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El Gobierno confirmó los nuevos y esperados topes del Monotributo: la guía completa con todas las escalas

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El Gobierno actualizó las escalas del Monotributo. El tope máximo de facturación anual pasará a ser de 95 millones de pesos. Ya se viene la recategorización.

El tope de facturación anual del monotributo pasará de 82 a 95 millones de pesos, anunció el subsecretario de Prensa de la Presidencia, Javier Lanari.

El funcionario dijo que “equivale a 74.500 dólares por año”. 

Y recordó que “en diciembre de 2023 (cuando asumió el gobierno de Javier Milei9, el máximo era de 6.300 dólares anuales (12 veces menos)”.

Con el dato de inflación de la primera mitad del año, que el INDEC informará este lunes, se modifican el Mínimo no imponible y las escalas del impuesto a las Ganancias. 

También se actualizan los niveles de facturación de las categorías y el valor de las cuotas del Monotributo.

En tanto, con el porcentaje de inflación de junio, queda determinado el aumento de las jubilaciones y pensiones de agosto.

Estos cambios se deben a que las deducciones y alícuotas de Ganancias se actualizan en forma semestral, según la evolución del IPC en los meses de enero y julio. 

También se actualiza del mismo modo el Monotributo en los montos de facturación, alquileres devengados, el monto del impuesto y las cotizaciones previsionales.

El mínimo no imponible de Ganancias -que indica los ingresos que se puede percibir sin estar alcanzado por ese impuesto- pasaría de $ 2,3 millones a $ 2,6 millones mensuales para los sueldos brutos de los solteros sin hijos. Y casado con 2 hijos de $ 3 millones en casi $ 3,5 millones.

También se incrementan los valores máximos que pueden deducirse del ingreso sujeto al impuesto (base imponible) por determinados gastos, como el de salarios del servicio doméstico, el de gastos educativos de los hijos y el de alquiler de la vivienda. 

Esas deducciones deben registrarse en el Formulario F572Web a través del sistema Siradig Trabajador.

Los ingresos por encima del Mínimo No Imponible y demás deducciones quedan alcanzados con alícuotas progresivas que van del 5 al 35% y se aplica sobre la ganancia neta.

En el caso del Monotributo, la primera categoría (A) pasaría de facturar hasta $ 7.813.063 anuales a $ 9 millones. Y la categoría más alta de $ 82.370.281 anuales a $ 95 millones.

Por su parte, las cuotas mensuales subirían en torno del 15,3/15,6%. Así, la categoría de $32.221 ascendería a poco más de $ 37.000. La categoría B de $ 36.679 pasaría a más de $ 42.000. Y así hasta la categoría máxima. Los nuevos valores rigen de agosto a enero 2026.

Una vez que ARCA publique las nuevas tablas, los monotributistas podrán recategorizarse.

Para la recategorización habrá plazo hasta el 5 de agosto. “No deberán efectuar ninguna acción quienes mantengan la misma categoría, ni quienes tengan menos de 6 meses de actividad”, según ARCA.

Los períodos de recategorización son cada 6 meses, y cuando llegan se debe evaluar la actividad de los últimos 12 meses. Si hubo cambios en los ingresos, alquileres, superficie del local o energía consumida, hay que ingresar con clave fiscal para recategorizarse; si no se hace, se entiende que no hubo cambios y se permanece en la misma categoría.

Por su parte, si un contribuyente no se recategorizó o lo hizo de manera inexacta, ARCA puede “recategorizarlo de oficio. 

El procedimiento se inicia cuando se detectan compras, gastos o acreditaciones bancarias por un valor superior a los ingresos brutos anuales máximos admitidos para la categoría en la cual se está encuadrado.

ARCA informó que “en los próximos días se habilitará el acceso para realizar la recategorización, luego de la publicación de los nuevos valores del índice de precios al consumidor (IPC). Tendrás tiempo hasta el 05/08 para revisar tus ingresos de los últimos 12 meses y completar el trámite, si corresponde”.

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Un año de Facultades Delegadas: qué se hizo y qué falta; privatizaciones sin avances

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La Ley Bases le dio poder para privatizar ENARSA, Intercargo, AySA, Trenes y Corredores Viales, entre otros, pero no concretaron

El 8 de julio de 2025 marcó el fin de un período clave para el gobierno del Presidente Javier Milei: la conclusión de las facultades delegadas, otorgadas por el Congreso a partir de la sanción de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27742/2024). Durante un año, estas facultades fueron la herramienta principal para una ambiciosa reestructuración del Estado, con el objetivo de “fomentar la libertad económica y reducir el intervencionismo estatal”.

El jueves pasado, ante empresarios, Milei dijo: “hemos hecho 2500 reformas estructurales. Con lo cual, no solo que hemos tenido un programa de estabilización mucho más exitoso que la Convertibilidad, sino que, además, hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales”.

Por su parte, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, explicitó que se implementaron 101 medidas de desregulación y transformación durante el período en que el gobierno hizo uso de las facultades delegadas. Estas 101 medidas fueron comunicadas, representando un “Magical Mystery Tour” que comenzó con la disolución del INADI y culminó con la disolución de Vialidad Nacional. El trabajo implicó más de 65 decretos.

También es cierto que se deben contabilizar otras tantas reformas a partir del decreto 70/2023, que permitió avanzar con recetas digitales, “cierre” de registros automotor, cédula digital, ley de alquileres, cielos abiertos, divorcio express y más opciones a la SUBE. Durante 2024 hubo más de 672 reformas regulatorias.

La desvinculación de 50.591 empleados públicos aparece entre los puntos que siempre destaca Sturzenegger. Trenes Argentinos, ARCA y el Correo son las empresas públicas con más bajas.

El capítulo de reforma laboral tuvo idas y vueltas. La justicia puso bajo observación puntos del DNU 70; pero, en cambio, con la sanción de la Ley Bases si hubo avances: extensión del período de prueba, fondo de Cese Laboral, regularización de empleo no registrado, creación de la figura de “trabajador independiente” y eliminación de multas por trabajo en negro.

Las 101 medidas: un bisturí sobre el Estado

“Este fue un uso de facultades delegadas como manda la Constitución: acotado en el tiempo, con materias específicas y con un objetivo claro de transformación estructural”, explicó Sturzenegger.

Las medidas adoptadas impactaron transversalmente en la Administración Pública. Entre las más destacadas:

* Disolución de entes y organismos: se eliminaron estructuras como la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la CNRT, el INADI, y múltiples institutos históricos.

* Transformaciones institucionales: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y el Banco Nacional de Datos Genéticos fueron reestructurados para volver a sus funciones técnicas esenciales.

* Fusiones regulatorias: el ENRE y el ENARGAS se unificaron en el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGEL).

* Reorganizaciones sectoriales: se creó la Administración Nacional de Establecimientos de Salud y se unificaron gestiones hospitalarias.

* Eliminación de fondos fiduciarios: se disolvieron más de 30 fondos, incluyendo el PRO.CRE.AR, el PROGRESAR (como fideicomiso), el FONCAP, el FONDEP y otros considerados “estructuras paralelas sin control efectivo”.

Según el gobierno, estas medidas permitieron un ahorro fiscal superior a los 2.000 millones de dólares y una menor presión inflacionaria gracias a la contracción del gasto.

“Había un Estado desbordado, solapado, duplicado y muchas veces inútil. Lo que hicimos fue aplicar el bisturí para reordenarlo”, resumió el ministro Sturzenegger.

Privatizaciones: el punto pendiente

Uno de los ejes centrales de la Ley de Bases era el deseo del presidente Javier Milei de contar con una herramienta para concretar la privatización de empresas públicas. El artículo 7 y sus anexos declararon “sujetas a privatización” a firmas como Intercargo, Energía Argentina S.A. (ENARSA), AySA, Corredores Viales y Trenes, entre otras.

Sin embargo, hasta el cierre del período de facultades delegadas, el avance en esta área fue limitado. Intercargo fue autorizada a ser privatizada mediante el Decreto 198/2025, y se permitió la venta de acciones en CITELEC S.A. por parte de ENARSA (Decreto 286/2025). También se transformó en S.A. a YCRT, con vistas a una participación privada.

El sector ferroviario mostró algunas señales: Belgrano Cargas inició su proceso de privatización, pero sin licitaciones concretas ni definiciones sobre otras concesiones. En contraste, SOFSE no mostró avances, y la eliminación de servicios de pasajeros en el interior generó rechazo.

El gobierno reconoció que la falta de condiciones de mercado y la resistencia de sectores internos complicaron la ejecución.

“La privatización no es regalar activos, es generar eficiencia, calidad de servicio y alivio fiscal, pero hay que crear condiciones que aún estamos trabajando”, afirmó Sturzenegger.

El gobierno concibe estas reformas como una “batalla cultural” que busca achicar el Estado y liberar la iniciativa privada. Según Milei y su equipo, “la motosierra” no es un ajuste ciego, sino una decisión moral: dejar de sostener una estructura que consideran corrupta e ineficiente.

“La crueldad no es reducir el Estado, sino mantenerlo gordo y que la gente pague impuestos para financiar ñoquis”, sostuvo el Presidente.

El ministro de Desregulación también fue crítico con administraciones anteriores: “Durante 15 años, el kirchnerismo tuvo facultades delegadas por DNU, haciendo lo que quiso. Esto fue exactamente lo contrario: dentro de la Constitución y con un mandato claro”.

A partir de ahora, cualquier iniciativa de reforma deberá pasar por el Congreso, donde el gobierno no cuenta con mayoría propia. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), por ejemplo, solo consolidó un par de proyectos aprobados y necesita adhesión provincial para su implementación.

Federico Sturzenegger resume el trabajo: “Lo que hicimos no fue un plan de ajuste, sino una cirugía necesaria. La Argentina no puede seguir con un Estado del siglo XX en un país del siglo XXI”.

Las reformas durante el menemismo y kirchnerismo fueron en su mayoría a través de leyes del Congreso. Un espejo que el gobierno debería mirar si quiere pasar a la historia como el que más reformas ejecutó.

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Desmintiendo al Presidente

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“La recaudación a los gobernadores les viene creciendo entre el 7% y 8% en términos reales. Es decir, están recibiendo un montón de recursos y partieron de una situación de equilibrio. No es que les estén faltando recursos. No corresponde (que les dé los recursos que piden los gobernadores). Si partieron de una situación de equilibrio, además la recaudación está creciendo entre el 8% y el 10% en términos reales. Quieren destruir al gobierno nacional. Todos”. 

Esas palabras, que se hicieron virales estos días, salieron de la boca del presidente Javier Milei en referencia a los gobernadores, en la antesala de la votación del Senado que le dio media sanción a los proyectos de redistribución de recursos nacionales presentados por las provincias. 

Posiblemente haya alguien que, por no seguir el estado de las finanzas provinciales, crea que es verdad. Posiblemente también haya personas a quien no le interese conocer el dato: si lo dijo el Presidente, debe ser así. Pero corregir a Milei (oportunidad desperdiciada por el periodista con quien hablaba el Presidente) es muy fácil. Basta con mirar los datos. Veamos. 

Empecemos por la recaudación tributaria global del Estado nacional: en el primer semestre creció 1,3%, un alza muy leve respecto a las expectativas y a su vez muy apoyada en algunos pocos elementos. Ahora bien, eso no impacta de manera directa en las provincias, ya que no todos los impuestos son coparticipables. Ahí es donde Milei, en la entrevista, dice que si “se ajusta por los impuestos que se reparten con provincias, están recibiendo entre 8% y 10% más” afirmando además que una parte de la suba corresponde a IVA. Sin embargo, IVA crece solo 1,9%, Ganancias por su parte cae 4,8%; los impuestos internos -1,8% y los Otros Coparticipados bajan 18,4%

Es cierto que hay otros tributos con crecimiento más fuertes, como Combustibles (84,2%) y Bienes Personales (70%), pero son una parte muy minoritaria del reparto en relación con los otros. 

Entonces, ya a primera vista, la recaudación a los gobernados no crece en esa magnitud. Pero además, el Presidente parte de un error conceptual: mira recaudación tributaria cuando debe ver distribución por régimen vigente que, si bien van de la mano, no necesariamente van en línea. Veamos entonces, vía coparticipación y otros recursos automáticos, los fondos a provincias crecen entre 8% y 10%. 

Es cierto que en el primer trimestre del año los envíos por coparticipación crecieron en doble dígito (entre 10% y 17%) pero entre mayo y junio mostraron caídas significativas. El semestre acumulado muestra bajas del 1% en coparticipación, lejos del cálculo del Presidente. Las transferencias automáticas totales, en cambio, crecen al 4% por el impulso de leyes especiales y compensaciones de consenso fiscal. Pero eso no es suficiente para calmar las preocupaciones provinciales ni para pensar que las provincias están holgadas. Hagamos una mirada más amplia. Así como la coparticipación cae 1% vs. 2024, lo hace con más fuerza respecto a años previos: -10% respecto a 2023 y 2022 y -2% vs. 2021. A su vez, las transferencias automáticas totales caen 9% vs. 2023, -11% contra 2022 y -4% respecto a 2021. 

En otras palabras: el valor real de los fondos que recibieron las provincias es menor al de los años previos, situación que equivale a decir que tienen menor capacidad adquisitiva para su gestión presupuestaria. Pero pongamos esto en números: por coparticipación, el conjunto de provincias perdió $ 223.628 millones en este 2025 respecto al 2024; pero si comparamos con el primer semestre 2023, la pérdida es de casi 3 billones de pesos. No millones, Billones. Este problema se verifica en todos los distritos subnacionales. 

¿Qué vemos en Misiones? Perdió siete mil millones de pesos contra 2024 y 91.600 millones contra 2023. Estas cifras solamente contemplan los primeros semestres, pero veamos específicamente que pasó en la era Milei. 

Entre diciembre de 2023 y junio de 2024, el consolidado de provincias y CABA perdieron por coparticipación federal 6,6 billones. Misiones, en ese marco, perdió casi 211 mil millones, es decir, casi un mes y medio promedio de coparticipación

Pero quedarnos en la coparticipación solamente sería mirar la mitad del problema: la otra parte, quizás menos voluminoso pero muy importante igualmente, es el recorte de las transferencias no automáticas. Por este concepto, el consolidado de provincias y CABA perdió en la era Milei $ 4,9 billones, mientras que Misiones perdió $ 191 mil millones

Hagamos el saldo global de envíos nacionales (automáticas + no automáticas): los subnacionales perdieron $ 11,4 billones; Misiones perdió casi $ 395 mil millones

La pérdida global para el consolidado de provincias equivale al 1,5% del PBI. ¿A cuánto equivale el pedido de los gobernadores en el Senado? A 0,36% del PIB. Aún así, el gobierno está en contra de esas propuestas. 

Por otro lado, el Presidente siguió hablando contra las provincias diciendo que, como quieren “destruir al gobierno nacional”, suben impuestos. Si bien es cierto que hubo casos puntuales de suba en algunas provincias, el propio ministerio de Economía de la Nación desmiente al presidente: en 2023, la Presión Tributaria Nacional, como porcentaje del PBI, era del 22,8% y creció al 23,0% en 2024; en cambio, la Presión Tributaria Provincial pasó del 5,1% en 2023 al 4,8% en 2024. Es decir, la presión tributaria creció en la Nación pero cayó en las provincias. Milei, entonces, miente o ignora. 

Otro argumento en contra de Milei y a favor de las provincias, es el peso del ajuste. Desde el Gobierno nacional niegan el recorte del gasto público que hicieron las provincias e instan al mismo, pero olvidan (o ignoran) el fuerte recorte realizado en 2024: el consolidado de provincias aplicó un ajuste del gasto por $ 15 billones, equivalente al 2,2% del PBI

Resumamos brevemente: las provincias perdieron recursos de origen nacional por el 1,5% del PIB en la era Milei, y ajustaron el gasto en 2,2% del producto. Es decir, no solo recortaron gastos por caída de ingresos, sino que hicieron ajustes extra. Además, disminuyeron su presión tributaria. Entonces, el conflicto del gobierno nacional no es por dogmas de política económica, es simplemente político e incluso es hasta filosófico: es desconocer el rol central político, económico, institucional, normativo y constituyente de las provincias, simple y llanamente. 

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El Gobierno viaja al G20 para cerrar acuerdo con el FMI y destrabar US$2.000 millones

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El Gobierno argentino aprovechará el encuentro de ministros del G20 en Sudáfrica para intensificar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y acelerar el desembolso de US$2.000 millones. La misión será encabezada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y apunta a concluir la primera revisión técnica del acuerdo firmado en abril.

El Gobierno buscará cerrar la primera revisión del acuerdo firmado en abril; Caputo insiste en que no habrá devaluación

Con la mira puesta en fortalecer las reservas del Banco Central, el equipo económico del Gobierno argentino se prepara para una semana clave en el plano internacional. Una delegación oficial, encabezada por el secretario de Finanzas Pablo Quirno, participará desde este lunes en Durban (Sudáfrica) de la reunión de ministros de Economía y presidentes de bancos centrales del G20, donde buscará avanzar en la primera revisión del acuerdo con el FMI bajo el programa de Facilidades Extendidas (EFF).

El encuentro podría propiciar una nueva reunión con Gita Gopinath, número dos del FMI, con quien el ministro de Economía, Luis Caputo, ya mantuvo contacto recientemente. El objetivo es acelerar el cierre del staff level agreement —el acuerdo técnico preliminar con el Fondo— y obtener el visto bueno del Directorio, lo que permitiría liberar un giro por US$2.000 millones.

El acuerdo con el FMI: situación actual y metas en juego

Desde la firma del nuevo acuerdo en abril, el Gobierno ya recibió US$12.000 millones de los US$20.000 millones previstos. Sin embargo, aún resta completar la primera revisión técnica, que condiciona el próximo desembolso. En su última conferencia, la vocera del Fondo, Julie Kozak, señaló:

“Una vez que se concluya el acuerdo a nivel de personal, presentaremos la documentación al Directorio para su revisión. Todavía no hay fecha definida”.

El principal obstáculo es el cumplimiento de la meta de acumulación de reservas: el Gobierno llegó al primer corte con un déficit de aproximadamente US$4.000 millones. No obstante, Caputo aseguró que ese cálculo debería extenderse hasta fines de julio, lo que permitiría computar los recientes ingresos.

“Desde abril acumulamos casi US$5.000 millones; a fin de julio vamos a estar por encima de la meta”, afirmó el ministro en declaraciones televisivas.

En paralelo a las negociaciones con el FMI, el Gobierno implementó diversas estrategias para robustecer las reservas, entre ellas colocaciones de bonos y block trades. La opción del Bonte 2030 —bono que se suscribe con dólares y se paga en pesos— fue desestimada en las últimas operaciones, aunque previamente había resultado atractiva para inversores institucionales.

Caputo también reiteró que no habrá devaluación del tipo de cambio oficial y relativizó la salida de divisas, en un contexto de presión cambiaria contenida por el endurecimiento del cepo.

La misión a Durban representa el tercer contacto directo entre el equipo económico y el FMI en menos de un mes, tras las reuniones previas en Buenos Aires y Washington. Esta vez, el Gobierno buscará capitalizar el contexto multilateral del G20 para reforzar su posición y obtener apoyo técnico y político que permita concluir la revisión en curso.

La presencia de Gopinath abre una ventana para retomar el diálogo al más alto nivel, en momentos en que Argentina necesita enviar señales claras de solvencia fiscal y coordinación institucional al mercado internacional.

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América Latina lidera en uso de stablecoins según el FMI: 7,7% del PBI

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Un estudio del FMI presenta una innovadora metodología basada en inteligencia artificial para rastrear los flujos internacionales de stablecoins, revelando que América Latina y África concentran los mayores volúmenes relativos al PBI, y que EE.UU. es el principal emisor neto de estas criptomonedas

Estiman que los flujos de stablecoins superaron los USD 2 billones en 2024 y crecieron en economías emergentes. Nuevo método basado en IA revela fuerte uso en América Latina y África; EE.UU. lidera como emisor neto

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe técnico en el que presenta una novedosa metodología para estimar los flujos internacionales de stablecoins —criptomonedas vinculadas a monedas fiduciarias como el dólar—, desmitificando su anonimato mediante herramientas de machine learning e inteligencia artificial. El estudio revela que en 2024 se procesaron más de 138 millones de transacciones con un volumen estimado de USD 2,019 billones, y confirma que América Latina y África lideran en uso relativo al PBI, mientras que América del Norte es el principal emisor neto.

Análisis regional: más flujo relativo en economías emergentes

El informe destaca que, aunque Asia-Pacífico y América del Norte concentran el mayor volumen absoluto de operaciones (USD 407.000 millones y USD 363.000 millones en ingresos, respectivamente), es en América Latina y el Caribe (7,7% del PBI) y África-Medio Oriente (6,7%) donde las stablecoins tienen un peso relativo mayor. Esto sugiere un uso intensivo en contextos de inestabilidad económica, restricciones cambiarias o falta de acceso a dólares físicos.

Además, los flujos intrarregionales son significativamente menores en esas zonas, lo que refuerza la hipótesis de que las stablecoins se utilizan como herramienta para pagos internacionales o remesas, más que para operaciones domésticas.

Metodología: de la pseudonimidad al mapa global

Contrario a la creencia común, el estudio aclara que las stablecoins no son anónimas: todas sus transacciones están registradas públicamente en blockchain. El reto, entonces, es inferir la ubicación geográfica de las billeteras digitales (wallets). Para ello, se usó una combinación de técnicas:

  • Análisis de nombres de dominio registrados (como vitalik.eth) mediante modelos de lenguaje.
  • Frecuencia de interacción con exchanges regionales (como Indodax o Binance).
  • Entrenamiento de un modelo de árboles de decisión para inferir la región de origen de billeteras con comportamiento similar.

El modelo logró un 65% de precisión promedio —muy por encima del 20% aleatorio— y permitió identificar más de 20 millones de billeteras con estimación regional.

El documento también establece vínculos empíricos entre los flujos de stablecoins y el tipo de cambio: los flujos desde Estados Unidos aumentan cuando el dólar se aprecia frente a otras monedas. Este fenómeno refleja la creciente demanda global de dólares digitales, en especial desde regiones con acceso restringido a mercados tradicionales.

Asimismo, la crisis bancaria de marzo de 2023 en EE.UU. impactó en la emisión de stablecoins, al interrumpir los canales fiduciarios entre bancos y emisores como Tether o Circle. Durante ese período, el flujo desde América del Norte se contrajo notablemente.

Estimaciones para China: Binance domina pese a restricciones

El estudio también ofrece una estimación específica para China, un mercado donde el uso de VPN complica las métricas tradicionales. Según el FMI, los flujos netos de stablecoins hacia China fueron de USD 18.580 millones, impulsados en gran parte por Binance, pese a estar bloqueado oficialmente en el país. Estas cifras superan ampliamente las estimaciones de la firma Chainalysis, cuestionadas por suponer que los usuarios no usan VPN.

El análisis del FMI refuerza la idea de que las stablecoins no son solo una innovación financiera, sino también una vía creciente de canalización de capital internacional, especialmente en economías con restricciones cambiarias. La posibilidad de rastrear estos flujos con precisión regional representa una herramienta clave para los reguladores y abre la puerta a nuevas políticas macrofinancieras frente a la expansión cripto.

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