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Causa de los Cuadernos: Dictamen contra la validez del “arrepentido”

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El fiscal Di Lello pidió el sobreseimiento de todos los imputados por supuestos aportes irregulares para la campaña del kirchnerismo, entre ellos los de Máximo Kirchner y Eduardo Wado De Pedro. El pedido del fiscal ocurre en una causa que se desprende del expediente de los Cuadernos de Centeno que lleva adelante el juez Claudio Bonadio, pero fija un antecedente para las medidas de prueba basadas en esos testimonios.

Un dictamen que podría quebrar los cimientos de la causa Cuadernos: el fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello pidió el sobreseimiento de los imputados por supuestos aportes irregulares para la campaña del kirchnerismo, entre ellos a Máximo Kirchner, Eduardo Wado de Pedro y Andrés Larroque, al considerar que el testimonio como “arrepentido” del exsecretario de Obras Públicas José López no es válido como prueba, ya que cuando se tomó su declaración se incumplió con la obligación de grabar o filmar las audiencias.

Di Lello también cuestiona que la causa se haya armado alrededor del relato del chofer Oscar Centeno.

El dictamen del fiscal ocurre en una causa desprendida de la que lleva adelante el juez Claudio Bonadio y está en manos de la jueza María Servini.

Di Lello cuestiona el rol del fiscal Carlos Stornelli y la homologación que hizo Bonadio de los testimonios sin registro audiovisual.

Según reveló el diario Ámbito Financiero, Di Lello señaló que no se cumplieron los artículos 6 y 7 de la Ley del Arrepentido que indica que “las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”. Y que además, debe registrar qué pruebas hay en su contra y que hechos se le imputan de manera delimitada. “Los referidos requisitos establecidos por ley, que esta Fiscalía aplicó en todos los precedentes atribuidos a su competencia, constituyen, a criterio de este Ministerio Público, esenciales para su validez”, indicó el dictamen.

“Más allá de que en la etapa oral se escuche nuevamente al arrepentido, nada podría haber sido más fidedigno a su situación de modo, tiempo y lugar que la reproducción de los medios técnicos que no se usaron”, dice la resolución. No es posible analizar la “voluntariedad de la manifestación”, agrega.

Di Lello también criticó la desaparición y posterior aparición de los “cuadernos” de Centeno. Afirmó que “corresponde estudiar con la prudencia y precisión jurídica que requieren estas cuestiones, la admisión de que una investigación se funde en elementos probatorios cuya comprobación fáctica resulta imposible, al menos hasta ahora”.

“La prueba de cargo que justifica la incriminación en la causa” de los cuadernos “y que resulta el puntapié para llegar al testimonio de José Francisco López” como colaborador “debió ser un hecho comprobable empíricamente, al que se le permita atribuir una consecuencia jurídico penal (…) Sin embargo, la prueba de cargo resultó ser un relato escrito en unos cuadernos cuya materialidad es ontológicamente inexistente, los cuales nunca estuvieron en poder del tribunal, pero sus fotocopias se convirtieron en un elemento histórico incontrovertible para el avance de la investigación”, dice Di Lello.

Por último, según supo Urgente24 de fuentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal no tiene pensado expedirse este año sobre los juicios abreviados, lo que les permitiría a los empresarios implicados en la causa Cuadernos acelerar los pasos procesales admitiendo la culpa y liberándose de la acción penal.

Especialmente esperaban una resolución en el expediente “Amestoy, Silvina Laura, sobre incidente de recurso extraordinario”, que sería un caso testigo para acelerar la causa de los Cuadernos a través del procedimiento del juicio abreviado.

Ocurre que el caso Amestoy aterrizaría en la Corte tras su resolución en el proceso agilizado. Si hay una resolución favorable del máximo tribunal, los imputados en la causa de los cuadernos de Centeno quieren este atajo judicial para liberarse de la acción penal acordando las penas y evitado consecuencias sobre las empresas involucradas.

Fuente Urgente24

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La volátil situación política en Paraguay

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El Gobierno de Mario Abdo Benítez cumplirá el próximo 15 de agosto su primer año de mandato; aunque a la luz de los escándalos y diferentes situaciones controvertidas, pareciera que hace una década que está en el poder. Su desgaste ha sido notorio y el descrédito general parece ser su mayor enfermedad.

El mayor grado de tensión política e incertidumbre se desarrolla por estas horas, luego de que se conociera la firma de un acta secreta con el Brasil que perjudica notoriamente los intereses paraguayos y además compromete las negociaciones futuras de su energía para el año 2023, cuando se cumpla el plazo del Tratado y el Paraguay acceda al 50% de toda la energía producida por una de las mayores hidroeléctricas del mundo.

Los pormenores se están conociendo aún, pero tuvieron un inicio estridente a partir de la renuncia del Presidente de la ANDE (Administración Nacional de Energía), Ing. Pedro Ferreira, quien se negó a acompañar con su firma el acta en cuestión y denunció su contenido a la opinión pública. El acta ya estaba firmada desde hacía dos meses atrás.

A la renuncia del titular del ente eléctrico, se sumaron técnicos del mismo organismo y todos lo hicieron por cuestiones éticas y basadas en declaraciones de patriotismo. Todos estos hechos precipitaron el escándalo y promovieron la inmediata renuncia de quienes firmaron el Acta Acuerdo.

Los primeros en recibir el impacto fueron el ex Canciller Luis Castiglioni, el ex Embajador Hugo Saguier Caballero, el ex Director de Itaipú (Py) José Alderete y Alcides Jiménez, quien reemplazó por horas a Ferreira y que trabajaba como asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Las renuncias fueron una manera de otorgar tiempo al Poder Ejecutivo que estaba intimado a concurrir para brindar las explicaciones pertinentes al Congreso de forma urgente.

El Poder Legislativo en pleno se mostró sorprendido por las informaciones que surgieron a medida que el caso fue tomando estado público. De inmediato se conformó una Comisión Bicameral para investigar el tema. No obstante, un grupo de ciudadanos impulsó una investigación y acusó de traición a la patria a los funcionarios renunciantes. Todos los componentes de una crisis política de gran envergadura comenzaron a generarse casi de inmediato.

Con la irrupción del caso en la agenda pública, también aparecieron capturas pantallas y archivos de audio que sumaron un marco insólito a la negociación de las altas partes en materia energética; un joven abogado del círculo de amigos de los hijos del Vicepresidente, habría actuado como el principal operador paraguayo ante el gobierno brasileño con aparente respaldo del propio Presidente y su Vice. Este personaje invocó a los mandatarios y negoció el acuerdo representando a empresas privadas brasileñas quienes lo habían contratado. Durante su interpelación en Diputados, el Vicepresidente negó que fuera su asesor pero admitió conocerlo y consideró que tamaña osadía del abogado se trató de un error de juventud y que no presentaría cargos en su contra. El abogado (que bien podría ser un protagonista de ficción) es además el hijo de la titular de la Ministra Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero quien renunció inmediatamente al cargo.

Mientras el drama desnuda nuevas informaciones, la ciudadanía comenzó a movilizarse. Los principales partidos de oposición elevaron quejas y el mayoritario Partido Liberal anunció que impulsará el juicio político al Presidente y su Vice. Dada la situación de inestabilidad, lo más probable es que la iniciativa prospere en ambas cámaras.

Por si faltara algo, el Presidente había iniciado la semana vetando un subsidio a la tarifa eléctrica para el consumo hogareño y luego anunció que ordenaría anular el acuerdo firmado con el Brasil. La primera decisión provocó el rechazo general y la segunda, una inmediata reacción diplomática brasileña.

Con el correr de las próximas horas todo el arco opositor confluirá en masivas movilizaciones y el pedido de juicio político a los integrantes del Ejecutivo. En tanto se conformaron los equipos fiscales que investigarán a los exfuncionarios por traición a la patria y el Presidente convocó de urgencia a los legisladores que pertenecen a su línea interna partidaria para lograr su respaldo. Esto último no es un dato menor ya que su partido tiene disputas no resueltas desde la última elección presidencial.

Así las cosas, los escándalos recientes de las licitaciones en diferentes organismos públicos, los luctuosos motines carcelarios y las luchas entre los carteles narcos en el norte del país, pasaron a un plano menor y casi sin importancia. También el acuerdo (de características similares) firmado por el antecesor de Abdo Benítez, Horacio Cartes con Mauricio Macri pasó casi inadvertido.

Mientras se reproducen en redes sociales las referencias al Mariscal Solano López, muerto en el campo de batalla por las balas brasileñas en lugar de rendirse, las referencias de traición y entreguismo van camino a la viralización.

Es posible que el Paraguay nos siga sorprendiendo por la evolución de la situación crítica o bien disuelva sin explicación lógica la indignación popular. Todo puede pasar en ese lugar del planeta con costumbres tan singulares.

Es de esperar que la política paraguaya encuentre una salida razonable y responsable a la crisis. El sur del continente ya tiene bastantes problemas como para sumar diferencias entre pares y enfrentamientos internos por cuestiones de oportunidad.

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Sergio Moro: de un adalid de la justicia a un camandulero reprobable hipócrita y embustero

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Muchas veces la construcción de una imagen es deliberadamente edificada mediante el engaño que tiene éxito y solvencia hasta que periodistas e investigadores serios como el sitio The Intercept fundado por los periodistas Glenn Greenwald, Laura Poltras y Jeremy Scahill dan a luz a los “archivos más grandes e importantes de material filtrado en muchos años”. Está compuesto por “chat secretos, audios, videos y documentos de los fiscales y del ex juez Sergio Moro, quien encarceló a Lula, que muestra varias incorrecciones” procesales.

Los fiscales de la operación “Lava Jato” confirmaron en un extenso comunicado que los mensajes publicados por The Intercept fueron ”fruto de un ataque de Hackers, lo que confirmaría la autenticidad del material.

“La fuerza de tareas de la “Lava Jato” en el Ministerio Público Federal del Estado de Paraná informa al público que sus miembros fueron víctimas de la acción criminal de un “hacker” que practicó los más graves ataques a su actividad, la vida privada y la seguridad de sus integrantes”, señaló el texto.

Greenwald señaló en su cuenta de twitter que “hemos publicado hoy tres artículos como inicio de un reporte de un archivo explosivo sobre Brasil”. “El primero de ellos es nuestra explicación de que es el archivo , que contiene, como lo obtuvimos y que principios usamos para revelarlo”, continuó.

El periodista siguió señalando que “además publicamos una nota con numerosos chats encriptados de los fiscales de la “Lava Jato” que prueban una sospecha de larga data que ellos negaban vehementemente: que muestra que actuaron motivados explícitamente para impedir que Lula y el PT (Partido de los Trabajadores) ganaran las elecciones de 2018”.

Los artículos citan numerosos intercambios de Telegram entre los procuradores y entre estos y el juez moro, que sugieren esta motivación y, asimismo, , una orientación a los primeros por parte del magistrado, que podría violar las normas procesales. “Además, y verdaderamente explosivo: Sergio Moro, antes juez y ahora Ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, complotó en secreto con los fiscales para construir el caso criminal contra Lula sobre el que él terminó fallando”, lo que supones “una clara violación de la ética y las bases de la justicia”.

De acuerdo con el periodista estadounidense, ”en suma, , el proceso por el que se encarceló a Lula y se lo hizo inelegible para competir-allanado el camino al poder de Bolsonaro-fue alimentado ilegalmente , con abuso de poder politizado y con engaños”.

En los chats, que el jefe de fiscales, Deltan Dallagnol, muestra dudas sobre la solidez de las pruebas en el caso por el que se condenó a Lula da Silva por corrupción pasiva y lavado de dinero.

En concreto, aquel admitía en reserva que las pruebas eran endebles para adjudicar al ex presidente la titularidad del triplex en el balneario de Guarujá que, según la sentencia, le había sido entregado como soborno por la constructora OAS.

Asimismo consideraba difícil de sostener la vinculación de ese supuesto pago con contratos de esa firma con la petrolera estatal Petrobras, otro elemento que ha motivado serias críticas a esa sentencia de Moro, confirmada ya, en segunda instancia.

Por otro lado se lee en The Intercept intercambio entre los fiscales y Moro en lo que éste les instruye sobre el modo más eficaz de realizar planteos y pedir medidas de prueba, lo que constituye, según la ley brasileña, una violación del deber de imparcialidad de los jueces, que no pueden asumir tareas de acusación.

Lula, que en pocos años pudo rescatar del hambre y la pobreza a 36 millones de brasileños, reducir la mortalidad infantil en un 45% y disminuir el número de personas subalimentadas en un 82% y conseguir que Brasil, el país más grande de Latinoamérica , donde la brecha entre ricos y pobres era la mayor del mundo, desapareciera del mapa del hambre que la FAO elabora anualmente.

Lo único que le queda al Ministro Moro es pedir perdón y recluirse en un convento, pues su paciente trabajo para acceder a la próxima presidencia de Brasil, se ha derrumbado como un castillo de naipes. Acaso la justicia divina se apiade de él.

Miguel Schmalko-consejero y ex presidente de FEBAP y CACEXMI (Federación Económica Brasil, Argentina, Paraguay y Cámara de Comercio Exterior de Misiones)

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Internaron al expresidente de Perú Alan García: se habría disparado en la cabeza

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El dirigente habría intentado suicidarse luego de que el Poder Judicial aprobara el pedido de la fiscalía para detenerlo por un plazo de 10 días.
El dirigente habría intentado suicidarse luego de que el Poder Judicial aprobara el pedido de la fiscalía para detenerlo por un plazo de 10 días.
El expresidente de Perú Alan García permanecía internado en la mañana de este miércoles 17 de abril y era sometido a una intervención quirúrgica luego que fuera capturado por agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad.
Según reporta el diario peruano El Comercio, el dirigente se habría disparado en la cabeza luego que el Poder Judicial aprobara el pedido de la fiscalía para detenerlo por un plazo de 10 días. Los médicos intentan salvarle la vida, pero sus signos vitales son débiles y la hemorragia es abundante. Por el momento, está en el área de traumashock.
García es uno de los cinco exmandatarios vivos que gobernaron Perú tras el fin del régimen militar en 1980 (1985-1990 y 2006-2011). El exjefe de Estado está salpicado por el escándalo de las dádivas de Odebrecht a políticos y tiene prohibición de salida del país.
En noviembre de 2018, García solicitó asilo en la embajada uruguaya, alegando ser víctima de una persecución política después de que la justicia peruana le prohibiera salir de Perú, pero Montevideo rechazó su pedido. La constructora brasileña admitió ante la justicia estadounidense que pagó 29 millones de dólares en sobornos durante tres gobiernos peruanos, incluido el segundo de García.
En diciembre del 2018, Odebrecht firmó un acuerdo de cooperación por el cual accedió a pagar una multa al Estado peruano y a entregar testimonios que pueden comprometer todavía más a los cuatro expresidentes (Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y García) y a otros políticos y funcionarios peruanos.
Además de García, otros dos expresidentes encaran investigaciones judiciales que pueden llevarlos a prisión por el megaescándalo Odebrecht. Ellos son: Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016). El primero escapó a Estados Unidos, donde enfrenta un pedido de extradición. El segundo ya cumplió una pena de prisión preventiva con su esposa Nadine Heredia por nueve meses de los 18 meses que le impuso un tribunal. Salieron libres después de que el Tribunal Constitucional revocó la decisión del magistrado.
Por otro lado, Pedro Pablo Kuczynski fue arrestado el 11 de abril pasado y Alberto Fujimori (1990-2000) cumple prisión preventiva desde octubre de 2018, también por presunto lavado de activos por recibir fondos de Odebrecht para su campaña.

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Cambiemos presentó el Plan Nacional Anticorrupción

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A través de un decreto publicado este jueves (11/4) en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional puso en funciones el Plan Nacional Anticorrupción, que durará cinco años. Se trata de un programa que despliega más de 250 iniciativas “transversales y sectoriales para consolidar y profundizar el camino de la transparencia” en la Administración Pública, pero también para prevenir, investigar y sancionar infracciones. La idea apunta al electorado preocupado por la corrupción pero la mayor preocupación de la gente pasa actualmente por la economía y el empleo.
Siguiendo con su agenda electoral y mientras define el anuncio de medidas económicas para incentivar el consumo y aliviar el impacto de la crisis económica, el Gobierno nacional formalizó este jueves (11/4) la puesta en marcha del Plan Nacional Anticorrupción, mediante el decreto 258/2019 publicado en el Boletín Oficial.
La iniciativa fija los lineamientos para una mayor transparencia en el Poder Ejecutivo, así como la prevención, investigación y sanción de infracciones.
El plan tendrá vigencia para el quinquenio 2019-2023.
El programa contiene “más de 250 iniciativas transversales y sectoriales para consolidar y profundizar el camino de la transparencia, la integridad, el fortalecimiento institucional y la rendición de cuentas”, según señala la norma en sus considerandos.

Entre ellas, enumera, se encuentran “mecanismos para mejorar la transparencia y eficiencia de las contrataciones públicas – con especial énfasis en la obra pública -, diversas plataformas para asegurar el acceso de la ciudadanía a información pública o la implementación de una plataforma uniforme para la rendición de cuentas de transferencias, becas y subsidios”.
El plan se lanza tras la consulta pública que la Oficina Anticorrupción realizó en agosto del año pasado, por espacio de cuatro semanas, donde 24 actores de la sociedad civil presentaron 18 propuestas. Estas iniciativas abordan temas como el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana, la integridad en el sector privado, la educación en ética a nivel escolar, entre otras cuestiones.
El decreto dispone la creación de un Consejo Asesor de a cargo hacer el seguimiento de su implementación, para cuya conformación se convocará a “organizaciones de sociedad civil, del sector privado y a expertos de reconocida trayectoria”.
El proyecto fue impulsado por la Oficina Anticorrupción, conducida por la exdiputada del PRO Laura Alonso, y por la Secretaría de Fortalecimiento Institucional que comanda otro exdiputado nacional, el ‘lilito’ Fernando Sánchez.
“Siguiendo los lineamiento fijados por las convenciones sancionadas en la materia por organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la OCDE, la norma crea un mecanismo de seguimiento público, que será diseñado en el marco de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto”, dispone el artículo 3° del decreto.
“El cumplimiento de estas convenciones no solo constituye un mandato de derecho interno, sino que además es una obligación internacional de la que deriva la correlativa responsabilidad y a cuya observancia queda subordinada la reputación del país en la comunidad internacional”, resalta el texto que lleva la firma del presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Justicia, Germán Garavano.
La norma fija tres aspectos centrales sobre los que girará su accionar: “transparencia y gobierno abierto”; “integridad y prevención” e “investigación y sanción”.

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