jue. Feb 26th, 2026

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Brasil: Tras no hallar pruebas, la Justicia absolvió a Lula en un caso de corrupción

By Cristian Milciades 5 años ago
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Según la decisión del juez federal, la investigación no “demostró de manera convincente” cómo el expresidente y su jefe de Gabinete “habrían participado en el contexto supuestamente criminal”, la Fiscalía los acusaba de favorecer a las automotrices a cambio de sobornos.

La Justicia de Brasil absolvió este lunes al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en uno de los casos de corrupción en los que había sido acusado por la Fiscalía de favorecer a las automotrices a cambio de sobornos, tras no hallar “evidencia adecuada” que demuestre su culpabilidad.

La Corte Federal del Distrito Federal también absolvió al exjefe de Gabinete Gilberto Carvalho, quien también fue secretario de Presidencia durante el primer Gobierno de la exmandataria Dilma Rousseff- y a otras cinco personas.

Según la decisión del juez federal Frederico Botelho de Barros Viana, la investigación no “demostró de manera convincente” cómo el expresidente y su jefe de Gabinete “habrían participado en el contexto supuestamente criminal”.

“Eso es porque, si bien existen elementos que demuestran el desempeño de la empresa de Mauro Marcondes – Marcondes y Mautoni – en cuanto a la extensión de beneficios fiscales a las empresas CAOA y MMC, no existe evidencia adecuada y ni siquiera mínimamente capaz de demostrar la existencia de un ajuste ilícito entre los imputados con el propósito de transferir montos a favor de Lula y Carvalho”, establece la sentencia replicada este lunes por el medio OGlobo.

En 2017, la Fiscalía había afirmado que Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, modificó, a cambio de supuestas coimas, una medida legislativa para favorecer a empresas del sector automotriz mediante una prórroga de los beneficios tributarios por cinco años, pero la acusación fue desestimada.

Pero en los alegatos finales, en mayo pasado, cambió de postura y solicitó la absolución de Lula.

“Es seguro, por tanto, concluir que la fiscalía carece de elementos que puedan sustentar, más allá de toda duda razonable, una posible sentencia condenatoria en contra de los imputados”, reforzó este lunes el magistrado.

El proceso se enmarca dentro de la “Operación Zelotes”, que desde 2015 estudia supuestas irregularidades en el CARF, departamento del fisco encargado de sancionar a los defraudadores de impuestos, y que también salpicó a varios importantes banqueros y políticos.

Lula, quien llegó a pasar 580 días en prisión por presuntas causas de corrupción, se vio favorecido este año por un fallo del Supremo que anuló otras penas que pesaban en su contra y le permitió así restituir sus derechos políticos.

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Macri creó una agencia para que los testigos protegidos no dependan de Alberto Fernández

By Redacción Economis 6 años ago
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Como se esperaba, Mauricio Macri apeló a un decreto para quitarle al Ministerio de Justicia la potestad sobre el programa de testigos protegidos. De esta manera, ya no dependerá del Gobierno nacional. Sin embargo, tampoco pudo pasarlo a la órbita de la Justicia como se especuló al principio. En su lugar, el Presidente creó una agencia que, si bien funcionará en el ámbito del ministerio citado, tendrá carácter autárquico y autonomía funcional.

Después de varios días de idas y vueltas, el Gobierno nacional finalmente decidió por decreto quitarle al Ministerio de Justicia la potestad sobre el programa de testigos protegidos y así evitar que dependa de Alberto Fernández cuando éste asuma la Presidencia el 10 de diciembre próximo.

Lo hizo mediante la creación de la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, que tendrá a su cargo “la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos” que colaboren “de modo trascendente y eficiente” en una investigación judicial de competencia federal.

El decreto 795 fue publicado este viernes (29/11) en Boletín Oficial y lleva las firmas del presidente Mauricio Macri y miembros de su gabinete. Allí se señala también que la nueva agencia funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, pero “con el carácter de ente autárquico dotado de autonomía funcional“.

El tema había sido adelantado la semana pasada por el titular de esa cartera, Germán Garavano, al considerar que debía ser un ente “autárquico” y que tuviera independencia del Poder Ejecutivo.

En un principio se pensó en pasarlo a la órbita de la Justicia, pero el Gobierno no había encontrado suficiente respaldo en ese ámbito, y la medida se venía demorando.

Según la norma publicada hoy se transfiere además al nuevo organismo “el cargo de Director Nacional, el personal y la totalidad de los bienes, activos, presupuesto vigente y patrimonio” de los que hasta ahora era el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados.

El decreto dispone que la agencia está destinada a “la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal relativa a los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del Código Penal y lo previsto por la Ley N° 23.737 y sus modificatorias”.

Pero agrega que podrá incluir “fundadamente otros casos no previstos en el primer párrafo cuando se tratare de delitos vinculados con la delincuencia organizada o de violencia institucional y la trascendencia e interés político criminal de la investigación lo hagan aconsejable”.

La norma además crea un Consejo Consultivo que supervisará su funcionamiento y elaborará una propuesta para designar al director de la nueva agencia.

El traspaso del programa fuera de la estructura del próximo gabinete había sido un pedido de los testigos bajo el programa de protección que se encuadran como ‘imputados colaboradores’ en causas que atañen al kirchnerismo y que temen por su seguridad bajo el gobierno de los Fernández.

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Causa de los Cuadernos: Dictamen contra la validez del “arrepentido”

By Redacción Economis 6 años ago
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El fiscal Di Lello pidió el sobreseimiento de todos los imputados por supuestos aportes irregulares para la campaña del kirchnerismo, entre ellos los de Máximo Kirchner y Eduardo Wado De Pedro. El pedido del fiscal ocurre en una causa que se desprende del expediente de los Cuadernos de Centeno que lleva adelante el juez Claudio Bonadio, pero fija un antecedente para las medidas de prueba basadas en esos testimonios.

Un dictamen que podría quebrar los cimientos de la causa Cuadernos: el fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello pidió el sobreseimiento de los imputados por supuestos aportes irregulares para la campaña del kirchnerismo, entre ellos a Máximo Kirchner, Eduardo Wado de Pedro y Andrés Larroque, al considerar que el testimonio como “arrepentido” del exsecretario de Obras Públicas José López no es válido como prueba, ya que cuando se tomó su declaración se incumplió con la obligación de grabar o filmar las audiencias.

Di Lello también cuestiona que la causa se haya armado alrededor del relato del chofer Oscar Centeno.

El dictamen del fiscal ocurre en una causa desprendida de la que lleva adelante el juez Claudio Bonadio y está en manos de la jueza María Servini.

Di Lello cuestiona el rol del fiscal Carlos Stornelli y la homologación que hizo Bonadio de los testimonios sin registro audiovisual.

Según reveló el diario Ámbito Financiero, Di Lello señaló que no se cumplieron los artículos 6 y 7 de la Ley del Arrepentido que indica que “las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”. Y que además, debe registrar qué pruebas hay en su contra y que hechos se le imputan de manera delimitada. “Los referidos requisitos establecidos por ley, que esta Fiscalía aplicó en todos los precedentes atribuidos a su competencia, constituyen, a criterio de este Ministerio Público, esenciales para su validez”, indicó el dictamen.

“Más allá de que en la etapa oral se escuche nuevamente al arrepentido, nada podría haber sido más fidedigno a su situación de modo, tiempo y lugar que la reproducción de los medios técnicos que no se usaron”, dice la resolución. No es posible analizar la “voluntariedad de la manifestación”, agrega.

Di Lello también criticó la desaparición y posterior aparición de los “cuadernos” de Centeno. Afirmó que “corresponde estudiar con la prudencia y precisión jurídica que requieren estas cuestiones, la admisión de que una investigación se funde en elementos probatorios cuya comprobación fáctica resulta imposible, al menos hasta ahora”.

“La prueba de cargo que justifica la incriminación en la causa” de los cuadernos “y que resulta el puntapié para llegar al testimonio de José Francisco López” como colaborador “debió ser un hecho comprobable empíricamente, al que se le permita atribuir una consecuencia jurídico penal (…) Sin embargo, la prueba de cargo resultó ser un relato escrito en unos cuadernos cuya materialidad es ontológicamente inexistente, los cuales nunca estuvieron en poder del tribunal, pero sus fotocopias se convirtieron en un elemento histórico incontrovertible para el avance de la investigación”, dice Di Lello.

Por último, según supo Urgente24 de fuentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal no tiene pensado expedirse este año sobre los juicios abreviados, lo que les permitiría a los empresarios implicados en la causa Cuadernos acelerar los pasos procesales admitiendo la culpa y liberándose de la acción penal.

Especialmente esperaban una resolución en el expediente “Amestoy, Silvina Laura, sobre incidente de recurso extraordinario”, que sería un caso testigo para acelerar la causa de los Cuadernos a través del procedimiento del juicio abreviado.

Ocurre que el caso Amestoy aterrizaría en la Corte tras su resolución en el proceso agilizado. Si hay una resolución favorable del máximo tribunal, los imputados en la causa de los cuadernos de Centeno quieren este atajo judicial para liberarse de la acción penal acordando las penas y evitado consecuencias sobre las empresas involucradas.

Fuente Urgente24

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La volátil situación política en Paraguay

By Redacción Economis 7 años ago
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El Gobierno de Mario Abdo Benítez cumplirá el próximo 15 de agosto su primer año de mandato; aunque a la luz de los escándalos y diferentes situaciones controvertidas, pareciera que hace una década que está en el poder. Su desgaste ha sido notorio y el descrédito general parece ser su mayor enfermedad.

El mayor grado de tensión política e incertidumbre se desarrolla por estas horas, luego de que se conociera la firma de un acta secreta con el Brasil que perjudica notoriamente los intereses paraguayos y además compromete las negociaciones futuras de su energía para el año 2023, cuando se cumpla el plazo del Tratado y el Paraguay acceda al 50% de toda la energía producida por una de las mayores hidroeléctricas del mundo.

Los pormenores se están conociendo aún, pero tuvieron un inicio estridente a partir de la renuncia del Presidente de la ANDE (Administración Nacional de Energía), Ing. Pedro Ferreira, quien se negó a acompañar con su firma el acta en cuestión y denunció su contenido a la opinión pública. El acta ya estaba firmada desde hacía dos meses atrás.

A la renuncia del titular del ente eléctrico, se sumaron técnicos del mismo organismo y todos lo hicieron por cuestiones éticas y basadas en declaraciones de patriotismo. Todos estos hechos precipitaron el escándalo y promovieron la inmediata renuncia de quienes firmaron el Acta Acuerdo.

Los primeros en recibir el impacto fueron el ex Canciller Luis Castiglioni, el ex Embajador Hugo Saguier Caballero, el ex Director de Itaipú (Py) José Alderete y Alcides Jiménez, quien reemplazó por horas a Ferreira y que trabajaba como asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Las renuncias fueron una manera de otorgar tiempo al Poder Ejecutivo que estaba intimado a concurrir para brindar las explicaciones pertinentes al Congreso de forma urgente.

El Poder Legislativo en pleno se mostró sorprendido por las informaciones que surgieron a medida que el caso fue tomando estado público. De inmediato se conformó una Comisión Bicameral para investigar el tema. No obstante, un grupo de ciudadanos impulsó una investigación y acusó de traición a la patria a los funcionarios renunciantes. Todos los componentes de una crisis política de gran envergadura comenzaron a generarse casi de inmediato.

Con la irrupción del caso en la agenda pública, también aparecieron capturas pantallas y archivos de audio que sumaron un marco insólito a la negociación de las altas partes en materia energética; un joven abogado del círculo de amigos de los hijos del Vicepresidente, habría actuado como el principal operador paraguayo ante el gobierno brasileño con aparente respaldo del propio Presidente y su Vice. Este personaje invocó a los mandatarios y negoció el acuerdo representando a empresas privadas brasileñas quienes lo habían contratado. Durante su interpelación en Diputados, el Vicepresidente negó que fuera su asesor pero admitió conocerlo y consideró que tamaña osadía del abogado se trató de un error de juventud y que no presentaría cargos en su contra. El abogado (que bien podría ser un protagonista de ficción) es además el hijo de la titular de la Ministra Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero quien renunció inmediatamente al cargo.

Mientras el drama desnuda nuevas informaciones, la ciudadanía comenzó a movilizarse. Los principales partidos de oposición elevaron quejas y el mayoritario Partido Liberal anunció que impulsará el juicio político al Presidente y su Vice. Dada la situación de inestabilidad, lo más probable es que la iniciativa prospere en ambas cámaras.

Por si faltara algo, el Presidente había iniciado la semana vetando un subsidio a la tarifa eléctrica para el consumo hogareño y luego anunció que ordenaría anular el acuerdo firmado con el Brasil. La primera decisión provocó el rechazo general y la segunda, una inmediata reacción diplomática brasileña.

Con el correr de las próximas horas todo el arco opositor confluirá en masivas movilizaciones y el pedido de juicio político a los integrantes del Ejecutivo. En tanto se conformaron los equipos fiscales que investigarán a los exfuncionarios por traición a la patria y el Presidente convocó de urgencia a los legisladores que pertenecen a su línea interna partidaria para lograr su respaldo. Esto último no es un dato menor ya que su partido tiene disputas no resueltas desde la última elección presidencial.

Así las cosas, los escándalos recientes de las licitaciones en diferentes organismos públicos, los luctuosos motines carcelarios y las luchas entre los carteles narcos en el norte del país, pasaron a un plano menor y casi sin importancia. También el acuerdo (de características similares) firmado por el antecesor de Abdo Benítez, Horacio Cartes con Mauricio Macri pasó casi inadvertido.

Mientras se reproducen en redes sociales las referencias al Mariscal Solano López, muerto en el campo de batalla por las balas brasileñas en lugar de rendirse, las referencias de traición y entreguismo van camino a la viralización.

Es posible que el Paraguay nos siga sorprendiendo por la evolución de la situación crítica o bien disuelva sin explicación lógica la indignación popular. Todo puede pasar en ese lugar del planeta con costumbres tan singulares.

Es de esperar que la política paraguaya encuentre una salida razonable y responsable a la crisis. El sur del continente ya tiene bastantes problemas como para sumar diferencias entre pares y enfrentamientos internos por cuestiones de oportunidad.

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Sergio Moro: de un adalid de la justicia a un camandulero reprobable hipócrita y embustero

By Miguel Schmalko 7 años ago
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Muchas veces la construcción de una imagen es deliberadamente edificada mediante el engaño que tiene éxito y solvencia hasta que periodistas e investigadores serios como el sitio The Intercept fundado por los periodistas Glenn Greenwald, Laura Poltras y Jeremy Scahill dan a luz a los “archivos más grandes e importantes de material filtrado en muchos años”. Está compuesto por “chat secretos, audios, videos y documentos de los fiscales y del ex juez Sergio Moro, quien encarceló a Lula, que muestra varias incorrecciones” procesales.

Los fiscales de la operación “Lava Jato” confirmaron en un extenso comunicado que los mensajes publicados por The Intercept fueron ”fruto de un ataque de Hackers, lo que confirmaría la autenticidad del material.

“La fuerza de tareas de la “Lava Jato” en el Ministerio Público Federal del Estado de Paraná informa al público que sus miembros fueron víctimas de la acción criminal de un “hacker” que practicó los más graves ataques a su actividad, la vida privada y la seguridad de sus integrantes”, señaló el texto.

Greenwald señaló en su cuenta de twitter que “hemos publicado hoy tres artículos como inicio de un reporte de un archivo explosivo sobre Brasil”. “El primero de ellos es nuestra explicación de que es el archivo , que contiene, como lo obtuvimos y que principios usamos para revelarlo”, continuó.

El periodista siguió señalando que “además publicamos una nota con numerosos chats encriptados de los fiscales de la “Lava Jato” que prueban una sospecha de larga data que ellos negaban vehementemente: que muestra que actuaron motivados explícitamente para impedir que Lula y el PT (Partido de los Trabajadores) ganaran las elecciones de 2018”.

Los artículos citan numerosos intercambios de Telegram entre los procuradores y entre estos y el juez moro, que sugieren esta motivación y, asimismo, , una orientación a los primeros por parte del magistrado, que podría violar las normas procesales. “Además, y verdaderamente explosivo: Sergio Moro, antes juez y ahora Ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, complotó en secreto con los fiscales para construir el caso criminal contra Lula sobre el que él terminó fallando”, lo que supones “una clara violación de la ética y las bases de la justicia”.

De acuerdo con el periodista estadounidense, ”en suma, , el proceso por el que se encarceló a Lula y se lo hizo inelegible para competir-allanado el camino al poder de Bolsonaro-fue alimentado ilegalmente , con abuso de poder politizado y con engaños”.

En los chats, que el jefe de fiscales, Deltan Dallagnol, muestra dudas sobre la solidez de las pruebas en el caso por el que se condenó a Lula da Silva por corrupción pasiva y lavado de dinero.

En concreto, aquel admitía en reserva que las pruebas eran endebles para adjudicar al ex presidente la titularidad del triplex en el balneario de Guarujá que, según la sentencia, le había sido entregado como soborno por la constructora OAS.

Asimismo consideraba difícil de sostener la vinculación de ese supuesto pago con contratos de esa firma con la petrolera estatal Petrobras, otro elemento que ha motivado serias críticas a esa sentencia de Moro, confirmada ya, en segunda instancia.

Por otro lado se lee en The Intercept intercambio entre los fiscales y Moro en lo que éste les instruye sobre el modo más eficaz de realizar planteos y pedir medidas de prueba, lo que constituye, según la ley brasileña, una violación del deber de imparcialidad de los jueces, que no pueden asumir tareas de acusación.

Lula, que en pocos años pudo rescatar del hambre y la pobreza a 36 millones de brasileños, reducir la mortalidad infantil en un 45% y disminuir el número de personas subalimentadas en un 82% y conseguir que Brasil, el país más grande de Latinoamérica , donde la brecha entre ricos y pobres era la mayor del mundo, desapareciera del mapa del hambre que la FAO elabora anualmente.

Lo único que le queda al Ministro Moro es pedir perdón y recluirse en un convento, pues su paciente trabajo para acceder a la próxima presidencia de Brasil, se ha derrumbado como un castillo de naipes. Acaso la justicia divina se apiade de él.

Miguel Schmalko-consejero y ex presidente de FEBAP y CACEXMI (Federación Económica Brasil, Argentina, Paraguay y Cámara de Comercio Exterior de Misiones)

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