como la dolarización no pueda ser revertido. 

Ahora bien, la pregunta que sigue frente a esta perspectiva sería: si se pone el foco de la discusión en el verdadero problema, es decir, en lograr los consensos necesarios para reducir el gasto público a niveles financiables y en que dichos consensos sean perdurables en el tiempo, ¿continuaría aún así siendo necesario perder grados de autonomía en la definición de la política monetaria mediante un esquema de dolarización?

*José María Segura, Economista Jefe de PwC Argentina

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