En medio del debate en torno a las políticas sociales y con la idea de habilitar un rol más activo de gobernadores e intendentes, el Gobierno aspira a que “todos los actores” del tejido productivo nacional se involucren en la generación de empleo genuino para un universo que supera los 7 millones de trabajadores de la economía popular.
“Necesitamos a los intendentes y a los gobernadores para acompañar; el ordenador es el trabajo y ahí tiene que estar más el Estado; los debates tienen que servir para mejorar; tenemos que trabajar juntos para ir en el camino de la recuperación del trabajo porque nadie se salva solo”, expresó este viernes el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, en Mar del Plata.
También el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, defendió la idea de convocar a “todos los actores de la sociedad civil, a los actores del tejido productivo nacional” porque -recordó- “como decía Néstor Kirchner, un proyecto político no se puede defender solamente con partidos políticos”.
Desde Santiago del Estero, De Pedro pidió no tenerle “miedo” al debate y resaltó que la vicepresidenta Cristina Fernández “puso en agenda la administración de una política pública, que son los recursos que invierte el Estado nacional en contener a sectores que no están todavía en el mercado formal”.
Esta semana el Gobierno ratificó que la administración, planificación y diseño de las políticas sociales pasan por el Ejecutivo, focalizadas en el Potenciar Trabajo, que promueve proyectos socio-comunitarios, socio-laborales, socio-productivos o de terminalidad educativa y que prevé el pago del Salario Social Complementario (la mitad de un salario mínimo vital y móvil) y el otorgamiento de subsidios o créditos para el funcionamiento de unidades de gestión.
La gestión de estas políticas, a cargo del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, acumuló desde agosto pasado 12 medidas de Gobierno dirigidas a favorecer a unos 4 millones de inscriptos en el Registro Nacional de la Economía Popular (Renatep) y agilizar su incorporación a sectores productivos, mediante convenios sellados con cámaras empresarias y sindicatos.
Los acuerdos alcanzaron al sector gastronómico, textil, de la construcción, al trabajo rural, los servicios audiovisuales y programación, mientras en paralelo se desarrollaron iniciativas como “Mejor Barrio”, que da facilidades a jefas de hogar de barrios populares en la remodelación o ampliación de sus casas.
Una de las últimas medidas, el mes pasado, llevó a Zabaleta a acordar con la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) la aceleración de mecanismos que permitan que trabajadores informales se incorporen a empleos asalariados y registrados en el sector privado.
En este escenario, varios intendentes apoyaron en los últimos días la idea de “descentralizar el control de los planes sociales en municipios” y La Liga de Gobernadores del Frente de Todos (FdT) se pronunció en Chaco a favor de que “todos” los que tengan “responsabilidad de gobierno” deben encarar el “desafío” de transformar los planes sociales “en trabajo digno”.
Incluso, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, adelantó la posibilidad de acordar un anteproyecto de ley que promueva “federalizar” los programas sociales, en base a las necesidades y demandas de los actores económicos de las regiones.
“Los programas sociales deben tener una contraprestación controlada por el Estado y el primer mostrador del Estado son los municipios. Esa es la esencia del planteo de Cristina”, dijo esta semana el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, en alusión a lo reclamado días atrás por la Vicepresidenta en cuanto a que no esté “tercerizada” la administración de las políticas sociales y que esté en manos del Estado el “control y la auditoría” de ese sistema.
Por otra parte, organizaciones encuadradas en el peronismo cuestionaron un intento por “tergiversar las palabras de Cristina” sobre la gestión de los planes sociales y hacer una “lectura liviana” de las declaraciones de la Vicepresidenta.
“El problema no es de falta de trabajo y de salarios pauperizados, sino del modo en que se distribuye la riqueza que genera el país. Este es el combate real del discurso de Cristina que las organizaciones sociales y sindicales debieran reivindicar. Es imprescindible generar condiciones de trabajo dignas, sea en trabajadores y trabajadoras de la economía formal como en las trabajadoras y trabajadores de la economía social”, aseguraron.
El documento fue firmado por la Corriente Militante Lealtad, Corriente Peronista 13 de Abril, la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), Descamisados y la Federación de Cooperativas de trabajo de la Provincia de Buenos Aires, entre otras.
Sin embargo, como explicó a Télam el presidente de INAES, Alexandre Roig, “no suma” que el debate pase por un “conflicto entre organizaciones sociales y municipios” porque “todas las formas organizativas sociales y públicas son necesarias” a la hora de pensar soluciones para los habitantes de “algo más de 4.700 barrios populares” que existen en la Argentina.
“¿El problema del trabajo en Argentina reside en quienes cobran “planes” o en el agotamiento de un modelo de desarrollo frente a un sujeto trabajador que requiere nuevas instituciones?”, se preguntó Roig y consideró la respuesta está en “generar las herramientas necesarias para que los trabajos que ya existen tengan formalidad, acceso a créditos, valorización social y circuitos comerciales adaptados”.
Apenas el 10% de los 11 millones de personas que accedieron al IFE en el tiempo crítico de la pandemia de coronavirus reciben actualmente un salario social complementario (en el marco del Potenciar Trabajo), en un contexto en el que “el 10% más rico de la Argentina tiene la misma cantidad de dinero que el 50% más pobre”, según fuentes de la cátedra Unesco el Instituto Torcuato Di Tella, en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
“Que los 11 millones de personas que recibieron el IFE pasen a ser trabajadores del sector privado en situación de dependencia es totalmente irreal porque la capacidad de crear empleo del sector privado es de apenas 200 mil puestos al año”, reflexionó Roig.
Roig consideró saludable que haya “más participación de municipios y provincias en el desarrollo de la economía popular”, pero juzgó que debe tenerse en cuenta que muchas de las tareas u oficios que desarrollan los trabajadores informales no están contenidos en las posibilidades laborales de las órbitas comunales o provinciales.
Para Roig la clave está en “reflexionar, no tanto desde la sospecha y los ataques, sino desde las propuestas y pensar qué instituciones nuevas debemos tener para dejar de lado una disputa de poder y encontrar soluciones, todos juntos”.
