La Fundación Observatorio PyME (FOP) brindó el 20° Seminario-Taller para empresarios y especialistas en PyME “Perspectivas PyME II Semestre”. Durante el evento, Ayelén Bargados, Economista Jefa FOP y Vicente N. Donato, Director Ejecutivo FOP caracterizaron la coyuntura y presentaron las perspectivas para la segunda parte del año, en base a resultados de los relevamientos estadísticamente representativos por sector y tamaño que realiza FOP trimestralmente a la industria manufacturera PyME y de Software y servicios informáticos.
Se destacan los siguientes puntos:
Efecto de las regulaciones cambiarias sobre los planes de producción del segundo semestre:1. En el conjunto de PyME manufactureras que son importadoras directas, se estima una caída promedio del 13% de la producción con relación a lo planeado por las empresas para el segundo semestre del año.
Precios manufactureros y tipo de cambio: 2. Los precios de las manufacturas PyME evolucionaban a mitad de camino entre el dólar oficial y el paralelo hasta el primer trimestre del año, pero aceleraron en el segundo, acercándose al MEP. El tipo de cambio oficial está rezagado también en términos de los precios industriales PyME.
Se mantiene la restricción en la oferta productiva, relativamente más afectada por las dificultades para importar bienes e insumos intermedios, la restricción puede presionar los precios al alza.
Como señalamos en un informe de inicios de mayo, en buena medida la capacidad de sostener el ritmo de crecimiento que arrastraba la economía desde la segunda mitad de 2021 iba a depender fundamentalmente del nivel de reservas del BCRA. La cantidad de dólares disponibles para importaciones no energéticas sería insuficiente para propiciar un incremento en las importaciones por encima de los niveles vigentes y garantizar al mismo tiempo la meta de acumulación de reservas acordada con el FMI.
El condicionamiento se hizo palpable mediante la fuerte restricción sobre las importaciones impuesta a finales de junio. Las mayores trabas sobre las compras externas limitan la expansión del mercado interno vía una menor disponibilidad de insumos y bienes (en cantidad y variedad) para la producción y comercialización y presionan sobre los precios. De cara al segundo semestre, las principales consecuencias de esta medida serán un menor nivel de actividad económica, inflación más elevada y mayor presión sobre la brecha cambiaria.
Ahora bien, su efecto dista de ser homogéneo entre los distintos sectores económicos: por el contrario, las restricciones afectarán de manera heterogénea a las distintas ramas de actividad. ¿Cuáles son potencialmente los sectores más afectados? ¿Qué implicancias tienen las restricciones para las trayectorias de recuperación que venían mostrando? ¿En qué medida las limitaciones pueden ser contraproducentes?
Primera parte del año con Servicios a la cabeza
Hacia finales de 2021 sosteníamos que en el panorama de crecimiento de 2022 existiría una divergencia entre el desempeño de Bienes y Servicios. Estos últimos tendrían más terreno para recuperar y buscar este año su postergada “revancha”, mientras que un menor nivel de cosecha y una ralentización en la producción industrial -en un contexto de escasez de reservas y un consumo algo más débil- serían factores que limitarían el avance de los Bienes.
En efecto, con la eliminación completa de las restricciones sanitarias y el impulso provisto por el programa Previaje, en la primera parte del año fueron los Servicios más ligados a la presencialidad los que lideraron la reactivación económica, especialmente aquellos asociados al ocio y esparcimiento (hoteles, restaurantes, entretenimiento), donde impactó el hecho de que todavía se veían muy por debajo de los niveles pre-pandemia al cierre del año pasado. Estimamos que entre diciembre y mayo (último dato), los Servicios mostraron una expansión del 2,6% en la serie desestacionalizada, al tiempo que los Bienes se expandieron por debajo (+0,8%). Así, la brecha entre Bienes y Servicios llega a mínimos desde el inicio de la pandemia.
El freno a las importaciones agudizará aún más la divergencia Bienes–Servicios
En promedio, 10% de los insumos utilizados en los procesos de producción (de consumo intermedio[1]) orientados a abastecer el consumo local se obtienen mediante importaciones. Sin embargo, existen importantes disparidades entre sectores, donde los Bienes (12%) exponen una mayor necesidad que los Servicios (8%)[2]. Esta primera apreciación permite obtener una primera conclusión: un sostenimiento de las restricciones a las importaciones agudizaría la divergencia entre los grupos a lo largo del año, con Servicios mostrando un mejor desempeño que los Bienes.
Adentrándonos en un análisis sectorial, las principales ramas que requieren una mayor proporción de importaciones para su funcionamiento son la Industria (16%), Petróleo, Gas y Minería (15%) y Comercio (14%), mientras que sectores como Hoteles y Restaurantes o Servicios comunitarios, sociales y personales (“otros servicios presenciales”) muestran una proporción mínima. Respecto a la Industria, como antecedente vale remitirse a lo ocurrido en octubre 2021, cuando la restricción al pago anticipado de importaciones indujo una fuerte caída mensual del sector (-6,1% desestacionalizado, según el Índice de Producción Industrial).
En este sentido, los sectores que estarían menos afectados directamente por la restricción a las importaciones son los que tienen más terreno por recuperar en relación con los niveles pre-pandemia. No obstante, cabe señalar que en conjunto estas actividades representan alrededor del 12% de la actividad económica, por lo que no es de esperar que aporten a la economía en la misma magnitud que lo vinieron haciendo la Industria o el Comercio (que conjuntamente representan el 37% y explicaron en 2021 más del 40% del crecimiento del año).
Dada su intrínseca heterogeneidad y participación en la cadena de valor de múltiples sectores, la Industria precisa de un análisis por separado. El rubro de Equipos informáticos, electrónicos y ópticos y Equipo eléctrico, Maquinaria y equipo yQuímicos son los que requieren una elevada proporción de insumos importados para producir: 61%, 42% y 38% en relación con su consumo intermedio, respectivamente. En el otro extremo, dentro de la actividad fabril existen actividades con menor dependencia directa de las compras externas, destacándose Alimentos y bebidas (0,8%) y refinación de petróleo (5,2%).
Dentro de los primeros lugares se detectan sectores que han venido enseñando una demanda pujante. El esquema de incentivos para la adquisición de bienes durables y reposición de bienes de capital como resguardo de valor (brecha cambiaria elevada, tasas reales negativas, restricciones de acceso al mercado cambiario, expectativas de devaluación) han impulsado las ventas de bienes con elevados componentes importados: electrodomésticos y electrónica de consumo, maquinaria agrícola, vehículos, motos. Las restricciones recrearían una dinámica en la que esta demanda se encuentra con una oferta insuficiente, lo cual termina ajustando por precios: en julio el relevamiento del IPC GBA Ecolatina mostró que los bienes durables expusieron los principales aumentos de precios del mes (en general superiores al 10%).
¿Medidas contraproducentes?: el impacto no se limita al mercado interno
Otra consecuencia -que por momentos pasa inadvertida- es que para sostener las ventas hacia el resto del mundo el país necesita aumentar las importaciones de insumos requeridos para la producción de bienes y servicios: en promedio, cada dólar exportado por Argentina cuenta con casi 11 centavos de contenido importado.
Esta dinámica responde al despliegue de las cadenas globales de valor. El incentivo a una especialización de los países en determinados eslabones como estrategia de inserción en el comercio internacional se traduce en que no sólo la producción destinada al mercado local requiere de importaciones, sino que las exportaciones también las necesitan. En consecuencia, restringir compras externas indistintamente puede -paradójicamente- desfavorecer la meta de acumulación de reservas.
Ahora bien, el contenido importado en las exportaciones muestra una gran variabilidad entre sectores. Los sectores con mayor contenido importado en sus exportaciones son, nuevamente, los asociados a Equipos informáticos, electrónicos y ópticos (31%), Automotriz (28%), Otro equipo de transporte (25%) y Maquinaria y equipo (22%). Lo mismo ocurre con las ramas industriales ligadas al Caucho y plástico y a los Químicos (en torno al 20%).
Al mismo tiempo, es menester analizar la orientación exportadora de cada uno de ellos. Mientras que en Argentina el 8,5% de lo producido es enviado al resto del mundo (Exportaciones/VBP), los sectores con mayor orientación exportadora, en base a su relevancia y potencial son Automotriz (38%), Servicios IT (software y programación, 24%), Petróleo, Gas y Minería (20%) y la industria de Alimentos y bebidas (19%).
Este último sector -uno de los más competitivos de la economía argentina- se destaca por ser de los menos demandantes de importaciones para abastecer al mercado interno (equivalen a 0,8% de su consumo intermedio), pero sus exportaciones llevan 7,4% de contenido importado. Vale decir, para las exportaciones agroindustriales resulta mucho más relevante el acceso a importaciones para exportar que para producir localmente.
Conclusiones y consideraciones finales
De lo expuesto podemos obtener cuatro grandes conclusiones:
1. Lejos de ser parejo, el impacto de las recientes restricciones a las importaciones es heterogéneo entre sectores, afectando más a Bienes que a Servicios.
2. Dentro de estos últimos, que dependen menos del flujo de compras externas, se encuentran los sectores más rezagados en términos de actividadeconómica en relación con los niveles pre-pandemia (Hoteles y restaurantes y Otras actividades de servicios sociales y personales). Al verse menos afectados directamente tendrán mayores posibilidades de continuar con su recomposición.
3. Un mejor flujo de importaciones no se traduce únicamente en dificultades para abastecer al mercado interno, sino también al externo, por lo cual los límites a importar pueden inducir límites a exportar, generando el efecto inverso al buscado originalmente. El Gobierno tomó nota de esto y comenzó a flexibilizar los flujos de importaciones de ciertos sectores “clave” en términos de generación de divisas (automotriz, insumos del agro, energía, importaciones temporarias para transformación y posterior exportación).
4. En una perspectiva de más largo plazo, las importaciones favorecen el acceso a insumos, tecnologías y procesos más avanzados que contribuyen a menores costos, mayor eficiencia y/o una mejor calidad de producción. Así, permiten que el país mejore su competitividad exportadora, comercializando bienes y servicios con mayor valor agregado. Por otro lado, el entorno de incertidumbre generado por medidas de esta naturaleza impacta de forma indirecta en otras variables -como las inversiones- que profundizan el deterioro del sector productivo y alejan a Argentina de la senda del desarrollo.
El ministro de Economía, Sergio Massa, junto al Presidente Ejecutivo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz – Granados, participaron este viernes en un encuentro en el que firmaron seis convenios de préstamos por USD 740 millones, que serán destinados a fomentar exportaciones, promover el desarrollo sostenible, mejorar la infraestructura vial y educativa, garantizar la seguridad alimentaria y ampliar los servicios de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Del monto total, USD 100 millones se utilizarán para financiar el Plan nacional “Argentina contra el Hambre”, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. La iniciativa busca garantizar la seguridad alimentaria y mitigar los efectos de la pobreza en familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social y sanitaria, especialmente aquellas con niños menores de 14 años. En total, el Programa alcanza a más de 2.419.592 personas distribuídas en todo el territorio nacional, que reciben la Tarjeta AlimentAR.
Asimismo, USD 340 millones serán destinados al Programa de Obras Básicas, Primarias y Redes Secundarias para el AMBA. El proyecto contempla la ampliación y la mejora en los accesos del servicio de agua y saneamiento y depuración de aguas residuales, que beneficiará a 166.000 vecinos de los partidos de Malvinas Argentinas, José C. Paz, Moreno, Tigre y San Miguel. También se incluyen obras para garantizar agua potable a 1.300.000 habitantes de Ezeiza, Esteban Echevarría y La Matanza.
Por otro lado, los USD 300 millones restantes se repartirán entre los programas de Recuperación y Desarrollo de Complejos Agroexportadores; de Apoyo a la Acción Ambiental y Climática; de Recuperación y Mejora de la Infraestructura Escolar en Provincia de Buenos Aires (PBA) y de Apoyo al Sistema Vial Argentino. Cada una de estas cuatro iniciativas recibirá USD 75 millones y juntas contribuirán a brindar asistencia financiera, técnica y comercial para PYMES agroindustriales que buscan exportar productos frutícolas, luchar contra el cambio climático, garantizar calidad educativa y mejorar la infraestructura vial argentina.
A través de su cuenta de Twitter, el Ministro Massa destacó que “junto al presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz – Granados, su representante en el país, Patricia Alborta y ministros y funcionarios nacionales, firmamos 6 convenios de créditos por USD 740 millones, ingresando la próxima semana los primeros 400 millones”. “Estos fondos se destinarán a obras públicas, al plan ‘Argentina contra el hambre’, desarrollos de Complejos Agroexportadores, proyectos de ampliación y mejoras de la infraestructura escolar de la Provincia de Buenos Aires y programas de cuidado del medioambiente”.
En esta línea, el titular del Palacio de Hacienda explicó que “este acuerdo es muy importante porque genera una transferencia de dólares que permite reemplazar parte del gasto en pesos que venía llevando adelante el Estado, y porque produce un ingreso en dólares que nos ayuda a seguir fortaleciendo las reservas”.
Por su parte, Díaz Granados remarcó que “desde CAF, estamos muy orgullosos de apoyar estas iniciativas, que buscan mejorar la calidad de vida de millones de argentinos, promover el desarrollo sostenible, impulsar el acceso de Pymes a nuevos mercados, mejorar la infraestructura vial e igualar oportunidades”.
Participaron en el acto los Ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandie; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; la Presidenta de AYSA, Malena Galmarini; el Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía, Juan Madcur; el titular del INDEC, Marco Lavagna; y Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo, Leandro Gorgal; el Ministro de Hacienda y Finanzas de Buenos Aires, Pablo López; la Directora Nacional de Financiamiento con Organismos Regionales de Crédito, Sabrina Scala; el Director Nacional de Priorización Estratégica del Financiamiento Externo, Mauro Conti; el Director de Infraestructura Sebastián Putzoli; la Directora Nacional de Financiamiento con Organismos Regionales de Crédito, Sabrina Scala; el Director Nacional de Priorización Estratégica del Financiamiento Externo, Mauro Conti; el Director de Infraestructura de la DN de Priorización Estratégica del Financiamiento Internacional, Sebastián Putzoli; y el Subsecretario de Finanzas bonaerense, Agustín Álvarez.
En representación de CAF, también estuvieron presentes su Vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica, Christian Asinelli; el Gerente Regional Sur, Jorge Srur; la Representante en Argentina, Patricia Alborta.
La emisión de Obligaciones Negociables (ONs) de cuatro empresas de Buenos Aires, Santa Fe, San Juan y Río Negro aprobadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) consolida la agenda federal, con la prioridad de impulsar el financiamiento Pyme para proyectos productivos y traccionar la economía real.
En la misma línea, la CNV autorizó la creación de otros dos instrumentos para ese tipo de empresas, se trata de un Fondo Común de Inversión Abierto y un Fideicomiso Financiero.
La CNV dio luz verde a la oferta pública de emisiones de ONs de cuatro sociedades bajo el Régimen PYME CNV Garantizada, dedicadas a diferentes rubros que acudieron al mercado de capitales para obtener fondos. Una de ellas es Agronorte SRL, de San Justo, Santa Fe, dedicada a la comercialización de productos y servicios en la línea agrícola, fue autorizada a emitir por un monto de hasta U$S 600.000, con el aval de Garantías Bind S.G.R. Los fondos serán destinados a la compra de insumos agropecuarios.
Por su parte, Comercial y Ganadera del Nirihuau S.A, de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, líder en la explotación agrícola y ganadera, podrá emitir por un monto de hasta $ 250.000.000, con garantía de Banco CMF S.A, Banco Mariva S.A, Banco Supervielle S.A. y Banco Interfinanzas S.A. El total de lo producido de la colocación servirá para la cancelación de pasivos (canje de deuda de corto plazo con tasas elevadas a deuda a largo plazo) y la compra de hacienda.
La productora y exportadora de frutas frescas Patagonian Fruits Trade S.A., ubicada en General Roca, Río Negro, hará lo propio por un monto de hasta U$S 2.500.000, con garantía de Banco Mariva S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. La firma realizará inversiones en el complejo de producción primaria, galpones de empaque y frigoríficos, así como recomposición de capital de trabajo.
La empresa sanjuanina Construir S.A., dedicada a la construcción y comercialización de viviendas, podrá emitir por un monto de hasta $ 400.000.000 para la adquisición de nuevos terrenos. El grupo desarrollista se orienta a solucionar las necesidades habitacionales de la clase media a través de la comercialización novedosa conocida como Sistema Natania.
Además la CNV aprobó un FCI Abierto, se trata de Dracma Fondo Común de Inversión Abierto Pymes, con operaciones en la Provincia de Córdoba, cuyos órganos activos son Dracma SA, sociedad gerente, y Banco Comafi, sociedad depositaria.
Por último, se autorizó la oferta pública del Fideicomiso Financiero Invernea Proteína Pyme Serie 2 por un monto de $ 2.200.000.000 valor nominal, del cual participa, en carácter de fiduciario, CFA Compañía Fiduciaria Americana S.A.
El fideicomiso tiene por objeto el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, el fomento del desarrollo productivo y de las economías regionales con foco principal en la Provincia de Entre Ríos. Cabe recordar que en octubre pasado la CNV aprobó a esta sociedad, dedicada a producir proteínas, un programa de hasta u$s 30 millones en un fondo que levantó en su primera serie $ 800 millones.
El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que el Gobierno denunciará en los Estados Unidos a las empresas que triangulaban importaciones con sobrefacturación de precios, pero habrá un lapso de 60 días para que puedan hacer su descargo o rectificación.
El ministro presentó esta noche, en el Palacio de Hacienda, una serie de medidas económicas que se irán aplicando y anunciando en los próximos días.
Massa detalló que “existen más de 13.000 operaciones de importación trianguladas de 722 empresas que compraban productos a un precio, lo pasaban por otro destino y lo traían sobrefacturado a la Argentina. En general, la triangulación se hacía con empresas de no más de un año de antigüedad”.
En su primera presentación como ministro, Massa remarcó que “se abrirá un registro por 60 días para que las empresas hagan una rectificación”, pero advirtió que se van a “hacer las denuncias ante la Justicia argentina de aquellos que no se presenten a aclarar o rectificar, pero también se hará la denuncia ante la unidad de lavado de dinero de los Estados Unidos, ya que se usaron bancos de ese país y por lo tanto la sede del domicilio financiero determina jurisdicción”.
El ministro sostuvo que “se pone en marcha un sistema de trazabilidad del comercio exterior” para tener “mejor control y transparencia sobre el uso de las divisas, desde la autorización y hasta la liberación de las divisas, habrá plazo fecha y autorización, con prioridad para las cadenas productivas y de salud”.
Massa anunció ayer que unificará bajo la órbita de la Secretaría de Comercio la potestad de articular el comercio exterior y las funciones que, hasta hoy, estaban a cargo de la Secretaría de Industria.
La unificación se refiere a la administración del comercio exterior que, actualmente, está bajo la órbita de la Secretaría de Industria del Ministerio de Desarrollo Productivo, específicamente de la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial, que ahora pasarán a Economía, explicaron fuentes oficiales.
El objetivo de la medida es, fundamentalmente, tener un control centralizado del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), que es el sistema a través del cual se habilitan los cupos para importar bienes intermedios e insumos para la producción local.
También incluirá las definiciones acerca de la estructura arancelaria, la política de reintegros y los reembolsos a las exportaciones, a la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y a la Comisión de Comercio Exterior.
