CAMBIO CLIMATICO

¿Cómo la tecnología puede ayudar a proteger un recurso tan escaso como el agua?

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Por John Ávila, Experto en innovación en seguridad para Empresas de Motorola Solutions – El estrés hídrico provocado por los efectos del cambio climático se está haciendo sentir con fuerza en vastas zonas de América Latina, lo que ha movilizado esfuerzos de los gobiernos locales, agencias multilaterales y empresas relacionadas con esta industria. Todas abocadas a cuidar este recurso esencial y asegurarse que fluya en la cadena de suministro sin contratiempos.

Los datos son reveladores. Según los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del PNUD, la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial; más de 40 países experimentan hoy estrés hídrico y 10 de ellos están a punto de agotar su suministro de agua dulce renovable, dependiendo de fuentes alternativas. El aumento de las sequías y la desertificación están empeorando estas tendencias. Las estimaciones apuntan a que una de cada cuatro personas se verá afectada por escasez recurrente de agua al 2050. Lo más grave para nuestros efectos, es que varios de los países más afectados por este fenómeno corresponden a nuestro continente.

En Argentina, la bajante del Paraná, el segundo río más largo de América Latina y primordial para el comercio local, es extraordinaria por su intensidad y, sobre todo, por su duración. Justo por el estrés hídrico, su profundidad cada vez es menor lo cual enciende las alarmas porque condiciona todos los usos del río como vía de transporte, recurso hídrico para agua potable, energético y de riego. Por ejemplo, los sobrecostos logísticos en la exportación de granos fueron de 315 millones de dólares en el primer semestre. Esto se debe principalmente a que los buques deben cargar menos productos por la escasa profundidad del canal de navegación y, en muchos casos, completar sus bodegas en puertos del sur de la provincia de Buenos Aires, como Quequén y Bahía Blanca, o hasta en el exterior. Además, afecta actividades como la generación de energía hídrica en Yacyretá, la producción de arroz, la pesca artesanal y la disponibilidad de agua potable (1).

Ante este panorama, ¿de qué manera la tecnología puede hacer un aporte contundente para que un recurso tan esencial como es el agua llegue a los usuarios sin contratiempos?

Los problemas de inseguridad para esta cadena de valor, principalmente se relacionan con las amenazas a la infraestructura. Normalmente estamos hablando de infraestructura crítica ubicada en represas, puertos, logística y transporte fluvial, y empresas de distribución de agua potable a los hogares, lugares con personal acotado, lo que las hace foco de robos, vandalismo, sabotaje.

El concepto de “servicios públicos seguros” surge para re imaginar todo el potencial de la tecnología y aplicarlo de forma inteligente, a partir de la adopción de un ecosistema ‘integrado’ que permita todo este flujo de información en tiempo real, brinde análisis y, finalmente, facilite una rápida toma de decisiones para toda la cadena de valor del servicio y un sistema que prevenga, proteja y active la respuesta en momentos críticos.

Para el caso del suministro del agua, el mayor desafío de la integración consiste en la variedad de sistemas y tecnologías utilizados en la cadena. Radios que no se comunican con teléfonos móviles, imágenes que no se pueden compartir entre diferentes dispositivos, redes opuestas, fallas de conectividad, extensos tiempos de análisis y, en consecuencia, largos tiempos de respuesta, lo que conlleva a situaciones casi siempre críticas. La información debe fluir como el agua, es decir, donde se necesita y en tiempo real.

Afortunadamente, la pandemia no detuvo la innovación y lo que antes era un obstáculo se ha convertido en un puente. A través de la solución Radio Alert los radios digitales hoy pueden interoperar con soluciones de video, haciendo posible un ecosistema de tecnología realmente integrado que permite reconocer eventos importantes, anticipar acciones y ayudar a prevenir situaciones antes de que sucedan.

Las soluciones inteligentes de video seguridad se han vuelto cada vez más necesarias pues permiten tener ojos en la cadena sin necesidad de estar en el punto del incidente de manera presencial. Si una cámara realiza una detección- ya sean cámaras fijas o corporales, hay medios de análisis que combinan esos datos, medios que reportan la información ya procesada de forma inteligente y medios que actúan para notificar a los equipos y solucionar el problema, si es que lo hay. En otras palabras, permiten que la cadena operativa del suministro opere de manera integrada y coordinada.

La integración de las tecnologías también aporta beneficios predictivos, lo que significa una mayor seguridad para garantizar que se gestionen de manera rápida los problemas, desde los más sencillos hasta los más complejos, antes de que se conviertan en incidentes.

El agua es oro y el ecosistema de Motorola Solutions nos permite abordar el recurso desde cuatro pilares: Supervisar y proteger las instalaciones —sistemas de estanques siempre amenazado por crecidas, aluviones e, incluso, atentados—; analizar y monitorear lo que ocurre en extensas instalaciones con áreas de seguridad, espacios públicos, equipos críticos, visitantes, proveedores y personal; comunicar para mantener a sus equipos conectados e informados de las alertas críticas, y responder, ya sea ante un incidente de todos los días o una situación de emergencia.

A medida que se va agotando este recurso es necesario repensar la operación del suministro de agua y llevarla a un siguiente nivel con la ayuda de la tecnología. El ecosistema de tecnologías bajo el concepto de “Seguros Públicos Seguros” proporciona la seguridad física y la eficiencia operativa necesarias para garantizar que la información fluya como el agua, donde se necesita y en tiempo real.

(1) Argentina.gob.ar. (25 junio, 2021). La bajante del río Paraná es la peor desde 1944, con la probabilidad de superar aquella emergencia histórica. Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-bajante-del-rio-parana-es-la-peor-desde-1944-con-la-probabilidad-de-superar-aquella 

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En Glasgow, Fernández pidió “mayor flexibilidad en plazos y tasas” para honrar la deuda externa

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Por Daniel Scarímbolo, desde Glasgow – El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que la Argentina necesita de la “atención y sensibilidad” de la comunidad internacional para “superar el obstáculo” en materia “de endeudamiento externo con el Fondo Monetario Internacional” y reiteró que el país está “dispuesto a vincular parte del pago a las imprescindibles inversiones en infraestructura verde”.

Al participar en Glasgow del evento de alto nivel “Lanzamiento del Compromiso Global de Metano” que impulsa el presidente estadounidense, Joe Biden, el Jefe de Estado volvió sobre las ideas de sustentabilidad ecológica y crecimiento económico, con foco en las dificultades adicionales que tiene la Argentina por el peso de la deuda externa.

Luego de subrayar la contribución nacional a la “reducción de todos los gases de efecto invernadero, incluyendo el metano”, explicó que en ese camino, si bien hay “responsabilidades comunes”, no debe haber “modelos únicos” para alcanzar metas.

“En el caso de la Argentina, el aporte de nuestra agro-bio-industria a la seguridad alimentaria mundial, no debe ser excluido de las negociaciones climáticas, para no generar nuevas formas de proteccionismo. Reconocemos los pilares de un desarrollo sostenible en lo social, económico y ambiental”, afirmó.

Luego, Fernández agradeció “el esfuerzo de la comunidad internacional por la histórica emisión de Derechos Especiales de Giro desde el Fondo Monetario Internacional con el propósito de superar los efectos de la pandemia” y sostuvo que se necesita “también de la atención y sensibilidad de esa misma comunidad para superar el obstáculo que Argentina tiene en materia de endeudamiento externo con el FMI”.

“Estamos renegociando un préstamo que se le concedió a mi país por 57.000 millones de dólares. Una suma mayor a la que el FMI destinó para todos los países del mundo para combatir la pandemia y que significa la mitad del presupuesto que el mundo comprometió para atender al cambio climático y que aún permanece incumplido”, graficó el jefe de Estado.

Fue allí cuando pidió “mayor flexibilidad para honrar esa deuda, en plazos y tasas” y suscribió la propuesta de “vincular parte de su pago a las imprescindibles inversiones en infraestructura verde”.

Luego, señaló que el país “vuelve a crecer en la pospandemia” a un ritmo del 9 por ciento y que el futuro de la Nación “está en el desarrollo de una economía con conocimiento y capacidades tecnológicas, adaptando su matriz productiva con el hidrogeno –entre otras fuentes de energía renovable-, y apostando a la electro movilidad”.

“La sustentabilidad ambiental va de la mano de la sustentabilidad social. Es necesario que las deudas a pagar sean sostenibles para garantizar una recuperación económica sólida y con inclusión social”, dijo Alberto Fernández y concluyó citando al Papa Francisco: “Construyamos juntos la globalización de la solidaridad, para que no triunfe la globalización de la indiferencia”.

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Para poder combatir el cambio climático, América Latina necesita canjear su deuda

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La pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba la capacidad de los gobiernos de América Latina para pagar sus crecientes deudas externas y ha empujado a países como Argentina y Ecuador al riesgo de incumplimiento. Este fenómeno no es único de la región: la deuda, en 2020 y 2021, ha costado más de 3,000 millones de dólares en las economías emergentes.

América Latina, además, es una de las regiones más afectadas del mundo por el cambio climático. Si a eso se suma una caída del Producto Interno Bruto de 7.7% en 2020, y que este no volverá a los niveles previos a la pandemia hasta 2024, estamos frente a un problema serio. Ante ello, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) —que ya se realiza en Escocia— los gobiernos de la región buscan instalar una posición casi unificada sobre este tema: no hay política de mitigación climática posible mientras exista una deuda externa que deje a los países sin margen de acción.

En el “Diálogo de alto nivel sobre acción climática en las Américas”, que se realizó en septiembre y en el que participaron todos los países de la región con excepción de Brasil y México, el gobierno argentino logró el apoyo sobre la iniciativa de “canje de deuda por acción climática”, que busca acuerdos con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir la deuda e invertir ese dinero en políticas de reducción de los efectos del cambio climático. La idea es que los países elaboren planes de mitigación y adaptación, conforme a sus condiciones y circunstancias nacionales, y que una porción de la deuda se oriente a su implementación.

En un contexto de pospandemia, la mayoría de los países latinoamericanos necesitan proteger sus activos naturales pero, debido a las crecientes deudas soberanas, hoy no pueden costearlo. La integración de los países de la región en estas propuestas, pese a las discrepancias ideológicas entre los líderes, es la única solución posible para el desarrollo e implementación de políticas climáticas económicamente sostenibles contra la crisis.

Sobre esta propuesta el presidente argentino, Alberto Fernández, dijo en la reunión: “Los canjes de deuda por acción climática, los mecanismos de pago por servicios ecosistémicos y el concepto de deuda ambiental son claves para la salida de esta crisis. Necesitamos que los organismos de crédito comprometan 50% de sus carteras de préstamos en acciones ambientales”.

Se sumó el presidente de Colombia, Iván Duque, quien pidió “herramientas más novedosas” de financiamiento por parte de los organismos de crédito y que los acreedores cancelen las deudas de los países cuando estos cumplan con sus metas climáticas. Además, sugirió crear un mercado de carbono latinoamericano.

Y el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, agregó: “Tenemos que endeudarnos para enfrentar las consecuencias del cambio climático, que aumenta cada vez más. Estamos en un ciclo perverso y a ello ahora se suma la pandemia. El cambio climático tiene emisores importantes y ellos tienen que poner su parte”. Esta iniciativa también fue propuesta ante John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el clima, quien acudió a la reunión.

El FMI ve la propuesta como algo factible: “Las economías en desarrollo con capacidad fiscal limitada podrían beneficiarse de instrumentos alternativos, como canjes de deuda por actividades de protección del medio ambiente, diseñados para movilizar recursos para inversiones en infraestructuras y medidas de conservación medioambientales y, al mismo tiempo, reducir la carga de la deuda”. Y organismos como el Banco Mundial también.

Este tipo de organismos son la principal fuente de financiamiento de los países en vías de desarrollo y, si ellos ya están de acuerdo, otros acreedores como China —principal socio comercial de casi todos los países de la región— podrían seguirlos.

Implementar estas políticas es necesario para América Latina, en donde la cuestión económica no es el único problema: el medio ambiente también está bajo mucha presión. La naturaleza representa más de una cuarta parte de la riqueza en los países de ingresos medianos. Pero estos activos, muchos de ellos insustituibles, se están perdiendo a un ritmo alarmante por las actividades humanas.

La región contiene 57% de los bosques primarios del mundo, alberga entre 40% y 50% de la biodiversidad mundial y un tercio de todas las especies de plantas. La sequía fue un factor determinante para que 2020 fuera el año con más incendios activos en el sur de la Amazonia, superando a 2019. La cuenca del río Amazonas, que se extiende a lo largo de nueve países de América del Sur y almacena 10% del carbono global, ha experimentado una enorme deforestación en los últimos años debido a la tala para crear pastizales para el ganado y la degradación producida por los incendios.

Por primera vez en la historia hay llamados de países y organismos multilaterales para una ronda de reestructuraciones de deuda que sean ecológicas e inclusivas. Esto debe marcar la hoja de ruta del integracionismo latinoamericano que muchos creían muerto: consensos para poner la agenda climática en el centro de la escena, a pesar de las disidencias ideológicas. Los mandatarios deberán actuar en consecuencia, si no, América Latina quedará relegada a ser la región que tuvo todo para ser vanguardia como un bloque regional y decidió mirar sus propios intereses sin pensar en las futuras generaciones.

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No hay tiempo que perder

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El arte puede conectarnos con lo que sabemos e inspirarnos a actuar. La portada de esta edición diseñada por Nor Tijan Firdaus, joven artista de Malasia, ilustra crudamente las consecuencias de generaciones sucesivas de despilfarro humano: cambio climático, pérdida de biodiversidad y degradación del medio ambiente.

Todo ello amenaza la salud y el bienestar que nuestros niños y niñas heredarán en el futuro.

Encuestas recientes muestran una creciente sensibilización al cambio climático, especialmente entre los jóvenes.

La mayoría de personas consideran que es una emergencia mundial, mucho más de la mitad en los países de ingreso mediano y menos desarrollados y casi tres cuartas partes de la gente que vive en Estados insulares pequeños y países de alto ingreso. La pandemia de COVID‑19 ha intensificado las preocupaciones: un 43% dice que ahora están más preocupados acerca del cambio climático.

Y sin embargo, como dijo Leonardo da Vinci, “Saber no es suficiente; debemos aplicar lo que sabemos. Estar dispuesto no es suficiente; debemos actuar”.

¿Cómo podemos pasar de una preocupación a la acción? Los descubrimientos científicos y tecnológicos permitieron producir vacunas contra la COVID‑19 en tiempo récord, un modelo promisorio para la innovación y acción necesarias a fin de desarrollar y comercializar tecnologías con bajas emisiones de carbono. Las respuestas de política a la pandemia
demostraron que los gobiernos también pueden tomar medidas sin precedentes cuando es necesario.

Es esencial actuar con la misma determinación para abordar el cambio climático y acelerar la aplicación de políticas que marquen la diferencia. Primero, necesitamos señales del mercado que operen a favor, no en contra, de la nueva economía del clima. Por más que esto sea políticamente complejo, el mundo necesita librarse de todos los subsidios a los combustibles fósiles, que si bien equivalen a más de USD 5 billones cada año, son mucho más costosos para nuestro futuro. Un marco sólido de precios del carbono contribuirá a reorientar la inversión privada y la innovación hacia las tecnologías limpias y fomentará la eficiencia energética. Sin ello, simplemente no podremos alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.

Esa señal debe ser previsiblemente más contundente, llegando a un precio mundial promedio del carbono de USD 75 por tonelada para 2030, muy superior al nivel actual de USD 3 por tonelada. Un acuerdo sobre el precio internacional mínimo del carbono entre los principales emisores sería un buen comienzo.

Segundo, debemos incrementar las inversiones ecológicas. En estudios realizados por el personal técnico del FMI se proyecta que las políticas de abastecimiento verde podrían elevar el PIB mundial alrededor de 2% en esta década y crear millones de nuevos empleos. En promedio, se prevé que alrededor de 30% de la nueva inversión provenga de fuentes públicas, por lo cual es vital movilizar el resto desde fuentes privadas.

Tercero, debemos trabajar por una “transición justa” hacia una economía baja en carbono, dentro de cada país y entre los distintos países. Por ejemplo, los ingresos provenientes de la tarificación del carbono pueden usarse para transferencias de efectivo, redes de protección social, recapacitación y otras medidas para compensar a los trabajadores y empresas afectados de sectores que generan altas emisiones. Este tipo de enfoque forma parte cada vez más de las reformas de tarificación del carbono, tales como el régimen nacional de comercio de derechos de emisión de Alemania y el Mecanismo para una Transición Justa proyectado por la UE.

En todos los países, requerirá apoyo financiero y la transferencia de tecnologías ecológicas. Los países más pobres del mundo son los que menos han contribuido al cambio climático, pero son los más vulnerables a sus efectos y los
menos capaces de afrontar el costo de adaptación. Dado que muchas de las oportunidades de mitigación menos costosas se encuentran en las economías de mercados emergentes y en desarrollo, es de interés mundial que las economías desarrolladas cumplan su compromiso de aportar USD100.000 millones por año al financiamiento climático para el mundo en desarrollo.

No tenemos tiempo que perder. Con la mirada puesta en la COP26, debemos estar listos para avanzar con decisión, juntos. Sabemos qué se debe hacer; ahora debemos hacerlo

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La cumbre del clima más decisiva

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Escribe Sergi Alcalde, redactor de National Geographic España – El próximo 12 de diciembre se cumplirán 6 años de la aprobación del Acuerdo de París, el tratado más ambicioso que existe hasta la fecha para luchar contra el cambio climático. Entonces, 196 países (entre ellos algunos de los más contaminantes del mundo, como China, Estados Unidos o la India) firmaron un acuerdo que pretendía “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C “.

Mucho ha llovido desde aquella jornada histórica. El 8 de noviembre de 2016, solo cuatro días después de la entrada en vigor del texto, el republicano Donald Trump ganó contra todo pronóstico las elecciones presidenciales de Estados Unidos, lo que en la práctica se traduciría como un acusado retroceso en las políticas medioambientales del país más contaminante del mundo en términos per cápita. El presidente electo cumplió su promesa, y el año pasado Washington retiró formalmente su firma del tratado, un movimiento que hizo temer por el futuro del acuerdo.

Pero los acontecimientos dieron otra vuelta de tuerca a principios de este año, cuando el nuevo presidente del país, Joe Biden, anunció no solo el regreso de Estados Unidos a los Acuerdos del París, sino también una nueva y ambiciosa agenda medioambiental que contemplaba una inversión de 2 billones (con b) de dólares durante los próximos 10 años.

Hasta esa fecha muchos de los países más contaminantes del mundo ya habían movido ficha y se habían posicionado a favor de un abandono progresivo de los combustibles fósiles. En septiembre de 2019 el presidente de Canadá, Justin Trudeau, anunció un plan para alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050. A Canadá le siguió la Unión Europea, cuyo Parlamento aprobó un proyecto similar pocos meses después, y China, cuyas autoridades anunciaron el año pasado que alcanzarían esa misma meta para el año 2060.

Para cumplir esos objetivos es necesario tener ‘ambición climática’, un término recurrente en el Acuerdo de París, según el cual se insta a las partes a redoblar sus esfuerzos para mitigar los efectos del cambio climático. Pero para demostrar esa ambición hay que poner primero las cartas sobre la mesa y mostrar los objetivos nacionales a corto y medio plazo.

La pasada cumbre climática, celebrada hace dos años en Madrid, debía fijar estas estrategias, pero la COP25 se saldó con un tímido acuerdo en el que se instaba a los países firmantes a detallar al año siguiente qué pensaban hacer para reducir las emisiones.

Sin embargo, la COP26 tuvo que ser pospuesta como consecuencia de la pandemia, una prórroga que supuso un duro golpe a las demandas de expertos y organizaciones conservacionistas de todo el mundo, que llevan tiempo alertando de que los compromisos marcados por los Estados miembros son insuficientes para combatir la emergencia climática. Los grandes temas pendientes, como las transferencias a los países en vías de desarrollo o el establecimiento de un sistema de cooperación internacional para reducir las emisiones a través de los créditos de carbono, quedaron postergados un año más.

Pero la emergencia climática no admite prórrogas, con lo que cada día que pasa sin concretar los planes de mitigación es una oportunidad de oro perdida para mantener la temperatura por debajo de los 1,5 ºC, un objetivo todavía muy lejano, según las conclusiones del informe que publicó este verano el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en el que se augura que “si no se produce una profunda reducción de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, la temperatura subirá mucho más de 2 grados a finales de siglo”.

Con el panorama actual nos vamos a un aumento de temperatura de 2,7 ºC, muy lejos de los 1,5 marcados como objetivo –confirma Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace, en una conversación telefónica sobre los preparativos de la COP26–. Necesitamos un paquete de medidas que defina el camino hacia esa reducción de las emisiones, así como un mensaje claro plasmado en un texto sobre la necesidad de abandonar los combustibles fósiles”.

El año pasado la emergencia sanitaria eclipsó la emergencia climática, pero este año la COP26, celebrada en Glasgow entre los días 31 de octubre y 12 de noviembre, se ha convertido en un acontecimiento de máxima expectación. 

Serán muchos los obstáculos que dificulten la adopción de consensos, y no pocas las presiones políticas y geoestratégicas, pero de esta cumbre debería salir algo más que un manual de buenas intenciones. Los acuerdos de Glasgow deberían traducirse en una hoja de ruta detallada que fije cómo, cuándo y cuánto vamos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, qué coste tendrá y cómo se financiará. Solo así daremos un mensaje claro y contundente de que nos tomamos en serio la lucha contra el cambio climático.

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