La industria textil atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. El sector cerró el 2025 con una contracción interanual acumulada de 7,8%, mientras que el total de la industria promedió una leve recuperación de 1,6%, según reveló el informe económico de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA). Además, en diciembre de 2025, la variación de la actividad textil cayó un 25,7% comparado con el mismo mes del año anterior.
De acuerdo con el relevamiento elaborado a partir de estadísticas oficiales, la actividad del sector textil continúa en fuerte retroceso, con escaso nivel de utilización de la capacidad instalada y una pérdida sostenida de puestos de trabajo, en un contexto marcado por el cierre de empresas y el ingreso de productos subfacturados que impiden una competencia leal.
Uno de los índices que generan mayor preocupación es la utilización de la capacidad instalada que no evidencia mejoría: durante diciembre operó con niveles mínimos cercanos al 35% y en enero con el 34%.
Otro indicador alarmante es la caída del empleo sectorial que mantiene una baja interanual continua desde febrero de 2024. Entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron más de 19.000 puestos de trabajo formales. Según datos de la Secretaría de Trabajo, en noviembre pasado, el sector textil, confección, cuero y calzado alcanzó 102 mil empleos formales, 11.000 menos que en el mismo mes de 2024.
En materia de precios, el IPC del rubro “prendas de vestir, cuero y calzado” (Índice de Precios al Consumidor Textil) de enero mostró una caída respecto a diciembre. En este último mes registró un retroceso de 0,5 %, es decir, 3,3 puntos porcentuales por debajo del nivel general. De todos los rubros, la industria textil fue la única en experimentar deflación y desde agosto de 2023 se mantiene por debajo del promedio de la economía.
En cuanto al comercio exterior, en enero de 2026 se importaron 16.582 toneladas de productos textiles —hilados, tejidos y confecciones— por USD 39 millones, lo que representa una caída interanual de 31% en volumen y de 40% en valor. Esta disminución se explicó principalmente por la contracción en las importaciones de insumos. Sin embargo, en el mismo período crecieron con fuerza las importaciones de prendas terminadas: +129 % en cantidad y +91 % en valor respecto a enero de 2025. Esta dinámica refleja un aumento en la participación de productos finales importados en el mercado interno, en detrimento de la producción local. Además, persisten prácticas de subfacturación que distorsionan los precios declarados de importación y generan una competencia desleal frente a la producción nacional.
“Cuando el empleo industrial se contrae y, al mismo tiempo, aumentan las importaciones de productos terminados bajo condiciones inconsistentes con los antecedentes del sector y la realidad productiva internacional, el impacto sobre la producción nacional resulta inevitable y preocupante. Asegurar condiciones de competencia equilibradas es clave para que la industria textil argentina pueda sostener el empleo y fortalecer el entramado productivo en todo el país. Sin industria no hay desarrollo ni empleo“, dijo Luis Tendlarz, Presidente de FITA.
La realidad que atraviesa al sindicalismo podría estar resumida muy ilustrativamente en la débil resistencia que pudo ofrecer frente al avance del ambicioso proyecto de Reforma Laboral que impulsó el oficialismo y que finalmente aprobó en el Congreso esta semana. Fue tan débil la musculatura sindical para resistir, que la CGT ni siquiera decidió intentar simbolizar con una movilización, su ánimo de resistencia al proyecto, en el tratamiento que la iniciativa tuvo en revisión en el Senado esta semana. La decisión que tomó la mesa chica de la CGT fue la de apuntalar todos los cañones a la judicialización de la Ley y para ello realizarán una movilización a la plaza de Tribunales, frente al palacio de justicia, para tratar de presionar a los jueces que deberán resolver los planteos de inconstitucionalidad que el sindicalismo intentará interponer para frenar la reforma.
Hubo mucho del contenido de la reforma que el sindicalismo resistió desde un comienzo, pero que no pudo frenar. Entre ellos, cambios en las condiciones de contratación y de la jornada laboral, cambios en las indemnizaciones por despidos, cambios en materia de convenciones colectivas de trabajo, limitaciones del derecho a huelga y en la justicia laboral. Son precisamente parte de esos contenidos que la CGT buscará frenar en la justicia.
Los aumentos salariales mensuales siguen sin impulso para vencer al IPC
La tónica que se advierte en la dinámica de aumentos mensuales previstos en los acuerdos salariales sigue siendo la misma en los últimos 6 meses: el promedio de aumentos mensuales no alcanza la velocidad de los precios. Febrero se anticipa como un nuevo mes donde el IPC supera el promedio de las cuotas mensuales.
El ministro del Interior, Diego Santilli, tiene previsto reiniciar el domingo 15 de marzo una serie de contactos con los gobernadores para que la administración de Javier Milei consolide su mayoría parlamentaria.
La idea de Santilli es seguir fortaleciendo el vínculo con los mandatarios para que el Gobierno no tenga ningún sobresalto en el Parlamento, sobre todo, en esta etapa que se abrió en el Congreso, en la cual La Libertad Avanza (LLA) busca debatir y sancionar una serie de proyectos de envergadura, entre ellos la Ley de Glaciares, que ya consiguió el visto bueno en el Senado, y la nueva Ley de Financiamiento Universitario.
¿Cuándo quedará definida la hoja de ruta del ministro a partir de la mitad del mes? ¿Con quiénes se reunirá? Quienes lo conocen precisan que esos puntos quedarán determinados una vez que se termine de ordenar la agenda de sesiones ordinarias.
El funcionario de pasado en el PRO comenzó con una gira por todo el país en 2025 para reunirse con los dirigentes del Interior y conseguir apoyos para que el oficialismo sancione el Presupuesto 2026.
Una vez que la ley de leyes consiguió aprobación, Santilli armó otro tour federal, en enero de este año, pero para conversar con los gobernadores sobre los puntos favorables de la reforma laboral que terminó con visto bueno de ambas Cámaras.
Y, con apoyo total de los legisladores que responden a los mandatarios, con casi dos tercios de los votos en el Senado. El éxito de esta estrategia generó que el ex precandidato a gobernador bonaerense sea, una vez más, una de las caras del Gobierno para negociar con los gobernadores los sufragios del Congreso.
La economía no levanta y las cuentas provinciales lo sufren. En los últimos meses, Misiones viene enfrentando un deterioro sostenido de sus recursos por coparticipación federal que ya no puede explicarse como un simple vaivén coyuntural. Los datos son contundentes: en febrero de 2026 la provincia recibió por envíos automáticos 172.603 millones de pesos, cifra que implicó una caída real interanual del 7,9% y del 9,7% respecto a enero.
En términos concretos, esta baja interanual se traduce en una pérdida de 14.816 millones de pesos frente al mismo mes del año anterior. Enero ya había mostrado un comportamiento similar, con una merma interanual del 7,0% y casi 14.400 millones de pesos menos en términos reales.
En apenas dos meses, la provincia resignó alrededor de 29 mil millones de pesos por la caída de la recaudación nacional.
¿Qué se esconde detrás de esto? El factor central es la contracción en la recaudación del IVA, uno de los principales componentes de la masa coparticipable. Cuando el IVA cae en términos reales, las provincias lo sienten de manera inmediata en sus transferencias automáticas. Y el IVA cae porque el consumo se enfría. Allí está el núcleo del problema.
Más allá de que el INDEC muestre una economía con crecimiento estadístico en determinados indicadores, la economía real, la que mueve el comercio, la industria y los servicios, sigue mostrando signos de estancamiento en amplios sectores.
Esta semana conocimos los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica, que presentó un resultado positivo tanto en diciembre como para el acumulado del 2025, pero dicho resultado tiene una fuerte incidencia de sectores puntuales que no son los que generan más empleo ni los que movilizan el consumo masivo; es decir, el crecimiento económico medido por el EMAE no se traduce en una expansión homogénea hacia todos los sectores. Los rubros que más inciden en la recaudación del IVA siguen operando con demanda contenida, márgenes ajustados y baja capacidad de recuperación.
En ese marco, el programa económico nacional termina impactando sobre la dinámica comercial y, por lo tanto, sobre la recaudación.
De hecho, también se conocieron esta semana los datos de ventas en supermercados y autoservicios mayoristas y las ventas de combustible al público. En todos los casos el escenario es parecido: puede observarse, en el nivel general nacional, cierto repunte pero que está apoyado en pisos históricos. Es decir, la baja base de comparación sigue vigente, porque si miramos un poco más atrás en la comparación temporal, absolutamente todos los indicadores de consumo están por debajo de 2021, 2022 y 2023.
Misiones no es ajena a este esquema. Si bien es la provincia con mayor autonomía fiscal del NEA, continúa siendo fuertemente dependiente de los envíos nacionales. Cada punto de caída real en la coparticipación repercute directamente sobre la posibilidad de llevar adelante un presupuesto orientado al desarrollo. La pérdida acumulada en los primeros meses de 2026 no es menor: son miles de millones de pesos que dejan de ingresar en un contexto que ya presentaba restricciones.
El presente es complejo y el horizonte inmediato no resulta alentador. Dada la tendencia de la recaudación nacional y la falta de señales claras de recuperación sostenida del consumo, el primer semestre se perfila como muy exigente para las arcas provinciales.
Esto obliga a reorganizar prioridades. Misiones cuenta con ventajas comparativas construidas a lo largo de los años, como un esquema fiscal ordenado y bajo nivel de endeudamiento. El contraste con Chaco, dentro de la región, es marcado en términos de déficit y carga de deuda. Sin embargo, una mejor posición relativa no elimina el problema central: cómo sostener servicios, inversión y políticas públicas con ingresos que, en términos reales, se reducen de manera sistemática.
A este cuadro se suma una limitación estructural. Las provincias no tienen herramientas para ir contra el ciclo económico general. No definen la política monetaria, no fijan el tipo de cambio, no determinan el esquema de retenciones ni la estructura de los principales impuestos que componen la masa coparticipable. Administran lo que reciben y optimizan sus propios tributos, pero no pueden revertir por sí solas una contracción del consumo a nivel nacional. Cuando la macro se enfría, las provincias pueden intentar paliar ese efecto, pero no poseen la solución de fondo.
Tampoco existe hoy un esquema de asistencia financiera nacional que amortigüe el impacto. Con una estrategia fiscal centrada en la reducción del gasto y la obsesión del superávit por el superávit mismo, no hay fondos compensatorios ni programas extraordinarios que permitan suavizar las pérdidas. En ese contexto, cada jurisdicción debe absorber el shock con recursos propios, lo que profundiza tensiones presupuestarias y obliga a postergar iniciativas.
El sector privado, por su parte, atraviesa un momento de extrema cautela. Con consumo débil, crédito limitado y costos financieros elevados, las empresas difícilmente puedan convertirse en el motor que reactive de manera contundente la economía. Sin inversión sostenida ni expansión del mercado interno, la recaudación tributaria seguirá condicionada. Pretender que el crecimiento surja espontáneamente en un escenario contractivo resulta más una expresión de deseo que una proyección fundada.
Por eso, la discusión de fondo es política y económica al mismo tiempo. La Nación debe asumir que el equilibrio macroeconómico es una condición necesaria, pero no suficiente. Sin dinamismo en la economía real, sin recuperación efectiva del poder de compra y sin expansión del consumo, la recaudación no se fortalecerá y las provincias continuarán bajo presión. El bienestar no se construye únicamente con indicadores agregados en verde, sino con actividad concreta en comercios, industrias y servicios. Si la estrategia nacional no logra traducir estabilidad en crecimiento tangible, las provincias seguirán reflejando, mes a mes, las consecuencias de una economía que todavía no despega.
“Algunos vamos a quedar en el camino, pero si ese es el precio que hay que pagar para que nuestros nietos, nuestros hijos, tengan una Argentina normal, yo creo que vale la pena”. La frase del presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, describe el derrumbe de la economía y se convierte en una definición política de quiebre. Ya no se trata cerrar los números con la gente adentro, sino de un sálvese quien pueda para alcanzar un país “normal”, en el que, por reflejo, no será para todos.
El problema en la frase de Grinman es que ese “algunos” ya involucra a cerca de 22 mil empresas y casi 300 mil empleos perdidos en los últimos dos años. Números que impactan por la velocidad y la magnitud del deterioro. Durante los cuatro años de Cambiemos cerraron 25 mil pymes. Durante el peor gobierno de Alberto Fernández, que atravesó la pandemia y terminó con una feroz recesión, se estima que cerraron 12 mil empresas.
No se trata, como plantea livianamente el diputado libertario Diego Hartfield de que “cierre de empresas hubo siempre”, sino de un plan económico que derrumbó la actividad y que no aparecen señales positivas en el horizonte.
La misma dinámica se puede observar en la yerba mate. Durante los 90, la anterior década desregulada, la crisis tardó en hacer eclosión porque Carlos Menem había logrado congelar los precios. De la hiper se pasó a cero casi sin escalas y los productores pudieron “aguantar”, aunque inexorablemente se producía un éxodo rural y se malvendían chacras por la miseria de los precios de la materia prima. Ahora ese escenario se repite a máxima velocidad: mientras se derrumbó el precio de la hoja verde, los costos de producción no dejaron de subir. El gasoil, insumo esencial de la chacra, aumentó 231,8 por ciento desde que asumió Javier Milei. Ni hace falta sumar electricidad o los alimentos, que en el último año aumentaron por encima del 40 por ciento. La situación se hace insostenible para muchos pequeños productores.
La industria, aunque paga mucho menos que hace dos años por la materia prima, también debe afrontar mayores costos y rentabilidad escasa.Y despide. Un círculo nada virtuoso que la reforma laboral celebrada como un triunfo por el Gobierno, no vendrá a solucionar.
La reforma laboral es la carta que le faltaba al menú libertario. No puede quejarse el Presidente de que haya obstrucción de la oposición, ni culparla por falta de resultados: cada iniciativa considerada clave, contó con respaldo político.
La nueva ley laboral avanza sobre varios pilares sensibles del sistema de relaciones de trabajo en la Argentina. Por un lado, flexibiliza las condiciones de contratación y modifica el esquema de despidos mediante la creación de un fondo de cese laboral administrado por bancos y entidades financieras. Ese fondo se nutriría de aportes patronales que hasta ahora tenían como destino la Agencia Nacional de la Seguridad Social, lo que abre un interrogante inevitable: ¿se trata de un mecanismo de previsibilidad para las empresas o de un nuevo factor de desfinanciamiento del sistema previsional?
La iniciativa también redefine el equilibrio de fuerzas entre empleadores y sindicatos. Impone límites más estrictos al derecho a huelga al fijar servicios mínimos del 75% en sectores considerados esenciales -salud, educación, transporte, energía y agua, entre otros-, un alcance tan amplio que, en la práctica, reduce de manera significativa la capacidad de presión gremial. Al mismo tiempo, promueve los acuerdos por empresa por sobre los convenios colectivos por actividad, lo que podría fragmentar la negociación salarial y debilitar el poder estructural de los sindicatos.
El Gobierno sostiene que la reforma apunta a “modernizar” la legislación laboral y a dinamizar un mercado de trabajo formal que lleva más de una década estancado. Sin embargo, buena parte de los economistas advierte que ninguna modificación normativa, por sí sola, puede revertir esa inercia si la economía no logra salir del ciclo de bajo crecimiento que arrastra desde hace años. La discusión de fondo, entonces, no es solo jurídica ni laboral: es, ante todo, macroeconómica. Sin expansión sostenida, difícilmente haya reforma que alcance.
Misiones perdió más de 10 mil empleos privados desde que asumió Javier Milei -después de un techo de 110 mil registrados en 2023-. La extensa fila -varias cuadras y largas horas de espera desde la madrugada del viernes- de jóvenes y no tanto, para cubrir 20 puestos pedidos por un supermercado familiar de Posadas, exhibe una postal que no era habitual.
Fotos gentileza Primera Edición.
La urgencia por un trabajo atraviesa a toda la sociedad. En la construcción, el derrumbe es histórico, con el volumen de empleo más bajo desde 2007. En diciembre Misiones registró unos 4.636 empleos formales en la construcción, con una baja mensual del 6,3% (-312 empleos) al tiempo que, en la comparación interanual, el empleo se contrajo 10,1% (-521 empleos). Si se toma la evolución desde noviembre 2023 a diciembre 2025, de modo de observar el impacto sobre la construcción de las políticas aplicables por la gestión Milei, Misiones presenta una baja del 40,4%, provocando una pérdida de 3.137 empleos.
No es un problema local. La última encuesta de Zuban & Córdoba revela que la principal preocupación es el bolsillo, pero no en abstracto, sino en una forma concreta y cotidiana: “bajos salarios y pérdida del poder adquisitivo”, encabeza el ranking con 28,5%. Le siguen “falta de empleo y desocupación” (22,7%), “inflación y aumento de precios” (17,7%).
En la misma línea, la última encuesta de Atlas Intel para Bloomberg vuelve a encender luces amarillas en la Casa Rosada. La desaprobación del presidente Javier Milei trepó al 55,3% y acumula dos meses consecutivos en alza, acercándose al máximo histórico de la serie. La aprobación, en cambio, cayó al 41,5%, también por segundo mes consecutivo, mientras que el 3,3% aún no toma posición. Cuando se analiza la evaluación general del Gobierno, el 53,1% lo califica como malo o muy malo, frente a un 35% que lo considera excelente o bueno y un 11,9% que lo define como regular. Lo llamativo es que, aunque crecen tanto las opiniones positivas (+4,5 puntos) como las negativas (+5,5 puntos), estas últimas alcanzan su nivel más alto desde el inicio de la serie. La sociedad parece polarizarse, pero con un sesgo creciente hacia la crítica, aunque hasta hace pocas semanas se aplaudía a rabiar la motosierra y el ajuste.
El capítulo laboral es especialmente sensible. Más de la mitad de los argentinos cree que la reforma reducirá derechos (59%) y aumentará la precarización (55%). Un 63% piensa que la informalidad crecerá o no cambiará. Si bien el 40% espera mayor competitividad, el 58% prevé que la oferta de empleo caerá o permanecerá estancada. El mensaje oficial de modernización choca con el temor social a la pérdida de estabilidad.
El trasfondo es económico. El 62% califica la situación del país como mala y apenas el 22% la considera buena. Más contundente aún: el 57% evalúa negativamente la realidad de su propio hogar. A futuro, el 50% cree que la economía empeorará y más de la mitad anticipa un deterioro del mercado laboral. Ese clima condiciona consumo, crédito e inversión, pilares de cualquier recuperación sostenible.
No se trata de una consultora marginal. Atlas Intel fue una de las firmas que mejor proyectó el triunfo de Milei en 2023. Su estudio Latam Pulse Argentina, realizado en febrero de 2026 junto a Bloomberg, ubica la confianza del consumidor en zona negativa y posiciona al país entre los peores registros de la región.
La brecha entre la narrativa oficial de estabilización macroeconómica y la percepción cotidiana de la sociedad aparece como el principal desafío político. Porque aun cuando los números fiscales o inflacionarios muestren mejoras, el humor social se mueve por el empleo, el ingreso disponible y la expectativa de futuro. Y hoy, según estos datos, ese humor está dominado más por la preocupación que por la esperanza.
Las soluciones no pueden ser locales, aunque las provincias tienen que hacerse cargo de las consecuencias. El gobernador Hugo Passalacqua expresó con claridad su prioridad: “Empleo, empleo, empleo”; repitió durante la firma de un nuevo acuerdo de financiamiento con el Consejo Federal de Inversiones por 5.500 millones, destinado a Pymes y fortalecer el empleo.
También en esa línea se inscribe la reingeniería de la cúpula del Estado que decretó Passalacqua: 144 puestos jerárquicos fueron eliminados como corolario de un proceso que se inició hace varios meses y que continuará en los próximos. “Decreté la eliminación de 114 cargos jerárquicos del ámbito provincial, entre direcciones, secretarías y otras estructuras. Esta decisión se da en el marco de una serie de medidas que estamos tomando como parte de una evolución necesaria para los tiempos que corren, simplificando activamente el Estado para que sea cada vez más eficiente. Respetar el esfuerzo de nuestra gente es, ante todo, cuidar la plata de la familia misionera para que los recursos lleguen mejor a donde tienen que estar”, detalló Passalacqua.
Es que las perspectivas no son alentadoras en cuanto a los recursos. En el mes de febrero de 2026 las transferencias automáticas del Estado nacional a las provincias y CABA totalizaron $ 5,44 billones presentando un nuevo descenso en términos reales1, que esta vez fue de -7,5% respecto a igual mes del 2025; a su vez, contra el mes previo también mostraron un retroceso (-9,5% real mensual).
En ese marco, los envíos a Misiones totalizaron $ 172.603 millones con una variación también negativa del 7,9% interanual, al tiempo que contra el mes anterior disminuyeron en 9,7% real. El primer bimestre 2026 cerró con envíos a Misiones por $ 358.336 millones, que representa un -7,4% en términos reales contra igual período del 2025.
Si la economía no crece es improbable que los recursos lo hagan. Y la economía lejos está de crecer de forma homogénea. Apenas estertores. El estimador económico de diciembre mostró un crecimiento interanual del 3,5% y una suba mensual desestacionalizada del 1,8%. En términos de tendencia-ciclo, el avance fue de apenas 0,3%. A primera vista, el número habilita la palabra “recuperación” y el Gobierno de Javier Milei lo exhibe como señal de éxito, del mismo modo que lo hizo con el superávit comercial.
El 3,48% interanual está fuertemente explicado por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 32,2% y aportó 1,91 puntos porcentuales al total. Es decir, más de la mitad de la expansión proviene del agro. La explicación técnica es clara: cosecha récord de trigo y efecto rebote tras la sequía de 2023.
El segundo motor es la intermediación financiera, con un crecimiento del 14,1% y una incidencia de 0,52 puntos. Le sigue explotación de minas y canteras, con 9,1% y 0,36 puntos de aporte. También muestra dinamismo el sector de electricidad, gas y agua.
El patrón es evidente: la expansión se apoya en agro, finanzas y sectores primarios o energéticos.
En contraste, los sectores con mayor encadenamiento productivo y mayor elasticidad empleo-producto siguen mostrando debilidad. La industria manufacturera cayó 3,9% interanual y restó 0,60 puntos al crecimiento. El comercio mayorista y minorista retrocedió 1,3% y restó 0,16 puntos. Hoteles y restaurantes bajaron 1,5%. La administración pública cayó 1,1%.
En términos distributivos y laborales, el dato es aún más relevante. El agro combina alta productividad con baja absorción relativa de empleo. La intermediación financiera tampoco es intensiva en mano de obra. Es posible, entonces, observar crecimiento estadístico sin una mejora proporcional en el salario real ni en el consumo masivo.
Políticamente, el número permite construir la narrativa de la reactivación y alimentar el relato del “éxito económico”. Pero la estructura sectorial revela un patrón de crecimiento apoyado en commodities, energía y valorización financiera, mientras la industria manufacturera -núcleo de densidad tecnológica y empleo- continúa en contracción.
El consumo masivo no rebota: se sigue hundiendo. El adelanto de la consultora Scentia para enero confirma una caída interanual de 1,1% en el total de canales. Pero el promedio esconde el golpe real: el self service total -supermercados de cadena y autoservicios independientes- cae 3,8% frente a enero del año pasado. Dentro de ese universo, los supermercados retroceden 3,3% y los autoservicios 4,2% interanual. Es el consumo cotidiano, el de góndola y barrio, el que sigue en terreno negativo.
El desglose por canales tampoco ofrece consuelo. Contra diciembre, enero muestra desplomes de dos dígitos: supermercados -15,4%, autoservicios -12,5%, mayoristas -14,6% y e-commerce -11%. Farmacias caen 7,8%. Solo Kioscos y Tiendas (K+T) exhiben una leve suba interanual de 2,7%, mientras que el comercio electrónico crece 33% contra enero de 2025, aunque desde una base más acotada y con fuerte volatilidad mensual. Pocas veces se vio un deterioro tan extendido y sostenido en el consumo masivo: cuando caen los canales que venden lo básico, no es un ajuste estadístico, es una señal de enfriamiento profundo del poder adquisitivo.
En Misiones, las ventas en los supermercados volvieron a ser negativas. Las ventas relevadas en las bocas de expendio de los grandes supermercados de la provincia totalizaron $ 29.771 millones en diciembre y en relación con igual mes del 2024 mostraron una caída del 6,0%, la octava baja consecutiva. Fue la provincia con el tercer mayor descenso del país (solo por encima de Corrientes y Tucumán); a su vez, el retroceso también se observó en la comparación mensual desestacionalizada, donde las ventas disminuyeron en 0,2% real (también la tercera más fuerte del país). Misiones cerró el 2025 con una caída acumulada de sus ventas del 3,8% contra 2024 (tercera más fuerte del país). Fue el peor año para este indicador en la provincia, ya que también muestra bajas contra todos los años desde 2017.
Como contraste, los Ahora se transformaron en una herramienta definitiva de sostén de la actividad económica. Los últimos datos de las ventas de los diferentes programas Ahora Misiones revelan un crecimiento exponencial en el consumo interno impulsado por estas herramientas de fomento económico durante los años 2024 y 2025. El impacto económico total en el bienio analizado alcanzó la cifra histórica de $160.945 millones, con un total de ventas en 2024 de $62.287.046.550 y $98.658.577.995 durante 2025, con un incremento nominal del 58,4% sobre las ventas totales.Los programas se han diversificado para cubrir todas las necesidades de las familias misioneras. Se destaca el programas Ahora Misiones, que con un total de $44.090 millones en el año 2025 sigue siendo el pilar del consumo, representando el 50% de las ventas totales del sistema.Sin el programa de financiamiento, la sangría fronteriza sería inaguantable. La presión por el empleo, mucho más asfixiante.
