El Gobierno modificó el presupuesto con más fondos para el pago de deuda pública y sentencias previsionales. La decisión incluye una readecuación de los recursos destinados a Inteligencia tras el rechazo del Congreso al DNU de financiamiento.
El Gobierno dispuso una nueva modificación del actual presupuesto, con el foco en readecuar fondos para la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y destinar más recursos al pago de deudas previsionales, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1104/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
En la normativa, el Ejecutivo consideró que “resulta necesario y urgente incorporar diversas disposiciones complementarias a la prórroga y modificar el presupuesto vigente, con el fin de garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado Nacional”.
Asimismo, remarcó que “la presente adecuación presupuestaria contempla, entre otras cuestiones, el refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, equipamiento, así como de los créditos para pago de subsidios, becas, compensaciones, transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.
Crecen los recursos para afrontar pagos de deuda pública
El Ejecutivo consideró que es “menester readecuar los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 90 – Servicios de Deuda Pública para posibilitar la atención de los servicios financieros de la deuda pública del presente ejercicio”.
Además, se dispuso ampliar un importe máximo de colocación de bonos de consolidación para el pago de obligaciones, “con el fin de hacer frente a las necesidades presentadas durante el corriente ejercicio”. En tanto que se consideró que “resulta menester determinar el instrumento en el cual serán pagados los servicios de intereses y amortizaciones de la deuda pública durante el Ejercicio Fiscal 2025”.
Más fondos para la cancelación de deudas previsionales
La modificación presupuestaria incrementó el presupuesto de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para “afrontar las necesidades asociadas a la atención de Jubilaciones, Retiros y Pensiones del citado Organismo y a la cancelación de sentencias judiciales de origen previsional para el pago de sentencias firmes reconocidas en sede judicial”.
Al mismo tiempo, también se incrementó el presupuesto destinado a la cancelación de sentencias judiciales previsionales del Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares, “con el fin de atender el pago de juicios impagos”.
Las áreas involucradas en la modificación del presupuesto
Secretaría de Inteligencia de Estado: se readecuó el presupuesto del área por $88.485 millones, reduciendo los créditos incrementados mediante el Decreto Nº 656 del 19 de julio de 2024, “en virtud del rechazo de ambas Cámaras del H. Congreso de la Nación”. De esta manera, el DNU de financiamiento que no obtuvo el visto bueno del Parlamento pierde la inyección fresca que buscaba darle el Gobierno al organismo.
Agencia de Administración de Bienes del Estado: se dispuso realizar una compensación de créditos presupuestarios, “con el objeto de efectuar el aporte al Tesoro Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto N° 1382 del 9 de agosto de 2012 y sus modificaciones”.
Administración de Parques Nacionales: se redujeron los créditos y recursos presupuestarios, “debido a la finalización del Contrato de Préstamo – Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos”.
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal: además de destinar más fondos al pago de deudas previsionales, el aumento presupuestario también va para “afrontar la renovación de servicios de soporte técnico y del equipamiento informático del Organismo”.
Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares: sumado al pago de sentencias, el aumento de los recursos también se destinará a “la atención de las Jubilaciones, Retiros y Pensiones del organismo con el fin de afrontar el impacto que los aumentos salariales otorgados al personal en actividad de las Fuerzas Armadas tienen en los haberes de los beneficiarios del Instituto”.
ANSES: se aumenta el presupuesto “destinado a atender Servicios no Personales para afrontar gastos de funcionamiento del organismo” y para afrontar el pago de asignaciones familiares. A su vez, se produce una disminución en el presupuesto destinado al pago de prestaciones previsionales “en virtud de que este fue reforzado mediante el Decreto N° 594 del 5 de julio de 2024 utilizando supuestos de inflación que resultaron superiores a los efectivos”.
Prefectura Naval Argentina: se consideró preciso incorporar autorizaciones con destino al financiamiento del servicio de la deuda y gastos no operativos y de la adquisición de Buques Guardacostas de Navegación Oceánica Tipo OPV (Offshore Patrol Vessel).
El 20 de diciembre el presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia que volvió a desregular el mercado yerbatero después de dos décadas. Seis meses después, el sector productivo padece una acelerada caída, mientras que la industria también sufre una inédita caída de ventas. “Crónica de una tragedia anunciada”, se resignan los productores, que en un puñado de meses sufrieron un derrumbe mucho más intenso, por lo acelerado, que en los 90, cuando se produjo un proceso similar, pero con efectos se extendieron por una década. “Nunca vi un proceso similar”, coinciden en el sector industrial, cuyas ventas se desplomaron en el primer cuatrimestre después de haber cerrado el 2023 con récord. La esperanza es que la demanda comience a repuntar en el segundo semestre, pero el escenario es tan incierto como los brotes verdes.
El 20 de diciembre del año pasado, cuando Milei anuló las facultades de regulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, por cada kilo de hoja verde se pagaban 210 pesos. En marzo de este año, el precio se había elevado a 370, pero a 30 días. Ahora vale 290, 300 pesos, pero con plazos a 60 o 90 días. En algunos casos, se recibe la materia prima de forma condicional, sin precio hasta nuevo aviso y apenas con 60 pesos a cuenta y un poco más para el gasoil. Hay secaderos que advierten que “el precio y forma de pago están sujetos a posibles cambios”.
Medido en pesos, la variación entre los 210 pesos de diciembre y el precio actual, aumentó entre 38 y 42 por ciento. La inflación en el mismo período fue de 71,9 por ciento. Treinta puntos de diferencia.
Esos 210 pesos significaban en diciembre casi 60 centavos de dólar. Hoy, los 300 equivalen apenas a 30 centavos de dólar. Una caída desesperante, señalan las mujeres productoras.
Durante la desregulación de los 90, -en 1991 Domingo Cavallo eliminó, también por un megadecreto, la Comisión Reguladora de la Yerba Mate- el precio de la yerba también se desplomó: el kilo de hoja verde cayó de $0,20 en 1991 a 0,06 pesos convertibles uno a uno. El precio en góndola, en cambio, se mantuvo casi constante. Los 14 centavos de dólar perdidos por la producción primaria por una cosecha promedio de 700 millones de kilos por 10 años, permiten visualizar la enorme transferencia de ingresos de la producción hacia la industria, comercios e impuestos: casi 1.000 u$s millones en una década.
La experiencia no importó. Ni las advertencias de que el modelo Milei implicaba necesariamente una desregulación, la misma que pretendió imponer en su momento Mauricio Macri. El libertario se impuso en toda la zona productora. En algunos casos, con una diferencia abrumadora. Hoy hay productores que exigen respuestas del Gobierno provincial y de los legisladores. Hay una propuesta oficial de crear un Instituto Provincial de la Yerba Mate, que está en estudio en la Legislatura provincial, a instancias del diputado Carlos Rovira. La oposición, en cambio, está enrolada en el modelo libertario. Pedro Puerta asegura que “el DNU (de desregulación) trajo un resultado mucho más positivo que el que teníamos con los precios fijados”.
“A raíz del DNU 7023, obviamente se generó un gran revuelo en el sector. Principalmente en un sector de la política que estaba muy enquistado ahí en el instituto, pero lo que terminó sucediendo después de varios meses de discusión y demás es que finalmente hoy a nuestro sector productivo el precio lo fija el mercado como se dice y nos estamos manejando con valores de referencia”, argumentó el apostoleño, hijo de Ramón Puerta, quien gobernó Misiones en los 90, al mismo tiempo que la desregulación de Domingo Cavallo sumía en la miseria a miles de productores.
Pero Puerta hijo asegura que la desregulación de Milei no tendrá los mismos efectos. “Esto trajo un resultado mucho más positivo que el que teníamos con los precios fijados. Si nosotros vamos al precio que le había fijado el Estado, para el mes de marzo, por ejemplo, la materia prima costaría 200 y pico de pesos por kilo y hoy el valor de referencia está en el orden de los 370 pesos el kilo hoja verde”, aseguró hace unas semanas.
Lo que no dice el yerbatero, que quedó envuelto en una polémica por la compra de poleo, un “yuyo” que se mezcla para bajar el volumen de hoja verde, es que antes de que el INYM pierda sus funciones, los productores estaban pidiendo una actualización a 505 pesos. En cambio, Puerta insistió en que el precio “desregulado” es “mucho más competitivo para el productor y es un rendimiento mucho mejor para los pequeños productores”.
Los productores no opinan lo mismo. “La desregulación nos deja en un estado de angustia y debilidad ante la cadena superior de la industria. Porque no se fija más el precio, y el mercado no nos reconoce los aumentos de los costos del 10 de diciembre para acá. Habrá algún productor que no entiende lo que va a pasar y que quizá festeja, pero la libertad no llegó para todos sino que solo para los grandes empresarios”, reflexiona el productor Cristian Klingbeil, que hasta el 2023 fue presidente dela Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM). El joven líder es reconocido por sus pares. Lo quieren en la presidencia del INYM si es que alguna vez logran convencer al Presidente de devolverle la vida al organismo.
“Van a desaparecer todos los pequeños productores y van a subsistir solamente los grandes: Los pequeños vamos a perder rendimiento y van a venir a comprar nuestra chacras, y va a desaparecer la economía regional. Esto ya nos pasó, en los años noventa, desregularon el precio, vinieron multinacionales, compraron todas las chacras con yerba y llenaron de pino. Hoy esos ex productores de yerba son empleados de esas empresas”, advierte Ariel Steffen en un reportaje publicado por la agencia Tierra Viva. El presidente de la Cooperativa Siete Estrellas, del municipio de San Pedro, un espacio que impulsa la producción de yerba mate a partir de la actividad de 96 pequeños productores de la zona, cuyas chacras oscilan entre las 13 y las 20 hectáreas cada una, es decir “microyerbales”, aquellas unidades que fueron las primeras en extinguirse cuando hace más de dos décadas se desreguló la actividad.
A diferencia de los 90, ahora la industria también está pasando mal. “No se vende. Y si no se vende, tampoco podemos mejorar los precios de la materia prima. Nunca vi nada igual”, confiesa un industrial del grupo de los grandes.
En los primeros cuatro meses del año, la demanda interna sufrió una baja del 12,3 por ciento, en contraste con un cierre de 2023 que marcó un consumo récord: la salida de molino hacia el mercado interno fue de 285.430.373 kilos (casi diez millones de kilos más que en 2022).
En abril fueron al mercado interno 18.560.486 kilos, 1,25 por ciento menos que en marzo y 21,28 por ciento menos que en el mismo mes del año pasado. El acumulado da 79.043.883 kilos, con una baja del 12,33 por ciento en relación con los primeros cuatro meses de 2023, cuando el consumo había superado los 90 millones de kilos.
El horizonte no es positivo. Advierten que, pese a que en los supermercados los precios están “bajando”, el consumo no repunta. Puede haber varias razones: sobrestock familiar para combatir la inflación y el mismo escenario para los supermercados.
Paradójicamente, en la industria hay quienes coinciden en que la presencia del INYM es necesaria para “ordenar” el mercado. “Que la yerba valga monedas no le conviene a nadie. Cuando molés canchada barata, procesás miseria”, definió un empresario.
Es pura lógica de negocios. Se achica la torta y todos facturan menos. “Ganar cinco por ciento sobre mil no es lo mismo que sobre 1.500. No le conviene a nadie la yerba barata. El año pasado, con la inflación que subía la hoja verde, se trasladaba. Y el mercado iba. Ahora el parate está dañando a todos”,
La desregulación también desnuda un problema que el INYM lograba cubrir en parte. No todos los productores son lo mismo. Hoy quien tiene rindes altos por hectárea -de siete mil kilos para arriba-, puede sobrellevar la situación con cierta holgura. En cambio, el pequeño productor, con pocas hectáreas y cuatro mil kilos por hectárea, no cubre siquiera los costos.
Si no se mejora la productividad, la crisis se hará más agobiante. Pero sin INYM tampoco hay red de contención para el pequeño productor, que ya no es el mismo de hace dos o tres décadas: antes hacía todo el laboreo, fertilización, limpieza. Los hijos ahora ya no hacen. El costo se eleva.
El otro DNU de Milei que abrió las importaciones de algunos productos también golpeó al sector yerbatero. Hubo un aluvión de compras de Brasil y de Paraguay, ya que los importadores gozaron además de beneficios impositivos. En el primer trimestre de este año, fueron 3.821.786 kilos. Es más de la mitad de todo lo importado en 2023, cuando entraron 6.356.532 kilos. En el mismo período de 2020, que fue el año récord de importaciones, habían entrado 118.400 kilos de yerba canchada. El 71 por ciento de la yerba importada vino desde Brasil. En mayo hubo un freno a las importaciones, pero por una razón obvia: con la caída del precio de la materia prima, conviene comprar acá. La tormenta perfecta.
La producción yerbatera -como otras- es cara en dólares, por costos laborales e impositivos. Pero a diferencia de otros años, ahora las industria yerbateras de Paraguay y Brasil se adaptó a las demandas del mercado. Se transformaron en un rival peligroso.
“Estamos yendo hacia una crisis en el sector productivo”, anticipa Denis Bochert, productor yerbatero que representa en el directorio del INYM al cooperativismo.“Desde que se desreguló la actividad por el decreto 70/23, los precios que se pagan a los productores bajaron significativamente: se pasó de 370 pesos el kilo de hoja verde, a unos 300 pesos el kilo. A eso se suma el aumento de los costos productivos, lo que hace que los márgenes de ganancia no se vuelvan escasos sino nulos”, explicó el yerbatero a los medios de Buenos Aires que hace unos días cubrieron la protesta frente al Obelisco. En el Gobierno nacional no hubo eco. El Gobierno provincial, en conjunto con las asociaciones de productores reclama la revitalización del INYM y fijar precios de referencia. Pero la lógica económica libertaria va en sentido opuesto.
(Palabras de Derecho) La titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8, Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, resolvió rechazar una acción judicial de tres socios del Club Atlético River Plate en la que cuestionaban el decreto 70/2023, respecto a la conversión de las entidades futbolíticas en sociedades anónimas deportivas.
La causa había sido iniciada por Daniel Adrián Kiper, Horacio Carlos Roncagliolo y Carlos Alfonso Lancioni, en su carácter de socios de River, contra el Mega DNU respecto a los cambios que esa norma efectuó en la Ley del Deporte y la Ley de Sociedades. Señalaron que aquella norma pone en riesgos sus derechos como asociados y pretende modificar el sentido como así también la dimensión del deporte, prendiendo convertir asociaciones civiles en sociedades con fines lucrativos.
El expediente tuvo, incluso, trámite durante la feria de enero. El Poder Ejecutivo, en esa oportundiad, contestó la demanda y alegó que los actores no tenían legitimación para demandar como lo hicieron.
La jueza De Negre admitió los argumentos del Ejecutivo. Consideró que existía falta de legitimación activa de los actores y que, en consecuencia, no se verificaba la presencia de un “caso judicial” que habilitara el conocimiento del tribunal.
La magistrada, en sus argumentos, recordó que los jueces no pueden admitir el control de mera legalidad si los postulantes no son parte de la relación jurídica sustancial. En el caso, dijo, “no logro advertir un conflicto concreto entre partes adversas o una colisión efectiva de derechos”.
“No existe cláusula alguna en el estatuto del club que permita su representación por los aquí actores, quienes no pueden determinar la voluntad de la enorme masa societaria de la Institución River Plate”, sentenció la jueza De Negre para rechazar la acción.
“Imagínense alguien que raspando llega a fin de mes y que uno le está contando a la gente que este modelo es mejor que otro: entonces sacamos Precios Justos, ley de abastecimiento y ley de góndolas, y la gente va al supermercado y las cosas salen 50 por ciento más que en Estados Unidos, y dice: “Guau, ¿éste es el modelo?'” No, no, no puede estar bueno”. El textual es del ministro de Economía, Luis Caputo, durante un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. La descripción es el fiel reflejo del momento que atraviesa el país.
El “modelo” está pasando.
El último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), mostró que en febrero hubo un descenso interanual del 9,3% en el consumo de carne vacuna. En febrero de 2023 el consumo fue de 49,2 kilos por habitante y el mes pasado cayó a 44,6 kilos por habitante. En tanto, el primer bimestre de 2024 el consumo aparente de carne vacuna habría sido equivalente a 349.100 toneladas res con hueso y con una contracción de 8,2% interanual. En el país de las vaquitas, comer carne se volvió un lujo.
Es irónico que en el país de los alimentos, la medida de urgencia sea la apertura indiscriminada a la importación de productos de la canasta básica para intentar calmar la escalada de precios provocada, otra paradoja, por el sagrado “modelo” de desregulación que impuso el propio Gobierno.
Ese modelo libre de ataduras, funciona sin fisuras en el marco teórico y en la febril imaginación de sus cruzados defensores. El propio Caputo tuvo que intervenir ypedirles, -amablemente, eso sí- a los supermercadistas que aflojaran un poco con la suba de los precios.
En apenas dos meses de mercados desregulados, la inflación fue del 36,6 por ciento, aunque el Gobierno haya celebrado como un hito que la suba de precios de febrero fue de “solo” 13,2 por ciento.
Si se extiende la mirada al primer trimestre de Gobierno, Javier Milei tiene el récord de inflación, con 71,3 por ciento. Mauricio Macri le sigue con 10,4, por encima de Alberto Fernández, con 7,8. Cristina Fernández tuvo 7,2 y Néstor Kirchner 0,4 por ciento.
La inflación de alimentos desde diciembre es del 34,7 por ciento, mientras que el transporte acumula un alza del 53,6 y la de bienes y servicios varios, 68,3 por ciento.
También en el primer trimestre, según compartió el propio Presidente en sus redes sociales, el salario se desplomó.
La caída fue del 20 por ciento según detalló Marcelo Capello, economista de la fundación Mediterránea en un after office realizado el miércoles en el piso 12 de un céntrico hotel posadeño. A los jubilados les fue peor. La caída fue del 29 por ciento. El modelo.
Los indicadores que exhibió Capello en la reunión con los empresarios misioneros pintaron un preocupante rojo, en la mayoría de los casos, peor que durante 2023.
Los datos del economista mediterraneo no difieren mucho de los que analizó la Unión Industrial Argentina en su reunión de comisión directiva. Caída de producción, caída de demanda y un horizonte poco auspicioso si se mantiene el plan de ajuste. Quince de 16 sectores relevados por los economistas del Centro de Estudios Económicos mostraron un rojo en sus actividades.
Sin embargo, la UIA mantiene un indulgente silencio. En la reunión del martes, el único que levantó la voz fue el misionero Román Queiroz. El presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera preguntó si “¿este silencio es estratégico, negligente u obsecuente? “Quiero saber por qué la UIA no me representa, las pymes estamos poniendo en juego nuestro patrimonio”, completó.
La respuesta fue apagarle el micrófono.
El problema no es “el cambio”, sino que empeoró los problemas en lugar de corregirlos. La inflación se disparó, los costos de producción y de vida se hicieron impagables y la clase media enojada se dio cuenta que fue empujada a un abismo y hoy ya es, como mínimo, clase media baja. Le hicieron creer que podía pagar una prepaga. Sin los subsidios, las tarifas de luz, el transporte, el combustible, las cuotas de las escuelas privadas, se volvieron elementos suntuosos. Pero como si nada sucediera, Milei planea reimplantar el impuesto a las Ganancias a los trabajadores con una base bajísima: los solteros pagarán desde $ 1,1 millón y los casados desde $ 1,5 millones. Se estima que un millón y medio de trabajadores, hoy exentos, pasarán a pagarlo. Las alícuotas irán del 5% al 35% por encima del nuevo mínimo no imponible.
Sin embargo, el ministro Caputo celebró el viernes que por segundo mes consecutivo, se logró un superávit financiero, que fue de $338.112 millones, producto de un superávit primario de $1.232.525 millones y del pago de intereses de la deuda pública neto de pagos intra-sector público, que alcanzaron los $894.412 millones. De esta forma, se registraron dos meses consecutivos de excedente financiero “por primera vez desde principios de 2011”, acumulando un superávit luego de intereses de casi 0,2% del PIB en el primer bimestre del 2024. El recorte a subsidios económicos de febrero fue mayor al de enero.
“Una de las cosas más peligrosas que puede hacer un gobierno es presentar una imagen brillante de la economía en un momento en que las familias y las pequeñas empresas están sufriendo. Los gobiernos siempre son optimistas, pero enviar mensajes eufóricos tiende a ser contraproducente, especialmente cuando la situación de la clase media es complicada”, describió el economista Daniel Lacalle en Mises Institute en un análisis del índice de Misery en Estados Unidos. Aplica para Biden, aplica para Milei.
La estrepitosa caída del DNU en el Senado es consecuencia directa de ese contraste entre la realidad y el entusiasmo del Gobierno. Los votos en contra no son una mera “resistencia al cambio”, sino el intento de no convertirse en acólitos sumisos de un fanatismo ciego.
No es que “no la ven”. Es que se está viendo que el ajuste per se no es sustentable en el tiempo. Lo dice el propio FMI. Para el abstracto ciudadano que “llega raspando a fin de mes”, la cuesta se hace imposible.
Según el Monitor de Opinión Pública Nacional, de Proyección Consultores, el 63,6 por ciento de los argentinos considera que la inflación es el principal problema y el 39,8, los bajos salarios y la caída de los ingresos. El 43,8 admitió achicar gastos para llegar a fin de mes y un 28,6 por ciento, sencillamente no llega. El 55,8 por ciento cree que su economía estará peor en los próximos seis meses.
Por eso mismo, la imagen del Presidente comienza a ser cuestionada. El 49,4 por ciento de los encuestados por esta consultora, tiene una imagen negativa de Milei, cuya aprobación cayó en 19 de las 24 provincias, según otro reporte de CB Consultora.
El Gobierno se niega a modificar su rumbo. Pero el DNU así como la ley Ómnibus son instrumentos mal diseñados, que arrasan con todo sin ninguna red de contención. Importa el fondo, pero también las formas. No hay plan alternativo, pero peor aún, no se vislumbra un plan de desarrollo que encienda el entusiasmo de firmar un Pacto de Mayo. Según la última encuesta de la consultora Zuban&Córdoba, el 56,3 por ciento de sus entrevistados, recomendaba rechazar el DNU.
El mega decreto fue el primer paquete de medidas del Gobierno, dictado el 21 de diciembre pasado, que derogó la Ley de Alquileres, la de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, además de liberar los precios de las prepagas, el cobro de intereses punitorios sin regulación ni topes para las tarjetas de crédito, la habilitación de privatizaciones y modificaciones en la Ley de Medios y la Ley Argentina Satelital, entre muchísimos otros puntos. La Justicia frenó la reforma laboral, la posibilidad de privatizar los clubes y habilitó un amparo para que el Instituto Nacional de la Yerba Mate pueda seguir fijando precios. Pero la industria y la provincia de Corrientes hicieron caso omiso ante ese fallo que no fue ratificado por la Cámara Federal. Para ellos, el INYM no tiene facultades regulatorias y ahora el precio depende exclusivamente de lo que determine el mercado, que podrá, al mismo tiempo, ser inundado de yerba mate brasileña o paraguaya. Mientras, los precios de la materia prima se desploman por devaluación y aumento de costos. El ciclo de los 90 a una velocidad inusitada.
Siquiera los convencidos pudieron defender con solvencia el DNU durante el debate en el Congreso. El misionero macrista Martín Goerling Lara aseguró que “los empresarios están esperando que le aprueben el DNU a Milei para contratar a miles de personas“. No hay ningún dato cierto que permita sostener esas palabras. Por el contrario, de quedar firme la reforma laboral y con el consumo y las ventas por el suelo, lo más probable es que haya más despidos que contratos.
Luis Juez admitió las inconsistencias jurídicas del paquete que ahora deberá ser analizado por Diputados para determinar su validez o definitivo archivo -el poroteo marca mayoría en contra y una eventual judicialización de los ajustes aplicados durante su vigencia-.
El radicalismo quedó al borde de la fractura definitiva, entre los que tomaron distancia del DNU y buena parte de sus dirigentes cómodos en el papel de lacayos del “cambio para el que fuimos votados”, como definió el diputado Martín Arjol al cuestionar la posición del presidente del partido, Martín Lousteau.
Pero si se trata de votos, poco alarde puede hacer el radicalismo misionero. Apenas cinco por ciento de los afiliados participó en la elección de autoridades del último domingo. Ariel Pianesi celebró ser ungido presidente del comité capital con apenas 479 votos. El radicalismo tiene en Posadas cerca de 11 mil afiliados. Son 50 mil en la provincia.
El rechazo al DNU en el Senado no hizo más que revelar en toda su magnitud el cisma dentro del Gobierno, con Milei en contra de su vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien cometió el “pecado” de habilitar la sesión para tratar el DNU. Pero lo único que hizo la presidenta del Senado fue cumplir con la normativa. Eso de la republicana división de poderes. Milei, en cambio, avaló un tuit de un seguidor que sugería “colgarla” en la Plaza de Mayo.
Misiones toma distancia de ese escenario belicoso. En una reunión con intendentes, el gobernador Hugo Passalacqua resaltó la necesidad de colaboración que es vital para afrontar las dificultades económicas y sociales, priorizando la salud y la justicia en un escenario de crisis. “No hay cosa peor que el pueblo cuando baja los brazos. Es difícil levantar el ánimo popular y nos quedan cuatro años por delante, a todos los que estamos acá como funcionarios nos quedan cuatro años. Entonces necesitamos un pueblo esperanzado, contento, sabiendo que hay muchas dificultades, que las ha pasado todo mal, pero que nosotros desde la gestión en la medida que podamos, aunque sea como militantes, hay que estar cerca de la gente. Vamos a acercarnos a la gente y arreglaremos las cosas que se vayan descomponiendo”, declaró el mandatario que horas antes reveló el congelamiento de su sueldo.
Entre las cosas que se “fueron descomponiendo”, está el salario docente. Nación confirmó que no pagará más Incentivo Docente y el adicional por conectividad. Son más de 28 mil pesos por cargo. El viernes, Passalacqua anunció que cubrirá con fondos propios el retroceso de la gestión Milei. Son 1.394 millones al mes, más lo que ya había pagado por los últimos meses del año pasado. De todos modos, se mantendrá el reclamo judicial por una deuda acumulada del último semestre de 2023.
Los contratos de alquiler pactados durante el último mes, tras la entrada en vigencia del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Alquileres, son en su mayoría de corta extensión, con plazos de entre uno y dos años, en su mayoría con ajustes trimestrales o en el mejor de los casos cada seis meses, en base a los resultados de un relevamiento realizado por Inquilinos Agrupados.
En el marco de la derogación de la Ley de Alquileres dispuesta a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70) por el Gobierno se observa mayor dinamismo en el mercado de alquileres en las provincias. El cambio normativo propició un incremento progresivo de la oferta de viviendas y marcando una nueva fase en la dinámica del sector. La oferta experimentó un crecimiento interanual del 36% en promedio, reflejando el impacto significativo de las nuevas medidas en el mercado inmobiliario.
Según un análisis privado, el 75% de las compañías afiliadas a la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) confirmó un aumento en la oferta desde la derogación de la Ley de Alquileres. Esta medida incentivó a los propietarios a reintegrarse al mercado del alquiler habitacional.
En el caso de Misiones, una encuesta realizada por el Colegio de Corredores Inmobiliarios, reveló que para el 45 por ciento de los consultados hay mayor oferta de alquileres de viviendas, mientras que un 42 considera que se mantiene igual y un 11,8 sostuvo que no mejoró la oferta.
El 98,5 por ciento sigue pactando los alquileres en pesos y el 77,9 pactó contratos por 24 meses, mientras que un 17,6 por ciento lo hizo por doce meses.
El 57,4 por ciento sigue pactando las actualizaciones por el Índice para Contratos de Locación y solo el 38,2 por ciento, por inflación. La mayoría, el 42,6 por ciento, pactó actualizar los contratos cada seis meses.
En el caso de las oficinas comerciales en alquiler, el 48,2 por ciento de los encuestados respondió que no se registra una mayor oferta de locales, contra un 39,3 que reportó una expansión de la oferta. En el caso de las oficinas, un 12,5 por ciento pacta los contratos en dólares y 87,5 por ciento lo sigue haciendo en pesos.
En general, los contratos de alquiler pactados durante el último mes, tras la entrada en vigencia del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Alquileres, son de corta extensión, con plazos de entre uno y dos años, en su mayoría con ajustes trimestrales o en el mejor de los casos cada seis meses, en base a los resultados de un relevamiento realizado por Inquilinos Agrupados.
En base a estos datos, desde la entidad señalaron que las condiciones para los inquilinos empeoraron a la hora de alquilar una vivienda en el último mes.
El relevamiento, denominado Encuesta Nacional Inquilina, refleja las respuestas de 3.300 casos de inquilinos e inquilinas de todo el país.
En ese marco, la amplia mayoría (92,9%) de los y las inquilinos encuestados consideró que el 2024 será peor que el año pasado.
En lo que respecta a los plazos, en el 87,3% de los contratos que se firmaron tras la entrada en vigencia del DNU tienen una actualización por períodos menores a 6 meses, de los cuales el 25% es cada 3 meses.
Antes del DNU, el 69% de los contratos contemplaba actualización anual, 20% cada 6 meses y sólo el 4% actualizaba cada 3 meses.
Este último esquema se invirtió en el último mes: 45,6% de los nuevos contratos establecen actualización semestral, 24% cada 3 meses y sólo el 7,6% el plazo de anual.
A esto se suma que el 51% de los contratos firmados en el último mes tienen menos de un año de duración.
En relación a los sentimientos generados por la cuestión de la vivienda, predomina la angustia (78%), la ansiedad (75%) y el sentimiento de desesperanza (68%) entre los y las inquilinas que respondieron el cuestionario.
