Hoy existen en el mundo 5 países declarados comunistas que son Cuba, Laos, China, Corea del Norte y Vietnam Inmerso aun en el escenario de la guerra fría, Bolsonaro pretende combatir el comunismo y tal vez le convenga enviar sus generales que dominan el gobierno brasileña a Vietnam para aprender como un país, en aquel tiempo Vietnam del Norte, derrotó y humilló al ejército más poderoso del mundo.
Un párrafo aparte merece Vo Nguyen Giap, el estratega de la victoria militar de Vietnam sobre las tropas francesas y estadounidenses, que murió a los 102 años en el Hospital Militar de Hanoi, donde cumplió 101 años el 25 de Agosto de 2012. Ingresó al Partido Comunista de Indochina en 1933, cuando estudiaba derecho en Hanoi y en 1941 se unió al grupo independista de Vietnam del Norte, en el que trabajó en la organización de las milicias armadas. En 1945 el líder vietnamita, Ho Chi Minh, le nombró Ministro de Defensa de su Gobierno provisional. Durante los nueve años siguientes dirigió las tropas que lucharon para expulsar a los franceses con unas tácticas que fundamentaron su reputación. La victoria sobre los franceses en la batalla de Dien Bien Phu, en 1954 lo encumbró. Con el halo de general victorioso en circunstancias adversas, se le encomendó dirigir la llamada Ofensiva del Tet en la guerra contra Estados Unidos, en 1968.
Fue obligado a dimitir por su oposición a la intervención militar en Camboya para expulsar al Jemer Rojo. Las encuestas que se hacen con carácter periódico en el país, mostraban que el veterano general era una de los personajes más admirados entre la juventud vietnamita, detrás de Ho Chi Minh, el fundador del actual Vietnam.
Vale destacar que en la guerra contra los norteamericanos, la estrategia de una red de túneles subterráneos para evitarlas bombas de los ataques aéreos que representaban una proporción mayor a las usadas en las dos guerras mundiales, más el uso de napalm y el agente naranja defoliador de los bosques de Vietnam condenados por las Naciones Unidas, no amedrentaron al valiente estratega.
En cuanto a Jair Bolsonaro, el controvertido líder de un Brasil inclinado a la derecha, sus declaraciones y citas dividen en dos a la pablación brasileña: “el error de la dictadura fue torturar y no matar”;
“En el periodo de la dictadura, hubieran tenido que fusilar a unos 30.000 corruptos, empezando con por el presidente Fernando Henrique Cardoso, lo cual hubiera sido una gran ganancia para la nación”
En la sesión de la Cámara de abril de 2016 que votó a favor de un juicio de la presidenta Dilma Rouseff- una ex guerrillera torturada por los militares, Bolsonaro dedicó su voto al coronel retirado Ustra, jefe de los servicios de inteligencia y represión de la dictadura , acusado de por lo menos seis asesinatos bajo tormento. “Por la memoria del coronel Carlos Alberto Brihlante Ustra, el pavor de Rouseff…mi voto es sí”
“Vamos a fusilar a los petistas de Acre”. La asesoría del diputado declaró que “fue una broma como siempre”
“Dios encima de todos. No existe esa historia de Estado Laico. No. El Estado es cristiano y quién esté en contra que se mude. Las minorías tienen que plegarse a las mayorías”
Negros. “Fui a una quilomboia en Eldorado Paulista. El afro descendiente más liviano pesaba siete arrobas. ¡No hacen nada!. Me parece que ya no sirven ni para procrear”
“Preta, no voy a discutir de promiscuidad con nadie. No corro ese riesgo, porque mis hijos fueron muy bien educados y no vivieron en ambientes como lamentablemente es el tuyo” cuando la cantante y animadora Preta Gil-hija de Gilberto Gil- le preguntaba en el programa CqC de TV Bandeirantes cómo reaccionaría si uno de sus hijos se enamorase de una negra”.
MUJERES. “Me da pena el empresario en Brasil, porque es una desgracia ser patrón en nuestro país, con tantos derechos laborales. Entre un hombre y una mujer, ¿en qué piensa el empresario? “Pucha esta mujer tiene una alianza en el dedo, dentro de poco se queda embarazada, seis meses de licencia de maternidad … ¿quién va a pagar la cuenta? El empleador. Al final lo descuenta del seguro social, pero se rompió el ritmo de trabajo. Y cuando ella vuelva, va a tener un mes más de vacaciones. O sea, trabajó cinco meses al año”
Este es Jair Bolsonaro, el ex capitán que va a asumir la presidencia de Brasil. Debe tranquilizarse y meditar mucho sobre que Brasil no es la primera o segunda economía del mundo. Lo superan según los datos del Fondo Monetario Internacional de 2018, Estados Unidos con un valor de 20,4 trillones de dólares; 2º, China con 14 trillones; 3º.Japón con 5,1 trillones; 4ºAlemania con 4,2 trillones; 5º Reino Unido con 2,94 trillones; 6º Francia 2,93 trillones; 7º,India con 2,85 trillones; 8º, Italia con 2,18 y 9º Brasil con 2,14 trillones.….
¿QUO VADIS BOLSONARO?
Miguel Schmalko-ex presidente de la CACEXMI (Cámara de Comercio Exterior de Misiones)
El electo presidente de Brasil se refirió a la empresa estatal petrolera y sostuvo que está en conversaciones sobre el tema con su designado ministro de Economía, Paulo Guedes. En tanto que el vicepresidente electo, general Hamilton Mourao, precisó que la extracción no será privatizada.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este lunes que durante su gobierno “alguna parte” de la gigantesca petrolera de mayoría estatal Petrobras “puede ser privatizada, pero no toda” porque “es una empresa estratégica”.
Mientras tanto, el mandatario reiteró que su designado ministro de Economía, Paulo Guedes, tendrá “carta blanca” para tomar decisiones y el nombrado canciller, Ernesto Araújo, advirtió que la política exterior del próximo gobierno “no se pondrá en cuatro frente a las dictaduras”.
Con respecto a Petrobras, “alguna parte puede ser privatizada, pero no toda; es una empresa estratégica”, dijo Bolsonaro en declaraciones a periodistas en Río de Janeiro, según reprodujeron las agencias de noticias Brasil y EFE.
El mandatario electo admitió que conversó con Guedes acerca de un plan para privatizar algunos sectores de Petrobras.
“Estamos conversando con él sobre eso; no soy una persona inflexible pero tenemos que llevar adelante un plan como ese con mucha responsabilidad”, advirtió.
Bolsonaro dijo que en su momento vio “con buenos ojos” la privatización de Embraer -la tercera mayor fábrica de aviones del mundo- en la década de los 90, que pasó a manos particulares con una cláusula que permite al Estado vetar cualquier negocio de la empresa que considere contrario a sus intereses.
No obstante, rechazó la posibilidad de que el Estado brasileño se desprenda de las principales operaciones de Petrobras: “Podemos conversar, pero entiendo que es una empresa estratégica que puede ser privatizada solo en parte”, subrayó.
Más temprano, el vicepresidente electo, general Hamilton Mourao, hizo declaraciones similares en Brasilia, en las que detalló que las áreas de Petrobras que pueden ser privatizadas son las de distribución y refinación, pero no la de producción.
“Lo que hemos dicho es que el núcleo duro de Petrobras, que es la extracción (de petróleo), que es donde está la inteligencia, el conocimiento, eso no va a ser privatizado”, indicó Mourao.
“Pero podemos negociar la venta de áreas como distribución, refinación; eso es algo que puede ser negociado”, agregó el militar, según lo citaron el diario O Globo y la agencia DPA.
Bolsonaro y Mourao fueron consultados expresamente por periodistas luego de que se oficializara la designación como presidente de Petrobras de Roberto Castello Branco, un economista neoliberal que en varias ocasiones se manifestó a favor de la privatización de empresas estatales.
Petrobras es una empresa de capital abierto, de la que participan accionistas privados e incluso extranjeros pero cuyo principal propietario es el Estado, que además conserva tanto la potestad de tomar todas las decisiones estratégicas como la operación.
De hecho, el Estado mantiene actualmente el control de todos los pasos que integran la cadena de producción y comercialización de la cuarta petrolera de capital abierto en todo el mundo y la empresa más grande de Brasil.
Asimismo, Bolsonaro ratificó que Guedes “tendrá carta blanca” en su gobierno. “Para todo lo que está implicado con la economía, él está formando el equipo; yo solo estoy siendo proactivo en aceitar la máquina y hacerla funcionar para el bienestar de la población”, dijo el mandatario electo.
Por otra parte, Araújo aseguró en una serie de mensajes por Twitter que Brasil “no se pondrá en cuatro frente a las dictaduras”, así como “no retornará a la Edad Media” sino que tendrá “los pies sobre la tierra” para buscar nuevos acuerdos comerciales.
Habrá que remontarse a 1991 para encontrar un año con una inflación tan elevada en la Argentina. Pero aquel año, Carlos Saúl Menem había puesto en marcha el plan de Convertibilidad y la inflación estaba en baja para cerrar con 84,0 por ciento, en el último capítulo de la hiper que empujó Raúl Alfonsín y fue un problema en los primeros dos años de su gobierno. En la memoria más reciente, después del estallido de la Convertibilidad y la fuga del radical Fernando De la Rúa tras la fallida alianza, 2002 cerró con una inflación de 40,9 por ciento, durante el primer año del interinato de Eduardo Duhalde, con devaluación y dólar a 1,40 pesos. La inflación de Mauricio Macri en 2018 será superior al 45 por ciento y para que no alcance el 50, la suba de precios del último bimestre deberá ser inferior al 3,7% mensual. Misión difícil, porque la inflación núcleo sigue alta y la confianza en el modelo económico está cada vez más baja. Argentina se ubicará, según los datos del amigable Fondo Monetario Internacional, entre los cinco países con mayor suba de precios del mundo: Venezuela, con una hiperinflación de 2,5 millones por ciento, Sudán del Sur (99,4%), Sudán (64%) e Irán (48%), todos países, salvo el latinoamericano, que atraviesan conflictos bélicos. Argentina además le agrega una extensa recesión que hunde en picada todos los indicadores de consumo y actividad. Pero por suerte no fuimos Venezuela. Por eso no sorprende que el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, festeje: “Nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el Gobierno”, dijo, desafiante en un mensaje más dirigido a los “mercados” en los que se deposita la esperanza para recuperar “normalidad”, que a la sociedad que espera alguna señal de recuperación. La inflación ya es un problema generalizado, que atraviesa a todas las escalas sociales, con mayor daño en las más bajas. El transporte aumentó 68,7 por ciento en los últimos doce meses, los gastos de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 65,2. Los alimentos y bebidas no alcohólicas, 46,4 por ciento. Los dos primeros rubros dependen en gran medida de las decisiones que tomó el Gobierno nacional, al suprimir subsidios, lo que provocó una enorme transferencia de recursos desde los usuarios a las empresas proveedoras. El último, afecta con dureza a buena parte de la sociedad, que perdió poder adquisitivo y tiene problemas para poder alcanzar algo tan básico como el alimento. La canasta básica en Misiones aumentó 45,81 por ciento en los últimos doce meses. Los salarios, no tanto. Por eso, la preocupación ya no es sólo del que no llega a fin de mes, sino de los empresarios que sufren una caída en las ventas de las que hay pocos puntos de comparación, siempre en los peores momentos de la Argentina. La recesión afecta a todos, pero en Misiones se da una particularidad: la suba del dólar, que ilusionó como herramienta para ponerle fin a las asimetrías con Paraguay y Brasil, terminó siendo una ilusión difusa.
Con el tipo de cambio se está diluyendo la única herramienta para dar respiro al comercio fronterizo. Necesitamos medidas urgentes como la reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme que otorgaría beneficios impositivos para mejorar la competitividad en estas zonas. https://t.co/Nk8xTY0lbk
“Con el tipo de cambio se está diluyendo la única herramienta para dar respiro al comercio fronterizo. Necesitamos medidas urgentes como la reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme que otorgaría beneficios impositivos para mejorar la competitividad en estas zonas” alertó Gerardo Díaz Beltrán, el misionero que preside la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Es que el dólar a 40 ya es recuerdo y después de la baja, se estabilizó. Pero no acompañaron ni la inflación ni los costos internos. Paraguay se acomodó rápido a los precios argentinos. Brasil puede dar un golpe de gracia con la ley de lojas tax free, una ley de 2012 que terminó de ser reglamentada y que hará brotar free shops en una decena de ciudades fronterizas con Misiones. En Posadas la preocupación, en cambio, la preocupación sigue siendo Encarnación. Los comerciantes advierten que no hubo despegue de ventas pos devaluación y señalan que es cuestión de tiempo para que vuelvan las filas al puente San Roque González de Santa Cruz. Los beneficios de la devaluación quedaron relegados por la inflación desbordada y los costos impositivos y laborales que no se redujeron. Para colmo, el bono de fin de año que impuso el presidente Mauricio Macri implicará un gasto extra de cinco mil pesos por empleado que pocos empresarios están en condiciones de asumir. En la capital misionera varios ya anticiparon que el aguinaldo es la única certeza. ¿Artículo 10 reclamó el presidente de la Came? ¿Alguien se acuerda de eso? El Presidente cuando vino en abril no sabía de qué le hablaban cuando se le preguntó por la reglamentación de ese artículo de la ley Pymes, sancionada en octubre de 2016, pero con escasa relevancia en las empresas de Misiones, que viven una realidad distinta a la del resto del país. El artículo 10 había sido una promesa de los candidatos de Cambiemos en Misiones, pero pasó el tiempo y nunca pudieron “imponer” el tema en la agenda presidencial. La suba del dólar sepultó cualquier posibilidad de cambio. Y aunque ahora se haya licuado la flaca competitividad, en Cambiemos aseguran que no hay motivos para actuar diferente. El artículo 10 seguirá siendo una olvidada promesa de campaña. ¿Alguna otra compensación? Habrá que estudiar, responden en la alianza gobernante. Al ritmo en el que se toman las decisiones, la respuesta no llegará en este mandato. Las elecciones ocuparán el espacio en la agenda de 2019. Por estas horas, el G20 es la preocupación del Gobierno, con recomendaciones insólitas, como decirle a los porteños que abandonen la ciudad por “cuestiones de seguridad”, en medio de una caza de tontos anarquistas y terroristas con arcabuces. El hallazgo del Ara San Juan tapará, por unos días, cualquier otro tema, por lo menos hasta que empiecen a llegar los presidentes para la cumbre. Curioso lo del Ara San Juan. Los argentinos ansiaban confirmar el hallazgo, pero la reacción a las pocas horas de la confirmación, ha sido primero de dolor y después de escepticismo: el submarino fue encontrado donde se dijo que podría haber estado apenas unos días después de la desaparición. Pero pasó un año y pocos creen en la versión oficial, justo dos días después de que el Presidente asegurara un “compromiso absoluto e innegociable con la búsqueda de la verdad”. En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua decretó cuatro días de duelo por los misioneros Eliana Kraxczyk y Jorge Isabelino Ortiz. Volviendo a la economía, los empresarios misioneros reconocen que la planificación del Estado provincial se convirtió en una aliada esencial para sostener la actividad. El Ahora Misiones sumó el capítulo dedicado a las Pymes para que puedan recuperar financiamiento barato con un subsidio a las tasas, y eludir la confiscatoria política impuesta por el Banco Central para -sin éxito a la vista- aplacar la inflación. Con el aporte de la Provincia, las tasas promedio para descontar un cheque a 90 días serán de 56 por ciento -30 puntos más abajo que la media nacional-, mientras que a través de las Sociedad de Garantía Recíproca, el canje será más barato, con un 40 por ciento promedio. “De este estado de crisis, no se sale solos, sino juntos como ahora y hacia adelante”, dijo Passalacqua al presentar el inédito programa, rodeado por los ministros del ala económica y las principales cámaras empresarias.
El presidente de la Confederación Económica de Misiones, Alejandro Haene, calificó al Ahora Pymes como “una buena noticia más que nos da el Gobierno de la Provincia, porque sin lugar a dudas, colaborar con la cadena de pagos que hoy está seriamente dañada, para que tome otro cariz, es una noticia muy importante”. Con una política económica que está en las antípodas de la nacional, la Renovación pretende a través de estas medidas, fomentar la actividad y cuidar el empleo. Y el efecto se nota en la recaudación de las empresas: “Los lunes y martes, el 50 por ciento de mi facturación obedece al Ahora Misiones”, señaló un joven empresario del rubro textil, uno de los más golpeados por la crisis. El Ahora Turismo también será un aliciente para el rubro hotelero y gastronómico, pero especialmente para el público misionero que quizás no tenga resto para vacacionar fuera del país. Hasta junio, el primer fin de semana de cada mes, habrá descuentos y reintegros para hacer turismo interno. Hay que aprovechar la propuesta, Misiones es un destino repleto de sofisticados hoteles o posadas rurales con una atención cinco estrellas. Para el turismo foráneo también hay incentivos, como las low cost y las nuevas líneas que se suman: desde este lunes, Norwegian tocará suelo en Puerto Iguazú, con un vuelo diario que después se puede replicar en Posadas. Pero, más importante aún, Norwegian en su plan de expansión tienen a Iguazú como posible hub para un despliegue de vuelos hacia Brasil y otras ciudades de la región. Eso significa empleo. Local. La marcha de la economía tendrá un rol clave en el año electoral. En medio de la recesión, el Gobierno nacional se hunde en las encuestas con la inflación y el desempleo como principales preocupaciones. El crecimiento de Cristina Fernández y su acercamiento con el peronismo ya dejaron de ser un objetivo para convertirse en una preocupación. Antes, crear al enemigo servía como aglutinador de las propias fuerzas ante el espanto por el pasado. Hoy quizás el pasado haya acumulado mucha fuerza. La ex Presidenta aparece en varias encuestas liderando la intención de voto y con una imagen negativa menor a la de Mauricio Macri, que ostenta un 40 por ciento de negatividad. María Eugenia Vidal, el eventual recambio, tiene solo 19 por ciento de imagen positiva. Pero los tres tienen un punto en común: casi la mitad de la sociedad no los votaría. Tanto que terceros opacos se entusiasman con un batacazo. El salteño Alfredo Olmedo mandó a hacer sus propias encuestas y jura que está tercero. En Misiones, según la consultora Dattalab.com, tiene un potente 24,79 por ciento, con una fuerte inserción en el Alto Uruguay donde predominan las iglesias evangélicas, en una geografía muy similar al sur brasileño, donde Jair Bolsonaro cosechó la mayor cantidad de adhesiones.
Varios desafíos económicos de la Argentina y Brasil son parecidos. El crecimiento económico ha sido bajo en comparación con los países exitosos de la región. Así, durante 20 años, entre 1980 y 2000, la Argentina promedió un crecimiento de 1.5% al año y Brasil de 2%. Sólo gracias al boom de las commodities ambos países pudieron crecer a tasas más altas entre 2001 y 2010 (3.4% anual en el caso de la Argentina y 3.7% en el de Brasil), pero los excesos durante los años de bonanza se pagaron caro cuando cayeron los precios agrícolas. Desde 2010 a 2018, ambas economías sólo pudieron crecer a un promedio inferior al 1% anual, menor al crecimiento poblacional.
La baja tasa de inversión -que es inferior al 20% del PIB en ambos países- es una explicación del bajo crecimiento. Además se agregan los problemas para aumentar la productividad en un contexto de economías muy cerradas al comercio internacional, de regulaciones excesivas y de un tamaño del Estado exagerado para su nivel de desarrollo, compitiendo ambos países por ver quién tiene la presión tributaria más alta de la región y la mezcla de impuestos más nociva para la producción.
En materia fiscal, los desafíos son parecidos. La Argentina ha avanzado antes, en el marco del acuerdo firmado con el FMI. Proyecta pasar de un déficit primario de 2,6% del PIB este año a un superávit primario de algo más de 1% en 2023; es decir, una mejora del orden de 4% del PIB. De acuerdo a la última revisión del artículo IV del FMI, Brasil necesita una mejora fiscal del mismo orden de magnitud (de un déficit primario de 2% a un superávit primario de 2% en ese mismo lapso) si pretende reducir el peso de la deuda pública en el PIB, que se acerca al 80%. Es cierto que Brasil tiene mayores chances de reducir el peso de la deuda vendiendo activos mientras que la Argentina depende más de una apreciación real del tipo de cambio.
Con una presión tributaria récord y baja inversión pública en ambos países, el desafío para la consolidación fiscal pasa por reducir el peso del gasto corriente en la economía. De acuerdo al FMI, Brasil gasta 13% del PIB en salarios de empleados públicos, muy por encima del 10% de los países desarrollados o del 7% promedio para Latinoamérica. La sugerencia es que ese gasto debe reducirse en alrededor de 1% del PIB. En la Argentina, los tres niveles de gobierno tienen erogaciones en salarios del orden de 12% del PIB. Puede concluirse que el exceso de empleo público es un problema común a ambos países.
También ambos países tienen serios problemas de solvencia en su sistema previsional (aunque algo más serios en el caso de Brasil). El gasto en pensiones representa en Brasil alrededor de 11% del PIB, a pesar de que su población es relativamente joven. En la Argentina, si se suman los egresos del sistema nacional y de las cajas provinciales no transferidas, el gasto llega a casi 12% del PIB. La moratoria previsional ha tenido efectos devastadores sobre la solvencia del sistema argentino.
El desequilibrio externo de Brasil es moderado y, además, la inversión extranjera directa es más importante que en el caso argentino. A ello se agrega que el mercado local de capitales es mucho más grande que el de nuestro país, lo que reduce su exposición a los sudden stops. También es clara la ventaja en materia inflacionaria. Brasil también ha avanzado en flexibilizar las anacrónicas regulaciones laborales, mientras que esa es una asignatura pendiente en la Argentina.
El nuevo gobierno de Brasil parece más convencido acerca de las ventajas de abrir la economía al comercio internacional. Pero no es claro si contará con el apoyo político necesario y cuál será la estrategia para acotar los costos que habitualmente se generan durante la transición de una economía muy cerrada a una más abierta. Tampoco es claro si tratará de abrir su economía por medio de tratados bilaterales (y el pendiente con la Unión Europea es lo más inmediato para ambos países) o con reducciones de aranceles unilaterales.
En resumen, ambos países enfrentan una cargada agenda de reformas estructurales necesarias para asegurar la solvencia del Estado y generar los cambios que permitan un aumento en las inversiones y en la productividad.
The New York Times se adentró a la Amazonía brasileña y se hospedó con una tribu del Territorio Indígena Munduruku para ver de cerca sus luchas contra la deforestación.
Así se decidió: los mineros tenían que irse.
Sus excavadoras y dragas y mangueras de alta presión estaban destruyendo kilómetros de tierra a lo largo del río, contaminando el agua, envenenando a los pescados; eran, en general, una amenaza al estilo de vida de quienes habían habitado en la zona amazónica desde hace miles de años.
Así que una mañana de marzo los líderes de la tribu munduruku juntaron sus arcos y flechas, guardaron algo de comida en bolsas de plástico y se subieron a cuatro barcos para ir a expulsar a los mineros.
“Así se decidió”, dijo Maria Leusa Kabá, una de las mujeres de la tribu que fue parte del grupo.
Y así comenzó la confrontación.
Esta fue apenas una pequeña lucha entre las batallas enormes y existenciales que libran las comunidades indígenas en todo Brasil: no solo se trata de su supervivencia, sino de qué sucederá con toda la Amazonía y con su papel clave en el combate contra el cambio climático.
En los últimos años, el gobierno brasileño ha reducido considerablemente los fondos destinados a comunidades indígenas y varios legisladores han impulsado cambios regulatorios para que varias industrias puedan acceder a zonas amazónicas protegidas en la Constitución.
Ahora Brasil eligió a Jair Bolsonaro como presidente, figura de utlraderecha que promueve la eliminación de las tierras indígenas protegidas. Ha prometido reducir la vigilancia de leyes ambientales, a las que califica de obstáculo al crecimiento económico, y ha dejado muy claras sus intenciones para la Amazonía.
“Donde hay tierra indígena”, dijo en 2017, “hay riqueza debajo”.
Guerreros munduruku ayudan a descargar a integrantes de otras tribus que llegaron a la aldea Caroçal Rio das Tropas.CreditMeridith Kohut para The New York TimesContinue reading the main storyFoto
Integrantes de la tribu munduruku caminan por tierras protegidas que fueron destruidas por mineros ilegales en busca de oro.CreditMeridith Kohut para The New York Times
Mucho antes de la victoria de Bolsonaro, los descendientes de las tribus originales que poblaron la Amazonía, la selva tropical más grande del mundo, ya eran vulnerables a mineros, leñadores y agricultores que habían talado a niveles que los activistas advierten son insostenibles.
De 2006 a 2017, la Amazonía brasileña perdió más de cuatro millones de hectáreas de cobertura —un territorio mayor a seis millones de canchas de fútbol o al de todo Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey y Connecticut juntos—, de acuerdo con un análisis hecho con imágenes satelitales por Global Forest Watch.
En tierras indígenas ya han sido talados cientos de kilómetros de bosque pese a que ahí se prohíbe la actividad industrial a gran escala. Con la victoria de Bolsonaro los líderes de diversas tribus temen que esto empeore.
“Representa la institucionalización del genocidio en Brasil”, dijo Dinamã Tuxá, coordinadora de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil. Un portavoz del equipo de transición presidencial de Bolsonaro indicó que no harían ningún comentario sobre las preocupaciones de grupos indígenas ni responderían a críticas de las posturas de Bolsonaro al respecto porque los oficiales estaban enfocados en “temas mucho más importantes”.
Los expertos dicen que la tasa de deforestación en la Amazonía, que ha sido llamada “el pulmón del mundo” porque absorbe cantidades enormes del dióxido de carbono, vuelven casi una certeza que Brasil no alcance las metas de mitigación medioambientales que estableció en 2009, cuando se presentó como ejemplo del desarrollo sostenible en una cumbre de la ONU.
De mantenerse esta tendencia, ambientalistas y procuradores federales advierten que la Amazonía se acerca a daños irreversibles con la potencial extinción de comunidades indígenas que han sobrevivido diversas calamidades a lo largo de los siglos.
“Los impactos combinados de la deforestación, el cambio climático y el uso extenso del fuego han dejado a la Amazonía en un punto crítico”, dijo Thomas Lovejoy, profesor de ciencias y políticas ambientales en la Universidad George Mason. “Los pueblos indígenas, que son los mejores defensores de sus tierras, quedan vulnerables si se desvanece el bosque”.
Dividir para conquistar
Muchos líderes indígenas ven en las amenazas contra sus comunidades una lucha estilo David y Goliat, con las tribus a merced de bandas violentas de hombres que quieren aprovechar la falta de monitoreo policial para lucrar.
La batalla por el futuro de la Amazonía se da muy lejos de las cámaras legislativas en la capital. En 2014, después de que la economía brasileña cayera en recesión, políticos y líderes de industrias que promueven reducir las regulaciones ambientales consiguieron una ventaja.
Han tenido éxito para debilitar varias protecciones establecidas en la Constitución de 1988. Pero en muchos casos esos cambios están retrasados frente a la realidad: mineros, leñadores y agricultores ya han incursionado a la Amazonía, legalmente o no, y con ello ha cambiado el panorama.
“No se han rendido respecto a cambiar las leyes, pero han priorizado una estrategia de manufacturar los hechos en el terreno”, indicó Cleber Buzzatto, secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionero, grupo que defiende los derechos de grupos indígenas. “Al crear una realidad irreversible, con eso buscan cambiar la legislación”.
Esa nueva realidad es visible desde al aire: tajos de colores naranja que fueron excavados entre los ríos y árboles. Hay pocos tajos de explotación tan claros como la mina de oro ilegal en Posto de Vigilancia, uno de los poblados munduruku más remotos.
Las minas ilegales se divisan desde el aire en medio de la vegetación.CreditMeridith Kohut para The New York TimesContinue reading the main storyFoto
Los mineros ilegales les ofrecen comida a los indígenas munduruku.CreditMeridith Kohut para The New York Times
Osvaldo Waru Munduruku, el jefe de la tribu, lucía pálido cuando explicaba cómo fue que su aldea, que alberga a unas quince familias, se convirtió en un punto de minería ilegal y comercio que transformó a la región.
El presupuesto de la Fundación Nacional del Indio (Funai), agencia federal dedicada a la asistencia de grupos indígenas, se redujo sustancialmente en los últimos años, lo que dificultó que poblados más remotos consiguieran alimentos o servicios básicos. Más allá de eso, muchos líderes indígenas como Osvaldo Waru querían mejorar los estándares de vida en sus comunidades de maneras que no necesariamente permiten una existencia aislada.
Así que cuando en 2015 llegaron los primeros “mineros blancos” y le sugirieron hacer un acuerdo, Waru se vio tentado.
Él y otros líderes indígenas sabían que no iban a poder hacer mucho para detener a los mineros. La recesión había llevado a muchos brasileños desempleados a buscar oro en la selva y Waru pensó que si iba a haber una fiebre de oro en esa parte del estado de Pará, quizá convendría que el pueblo pactara ganar una parte.
Es cada vez más común que se intente cooptar de esta manera a quienes viven en las áreas remotas de la selva, y es algo que los líderes indígenas quieren evitar.
“Divide y reinarás”, dijo Fernanda Kaingáng, abogada por los derechos de personas indígenas que forma parte de la tribu kaingang. “Esa es la estrategia que utilizan entre comunidades indígenas para conseguir acceso a leña, minerales y tierra”.
Los mineros en el poblado de Waru talaron una franja en el bosque para tener un pista aérea y construyeron un asentamiento con habitaciones y una pequeña iglesia. Acordaron darle a Waru el 10 por ciento de las ganancias mensuales; algunos cientos de dólares, según dijo.
“Los ahorrábamos y ahorrábamos hasta que hubiera suficiente para comprar cosas para la comunidad”, dijo. Con eso costearon un nuevo motor de barco, un generador eléctrico y una radio.
Pero entonces empezaron los brotes de diarrea entre los niños. La erosión de las minas le dio al río un color café. Los pescados que por mucho tiempo fueron parte de la dieta de la comunidad ahora tenían rastros del mercurio usado para extraer oro.
“Antes había mucha comida aquí, pero el agua se contaminó, los peces desaparecieron”, dijo. “Nos preocupó cada vez más el futuro de nuestros niños”.
Una recuperación en la cima del abismo
En Brasil hay unas 896.000 personas indígenas que representan menos del 0,5 por ciento de la población. Pertenecen a 300 tribus y hablan más de 270 idiomas.
Son porcentajes pequeños en comparación con los millones que pertenecen a pueblos indígenas en países como Bolivia y Perú. Porque hace medio siglo estaban cerca de la extinción.
En 1500, cuando llegaron los primeros colonizadores portugueses, había entre tres y cinco millones de personas en lo que después sería llamado Brasil.
La viruela y otras enfermedades que trajeron los europeos mataron a cientos de miles. Después establecieron la esclavitud en plantíos de azúcar y con la llegada de personas en busca de lucrar con el caucho a partir de la década de 1870.
Para los años sesenta, cuando empezó la dictadura brasileña, la población indígena rondaba las 100.000 personas. Los generales consideraron a las comunidades indígenas un impedimento para el desarrollo y los expulsaron de pueblos remotos para intentar asimilarlos.
Esta política fue abandonada en 1988 con la nueva Constitución, que pretendía reparar los abusos del pasado con el establecimiento de un proceso para definir y proteger territorios indígenas. Ahora hay más de seiscientas reservan que suman el 13 por ciento del país; es algo que nunca caído bien a los mineros o leñadores.
Aquí, a lo largo del río Tapajos, los munduruku —que juntos suman más de 14.000 integrantes— han quedado separados en decenas de pequeños pueblos en un territorio algo más grande que todo El Salvador.
Los miembros de la tribu revisan las frutas que recogieron en Caroçal Rio das Tropas.CreditMeridith Kohut para The New York TimesContinue reading the main storyFoto
Hombres y niños munduruku revisan los daños causados por la minería ilegal en Posto de Vigilancia.CreditMeridith Kohut para The New York Times
Sin embargo, a medida que la recesión azotó el noreste y los estados de la Amazonía, de por sí empobrecidos, empezaron a llegar los extranjeros y sus familias a tierras munduruku. Volvieron a echar a andar las minas de oro que el gobierno había cerrado en los 90.
Cuando llegaron a los poblados sobre el Tapajós, en 2015, encontraron comunidades en estados peores que las suyas.
En una, Caroçal Rio das Tropas, las familias viven en chozas de madera deterioradas y duermen en hamacas. Hay perros muy delgados con heridas sin curar que olfatean a ver qué sobras consiguen. Cuando alguien es mordido por una serpiente venenosa se usa el mismo cuerpo de la serpiente a modo de torniquete mientras el paciente hace el viaje de seis horas en barco a la ciudad más cercana.
A algunas familias les va mejor que a otras: tienen televisores, teléfonos celulares y otros electrodomésticos que usan con ayuda de generadores viejos. Según Ezildo Koro Munduruku, eso se debe a las ganancias por la minería ilegal que han transformado tanto al área como a la tribu.
“La generación de nuestros abuelos tenía una organización muy fuerte”, dijo Ezildo, de 41. “Todos estaban unidos y había poco contacto con gente blanca”.
A medida que crecieron los campos de mineros —y con ellos la llegada de los alimentos procesados, las drogas, el alcohol y la prostitución—, muchos hombres munduruku intentaron hacer dinero. Cambiaron sus dietas; adoptaron vicios. Muchos munduruku temen que su estilo de vida haya sido alterado de manera irreparable.
“Entre las familias hubo enfrentamientos de hermano contra hermano”, dijo Ezildo.
Algunos líderes indígenas argumentaron que la minería podía ser una bendición que no causaría tanto daño ambiental. Pero los beneficios del oro fueron modestos y pasajeros.
“Estamos enfermos, física y espiritualmente”, dijo Ezildo. “Si uno gana por cien gramos de oro, lo gasta en alcohol o prostitutas”.
Para sobrevivir
Después de tres días de debate, las mujeres de la tribu dieron la última palabra. Algunas señalaron directamente a algunos de los hombres y otras lloraron cuando estaban al micrófono.
Pero al final Maria Leusa Kabá, la mujer que ayudó a organizar la rebelión contra los mineros, levantó un cartel donde estaba escrito un resumen del plan.
“Paralizar la actividad minera ilegal en el área indígena, limpiar el territorio y expulsar a los invasores de las tierras munduruku”, decía.
Una danza ceremonial de los munduruku da inicio a una asamblea poco común de integrantes de esa tribu de casi todos los poblados de la Amazonía.CreditMeridith Kohut para The New York TimesContinue reading the main storyFoto
Después de una asamblea para debatir cómo responder a los mineros ilegales, los integrantes de la tribu munduruku decidieron confrontarlos para forzar su salida.CreditMeridith Kohut para The New York Times
Los mineros sabían que se acercaba la revuelta e intentaron detenerla. Volaron al pueblo armados con enormes bolsas de arroz, frijoles, pasta y hasta gaseosas sabor a uva y naranja.
Cleber da Silva Costa, el minero que llegó con las ofertas, les dijo que sabía que lo que él y los otros mineros estaban haciendo era ilegal y dañino para el medioambiente. No obstante, intentó convencerlos de que su crimen era tan solo síntoma de un error mucho más grande.
“Si no hubiera tanta gente corrupta en el Congreso, sería factible pensar en la preservación del ambiente”, les dijo.
Da Silva, de 47 años y padre de tres hijos, dijo que su campamento había hecho más a favor de mantener las comunidades indígenas que para destruirlas.
“Lo poco que tienen hoy es gracias a los mineros”, aseguró. “El gobierno no ayuda. Todo el dinero se lo roban. Puede que estemos haciendo mal, pero acá la ley es cómo sobrevivir”.
‘Esta tierra no es suya’
Unos treinta integrantes de la tribu, con armas en mano, salieron para expulsar a los mineros.
Pero después de un trayecto de más de seis horas a través de ríos, pantanos y colinas, estaban hambrientos y exhaustos cuando llegaron al primer campamento minero.
Amarildo Dias Nascimento, el supervisor de la zona, se dio cuenta de que se acercaba un enfrentamiento. Entonces buscó darles una gran bienvenida a los munduruku; instruyó a sus cocineros para que hicieran pollo, arroz y frijoles para los invitados.
“Esta noche enfoquémonos solamente en la alegría”, les dijo.
Nascimento, de 47 años, argumentó que los mineros solamente querían sobrevivir.
“A muchos no les queda más opción”, dijo, y señaló a los hombres del campamento. “¿Mejor ser ladrón en Río de Janeiro? Muchos están aquí porque no quieren recurrir a eso. Estamos luchando por el pan de cada día”.
Los munduruku reposan después de seis horas de traslado por ríos y colinas frente a equipo de minería usado de manera ilegal en tierras protegidas.CreditMeridith Kohut para The New York TimesContinue reading the main storyFoto
Trabajo ilegal de minería en Posto de VigilanciaCreditMeridith Kohut para The New York Times
La mañana siguiente, Maria Leusa convocó a los mineros mientras amamantaba a su bebé.
“Esta tierra es nuestra”, les dijo. “Esta tierra no es suya. Aquí es donde nosotros conseguimos el sustento para nuestros hijos. No dependemos del oro, sino de las frutas y de los animales a los que han alejado”.
Nascimento escuchó con la cabeza inclinada.
“Cuando nos diga que nos vayamos, lo haremos”, le dijo a Maria Leusa.
La reunión terminó y varios integrantes de los munduruku se subieron a una excavadora manejada por uno de los mineros para evitar cruzar una zona muy lodosa a pie. Pero se fueron sin que quedara claro cuando se irían los mineros, o si lo harían.
Los munduruku llegaron al siguiente campamento, donde pretendían dejar claro el mismo mensaje. Pero aquí había más gente y la bienvenida no fue la misma. Varios estaban alcoholizados.
“Tuvimos que regresar porque estaban armados”, dijo Maria Leusa.
La misión fue el comienzo de la operación Pajé Bravo, en honor a un mito indígena de una persona malévola que fue expulsada.
Varios legisladores quieren expandir la minería, los cultivos y la tala, pero hay procuradores y funcionarios que intentan prevenirlo por medio de la autoridad para aplicar leyes ambientales mientras todavía existen.
Sin embargo, las redadas logran poco. Como es habitual, en esta ocasión los mineros corrieron hacia la selva cuando se acercaban los helicópteros y los investigadores no pudieron hacer arrestos ni muchas preguntas. Los agentes abrieron fuego contra alguna maquinaria y moradas del campamento antes de irse.
“Fue como zona de guerra”, dijo Valmir, un minero que pidió no dar su apellido por temor a represalias. “Ninguno aquí es bandido. Si el gobierno nos ofrece empleo que no sea en las minas, nadie regresaría acá”.
Días después, los procuradores federales buscaron a los vendedores de oro en las zonas urbanas más cercanas para una segunda fase de su investigación. Esta fue apodada “Dilema de Midas”, como el rey que volvía oro todo lo que tocaba.
“Hay un paralelo con la explotación de riquezas nacionales”, dijo Gecivaldo Vasconcelos Ferreira, policía federal que ayudó a liderar la investigación, sobre el nombre del operativo. “Si no son explotadas de manera responsable se vuelven una maldición”.
Luis Camões Boaventura, procurador encargado del caso, dijo que las autoridades apenas si han develado la primera capa de la industria, que es respaldada por políticos locales y nacionales.
Hay cientos, si no miles, de minas de oro ilegales a lo largo del río Tapajós, y las cadenas de suministro están separadas para que sea difícil llegar desde ahí hasta los jefes de la minería, explicó Camões Boaventura.
Los munduruku pasaron una noche en el campamento de mineros ilegales.CreditMeridith Kohut para The New York TimesContinue reading the main storyFoto
El amanecer sobre la AmazoníaCreditMeridith Kohut para The New York Times
En mayo, los procuradores exigieron tomar acciones con la advertencia de que el comercio de oro “potencialmente resultaría en la extinción de comunidades indígenas y culturas tradicionales”.
Los procuradores federales han dicho que lo que viven algunas comunidades califica como “genocidio”.
Es una postura que no comparten otros políticos federales, estatales o locales. En el Congreso, una coalición conocida como el bloque ruralista ha impulsado varias medidas para facilitar el acceso a minerales y a cultivo en zonas protegidas.
Bolsonaro, diputado que fue elegido a la presidencia por un margen amplio, ha dado a entender desde hace tiempo que eso es lo que promueve.
“Si dependiera de mí, no habría más áreas indígenas en el país”, dijo después de su triunfo a finales de octubre.
Para deshacerse de esas zonas protegidas necesitaría cambiar la Constitución. Pero Bolsonaro ha amenazado con tomar pasos más pequeños, como dejar de imponer multas contra empresas e individuos que violan las leyes medioambientales.
Ya ha hecho este tipo de propuestas anteriormente. En 2012, cuando él mismo fue multado por pescar en un área protegida, introdujo un proyecto al Congreso para que los integrantes de dos agencias federales que monitorean la minería, pesca y tala ilegales puedan portar armas.
Durante la campaña dijo que el sistema de tierras protegidas es obsoleto e hizo eco de lo que se decía en la dictadura militar: que esas zonas frenan el crecimiento económico y hasta las perspectivas individuales de personas indígenas. Declaró que había llegado el momento de “reintegrarlos a la sociedad” y reconocer que ellos “no quieren vivir en zoológicos”.
Bolsonaro argumenta que Brasil ya no puede tolerar que tantas tierras estén apartadas y protegidas como territorios indígenas, parques nacionales y zonas de conservación.
“Todo eso impide nuestro desarrollo”, ha dicho.
Los líderes munduruku que se oponen a la minería se entusiasmaron cuando se enteraron de las redadas. Pero poco después, algunos de ellos como Kabá recibieron amenazas.
“La expectativa de los líderes indígenas cuando denunciaron lo que sucedía era que iba a llegar el Estado y expulsar a la gente blanca”, dijo Danicley de Aguiar, activista de Greenpeace que ha asesorado a los munduruku. No fue así.
Adonias Kabá Munduruku, uno de los líderes de la tribu que sí tiene acuerdos con los mineros, opinó que proteger el medioambiente y las tradiciones indígenas son metas loables, pero no realistas.
“Es la única manera para nosotros, como mineros indígenas, de enviar a nuestros hijos a estudiar a las ciudades, de que puedan ir a la universidad”, dijo Adonias, de 40. “Los padres quieren que sus hijos aprendan, que estén preparados, para que no terminen como nosotros: trabajando en las minas”.
Los procuradores aún no presentan cargos contra nadie después de las redadas y la minería de oro se mantiene.
“Lo que vemos es que es un crimen que queda impune”, dijo Paulo de Tarso Moreira Oliveira, procurador federal.
