(Por Iván Gajardo Millas).- El triunfo talibán y las imágenes de un helicóptero sobre la embajada estadounidense en Kabul, que medios y redes compararon con la humillante retirada estadounidense de Saigón (1975), reavivaron el mito de Afganistán como “tumba de imperios”, territorio cuyas imponentes montañas y desiertos le otorgaron una posición geopolítica que se interpuso a los grandes sueños imperiales.
Afganistán es una nación en la que conviven y se enfrentan desde hace siglos más de 50 etnias y grupos tribales, algunas de las cuales trascienden las fronteras de este país de Asia Central hacia los Estados vecinos, Irán Pakistán, Turkmenistán.
Prácticamente todas estas etnias se reconocen musulmanes, una religión que se introdujo en el país en el siglo VII y que, a través de los siglos, se transformó en hegemónica. La mayoritaria es la pashtún, de histórica tradición guerrera.
Durante los últimos dos siglos el país se resistió tenazmente al dominio de las potencias extranjeras: el conocido desastre británico de Afganistán (1842), la salida de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1989, y el fracaso estadounidense, tras 20 años de invasión, centenares de miles de vidas y montañas de dólares, dan cuenta de ello.
Durante un período de 80 años, los británicos libraron tres guerras allí, la primera entre 1839 y 1842, la segunda en 1878-1880, y la tercera entre mayo y agosto de 1919, ocupando o controlando parcialmente el país durante ese período, en el que se perdieron decenas de miles de vidas.
Tras perder la mítica batalla de Gandamack (1842), conocida como “el desastre”, los británicos regresaron buscando venganza y finalmente derrotaron parcialmente a los afganos.
Sin embargo, según la crónica, el capellán del ejército británico, George Gleig, que presenció ese regreso lo calificó como “una guerra iniciada sin ningún propósito sabio, llevada a cabo con una extraña mezcla de temeridad y timidez, terminada después del sufrimiento y el desastre”.
No se obtuvo ningún beneficio, político o militar, de prolongado conflicto bélico y, agotado por la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña se rindió en 1919 y debió conceder la independencia de Afganistán.
Aquel conflicto, una de las peores derrotas del Imperio británico en el siglo XX, se inscribió a su vez en el proceso de construcción de ese imperio en Asia.
En las décadas anteriores, prácticamente todo el subcontinente indio había pasado a manos británicas, lo que provocó crecientes tensiones con otro imperio en ascenso en el continente, el ruso.
Rusia (entonces URSS) pasó el período de posguerra pacificando y modernizando sus repúblicas de Asia Central con notable éxito, aunque su proyecto de instaurar ese programa en Afganistán chocó contra una pared.
Los soviéticos invadieron el país asiático en 1979 en un intento por sofocar una guerra civil en ciernes y apuntalar a sus aliados en el Gobierno afgano.
Con ese objetivo llevaron escuelas, construyeron carreteras y consolidaron instituciones civiles y libertades para las mujeres, pero esa ocupación no fue tolerada por una generación de afganos insurrectos que declararon una guerra santa, para la cual contaron con el amplio apoyo, financiamiento y entrenamiento de EEUU, Pakistán y Arabia Saudita.
Los soviéticos dejaron el paisaje afgano permanentemente desfigurado, con fragmentos de tanques bombardeados y la tierra sembrada con más minas que en cualquier otro lugar del planeta.
Cuando Kabul colapsó, lo que siguió fueron años de amarga guerra civil que destruyó muchas de las ciudades y condujo al ascenso al poder de los talibanes en 1996.
Para EEUU, en tanto, esta misión de combate que llega a su fin tras 20 años e involucró dos Gobiernos demócratas y dos republicanos constituye una nueva derrota militar, dolorosa y humillante, que además pone al presidente Joe Biden ante el amargo trago de conmemorar los 20 años de los atentados del 11S con los talibanes nuevamente en el poder.
La primera batalla militar estadounidense del siglo XXI se libró en Afganistán poco después de esos ataques que impactaron al mundo y cambiaron el mapa geopolítico del planeta.
Desde entonces, alrededor de un millón de hombres y mujeres estadounidenses sirvieron en Afganistán; más de 2.400 de ellos perdieron la vida, junto con otros 1.100 miembros de la OTAN y otros aliados de la coalición.
El abrupto desenlace de esta misión puso de manifiesto cifras escalofriantes que los estadounidenses pagaron y deberán pagar: más de 2,26 billones de dólares, según los cálculos del The Costs of War Project de la Universidad de Brown.
La cifra incluye más de 143.270 millones de dólares en trabajos de reconstrucción, un número que supera largamente el Plan Marshall con el que Estados Unidos resucitó a Europa tras la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo esta cifra colosal no incluye los fondos que Washington está obligado a gastar en la atención de por vida de los veteranos que participaron en la guerra ni los futuros pagos de intereses del dinero prestado para financiarla.
No están claros los costos políticos que Biden deberá asumir, pero las críticas republicanas ya acechan y el expresidente Donald Trump aprovechó la oportunidad para disparar críticas.
El laberinto irresoluto de Afganistán traerá además efectos en toda la región donde el tablero geopolítico se sacude de modo rotundo, desde Arabia Saudita, que, pese a sus propios vínculos históricos con los talibanes, no quiere que se socave la autoridad estadounidense en la región, hasta Irán, cuyos vínculos con los talibanes han sido fluctuantes.
Beijing y Moscú, por diferentes razones, se interesan en el desarrollo de los acontecimientos en Kabul: China observa con atención, mientras Rusia reaviva sus preocupaciones históricas sobre el extremismo afgano que afecta a su propia población musulmana y a las de los Estados nación de su periferia.
Ambas potencias esperan también su oportunidad de ejercer su influencia en esta región emplazada en pleno corazón de Asia, en el cruce de caminos entre Eurasia, Asia Central, China, India y Medio Oriente.
Las aterradoras imágenes de esta semana del aeropuerto de Kabul, con jóvenes muriendo en el desesperado intento de huir de un país capturado por el islamismo radical, y valientes mujeres arriesgando sus vida mientras reclaman sus derechos, advierten no obstante a estas potencias que -como dijo el escritor estadounidense Mark Twain- “La historia no se repite, pero rima”.
Los talibanes capturaron el jueves dos importantes ciudades afganas, la segunda y tercera más grande del país después de Kabul, y una capital provincial estratégica, presionando aún más al asediado gobierno apenas unas semanas antes del final de la misión militar estadounidense en Afganistán.
La toma de Kandahar y Herat marca el mayor premio hasta ahora para los talibanes, que han tomado 12 de las 34 capitales provinciales de Afganistán. El domingo, finalmente cayó Kabul.
Mientras tanto, la captura de la ciudad de Ghazni corta una carretera crucial que une la capital afgana, Kabul, con las provincias del sur del país, todo como parte de un “empuje insurgente” unos 20 años después de que las tropas estadounidenses y de la OTAN invadieron y derrocaron al gobierno talibán. ¿Por qué esto es clave? Tomar Ghazni es de importancia estratégica porque aumenta la probabilidad de que los talibanes tomen la capital, Kabul. Si cae la capital, cae el gobierno y esto a Washington no le hace ninguna gracia.
Un informe reciente de las Naciones Unidas muestra que las bajas civiles alcanzan nuevas alturas en mayo de este año y, a medida que se aferran al poder, ese número sólo aumentará.
Respuestas por parte del gobierno de EEUU: ante el aumento de tensión en las últimas horas, Washington anunció que enviará 7.000 soldados para garantizar la evacuación inmediata de todo su cuerpo diplomático.
Acá te dejo un mapa para que veas mejor de qué estoy hablando.
Pero… ¿Quiénes son los talibanes?
Brevemente, los talibanes surgieron a principios de la década del 90 en el norte de Pakistán tras la retirada de Afganistán de las tropas de la Unión Soviética.
El movimiento, predominantemente pastún (aquellos que poseen antepasados de los antiguos hebreos que se instalaron hace más de 2000 años ahí), apareció por primera vez en seminarios religiosos, en su mayoría pagados con dinero de Arabia Saudita, en los que se predicaba una forma de línea dura del islam sunita.
Las promesas hechas por los talibanes, en las áreas pastún que se encuentran entre Pakistán y Afganistán, fueron restaurar la paz y la seguridad y hacer cumplir su propia versión austera de la sharia, o ley islámica, una vez en el poder.
Desde el suroeste de Afganistán, los talibanes ampliaron rápidamente su influencia.
En 1995 capturaron la provincia de Herat, fronteriza con Irán, y exactamente un año después capturaron la capital afgana, Kabul, derrocando al régimen del presidente Burhanuddin Rabbani, uno de los padres fundadores de los muyahidines afganos que resistieron la ocupación soviética.
En 1998, los talibanes controlaban casi el 90% de Afganistán (en ese link te dejo un mapa del conflicto a lo largo del tiempo si te copa). Los talibanes fueron derrocados del poder en 2001 (año que cambió la historia de occidente para siempre dicho sea de paso), tras una incursión militar liderada por Estados Unidos, pero poco a poco el grupo islamista ha ido retomando fuerza a lo largo y ancho de Afganistán.
La influencia estadounidense y las negociaciones de paz
Los primeros intentos de iniciar conversaciones de paz entre los talibanes y el gobierno afgano para establecer la paz en Afganistán salieron a la luz durante el mandato de Obama. Aún así, los esfuerzos entre 2011 y 2013 fracasaron. Las conversaciones previstas en Doha, la capital de Qatar, en junio de 2013 fueron canceladas por el presidente Hamid Karzai debido a que los talibanes colgaron el cartel del “Emirato Islámico de Afganistán” y la llamada bandera en la oficina donde se debían llevar a cabo las negociaciones. Tres años después, se realizó una reunión con la participación de Estados Unidos y China y liderada por Pakistán, sin embargo, la reunión de paz Talibán-Kabul en 2016 tampoco tuvo éxito.
Trump, quien asumió el cargo en Estados Unidos al año siguiente, volvió a incluir las conversaciones de paz en Afganistán en la agenda e hizo esfuerzos para iniciar negociaciones entre el gobierno y la organización. El gobierno de Ashraf Ghani, que apoyó esta iniciativa, declaró que estaba dispuesto a negociar con los talibanes sin condiciones previas y también hizo varias promesas a la organización (como el reconocimiento de los talibanes como partido político y la liberación de los elementos talibanes en prisión).
Sin embargo, este paso dado por Ghani no fue recibido con el reconocimiento y la aprobación necesarios por parte de los talibanes; por el contrario, los talibanes volvieron a darle la espalda al gobierno de Kabul y afirmaron que se dirigiría solo a Estados Unidos y no a Ghani.
Los talibanes han abandonado su actitud dura e intransigente desde 2018, aunque de forma limitada. Por lo menos, representantes de los Estados Unidos y los talibanes se reunieron en Doha, por primera vez, para las conversaciones de paz en febrero de 2019. Como resultado de las negociaciones, que se prolongaron durante unos seis meses, se anunció que los Estados Unidos y los talibanes estaban cerca de llegar a un acuerdo.
Sin embargo, este estado de ánimo positivo en agosto de 2019 desapareció en breve. Al mes siguiente, el Representante Especial para la Reconciliación de Afganistán, Zalmay Khalilzad, anunció que se llegó a un acuerdo entre las partes y que se buscaba la aprobación de Trump. Trump declaró que había archivado el acuerdo después de que un soldado estadounidense muriera en el ataque terrorista en Kabul.
Sin embargo, en diciembre de 2019, se reanudaron las conversaciones entre Estados Unidos y los talibanes y, por lo tanto, la idea de que las conversaciones de paz entre Khalilzad y los talibanes habían llegado a su fin fue ganando terreno gradualmente y, por primera vez, se vio que la paz las negociaciones con los talibanes se volvieron tan tangibles.
Se tomaron varias decisiones nuevas sobre temas como la “reducción de la violencia”, la “retirada de las tropas extranjeras del país”, las “negociaciones dentro de Afganistán” y las “garantías antiterroristas” en el marco de las negociaciones del Acuerdo de Paz entre los Estados Unidos y los talibanes. Sin embargo, estas decisiones han traído algunos problemas nuevos a la agenda.
Después de más de un año de negociaciones, los representantes de Estados Unidos y los talibanes firmaron un acuerdo bilateral el 29 de febrero de 2020, acordando dos garantías “interconectadas”: el retiro de todas las fuerzas estadounidenses e internacionales para mayo de 2021, y la acción no especificada de los talibanes para prevenir otros grupos (incluida Al Qaeda) de utilizar suelo afgano para amenazar a Estados Unidos y sus aliados.
En los meses posteriores al acuerdo, varios funcionarios estadounidenses afirmaron que los talibanes no estaban cumpliendo sus compromisos bajo el acuerdo, especialmente con respecto a Al Qaeda (qué sorpresa dijo nadie nunca).
Aunque no hay disposiciones en el acuerdo disponible públicamente que aborde los ataques de los talibanes sobre las fuerzas estadounidenses o afganas, los talibanes supuestamente se comprometieron a no atacar a las fuerzas estadounidenses en los anexos no públicos que acompañan al acuerdo según un informe del Congreso de Estados Unidos.
En la Sección 1217 del FY2021 de la Ley de Autorización de Defensa (NDAA, P.L.116-283) (si, literalmente busqué párrafo por párrafo para darte la mejor info), el Congreso ordenó a la Administración que, entre otros requisitos, presentar dentro de los 90 días posteriores a la promulgación y no menos de cada 120 días después, un informe verificando que los talibanes están cumpliendo sus compromisos en virtud del Acuerdo de febrero de 2020.
Ahora, mientras Estados Unidos se prepara para completar la retirada de sus tropas antes del 11 de septiembre (fecha emblemática dicho sea de paso), tras dos décadas de guerra, los talibanes invaden puestos militares afganos, pueblos y aldeas, e incluso algunas ciudades importantes, avivando temores de que puedan derrocar al gobierno (la peor pesadilla de Biden).
Recapitulando…
Los talibanes entraron en conversaciones directas con Estados Unidos en 2018 bajo el gobierno de Trump, y el año pasado ambas partes llegaron a un acuerdo de paz en Doha que comprometía a Estados Unidos a retirarse y a los talibanes a prevenir ataques contra las fuerzas estadounidenses. Es por ello, que el presidente Biden anunció este año la retirada de las tropas estadounidenses.
Es necesario destacar que el compromiso de los talibanes de reducir la violencia es una promesa hecha únicamente a los propios Estados Unidos, no al gobierno afgano. En este contexto, los talibanes solo prometieron no actuar contra Estados Unidos. De hecho, la declaración oficial de los talibanes es que la cooperación estratégica y de seguridad se hizo solo con los EE.UU y que el compromiso es una promesa hecha solo a los EE.UU y no al gobierno afgano …
En este contexto, a pesar de que han comenzado las negociaciones entre los talibanes y el gobierno afgano, debemos tener en cuenta que un posible conflicto de intereses que pueda ocurrir durante estas negociaciones podría evolucionar rápidamente hacia la violencia (incluso muchos vaticinan una guerra civil que podría durar años, sobre todo si intervienen las principales potencias).
Estados Unidos comenzó a retirar fuerzas antes de que se alcanzara el acuerdo de febrero de 2020 y continuó haciéndolo después, a pesar de las afirmaciones de Estados Unidos de que la violencia de los talibanes y otras acciones eran incompatibles con el acuerdo. El 15 de enero de 2021, el entonces Secretario de Defensa interino Christopher Miller anunció que el número de fuerzas estadounidenses había llegado a 2.500, el nivel más bajo desde 2001, completando una reducción ordenada por el presidente Donald Trump en noviembre de 2020.
¿Por qué el gobierno afgano es tan impotente?
Tras la reducción del número de tropas extranjeras en 2014, aproximadamente de 150.000 soldados a menos de 20.000, la lucha contra los talibanes se llevó a cabo principalmente por vía aérea. Pero los estadounidenses tuvieron cuidado de no transmitir su alta tecnología y sus sofisticados sistemas de guía. El ejército afgano ahora es incapaz de mantener la aviación dejada por los estadounidenses y las capacidades de la fuerza aérea ya están muy reducidas.
El ejército afgano también está sufriendo por las acciones de la coalición, su imagen no es necesariamente buena con la población. En los últimos años, según informes de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (MANUA en español), la mayoría de las víctimas civiles han muerto por operaciones aéreas de los ejércitos afgano y estadounidense…
¿Y la OTAN? ¿Qué onda?
Un lio todo. Resumidamente, hace poco el secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, acusó a los aliados de la OTAN de negarse a unirse a una coalición militar liderada por Gran Bretaña para apoyar a Afganistán después de la retirada de las fuerzas estadounidenses este año.
Según datos oficiales, hasta mayo de 2021 la OTAN invirtió más de $3,5 mil millones. Ahora, está aumentando el suministro de material militar a Afganistán a medida que la Alianza retira fuerzas del país. Desde principios de este año, la OTAN ha donado suministros y equipo a las fuerzas de seguridad y defensa nacional afganas por un monto aproximado de 72 millones de dólares. Estos incluyen suministros médicos, simuladores de combate de alta tecnología, radiografías de hospitales y equipos especializados para desactivar bombas para combatir el avance talibán.
¿Qué puede pasar entonces si Estados Unidos se retira de Afganistán?
El 14 de abril Biden dijo que retiraría sus tropas el 1 de mayo, pospuso esa fecha al 11 de septiembre, hasta acá todo buenísimo. Sin embargo, el problema no es la fecha sino el hecho de que retirará por completo a todos sus soldados. Si esto sucede, la retirada completa de la presencia estadounidense (anteriormente más de 100.000 y ahora alrededor de 2.500) de la tierra afgana creará una falta de seguridad desde la óptica occidental.
¿Por qué? Porque aunque la seguridad y la defensa de Afganistán se transmitieron, en la práctica, a las Fuerzas de Seguridad Nacional afganas en 2015, la presencia militar estadounidense ofreció una red de seguridad y sirvió de “disuasión” contra el terrorismo que representa el talibán para Washington.
En este contexto, aunque en julio Biden anunció en una declaración conjunta con el líder afgano que mantendría el apoyo financiero y los servicios de consultoría/asesoría, es evidente que el apoyo de consultoría e inteligencia no será suficiente para la seguridad y defensa de Afganistán. Mientras tanto, también hay que señalar que el director de la CIA, William Burns, advirtió en abril al Comité de Inteligencia del Senado que la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán debilitaría la capacidad de Estados Unidos para reunir inteligencia y tomar medidas contra amenazas fundamentalistas (al-Qaeda y DAESH según documentos del Capitolio).
Por otro lado, Biden anunció a principios de julio que la misión en Afganistán seguiría en pie hasta el 31 de agosto tras la reticencia de muchos sectores. Para muchos analistas occidentales, como te decía, la retirada de Estados Unidos de Afganistán crearía una brecha de seguridad tan grave que países como Rusia, China e Irán (los bad boys) claramente querrían llenar esta brecha que queda de Estados Unidos en poco tiempo.
Lo que preocupa a Washington es que China, a través de su aliado Pakistán, probablemente utilizará los bienes raíces de Afganistán y a los talibanes para ganar no sólo influencia, sino hegemonía, en el corazón de Eurasia. India y Estados Unidos intentarían mantener a Pekín bajo control, mientras que Irán, Rusia y el mundo árabe juegan el sangriento juego de la geopolítica mientras que el pueblo de Afganistán seguirá pagando las consecuencias.
Al fin y al cabo Biden, después de anunciar que Estados Unidos se está preparando para una competencia estratégica a largo plazo contra Rusia y China y que ha asignado cientos de miles de millones de dólares para esto, “dejaría” Afganistán a estos dos países que están esperando el momento indicado para lanzar su estrategia? Estados Unidos supuestamente “estaba de vuelta”, no va a dejar pasar esa oportunidad tan fácil.
La Asamblea General de la ONU condenó una vez más el bloqueo impuesto a Cuba hace casi 60 años por 184 votos contra dos -Estados Unidos e Israel- y algunas ausencias notorias en las deliberaciones como la de Brasil, que en la última sesión había votado contra la resolución. Hubo tres abstenciones: Ucrania, Emiratos Árabes Unidos y por segunda vez Colombia, otro gran aliado de Washington. Y cuatro países -República Centroafricana, Moldova, Myanmar y Somalia- no votaron.
Con su voto en contra de una resolución anual de condena al embargo en la Asamblea General de Naciones Unidas, Biden mostró que no ha suavizado su política hacia la isla y sigue la misma línea dura de la administración de Donald Trump, quien endureció el bloqueo. Solo en 2016, bajo la presidencia de Barack Obama, Estados Unidos se abstuvo por primera vez en 25 años de votar en contra de la resolución. En esos momentos había un acercamiento entre ambos países que ya ha quedado atrás.
La resolución se vota cada año (excepto en 2020 por la pandemia) en la ONU desde 1992 para desaprobar las medidas impuestas por Washington a fin de presionar un cambio de sistema político y social en la isla tras la llegada de Fidel Castro al poder. Lo más importante que tenes que saber es que la resolución NO tiene carácter vinculante, por lo que Estados Unidos puede hacer caso omiso de la opinión del resto de los países. Además, el peso político de la ONU es superado por el del Congreso estadounidense, único en la capacidad de levantar el embargo.
“Al igual que el COVID-19, el bloqueo asfixia y mata y debe cesar”
“Las 243 medidas coercitivas unilaterales impuestas por Trump se mantienen hoy vigentes y en completa aplicación práctica y, paradójicamente, van conformando la conducta del actual gobierno estadounidense”.
“La plataforma de campaña del Partido Demócrata prometía a los electores revertir rápidamente las acciones tomadas por el gobierno de Donald Trump, en particular la eliminación de las restricciones a los viajes a Cuba, las remesas y el cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales, incluyendo los visados”
Rodriguez hizo hincapié en que las pérdidas ocasionadas por las sanciones de Estados Unidos alcanzaron los 9.157 millones de dólares entre abril de 2019 y diciembre de 2020.
La cifra es astronómica para un país que atraviesa una dura crisis económica agudizada por las medidas de Washington. Mercancías cuyo nivel de producción son bajos en la isla tal como alimentos -harinas, pollo, leche en polvo- o insumos deben ser importados al doble de su precio ya que no pueden adquirirse en el vecino país. Además, Cuba no puede exportar sus productos a Estados Unidos ni usar dólares.
No distingue entre demócratas y republicanos
En 1959, el éxito de la Revolución Cubana dio un nuevo puntapié en el ya complicado contexto de la Guerra Fría. El asomo del sistema comunista en el área natural de influencia de los Estados Unidos provocó la implementación de medidas críticas sobre la isla.
El embargo comercial, económico y financiero de Estados Unidos hacia Cuba fue impuesto sobre la venta de armas por primera vez el 14 de marzo de 1958, durante el régimen de Fulgencio Batista. La segunda vez fue en 1960, como respuesta a las expropiaciones de las compañías y demás propiedades de los ciudadanos estadounidenses en la isla por parte del nuevo gobierno revolucionario.
En 1961, el entonces presidente Eisenhower, rompió relaciones diplomáticas con Cuba. Un año más tarde, el recién electo John F. Kennedy, declaró el bloqueo unilateral de ese país contra Cuba. Kennedy firmó la orden presidencial para implantar un bloqueo total contra la Isla, cuyo objetivo era cortar todo tipo de vínculo comercial con Cuba y cercar al país para provocar el derrocamiento del gobierno revolucionario.
En adelante, las relaciones se tornaron cada vez más hostiles. El gobierno prohibió la importación de toda mercancía de origen cubano en territorio estadounidense con el fin de asfixiar económicamente a la nación caribeña y hostigar el régimen revolucionario para así lograr su derrocamiento.
La ausencia de relaciones diplomáticas resultó ser un elemento perjudicial para Estados Unidos en sus relaciones con Cuba entre los años 1961 y 1977. Por ejemplo en 1965 se vio obligado a negociar a través de terceros un acuerdo migratorio debido a la gran cantidad de inmigrantes cubanos que llegaban a las costas de la Florida.
Durante el periodo 1977 y 1980, ambos países intentaron comenzar un proceso de normalización donde centro del interés de sus gobiernos estaba en la búsqueda de solución de problemas concretos como por ejemplo el acuerdo y delimitación de la frontera marítima entre las zonas económicas exclusivas de ambos estados como resultado de la aprobación de la fórmula jurídica en la convención de las Naciones Unidas sobre el derecho al mar y otro sobre derechos de pesca. Ésos acuerdos fueron los primeros de una serie de actos de cooperación que posteriormente se ampliaron casi todos referidos a intereses mutuos de seguridad nacional, regional e internacional.
Podría decirse que el inicio de una relación diplomática a través de las Secciones de Intereses quedó sin efecto con el advenimiento del gobierno de Reagan en 1980. Desde entonces Estados Unidos ha mostrado muy poco interés en desarrollar y ampliar los vínculos por esa vía. Ni siquiera bajo el mandato del demócrata Bill Clinton cambió esta tendencia. La oficina de Washington en La Habana fue priorizando la función subversiva, es decir, promover grupos de oposición y financiar y estimular sus actividades, más que la función como representación diplomática en sí.
En 1992, el embargo adquirió el carácter de ley con el propósito de mantener las sanciones contra la República de Cuba. Según lo recogido en el Cuban Democracy Act estas sanciones continuarían mientras el gobierno se negara a dar pasos hacia “la democratización y mostrara más respeto hacia los derechos humanos”.
En 1996, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley llamada Helms-Burton Act mediante la cual se eliminó la posibilidad de hacer negocios dentro de la isla o con el gobierno de Cuba por parte de los ciudadanos estadounidenses. En 1999, el presidente Bill Clinton amplió el embargo comercial prohibiendo a las filiales extranjeras de compañías estadounidenses comerciar con Cuba por valores superiores a 700 millones de dólares anuales, siendo por ello la primera ley transnacional en el mundo. No obstante, en el 2000 el mismo Clinton autorizó la venta de ciertos productos humanitarios a Cuba.
El punto culminante de este cambio en las funciones de las secciones de intereses ocurrió en 2002-2003 cuando el gobierno de George W. Bush instó a su enviado a La Habana a provocar una ruptura total de relaciones. Un tímido cambio pudo vislumbrarse bajo la primera administración Obama. Propuso a Cuba reiniciar las conversaciones migratorias bianuales suspendidas por Bush en el año 2003. Además en vísperas de la Cumbre de las Américas en 2009 en Trinidad y Tobago, Washington tomó una serie de disposiciones, la más importante fue la liberación de los viajes para los cubanoamericanos. Recordemos que hoy Barack Obama había reconocido que la política hacia Cuba había sido un fracaso.
La administración de Trump endureció el embargo con medidas que van desde la suspensión de cruceros y envíos de remesas y restricciones de viajes, pasando por recortes de la atención consular a la isla o abrir la persecución a los barcos con combustible que la isla compra.
Además abrió la posibilidad de que personas lleven a los tribunales a empresas de terceros países que se atrevan a invertir u operar con Cuba e impuso multas a bancos internacionales que aceptaron dinero de la nación caribeña.
El argumento de Trump es que el gobierno cubano viola los derechos humanos de los ciudadanos. Durante su campaña electoral, Biden dijo que desarticularía algunas de esas medidas para volver a la política de diálogo iniciada por Obama, pero hasta ahora no hubo cambios.
El embargo comercial hacia Cuba es el más prolongado que se conoce en la historia moderna. A pesar de las diversas manifestaciones realizadas por parte del gobierno cubano en Naciones Unidas, y del gran apoyo que la comunidad internacional ha mostrado, apoyándose sobre los principios de igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en asuntos internos, la libertad de comercio y navegación internacionales, y las pérdidas económicas que ambos estados sufrieron como consecuencia del bloqueo, el conflicto parece no tener una pronta solución.
Geopolítica cubana ¿qué onda?
Sin lugar a dudas el año 1989 fue un punto de inflexión en la historia reciente de Cuba.
La desintegración del bloque socialista sumergió a la economía cubana en una crisis sin precedentes. En apenas cuatro años la pérdida del 85% de los nexos comerciales y financieros con el exterior arrastró al país a un deterioro de las principales variables económicas prácticamente insostenible se contrajeron las exportaciones, las importaciones y el PBI. Como consecuencia de eso Cuba quedó completamente aislado y este aislamiento de un escenario internacional marcado por el fin de la Guerra Fría no fue sólo económico sino también geopolítico.
Ya que en 1989, comenzó la transición de un mundo caracterizado por la bipolaridad hacia la unipolaridad bajo la hegemonía absoluta de Estados Unidos, una hegemonía que limita las posibilidades de Cuba de defender el modelo político, económico y social sobre el que ha sustentado y desea seguir sustentando se la revolución. Es por eso que se pueden identificar cambios en el patrón de intercambio de relaciones como por ejemplo el proceso de acercamiento a socios que cumplan con un doble requisito: deben repercutir positivamente en la recuperación económica de la isla y al mismo tiempo no deben intervenir en las decisiones soberanas de la misma.
Durante los años 90 y los 2000 la presencia de la Unión Europea en la economía de Cuba se consolidó día tras día hasta lograr casi 1/3 del comercio internacional de bienes de Cuba. Pero la incidencia de Venezuela y China en la importancia de intercambio comercial en un nuevo contexto geopolítico con el advenimiento de ciertos gobiernos populares en la región y un no alineamiento a las políticas de Washington en la región latinoamericana, empezó a complicar las relaciones estables que tenía con la Unión Europea y así comenzaron los problemas como por entre 2003 y el 2005 cuando se reavivaron viejas posiciones respecto a un modelo económicamente más liberal y políticamente pluripartidista.
La Unión Europea le exigió a Cuba también más libertad de civiles e indicios de mejoras en la supuesta violación de derechos humanos es por esto que las relaciones empiezan a tener un transcurso más conflictivo y los antiguos países socialistas comienzan a jugar un papel muy importante en la geopolítica cubana. Sobre todo destacando el papel que cumplió España en todo este proceso entendiendo que el vínculo es mucho más estrecho que con el resto de los países, teniendo en cuenta el pasado colonial y la posición del gobierno español en aquel momento con la creencia de qué la transición española de la dictadura franquista a la democracia puede ser un ejemplo para la isla.
Es por ello, que Venezuela y China, entre muchos motivos, se convirtieron en los principales nexos comerciales. No podemos dejar de lado que en un contexto tan complejo, hoy China es el principal socio comercial de la isla.
A pesar de la lejanía geográfica de la cooperación económica y comercial entre China y Cuba ha mantenido siempre un desarrollo estable desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas.
Dichas relaciones con el gigante asiático se han desarrollado en el plano comercial, finanzas, nuevas energías, biotecnología y en distintos temas de cooperación. Pensemos que la Habana se suscribió oficialmente a la Belt and Road Iniciative (BRI) en 2018 durante la primera visita al extranjero del presidente Miguel Díaz-Canel, en un itinerario marcado también por la nostalgia de la Guerra Fría donde incluyó a Rusia, Vietnam y Laos.
Y si hablamos de Rusia, tenemos que nombrar las relaciones en aumento que poseen ambas naciones, conformando una de las alianzas estratégicas de más larga data que no le caen para nada bien a Washington.
Claramente desde 1990 en adelante el punto de vista político hagamos países coinciden los principales temas de la agenda internacional sobre todo construir un orden mundial basado en la multipolaridad y el principio del derecho internacional con la organización de las Naciones Unidas asumiendo un rol clave sobre todo en materia de seguridad e incluso coincidiendo con la visión de la importancia de un desarrollo sanitario a nivel internacional, estratégico en este contexto de pandemia donde Cuba ha sido perjudicada por el bloqueo estadounidense a ciertos insumos básicos.
Es por eso que nos últimos dos años se han hecho énfasis en la importancia de garantizar la calidad de la salud de ambos pueblos a partir no sólo de la exportación de medicamentos y productos de la industria farmacéutica y biotecnológica sino de también la utilización de capacidades existentes en Rusia que le permitan a Cuba producir medicamentos para el gigante euroasiático y para la región latinoamericana hoy aliada del bloque conformado por Rusia y China en la diplomacia de vacunas.
Sin embargo, en Estados Unidos, ninguno de estos hombres determina las decisiones de la Iglesia católica. Ahora, un movimiento conservador es el que decide cómo la Iglesia católica reafirma su poder en el país.
Esta realidad se confirmó de manera inequívoca la semana pasada, cuando los obispos del país votaron de manera abrumadora a favor de redactar un conjunto de directrices para la eucaristía, con lo que gana terreno la presión conservadora para negarle la comunión a Biden por su apoyo al derecho al aborto.
“Los líderes tienen una obligación especial por su visibilidad pública”, dijo el obispo Kevin Rhoades, quien dirige la diócesis de Fort Wayne-South Bend, en Indiana, tras la votación.
Este ha sido el ejemplo más contundente del alcance del movimiento católico conservador desde que Biden resultó electo. El grupo cobró fuerza durante el mandato de Donald Trump: tuvo desencuentros con el Vaticano, socavó la influencia de los máximos representantes del papa Francisco en Estados Unidos y polarizó aún más a los fieles católicos en el proceso. Ahora, los católicos estadounidenses se enfrentan a una guerra interna sobre uno de los rituales más sagrados de la Iglesia, la Santa Eucaristía, que representa el cuerpo y la sangre de Cristo.
Los principales aliados estadounidenses del papa Francisco, entre ellos el cardenal de Chicago Blase Cupich, el cardenal de Newark, Nueva Jersey, Joseph Tobin y el cardenal de Washington D. C. Wilton Gregory, se alinearon con la advertencia del Vaticano de no seguir adelante con el documento eucarístico pero, al final, se vieron rebasados. La medida fue aprobada con un 73 por ciento de votos a favor, frente a un 24 por ciento en contra.
Ese 73 por ciento representa el impulso conservador emergente, en desacuerdo con las prioridades generales del papa Francisco en temas como la inmigración, la pobreza y el cambio climático, no solo entre los obispos sino también en las parroquias de todo el país. Aunque la Iglesia tiene una estructura jerárquica, los obispos tienen bastante autonomía en sus propias diócesis. Entre los líderes del movimiento conservador se encuentra Rhoades, quien preside el comité episcopal de doctrina.
Rhoades, al igual que Biden, creció en Pensilvania, y fue nombrado jefe de la diócesis de Fort Wayne-South Bend en 2010 y en el pasado tuvo un enfrentamiento público con Biden. En 2016, criticó la decisión de la Universidad de Notre Dame de honrar a Biden, vicepresidente en ese momento, debido al apoyo que manifestó al derecho al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual representaba una violación a las enseñanzas de la Iglesia. “No estoy de acuerdo con premiar a alguien por un ‘servicio destacado a la Iglesia y a la sociedad’ que no ha sido fiel a esta obligación”, dijo en ese momento.
Los católicos de Indiana lideran el activismo antiabortista. Han impulsado restricciones al aborto, las han defendido en los tribunales y presionaron a los funcionarios electos para que apoyaran los nombramientos del expresidente Donald Trump en la Corte Suprema. La jueza Amy Coney Barrett, la nueva jueza católica del tribunal, es egresada de la Universidad de Notre Dame, la cual está ubicada en la diócesis de Rhoades.
El giro a la derecha se produce en un momento en el que los movimientos conservadores están en auge en el cristianismo, en respuesta al creciente secularismo y el declive general del cristianismo, tanto protestante como católico. La crisis de los abusos sexuales también ha alejado a muchos feligreses.
Los católicos blancos son cada vez más republicanos: alrededor de 6 de cada 10 electores católicos blancos registrados ahora son republicanos, en comparación con 4 de cada 10 en 2008, según el Centro de Investigaciones Pew. En cambio, cerca de dos tercios de los votantes católicos hispanos se han identificado como demócratas a lo largo de la última década.
El papa Francisco, el primer pontífice procedente de América Latina, ha manifestado su descontento con el creciente conservadurismo en Estados Unidos, sobre todo en enfrentamientos públicos con Trump en temas como el racismo, la inmigración y lo que significa ser un verdadero cristiano.
La conferencia episcopal, celebrada de manera virtual la semana pasada, reveló una red de bastiones eclesiásticos conservadores en todo el país porque muchos obispos se presentaron como defensores de la verdadera fe que enfrentan a menudo lo que describieron como una persecución por parte de los cristianos liberales, la sociedad secular y los medios de comunicación.
Los héroes de la derecha católica, incluidos obispos cuya ardiente oposición a los derechos de las personas gays y la contracepción se conoce desde hace tiempo, estuvieron entre los partidarios más destacados de la declaración.
Después de la votación, el arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone, instó a los católicos a “recordar a los mártires eucarísticos que murieron para proteger al Santísimo Sacramento de la profanación”.
El arzobispo de Kansas City, Kansas, Joseph Naumann, a cargo del Comité de Actividades Provida de los obispos, criticó a los funcionarios públicos que “hacen alarde de su catolicismo”, pero cuyas políticas son opuestas a la Iglesia.
“Estamos en una nueva etapa del movimiento provida”, dijo a los obispos. “Los que defienden el aborto ya no hablan de él como una elección; hablan de él como un derecho”.
Los sacerdotes decidieron aprobar un plan para redactar una declaración que podría utilizarse como justificación teológica para negar la comunión a Biden y a los políticos católicos que, como él, apoyen el derecho al aborto.
Los cristianos reciben la comunión para recordar el sacrificio realizado por Jesús en su muerte. Para los católicos, el ritual es un sacramento y la parte central de la misa. La enseñanza católica indica que el pan y el vino se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la misa. Negar la eucaristía a alguien es negarle la presencia de Cristo.
Los católicos conservadores, no solo los evangélicos, tenían un poder significativo durante la administración de Trump, especialmente al momento de impulsar su agenda contra el aborto y en el nombramiento de unos 200 jueces federales. Varios altos funcionarios eran católicos conservadores, incluido Pat Cipollone, exabogado de la Casa Blanca; Mick Mulvaney, exjefe de gabinete de la Casa Blanca; y Kellyanne Conway, exconsejera de Trump. Colaboradores externos, como Leonard A. Leo de la Federalist Society y Carrie Severino de Judicial Crisis Network, también tuvieron influencia.
Ahora, en los primeros meses del gobierno de Biden, las acciones de los obispos han envalentonado a las bases conservadoras. En cuestión de horas, CatholicVote, un grupo político conservador, comenzó a recaudar fondos a partir de la decisión.
En Fort Worth, el sábado, el reverendo Jim Gigliotti redactó una carta para el representante Ted Lieu, un demócrata católico de California, en la que escribió que “su alma está en peligro” e informó que se le negaría la comunión si asistía a misa en su parroquia.
“La confrontación es un ministerio de cuidado”, dijo el padre Gigliotti.
Lieu, en una serie de tuits después de la votación de los obispos, los llamó “hipócritas” por no pedirle al exfiscal general William P. Barr que se abstuviera de la Eucaristía porque aplicó la pena de muerte cuando sirvió durante el mandato de Trump. Lieu desafió a los obispos a negarle la comunión, señalando que él apoya la anticoncepción, el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo y “el derecho de la mujer a elegir”, principios que violan las enseñanzas católicas.
En Oakdale, Minnesota, el reverendo Brian Lynch, pastor asociado de la Iglesia Católica Transfiguración, dijo que había discutido la conferencia de obispos desde el púlpito y alentó a sus feligreses a escribir cartas de apoyo a la declaración de la Eucaristía antes de la votación.
Para el padre Lynch, el ejemplo que Biden está brindando a los católicos comunes es intolerable. “Usando un lenguaje anticuado podríamos decir que la situación actual es escandalosa: que alguien puede ocupar posiciones que son completamente contrarias a lo que enseña la iglesia y presentarse públicamente como un católico devoto”, dijo. “Ese no es el significado tradicional de ser ‘devoto’”.
“Biden acaba de transformarse en el simpatizante del aborto más radical”, dijo John Hittinger, profesor de filosofía en la Universidad de St. Thomas, una institución católica en Houston. Si los obispos no intervienen, dijo, “todo vale, ¿y qué significa ser católico?”.
Ryan T. Anderson, presidente del Centro de Ética y Políticas Públicas, una organización conservadora en Washington, dijo que la acción de los obispos sobre un tema político contemporáneo era simplemente una cuestión de obediencia a las enseñanzas de la Iglesia, independientemente del partidismo.
Señaló el ejemplo de Joseph Francis Rummel, el arzobispo de Nueva Orleans en la década de 1950, quien proclamó la segregación racial como “moralmente incorrecta y pecaminosa” y finalmente excomulgó a tres prominentes miembros católicos que se le opusieron.
Los observadores externos e incluso muchos católicos no practicantes no comprenden cuán profundo es el carácter sagrado de la eucaristía en la enseñanza y la tradición de la Iglesia, señaló Mary Hallan FioRito, abogada y comentarista católica de Chicago.
Si los hijos de FioRito violan la instrucción de la Iglesia de ayunar una hora antes de recibir la comunión, ella les dice que no la reciban. Tiene amigos que asisten a misa con frecuencia, pero que ni siquiera piden comulgar porque se casaron fuera de la Iglesia y, por lo tanto, viven en matrimonios no “válidos”. Biden debería abstenerse de recibir la comunión dada su postura sobre el aborto, comentó la abogada.
“Para los católicos, la comunión no es un símbolo”, dijo. “Es Cristo mismo”.
En Maine, Emily Holtzclaw asistió a misa el domingo por la mañana por primera vez desde el comienzo de la pandemia. Creció en una familia católica liberal y está casada con un hombre que trabaja para Planned Parenthood. Fue un consuelo y un alivio volver a celebrar la eucaristía de manera presencial, relató.
El voto de los obispos de la semana pasada podría conducir a una situación difícil “en la que los católicos como yo quedemos excluidos”, dijo Holtzclaw. Pero participar en el sacramento el domingo por la mañana ha reforzado su decisión de permanecer fiel a la tradición que ama.
“No dejaré que me la quiten tan fácilmente”, sentenció.
Elizabeth Dias reportó desde Washington y Ruth Graham desde Dallas.
Elizabeth Dias cubre temas religiosos y la política de Washington. Antes cubrió esas fuentes para la revista Time. @elizabethjdias
Ruth Graham es una corresponsal que cubre temas de religión, fe y valores. Antes reportaba sobre religión para Slate. @publicroad
Lloyd Austin, quien guió a las tropas estadounidenses en su incursión en Bagdad en 2003, fue seleccionado por el presidente electo Joe Biden para convertirse en el primer secretario de Defensa afroestadounidense.
Veterano también de la guerra en Afganistán, el general retirado de 67 años superó a la hasta ahora favorita para el puesto, la exsubsecretaria de Defensa Michele Flournoy, en medio de la creciente presión sobre el próximo presidente demócrata para que nombre a más miembros de minorías en puestos clave de su gabinete.
Biden podría revelar oficialmente su nombre hoy mismo, afirmó el diario Politico, el primer medio en divulgar esta designación.
The New York Times, CNN y el canal ABC dijeron luego haber confirmado la decisión, aunque el equipo de transición de Biden guardó silencio.
Si el Senado aprueba su designación, el exgeneral sería el primer afroamericano en liderar el mayor ejército del mundo, en el que la comunidad negra está fuertemente representada.
Exdirector del Comando central del Ejército (Centcom), el organismo que supervisa las acciones militares en Medio Oriente, Austin habría sido elegido sobre Flournoy, que sonaba para convertirse en la primera mujer en liderar el Pentágono.
Austin pasó cuatro décadas en el Ejército, se graduó de la Academia Militar de West Point y siguió una carrera con una amplia gama de asignaciones, desde liderar pelotones, dirigir grupos de logística y supervisar reclutamientos, hasta altos puestos en el Pentágono.
En marzo de 2003 ofició como asistente del comandante de división de la 3ª División de Infantería cuando esta marchó de Kuwait a Bagdad en la invasión estadounidense de Irak.
En tanto, desde finales de 2003 hasta 2005, estuvo en Afganistán al mando de la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada 180, principal grupo de operaciones destinado allí para estabilizar la región.
Asumió como jefe del Centcom en 2013, por lo que estuvo al frente de la lucha contra el grupo Estado Islámico. En ese puesto sustituyó a Jim Mattis, quien se desempeñó como secretario de defensa del presidente republicano Donald Trump entre 2017 y 2019.
Se retiró en 2016 y pasó a la industria de la defensa, como muchos de sus predecesores. Es miembro de la junta directiva de Raytheon Technologies y esa posición le ha valido las críticas de algunos sectores progresistas.
Para asumir, requeriría una aprobación especial del Senado debido a la ley federal que requiere que los oficiales militares esperen siete años después de jubilarse para servir como jefe del Pentágono.
La exención ha ocurrido dos veces, la más reciente para Mattis, primer secretario de defensa de Trump.
Pero los miembros del Senado se pusieron de acuerdo a regañadientes, en medio de preocupaciones sobre las opiniones de Trump sobre las fuerzas armadas, y varios legisladores dijeron en ese momento que no querrían volver a hacerlo.
“No debería ser considerado por la misma razón que el secretario Mattis no debería haberlo sido”, dijo el congresista Justin Amash en una publicación en Twitter.
“La ley prohíbe a los miembros recientemente retirados de las Fuerzas Armadas servir en esta posición civil. Biden sería el segundo presidente consecutivo en violar esta norma”, subrayó.
Austin tendría bajo su responsabilidad a los 1,2 millones de miembros en servicio activo, de los cuales alrededor del 16% son negros.
Pero los afroestadounidenses prestan servicio de forma desproporcionada en rangos inferiores y pocos han alcanzado posiciones de alto mando.
