El club de los presodentes
Un fenómeno poco común viene asolando desde hace algunos años a América Latina, aunque con mayor intensidad en Sudamérica: la reiterada resolución judicial de encarcelar o al menos procesar a distintos expresidentes. Todos ellos ya fuera del poder, pero en una dinámica que refleja con nitidez las complejidades que atraviesa la política regional. ¿Se trata de una lucha legítima contra la corrupción o de una utilización política del sistema judicial?
El disparador más reciente de este análisis es la medida cautelar dictada contra Jair Bolsonaro. El expresidente de Brasil está imputado como presunto instigador de un intento de golpe de Estado contra la gestión recién asumida de Luiz Inácio Lula da Silva, a través del asalto a las sedes de los tres poderes en el Planalto. La justicia ordenó colocarle una tobillera electrónica y le prohibió el uso de redes sociales.
Irónicamente, su contraparte política es el actual mandatario brasileño: Lula da Silva. Su historia judicial representa un caso de redención institucional. Condenado en 2017 por corrupción en el marco del caso Lava Jato, cumplió casi 600 días de prisión hasta que el Supremo Tribunal Federal anuló las sentencias en 2021, debido a irregularidades procesales. Libre y rehabilitado, Lula regresó al poder en 2023 para disputar la presidencia justamente contra Bolsonaro.
En Argentina, el caso más emblemático es el de Cristina Fernández de Kirchner. Expresidenta y exvicepresidenta, fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, vinculada a la obra pública en Santa Cruz. La sentencia incluyó inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que muchos consideran una forma de proscripción, más allá de la validez de los cargos que se le imputan. Si bien la causa presenta inconsistencias, sectores conservadores, macristas y libertarios celebraron el fallo. No obstante, Cristina mantiene su peso político y simbólico, desde el balcón o desde la palabra.
Otros líderes sudamericanos también enfrentaron procesos judiciales o terminaron tras las rejas: Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Pedro Castillo en Perú.
Morales fue acusado de fraude electoral y enfrenta causas por estupro y trata de personas. Esta situación derivó en su inhabilitación como candidato y en un fuerte rechazo por parte de sus seguidores, con manifestaciones y focos de insurrección en varias regiones del país.
En Ecuador, Rafael Correa también fue condenado por corrupción, acusado de liderar una red en el caso “Sobornos”. Desde su exilio en Europa, sigue proclamando su inocencia.
El caso de Pedro Castillo en Perú es paradigmático por la propia dinámica institucional de su país. Fue acusado de intentar un autogolpe de Estado tras anunciar el cierre del Congreso. La historia reciente de Perú muestra una secuencia de expresidentes con serios problemas judiciales. Alejandro Toledo fue detenido con prisión preventiva por el caso Odebrecht y luego extraditado a Estados Unidos. Por su parte, Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad, fue liberado en 2023, a pesar de la gravedad de las causas que pesan sobre él.
Perú se presenta, sin exagerar, como un laboratorio donde lo judicial y lo político se mezclan en una danza de intereses en torno al poder. Salvo en el caso del fujimorismo -construcción autoritaria y centralizada-, lo institucional aparece como un elemento secundario en la balanza de decisiones políticas peruanas.
Todos expresidentes, todos líderes que ocuparon el máximo cargo de sus países y que terminaron debilitados ante un sistema que los excede. A veces, los nombres no alcanzan para el establishment.
El fenómeno judicial
Hay un patrón que se repite: la mayoría de estos líderes enfrentan causas por corrupción. Esta palabra parece ser la que más indignación despierta en el pueblo latinoamericano, al punto de provocar un rechazo generalizado hacia la clase política. Pero, ¿por qué la corrupción es siempre el eje acusatorio? Quizás porque es un concepto maleable. Los relatos públicos moldean los hechos para encuadrarlos como casos indignantes… o no. Un ejemplo: el escándalo por el caso Libra en la gestión presidencial actual en Argentina no genera el mismo revuelo mediático que las causas de CFK, aunque ambas involucran cuestiones graves.
La acusación de corrupción funciona como un puñal simbólico en la espalda del votante. La sensación de traición es crucial para que sectores moderados, medios de comunicación y figuras del “centro político” puedan reconfigurar sus apoyos de cara a la próxima elección, manteniendo así la maquinaria electoral activa.
Más allá de delitos más severos como sedición, intento de golpe de Estado o violaciones a los derechos humanos, la corrupción opera como un método de disciplinamiento político. El caso Lula–Bolsonaro expone con claridad ese juego de espejos: persecución, redención, revancha. Un péndulo que balancea sentencias y candidaturas.
El término lawfare -la judicialización con fines políticos- ha cobrado fuerza como explicación de estos procesos. Pero más allá de su validez conceptual, lo más interesante es el papel de los medios de comunicación en la construcción de estos relatos. Las narrativas moldean la percepción pública, y la indignación selectiva cumple una función central en ese dispositivo.
Todo este fenómeno excede los casos individuales. Se trata de una lógica instalada en Sudamérica: la lucha política trasladada al ámbito judicial. Un vicio de la región, donde las causas penales terminan siendo, muchas veces, la prolongación del conflicto político por otros medios.
