COPARTICIPACIÓN

La coparticipación continúa en caída: en mayo los envíos a Misiones bajaron 2,4%

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En mayo las transferencias automáticas del Estado nacional a las provincias y CABA totalizaron $ 1.078.758 millones exhibiendo un incremento interanual del 109,6% nominal. Pero al descontar la inflación del período (estimando el IPC nacional de  mayo en 8,5%, basado en proyecciones privadas) los envíos presentaron una caída en términos reales del 2,8%, la tercera en los últimos cuatro meses.  

En ese marco, los envíos a Misiones fueron por $34.530,7 millones:  crecen 108,5% nominal interanual; pero descontando la inflación regional (IPC NEA según estimaciones propias en 8,1%) las transferencias registran una  caída real del 2,4% interanual.  

Síntesis de las transferencias a nivel nacional 

Durante mayo la distribución de fondos por transferencias automáticas a las 23  provincias y a la CABA fue por un total de $ 1.078.758 millones. Por primera vez en la  historia, estos envíos superan el billón de pesos corrientes, pero aún con ello tuvieron  un retroceso en moneda constante. En comparación contra igual mes del 2022 registran una expansión nominal del 109,6%; sin embargo, al descontar la inflación de este mes  estimada en 8,5% de acuerdo a proyecciones privadas, la variación real de los envíos fue negativa en 2,8%, tratándose de la tercera caída en los últimos cuatro meses, señala un reporte de la consultora Politikon Chaco en  base a datos de la DNAP y INDEC. Observando los componentes que hacen a las transferencias automáticas, los recursos  por Coparticipación Federal explicaron el 94% del total de los envíos y cayeron en  términos reales un 1,6%. Dentro de la coparticipación, el IVA tuvo un muy fuerte  desempeño positivo (14,2%) pero el impuesto a las Ganancias registró un descenso de  alto impacto (-14,4%). Los otros componentes tuvieron resultados negativos: los  impuestos Internos caen 6,3% y los “Otros coparticipados” -3,1%.

Por su parte, los drivers de reparto vinculadas a los leyes y regímenes especiales presentaron desempeños mayormente diversos: exhibieron crecimientos reales los recursos derivados del impuesto a los Bienes Personales (25,4%), los recursos del IVA  de la Seguridad Social (14,2%) y del Monotributo (16,0%). Por el contrario, mostraron  bajas los recursos vinculados al del impuesto a los Combustibles Líquidos (-47,1%) y los del Régimen de Energía Eléctrica (-95,5%); también cayeron los recursos por  Compensación del Consenso Fiscal (-24,5%). 

De este modo, el acumulado de los primeros cinco meses del año muestra transferencias automáticas a las 24 jurisdicciones subnacionales por un total de $  4.176.741,8 millones, cayendo 1,8% contra igual período de 2022.  

Transferencias automáticas a Misiones: composición y evolución 

La provincia de Misiones recibió en mayo de 2023 unos $ 34.530,7 millones por transferencias automáticas de recursos de origen nacional. En comparación contra igual  mes del 2022 mostró una suba nominal del 108,5% pero, al descontar la inflación del  mes tomando el indicador regional del NEA (estimada en 8,1% según proyecciones  propias), los envíos exhiben baja real del 2,4%.  

Observando los componentes de las transferencias automáticas para el caso misionero,  la Coparticipación Federal cae en moneda constante un 0,6% interanual (totalizó $ 32.347 millones, que equivale al 94% del total de las transferencias automáticas);  mientras que los recursos derivados de los leyes y regímenes especiales totalizaron $ $ 1.151,6 millones. Dentro de estos, crecieron en términos reales los vinculados al impuesto a los Bienes Personales (26,6%), al IVA de la Seguridad Social (15,3%) y al  Monotributo (17,1%). Por el contrario, los recursos derivados del impuesto a los  Combustibles Líquidos y del Régimen de Energía Eléctrica mostraron bajas (-47,1% y – 100,0%); al igual que los fondos por Compensación del Consenso Fiscal (-23,8%), todo  en términos reales.

Los envíos automáticos a Misiones agudizaron en mayo su problemática: cayeron en  términos reales en cuatro de los cinco meses del año. Así, el total acumulado captado  por la provincia durante el año 2023 fue por $ 133.246,3 millones, siendo 2,2% menor,  en moneda constante, respecto a igual período de 2022.

Distribución per cápita: postal de la asimetría en el esquema de  reparto 

En la distribución per cápita de las transferencias automáticas, Misiones continúa siendo la provincia que menos fondos por habitante recibe en todo el Norte Grande. Los envíos  de mayo equivalieron a unos $ 26.957 por misionero, el valor más bajo de toda la región  y el séptimo menor de todo el país. En el NEA las brechas derivadas por la asimetría  reinante en el actual esquema de reparto se profundizan: por cada formoseño se asignó  $ 61.448, por chaqueño unos $ 45.069 y por correntino $ 32.364.  

Igual resultado se observa en el acumulado del año: por cada misionero llegaron, en  cinco meses, $ 104.021, mientras que para el caso formoseño fue $ 237.123; $ 173.823 por chaqueño y $ 124.993 por correntino.

Resultados por jurisdicción 

Aun con los diferentes impactos que los índices de precios regionales generan que el  resultado final de las jurisdicciones subnacionales, en mayo ninguna logra un  crecimiento real, idéntica situación a la que se observó en el pasado mes de abril.

En este contexto de caídas reales generalizadas, la provincia de Río Negro fue la única  que no cayó, pero no tuvo variación (0% real); en el otro extremo, la baja más  pronunciada la exhibió la provincia de Buenos Aires (-4,5%). En este punto, sobre todo  explicado por el impacto del índice de precios regional pero también, de manera  significativa, por los esquemas asimétricos vigente de reparto, la caída misionera fue la  tercera más alta de país. 

Cabe destacar que el cálculo real se realiza en función de los IPC regionales (con  estimaciones propias de cada región para el mes de mayo); por ello se observan  diferencias significativas de las tasas de variación real entre provincias, al tener distintos impactos del alza de precios según ubicación geográfica.

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La plataforma de Milei: recorte de jubilaciones, privatizaciones, arancelar la salud y fin de la coparticipación

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El precandidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, presentó ante la Justicia su plataforma electoral en la que dejó por escrito todas las medidas que propone avanzar. Muchas de ellas ya se conocían, como la dolarización de la economíafacilitar el acceso a las armas derogar la ley del aborto, al solicitar el reconocimiento de la personalidad jurídica para presentarse a las próximas elecciones nacionales.

El diputado nacional propone una serie de reformas en las áreas económica, laboral, educativa, sanitaria y de seguridad, entre otras, que aplicarán progresivamente en la medida que resulte electo en los comicios nacionales de 2023.

En lo económico, Milei impulsa un plan que incluye, en una primera etapa, un fuerte recorte del gasto público del Estado, reformas tributarias que bajen impuestos, una reforma laboral que elimine la indemnización de los despidos sin causa -que se reemplace por un seguro de desempleo- y “una apertura unilateral al comercio internacional”.

Luego, propone avanzar en una reforma previsional que apunta a “recortar el gasto de las jubilaciones y pensiones” que aliente “un sistema de capitalización privado”, “privatización de las empresas públicas deficitarias” y programa de retiros voluntarios de empleados públicos, reducción de ministerios a 8 carteras, y “la eliminación progresiva de los planes sociales”.

En lo educativo, la plataforma electoral del dirigente libertario destaca también, por ejemplo, que la Educación Sexual Integral (ESI) de las escuelas no deben ser obligatoria, para que la instrucción quede en manos de las familias; la implementación del “sistema de vouchers cheque educativo” y “descentralizar el financiamiento en los padres”.

Además, estableció que defenderán “al niño desde su concepción”, en línea con lo que propuso en las últimas horas su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, sobre derogar la ley de aborto legal.

En cuanto a las armas, ratifica lo dicho por el diputado nacional en varias oportunidades, que está de acuerdo con desregular el marco normativo y facilitar su libre portación. Desde la seguridad, también impulsa la construcción de cárceles con sistemas de gestión público-privada; “la militarización de los institutos” y la unificación del sistema militar de Defensa Nacional y la Seguridad interior, la reducción de la edad de imputabilidad de los menores y “tolerancia cero contra la delincuencia”, que implique “eliminar de la legislación penal cláusulas garantistas”.

Además, se ratifica la eliminación del Banco Central de la República Argentina (BCRA), otra de las medidas que se reiteran en el discurso de Milei en sus apariciones públicas, “la liberación de todos los cepos cambiarios”, la eliminación de las retenciones a la exportación y los derechos de importación, lo que implicará una apertura hacia los bienes que provienen del exterior.

Entre las ideas menos conocidas, Milei busca también una reducción y achicamiento del gasto en salud, que implique “descentralizar las derivaciones hospitalariasarancelar todas las prestaciones de salud y autogestionar el servicio de salud en trabajos compartidos con la salud privada”, promover leyes que permitan pactar honorarios entre los pacientes y profesionales médicos y “la creación de un seguro universal de salud que cubra los costos, cuidados preventivos, procedimientos de urgencia proporcional a la capacidad de pago del receptor del servicio”.

La plataforma, compartida en sus redes sociales por la abogada Natalia Volosin, asegura que también se eliminará el sistema de coparticipación federal.

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Misiones entre las más perjudicadas por el reparto de fondos nacionales en los últimos ocho años

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En los últimos ocho años, el reparto de la torta entre las provincias se hizo más centralista. La Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires ganaron fondos coparticipables a expensas de las otras 22 jurisdicciones. La distribución en favor de estos dos distritos se profundiza si se suman los recursos discrecionales que la administración central envió a los distritos desde 2015 en adelante.

Así surge de un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). El informe proyecta que esta distribución se profundizará por el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires -que, asume, el Gobierno cumplirá. Con esta variable sobre la mesa, la participación de la Ciudad en el reparto de fondos coparticipables habrá crecido 128% en ocho años hacia fines de 2023. Y la provincia de Buenos Aires terminaría este año con un incremento en su flujo de fondos del 19,7% respecto de 2015.

Como se trata de un juego de suma cero, el resto de las provincias recibe porciones más chicas de la torta, que se extendió un par de puntos en los últimos años. San Luis, Neuquén, Chubut y Santa Cruz perdieron más de 9 puntos porcentuales. Misiones, Salta, Tierra del Fuego, Córdoba y Corrientes, entre 8 y 9 puntos. Santa Fe, 7 puntos y Mendoza, 7,8 puntos, entre otras.

Al incorporar al análisis los envíos de fondos no automáticos, el reparto sigue siendo beneficioso para los distritos que gobiernan Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. “En los últimos años (incluyendo 2023), las transferencias financieras por parte de Nación favorecieron principalmente a Buenos Aires y CABA, permitiéndoles aumentar su participación efectiva por encima de un punto porcentual en los años considerados”, indicó Iaraf.

Al sumar fondos del Tesoro nacional enviados a las provincias a las transferencias automáticas, se ve que la provincia de Buenos Aires recibía, en 2015, el 8,1% de la recaudación nacional, con exclusión de los fondos de Seguridad Social y los Derechos de Exportaciones, que no se coparticipan. 

La masa de recursos subió 2 puntos en 2016, cuando Mauricio Macri actualizó el Fondo del Conurbano, congelado desde 2002. Escaló a 13,3% en 2020 y se mantuvo por encima del 12% desde entonces. La Ciudad percibía el 0,8% del total en 2015, trepó a 2,2% a partir de 2016 (por el traspaso de la Policía y otras medidas), bajó a 1,4% en 2021 y 2022 y subiría a 2,2% este año. Catamarca y Córdoba, por ejemplo, se mantienen estables en 4,3% del total durante todo el periodo. El resto de los distritos perciben menos del 2,3% de lo recaudado.

Al sumar esos aportes discrecionales, la participación de la provincia de Buenos Aires en la torta que se distribuye entre las provincias crece a 23,9% (era de 19,1% en 2015). Y la de la Ciudad, más que se duplica: pasa del 1,9% de 2015 al 4,3% proyectado para 2023. Como referencia, Santa Fe y Córdoba recibieron 4,3% de los fondos enviados a los distritos en 2022 y fueron las que siguieron en el ranking a la provincia más poblada del país.

Más allá de los fondos no automáticos, los envíos de coparticipación sufrieron modificaciones en los últimos ocho años por distintas leyes y decretos. Uno de ellos fue el consenso fiscal de 2017 y su modificación durante el gobierno de Alberto Fernández. También, por supuesto, el aumento de coparticipación que Macri decidió en favor de la Ciudad al traspasar la Policía y el mencionado Fondo del Conurbano para cubrir un histórico reclamo de la provincia de Buenos Aires.

MÁS FONDOS COPARTICIPABLES

En estos ocho años, la Nación cedió recursos a las provincias, como un todo. Las transferencias automáticas eran del 48,3% de los recursos coparticipables en 1993 (más de la mitad quedaba en Nación). Desde ese pico, decrecieron sistemáticamente, hasta llegar al pico histórico del 35,7% en 2002. A partir de entonces, se recompusieron paulatinamente y se estabilizaron entre 40 y 41% del total durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Desde 2017, volvieron a subir, y alcanzaron el 50,6% de lo recaudado en 2020.

Las transferencias automáticas representaron el 49,5% de lo recaudado en 2022, excluidos los recursos no coparticipables. Las principales beneficiarias de ese aumento de masa coparticipable fueron Buenos Aires y CABA. Ese año, si se cumple el fallo de la Corte, el 50,9% de la recaudación llegaría a las provincias de forma automática. Al sumar los envíos discrecionales, el 52,3% de la torta llegaría a los distritos este año, proyectó Iaraf. Esos 1,4 puntos porcentuales son materia susceptible de ajuste para cumplir la meta fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Coparticipación: cumplir el fallo de la Corte implica transferir 1.100 millones diarios a Capital Federal

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La Casa Rosada ampliará la recusación de los jueces y pedirá la nulidad del fallo, mientras Larreta avanzaría con pedidos para embargar cuentas nacionales; en tribunales creen que el juicio político apunta a no pagar la sentencia, que obliga a depositar $1100 millones diarios en las arcas porteñas.

El 1° de febrero termina la feria judicial de verano en los tribunales y se avecina el comienzo de una batalla campal ante la Corte Suprema de Justicia por los 1100 millones de pesos diarios de la coparticipación federal que la Nación debe pagarle a la Ciudad. La Casa Rosada prepara una ampliación de la recusación de todos los jueces de la Corte y un eventual pedido de nulidad del fallo que ordena pagar, mientras Horacio Rodríguez Larreta analiza nuevas presentaciones para cobrar y no descarta pedir a la Corte el embargo de las cuentas nacionales.

Todo este trámite tiene como telón de fondo el juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, promovido tras dictar la sentencia por la coparticipación y que tuvo como disparador la difusión de chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño (actualmente de licencia) Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, funcionario de la Corte y mano derecha del juez Horacio Rosatti.

La Casa Rosada apelará a ese vínculo para ampliar la recusación sobre los jueces de la Corte y -al menos- postergar el pago a la Ciudad. Como no puede utilizar los supuestos chats, invalidados como prueba por un juez, buscará acreditar el vínculo entre D’Alessandro y Robles por otras vías, con el fin de argumentar una relación indebida entre el máximo tribunal y una de las partes, el gobierno porteño.

En los tribunales entienden que justamente la promoción del juicio político tiene el objetivo de no pagar la sentencia, obturar el fallo de fondo o al menos demorarlo, ante la certeza de que el Gobierno lo promueve sin tener los votos necesarios como para aprobarlo en el Congreso.

Por lo pronto, apenas se reanude la actividad judicial en febrero, los jueces de la Corte tienen para resolver planteos que hizo el gobierno de Alberto Fernández contra la medida cautelar que obliga a que le paguen a la Ciudad el 2,95 por ciento de los fondos coparticipables que recibe la Nación. La Casa Rosada había dejado de girar esos fondos en 2020, tras una huelga policial bonaerense, para redirigirlos al gobierno bonaerense de Axel Kicillof. La Nación sostiene que esos fondos fueron cedidos por la gestión presidencial de Mauricio Macri a la Ciudad para pagar la transferencia de la policía porteña, pero por encima de lo necesario y de manera injustificada.

Ambas jurisdicciones trataron de ponerse de acuerdo, pero fracasaron y llevaron el caso a la Corte, que falló en favor de la Ciudad, reconociendo parcialmente su reclamo, mediante una medida cautelar que obliga a que le depositen diariamente unos 1100 millones de pesos. El Presidente primero dijo que no iba cumplir con la sentencia de la Corte y que no iba a pagar; aunque luego dijo que iba hacerlo pero con bonos, para lo cual habilitó una cuenta especial en el Banco Nación.

Al mismo tiempo, la Casa Rosada presentó antes del último día hábil del año dos recursos. En uno de ellos recusó a todos los jueces de la Corte, argumentando que al resolver la medida cautelar adelantaron opinión sobre la cuestión de fondo sobre la que deben pronunciarse. Esto es, si la Ciudad tiene o no derecho a que le reconozcan el retorno de los fondos. El otro recurso, que presentó el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, se denomina “revocatoria in extremis” y está orientado a que la propia Corte de marcha atrás con su decisión.

Sobre estos dos recursos se espera que ahora la Casa Rosada sume nuevos planteos, por ejemplo, ampliando la recusación de los jueces de la Corte sobre la base de argumentar una relación indebida entre el máximo tribunal y la Ciudad. Los chats entre Robles y D’Alessandro, ya fueron desechados como una prueba válida, pero bien puede la Nación buscar probar ese vínculo por otro camino. Eso abriría la posibilidad incluso de reclamar la nulidad de la medida cautelar con la que la Ciudad viene ganando el juicio.

“La medida cautelar no causa estado, es revisable, no es la sentencia de fondo”, señaló un abogado relacionado con el caso, que analizó que esta situación puede demorar todo el trámite del expediente de la coparticipación por la cantidad de recursos a resolver.

La estrategia porteña

En la Procuración del Tesoro de la Ciudad, por su parte, se prepara otra artillería. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ya trató de que la Corte forzara la ejecución de la sentencia antes de fin de año. Se conformó con presentar dos escritos donde denunciaba el incumplimiento del gobierno nacional que no pagó. Ahora analiza si corresponde seguir denunciando el incumplimiento, pero además ir un poco más allá, con un pedido de embargo sobre las cuentas nacionales.

En la Ciudad ven como efectivo este mecanismo de pinzas: por un lado ir con la denuncia penal por la desobediencia al fallo de la Corte y por el otro buscar litigar ante el máximo tribunal para poder ejecutar la medida cautelar.

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Envíos extracopa: resistir el ajuste massista que pega más en las provincias

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El ajuste de Sergio Massa en las cuentas nacionales ya dejó de ser un supuesto para ser una realidad muy cruda, sobre todo, para todas las provincias: en diciembre se fortaleció el recorte de fondos extracoparticipables llegando a -64% en ese mes y finalizó el año en -21% en términos reales, con 22 de las 24 jurisdicciones exhibiendo caídas. Las excepciones fueron Tucumán, que tuvo fuerte apoyo financiero del Estado nacional vía financiamiento del Tesoro que apuntaló la gestión local (¿guiño a Jaldo-Manzur 2023?) y Corrientes, alejada políticamente pero que basó su crecimiento en las asistencia vía ATN y otros programas para emergencia ante los incendios que sufrió la provincia que impactaron en términos relativos de manera muy fuerte ya que en el 2021 la asistencia fue mínima. 

¿Buenos Aires? Tuvo caída real de los fondos captados pero sigue siendo dueña de la porción más grande de la torta (41,4% del reparto total del año). Mendoza sigue siendo, entre las denominadas grandes jurisdicciones, la más perjudicada, tanto en el desembolso global como en la variación relativa. 

La gran incógnita en las provincias es hasta cuando durará este fuerte recorte. Los distritos aliados tendrán el grifo más abierto de cara al calendario electoral, principalmente en fondos para obras, pero la dimensión del reparto general tendrá algo más de claridad una vez se resuelva -parcialmente- la cuestión vinculada al fallo de la CSJN sobre la asignación coparticipable a la CABA.

Del total distribuido entre las 24 jurisdicciones subnacionales del país, la provincia de Buenos Aires concentró el mayor volumen de los envíos no automáticos de diciembre 2022 con $ 32.653,3 millones (41,4% de la distribución global); segunda se ubica CABA (13,3% con $ 10.559,3 millones); luego le siguen Santa Fe (5,0% del total con $ 3.982,2 millones), La Rioja (4,5% con $ 3.596,7 millones) y Entre Ríos (4,1% con $ 3.225,5 millones).

Con niveles de participación de entre el 2% y 3,6% del total, se ubicaron Córdoba, Chaco, Tucumán, Santa Cruz, Neuquén y Misiones; entre el 1% y el 1,8%, quedaron Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes, Formosa, La Pampa, Río Negro, Salta y San Juan. Finalmente, con niveles de participación inferior al 1%, se ubicaron Jujuy, Tierra del Fuego, San Luis, Chubut y Mendoza. Estas dos últimas son las únicas provincias que no logró superar los $ 500 millones en fondos captados durante el mes.

Transferencias no automáticas medidas per cápita
La distribución per cápita exhibe una alta disparidad en los fondos captados por los distritos: en diciembre, La Rioja lidera el ranking con muchos cuerpos de ventaja. Los fondos captados por dicha provincia equivalen a unos $ 8.909,7 por habitante, mientras que en el segundo, Santa Cruz, representan “apenas” $ 5.341,0 por habitante.

El promedio nacional de diciembre se ubica en torno a los $ 1.716,6 por habitante; por encima quedan, además de las mencionadas, Tierra del Fuego, CABA, Catamarca, La Pampa, Neuquén, Entre Ríos, Chaco, Formosa y Buenos Aires.

Por debajo de la media nacional se ubican Río Negro, Santiago del Estero, Misiones, Tucumán, San Juan, San Luis, Santa Fe y Corrientes con transferencias per cápita por encima de los $ 1.000 por habitante; y menores a ese nivel quedan Jujuy, Córdoba, Salta, Chubut y Mendoza. Esta última es, de hecho, la única que tiene envíos per cápita menores a los $ 500 por persona en este mes de análisis.

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