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El balance de 2021: fuerte rebote, aceleración nominal con heterogeneidad y cristalización de los límites económicos

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El año 2021 estuvo signado por la recuperación de la economía luego de la fuerte caída en 2020, la profundización de los desequilibrios nominales y la cristalización de los límites que enfrenta el esquema económico. 

En lo que respecta al sector real, la actividad económica mostrará este año un crecimiento superior al 9%, recuperando gran parte del retroceso experimentado en 2020 producto del impacto de la pandemia y de las restricciones sanitarias que debieron aplicarse. El fuerte rebote estuvo principalmente liderado por la reapertura de actividades y la deprimida base de comparación. Sin embargo, también incidió el significativo shock de términos de intercambio. Éste no sólo impulsó las exportaciones sino que permitió que se incrementen los pagos de importaciones que dinamizaron la actividad y fortalecieron la recaudación del comercio exterior. 

La producción de bienes lideró el crecimiento, y en 2021 recuperará el terreno perdido el año pasado. La fuerte expansión de la industria manufacturera -liderada por la producción automotriz, equipo de transporte, maquinaria y equipo, prendas de vestir, metálicas básicas y productos no metálicos- y de la actividad de la construcción explican gran parte de este dinamismo. En el caso de los servicios la expansión se ubicará por debajo del nivel general de actividad y todavía tendrá terreno por recuperar en relación a los niveles pre-pandemia. 

Por el lado de la demanda, la inversión será el componente de mayor crecimiento interanual, en función del mencionado dinamismo de la construcción, la producción de equipo de transporte y maquinaria y por el repunte de las importaciones de bienes de capital. Por su parte, las exportaciones mostrarán un moderado crecimiento (en cantidades) que será muy inferior al que mostrarán las importaciones. Finalmente, el consumo privado crecerá levemente por encima del nivel general de actividad, pero aún se ubicará alrededor de 6% por debajo del nivel de 2019, y será casi 15% inferior al máximo alcanzado en 2017. 

La recuperación económica incidió positivamente en el mercado de trabajo: tasa de actividad (porcentaje de la población que trabaja o desea hacerlo) y el nivel de empleo son similares a los que se observaban previo al impacto de la pandemia. La recuperación de la cantidad de ocupados estuvo liderada en 2021 por el empleo asalariado informal y los cuentapropistas, que fue el mismo segmento del mercado de trabajo que explicó gran parte de la caída en la ocupación durante las restricciones sanitarias en 2020. Esta recuperación fue ayudada por la mejora en el empleo asalariado privado formal, concentrado especialmente en la industria, que ya superó los niveles previos a la pandemia (aunque siguen 5% por debajo de los niveles máximos alcanzados en 2017). 

En cuanto a los salarios, las paritarias al inicio del 2021 estuvieron guiadas por una pauta oficial (alrededor de 30%) que se vio rápidamente desbordada por la inflación. La reapertura de las negociaciones impulsó nominalmente a los salarios en la segunda mitad del año y, gracias al freno en la aceleración del nivel de precios, redundó en las primeras variaciones interanuales positivas en términos reales desde 2018. De esta manera, si bien el promedio anual del salario real volverá a caer por cuarto año consecutivo, a diciembre mostrarán una importante suba real, que deja arrastre positivo para 2022. 

En términos del sector externo, el 2021 se caracterizó por el fuerte incremento tanto del intercambio como del saldo comercial, que a su vez impulsó al superávit de cuenta corriente. La significativa suba de los montos intercambiados estuvo impulsada tanto por la recomposición de los volúmenes -luego del fuerte impacto negativo que tuvo el COVID en el comercio global-, como por el fortísimo shock positivo de precios internacionales. Las exportaciones de bienes crecerán alrededor del 41% i.a., superarando los USD 77.000 millones (el nivel más elevado desde 2012), mientras que las importaciones crecerán por encima de las ventas externas (+47% i.a.). De hecho, en términos cambiarios los pagos de importaciones llegaron a promediar los USD 6.000 millones mensuales (máximo desde 2013), lo que materializó la mencionada recuperación de la actividad. El saldo comercial de 2021 superará los USD 15.000 millones, aumentando 25% respecto de 2020. 

El impacto positivo de los términos de intercambio en el incremento del superávit de bienes fue significativo, ya que dicho aumento se produjo pese a que el crecimiento de las cantidades importadas triplicaría al de las exportadas. De hecho, la suba en los precios de exportación duplicaría a la de los de importación, y en los primeros nueve meses del año el nivel de los términos de intercambio fue el mayor de la serie. Más aún, En los primeros once meses del año casi la mitad del saldo comercial se explicó por la variación de los precios. 

El robustecido saldo de bienes apuntaló la cuenta corriente, que volvería a estacionarse en terreno positivo en 2021, por encima de 1% del PIB. Además del mayor superávit comercial de bienes, el saldo global de las transacciones comerciales del país se vio beneficiado por la todavía magra dinámica del turismo internacional (históricamente deficitaria) y el pago contenido de intereses externos, producto de la reestructuración de títulos públicos efectuada en 2020. 

Esta mayor disponibilidad de divisas, no obstante, no podrá ser capturada por el BCRA en el balance del año. Las reservas internacionales netas volverán a fin de año a cerca de los niveles mínimos de fin de 2020, a pesar del comentado saldo positivo de cuenta corriente, la persistencia (y endurecimiento) de las restricciones cambiarias y el ingreso extraordinario de DEG (USD 4.300 millones) en septiembre. 

En términos fiscales, se verificó una significativa reducción del déficit primario. El sector público nacional no financiero (SPNF) mostrará un rojo primario de 3,3% del PIB, casi la mitad que el alcanzado en 2020 (6,4% del PIB). Parte de esta recuperación era esperable, ya que el fuerte deterioro del año pasado estuvo motorizado por componentes cíclicos (desplome de la recaudación) y puntuales (despliegue de amplios programas de asistencia). Sin embargo, la mejora de las cuentas públicas superará a la que era esperable por la reversión de los factores cíclicos y puntuales: en 2021 los ingresos se verán también robustecidos por el salto en los recursos del comercio exterior y el Aporte Extraordinario sobre los patrimonios (que en conjunto explican una mejora en el saldo primario de 1,3 p.p. del PIB), mientras que los gastos se verán contenidos por el retraso que acumulará en promedio la fórmula de ajuste jubilatorio (que indexa el 40% del gasto). Si bien las erogaciones atadas a esta fórmula crecerán a diciembre por encima de la inflación, en el promedio del año lo harán por debajo. 

En términos económicos, las buenas noticias de la economía real y del resultado fiscal se vieron contrapesadas por la aceleración de la nominalidad, agravada por una profunda heterogeneidad: La inflación en 2021 volverá a estacionarse en la zona del 50% (como en 3 de los últimos 4 años), acelerándose 14 p.p. respecto de 2020. 

El ritmo de aumento de los precios empezó el 2021 con una importante inercia (en el último trimestre de 2020 promedió 3,7% mensual) y en los primeros tres meses del año subió un escalón al promediar 4,1%, con un pico de 4,8% en marzo. El temprano desborde de la pauta inflacionaria oficial (29%) motivó a que los esfuerzos se concentren en controlar la dinámica tanto del tipo de cambio oficial como de las tarifas, especialmente teniendo las elecciones en el horizonte. Así, se suspendieron los aumentos tarifarios previstos en el presupuesto (autorizando sólo un 9%) y el tipo de cambio oficial pasó a crecer a un ritmo de 1% mensual, aumentando a fin de año a la mitad del ritmo de la inflación y acumulando un atraso de 13% en términos reales. Cabe señalar que esta dinámica pudo ser llevada a cabo por lo mencionado anteriormente en el plano fiscal y externo: el aumento en el pago de subsidios (+0,6 p.p.) no alcanzó a compensar la mejora en el resultado primario, al tiempo que la mayor disponibilidad de divisas facilitó al BCRA la administración de la moderada trayectoria del dólar oficial. 

De esta forma, la heterogeneidad nominal se acentuó en 2021: la inflación alcanzará el 50%, con los precios “núcleo” corriendo al 55% i.a., el gasto en subsidios al 140% i.a. (se duplicarán nominalmente este año), el tipo de cambio al 24% i.a. y las tarifas cerca del 10% i.a.  

En el balance del último bienio, la economía mostrará un estancamiento del nivel de actividad con un nuevo retroceso del PIB per cápita, al tiempo que la nominalidad habrá subido un nuevo escalón. Este es el punto de partida de cara a un desafiante 2022. 

Los desafíos de 2022 

De cara a lo que paso este año, el 2022 luce desafiante ya que no se podrá repetir la dinámica de este año. En primer lugar, porque en el marco de un acuerdo con el FMI la política económica deberá implementar ciertos giros, tales como como trazar un sendero de consolidación fiscal o evitar profundizar el atraso cambiario para proteger las reservas. Pero más importante aún, porque 2021 dejó en evidencia los limitantes económicos: pese al shock de términos de intercambio, el ingreso extraordinario de DEG y la contención del turismo emisivo (tres factores que difícilmente se repitan en 2022) el BCRA no acumulará reservas, las cuales cerrarán el año en niveles mínimos. En segundo lugar, porque pese al atraso cambiario y tarifario (dos factores que tampoco serán intensos en 2022), y la estrategia de acuerdos de precios de consumo masivo, la inflación se estacionará en el 50%. Estos limitantes muestran que incluso en un escenario donde se estanquen las negociaciones con el FMI la continuidad pura no podría ser llevada a cabo sin profundizar restricciones o sin caer en correcciones desordenadas, ambos con costos en materia de actividad y nominalidad. 

En lo inmediato, la escasez de reservas netas (en el actual período de menores liquidaciones del agro) ya puso fin a la estrategia de contención del tipo de cambio. El dólar oficial ya aceleró su dinámica de depreciación, y si bien el gobierno intentará evitar un salto discreto, es probable que el año que viene el alza del dólar se ubique en la zona de la inflación. 

Desde el punto de vista del sector real, el 2021 deja un arrastre positivo de alrededor de 2,5 p.p. para 2022 y el salario real también ingresa al año con variaciones positivas, pero el año que viene no se contará ni con el efecto favorable de las reaperturas masivas (baja base de comparación) ni habrá un nuevo salto en los términos de intercambio (la disponibilidad de divisas no permitirá que las importaciones vuelvan a crecer como este año). A esto se suma el impacto de potenciales correcciones en el ritmo de depreciación cambiaria y tarifaria, y menor impulso fiscal neto. 

Desde el punto de vista del sector externo, en un mundo que -preocupado por el repunte de la inflación -comienza a dar señales de moderar los elevados niveles de liquidez, los riesgos por el lado de los precios internacionales están sesgados a la baja (pese a que no esperamos una caída significativa de los términos de intercambio). A esto se le suma que el turismo internacional seguirá recuperándose desde los aún deprimidos niveles. Esto implica que desde el punto de vista comercial la disponibilidad de divisas no será lo holgada que fue en 2021, poniendo un techo a los pagos de importaciones. 

En el plano fiscal, la mejora de 2021 deja efectos inerciales negativos para el año que viene: el gasto indexado comenzará el año creciendo por encima del 50% i.a. (este año lo hará en torno del 40% i.a.), al tiempo que por el lado de los recursos no se contará con el Aporte Extraordinario (0,5% del PIB) y los ingresos del comercio exterior presentan los riesgos mencionados. En este sentido, una de las principales discusiones en este plano será el gasto en subsidios y la consecuente política tarifaria, que muy probablemente también se acople a la nominalidad de la economía.  

Como puede verse, el 2022 luce desafiante: el rebote post pandemia ya ocurrió y muy posiblemente el abordaje de los desequilibrios existentes implique afrontar ciertos costos. Además, los limitantes económicos impedirán continuar profundizando la heterogeneidad nominal, por lo que esperamos que dichas variables se muevan conjuntamente en el rango del 50%. 

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Industria: retroceso mensual en octubre, ¿qué sucederá en los últimos dos meses del año?

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Una analisis de la consultora Ecolatina sobre la actividad industrial en el país refleja el freno de octubre y hace su proyección para lo que queda del 2021

En octubre, el Índice de Producción Industrial (IPI) creció 4,3% i.a y se ubicó un 1,2% por encima del mismo mes de 2019. Esto implica una desaceleración respecto a lo sucedido en septiembre, cuando el índice había crecido 10% i.a. (y, más aún, +14,3% respecto al mismo mes de 2019). Con estos datos, el entramado industrial acumuló un crecimiento del 17% i.a. en los primeros 10 meses del año y de 5,5% respecto a igual periodo del 2019, previo a la crisis del Covid.

Sin embargo, tuvo una contracción de 5,7% en términos desestacionalizados. Si bien el sector fue uno de los principales motores de la recuperación económica, en tanto logró recuperar rápidamente los niveles pre-pandemia, hace varios meses que no logra exhibir un crecimiento sostenido. En este sentido, mostró vaivenes en el desempeño mensual desde inicios de año: solo en el bimestre marzo-abril hubieron dos meses consecutivos de crecimiento. Por lo tanto, al contrastar el nivel de octubre con el de diciembre de 2020, se observa que la industria avanzó únicamente 0,9% en lo que va del año. En este último mes, la mayor incertidumbre cambiaria previa a las elecciones y el ajuste del cepo incidieron sobre el magro desempeño industrial, pudiendo afectar la disponibilidad de determinados insumos para producir.

Al interior del índice, doce de las dieciséis divisiones del sector presentaron subas interanuales. Uno de los sector que más incidió al crecimiento del Nivel General fue Vehículos automotores, Carrocerías, Remolques y Autopartes (+18,4% i.a.). La mejora del sector fue explicada principalmente por la suba de vehículos automotores (+39,2% i.a.). Más en detalle, según datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), en octubre de 2021 se registran subas interanuales en la cantidad de unidades producidas de automóviles (56,0% i.a.) y de utilitarios (32,7% i.a.).

El sector que más creció fue Prendas de vestir, Cuero y Calzado (+50,6% i.a.). Estos resultados se pueden explicar por dos vías: por un lado, el relajamiento de las restricciones a la circulación impulsó la mayor actividad de los locales comerciales, mientras que a su vez el mayor desarrollo de la comercialización online benefició el crecimiento de las ventas.

En contraposición, las caídas más significativas se presentaron en Muebles y colchones y otras industrias manufactureras (-12,1% i.a.), Otros equipos, aparatos e instrumentos (-7,1% i.a.) y Madera, papel, edición e impresión (-1,2% i.a.).

Además, otro dato importante fue la contracción observada en Alimentos y bebidas (-0,8% i.a.). La principal incidencia negativa se observa en la elaboración de vino, que presentó una caída de 14,0% i.a. Por su parte, la producción de carne vacuna se ubicó como la segunda incidencia negativa y registró una disminución de 13,7% i.a., posiblemente afectada por el cepo a las exportaciones de carne.

Para lo que resta del año, no esperamos un cambio importante en la tendencia: el sector seguiría mostrando un crecimiento con forma de “serrucho”. Los datos adelantados de noviembre de la Asociación de Fabricantes de Automóviles (ADEFA) hasta el momento son favorables, en tanto el sector automotriz tuvo una marcada mejora respecto a octubre (+13,4% mensual). De esta manera, estimamos que la industria crecerá en torno al 15% en el promedio anual de 2021, ya ubicándose también por encima de los niveles del promedio de 2019.

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Un nuevo congelamiento frente a una inflación que no da tregua

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Hace más de una década que la inflación volvió a configurarse como uno de los principales problemas de la economía argentina. En este lapso, mostró una tendencia al alza que la llevó a ser, hoy en día, una de las principales preocupaciones de la sociedad y el Gobierno.  

Habiendo transcurrido tres cuartas partes del año, podemos afirmar que la inflación volvería a acelerarse en 2021. De este modo se ubicaría apenas por debajo del 50% anual, a pesar de la pauta oficial de 29% estipulada hace 12 meses. Así, volvería a niveles cercanos a los de 2019 (54% anual), que marcó un máximo en 3 décadas. Peor aún, luego de mostrar cinco meses a la baja, la inflación volvió a trepar en septiembre y, de acuerdo con nuestros relevamientos, no revertiría su comportamiento en octubre, desdibujando la incipiente desaceleración.  

Considerando la importancia de esta variable en las decisiones económicas y su impacto sobre la economía real, corresponde analizar el pasado reciente para responder cómo llegamos a alcanzar estas cifras, pero también para pensar qué podemos esperar para el futuro próximo. Además, el anuncio reciente de un nuevo programa de control de precios revive la inquietud de cuál será su efecto sobre la inflación general. Veamos. 

De la calma al retorno de las presiones; y al modo electoral de los precios 

Con la irrupción de la pandemia vimos un atípico proceso de desaceleración de la inflación. Debido a la caída abrupta de la demanda e incluso el cierre completo de algunos sectores (lo que hace que sus precios no varíen), las subas mensuales perforaron el 2% en la etapa de cuarentena más estricta. Esta evolución se dio en un contexto extraordinario, con bajas presiones salariales (postergación de paritarias) y una elevada demanda de dinero (frente a la incertidumbre, creció la mantención de liquidez por motivos precautorios). Adicionalmente, los controles aplicados sobre los bienes de consumo masivo -como el programa de Precios Máximos- y la suspensión de aumentos de tarifas colaboraron a la ralentización de los precios.  

Sin embargo, la calma fue transitoria y con la vuelta a la normalidad las presiones inflacionarias reaparecieron. A medida que las actividades económicas reabrían, los salarios se recuperaban y la demanda retornaba a niveles previos, la elevada emisión monetaria le dio combustible a una nueva aceleración del proceso inflacionario, de la mano de un aumento de los dólares financieros. De esta manera, la inflación pasó de la zona del 2% entre abril y julio del 2020 a 3,6% en el último trimestre del año. Peor aún, en el inicio del 2021 la inflación siguió acelerándose, alcanzando un 4,1% promedio en el primer trimestre del año (con un pico en marzo, donde llegó a trepar 4,8%).  

Así, la creciente inflación hacía cada vez más difícil a la meta propuesta en el Presupuesto (+29%). En respuesta a eso, el Gobierno -previendo que una disminución del ritmo de aumentos lo favorecería en los comicios- abandonó el crawling peg, aumentando la cotización del dólar oficial muy por debajo del resto de los precios. A la vez, postergó la suba de tarifas de servicios públicos y redujo los aumentos de precios regulados. Por último, disminuyó el ritmo de emisión monetaria y reforzó los controles para contener los tipos de cambio financieros.  

Sin embargo, esta receta aplicada en otros años electorales surtió esta vez un efecto menor: la inercia alimentada por la emisión de dinero en 2020, con una elevada brecha cambiaria y mucho terreno por recuperar por parte de los trabajadores y empresarios de rubros golpeados por la cuarentena, junto con la expectativa de correcciones pendientes a fin de año, dificultaron el descenso de la inflación. Adicionalmente, el programa de Precios Máximos, implementado para contener los aumentos al comienzo de la pandemia, se había extendido demasiado: la suba de estos productos quedó 15 p.p. por debajo de la inflación general en 2020. Por este motivo, el desarme del programa (finalizado en junio) aceleró los precios de este grupo de productos, que pasó de mostrar una inflación menor a 1% en los meses de pleno congelamiento a promediar incrementos de casi 4% entre abril y septiembre de este año. Estos bienes tienen un peso relativamente importante sobre la canasta general (casi un quinto del índice) y contribuyeron a una desaceleración más lenta de lo esperado.  

Con todo, la suba de precios bajó de un máximo de 4,8% en marzo a 2,5% en agosto, pero al costo de disminuir un 10% la competitividad externa y licuar 7% el precio relativo de los servicios públicos. Aun a pesar de ello, la “tregua” inflacionaria fue breve y en septiembre (+3,5%) y octubre (proyectamos en torno al 3%) se habría visto interrumpida.  

Frente a la necesidad de tomar medidas, el Gobierno volvió a recurrir a una receta conocida: anunció esta semana un nuevo control de precios a bienes de primera necesidad. Este programa lanzado por la Secretaría de Comercio congelaría más de 1200 productos de las principales empresas de consumo masivo por 90 días. Dada su magnitud, se asemeja al programa de Precios Máximos. Este tipo de políticas puede contener transitoriamente la inflación de un grupo de bienes en el corto plazo, pero pierde efectividad a medida que pasan los meses. La suba de costos de las empresas productoras, que no pueden trasladar al consumidor, tarde o temprano deriva en desabastecimiento, estrategias de evasión del programa (como cambios en el packaging, presentación o gramaje de los productos) o, directamente, incumplimientos. Así, sin un acompañamiento del resto de la política económica (que permita apuntalar la estabilidad transitoria y su potencial efecto sobre las expectativas con una corrección de desequilibrios de fondo) el único efecto de dichas políticas termina siendo el de postergar subas inevitables. Para peor, los precios de muchos de estos productos ya se encontraban atrasados por el espacio cedido en el congelamiento previo, por lo que la efectividad del programa podría verse comprometida por este factor adicional.  

Según nuestras estimaciones, si el programa es efectivo, la suba de precios de consumo masivo sería alrededor de 35% en 2021, ubicándose muy por debajo de nuestra proyección de inflación general para el año (que estará cerca del 50%). De esta manera, el atraso acumulado desde marzo de 2020, como consecuencia del programa de Precios Máximos y de este nuevo congelamiento, rondaría casi 40 p.p. en el cierre del 2021. Esta cifra surge de comparar a la inflación de los productos de consumo masivo acumulada entre el inicio de Precios Máximos y el cierre del 2021 (rondaría el 50%) con la inflación general, que para el mismo periodo sería de alrededor de 89%.  

Un piso alto para 2022 

En el proyecto de Presupuesto nacional para 2022, el Gobierno postuló que espera una inflación de 33% para el año entrante. Un aumento de precios de dicha magnitud requeriría que el esquema cambiario no se modifique y el dólar siga corriendo por debajo del IPC. Sin embargo, si tenemos en cuenta que el año que viene se normalizaría el flujo de turismo internacional y los precios de los commodities que exportamos tienen riesgos a la baja, es probable que no se pueda mantener el actual ritmo de apreciación mensual. Adicionalmente, aunque no hace explícito el sendero de subas, el mismo proyecto postula una recuperación del valor real de las tarifas, para que el usuario pague un monto mayor del costo del servicio. Como la experiencia reciente indica, esto también genera aumentos de segunda ronda, incrementando la inflación general.  

Para cumplir la meta presupuestada, la inflación mensual del 2022 debería ubicarse, en promedio, por debajo de la cifra más baja de este año (+2,5%). Si consideramos que a lo largo del año habrá subas de servicios públicos y que el tipo de cambio no operará como ancla como este año, además del salto que implicaría la finalización del acuerdo de precios de consumo masivo en enero, estas proyecciones tienen serios riesgos de no poder cumplirse. Al mismo tiempo, la reapertura de paritarias y la aceleración de la emisión monetaria en la segunda mitad del 2021 también contribuirían a dificultar la meta. Por último, la inflación internacional se encuentra al alza (en Brasil ya superó el 10%, mientras que en Estados Unidos y Europa se ubica en valores inferiores, pero máximos en una década), un factor que tampoco ayuda a la contención de los precios domésticos.  

En definitiva, la tendencia actual no luce optimista. Aunque los controles anunciados pueden tener efectos positivos en el corto plazo, del mismo modo que los congelamientos de tarifas o tipo de cambio, conllevan en sí mismos la garantía de una suba posterior. Si esa suba efectivamente ocurriera en 2022, las pautas del Presupuesto podrían quedar nuevamente subestimadas.  

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El Presupuesto Nacional: primeras señales de la política fiscal 2022

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Esta semana, el Gobierno presentó el Proyecto de Ley de Presupuesto nacional para el próximo año. La ‘ley de leyes’ da la pauta de qué espera el oficialismo que suceda con la macroeconomía y qué política fiscal implementará en consonancia con ello, tanto desde un punto de vista tributario como con el gasto y el financiamiento público. ¿Cómo está viendo el Gobierno la recuperación y qué nos indica el Proyecto respecto de la dirección que se pretende en la política fiscal?

Pautas macroeconómicas 

En primer lugar, la presentación del presupuesto incluye una serie de pautas macroeconómicas para este año y los próximos. Aunque estas proyecciones suelen mostrar desvíos respecto a los valores efectivos de las variables, resultan útiles para analizar la visión oficial respecto del sendero macroeconómico que se prevé hacia adelante. Según estas proyecciones, se espera que en 2022 se consolide la recuperación, en un contexto de descenso de la inflación, estabilidad del tipo de cambio real, y aumento en el empleo, el salario real y los volúmenes de comercio exterior.

En el Proyecto, el Gobierno espera que la recuperación de la actividad continúe a buen ritmo. De acuerdo con esta visión, el PBI crecería 8% en 2021 y 4% en 2022. Así, el Producto recuperaría el año próximo toda la caída que causó la pandemia, y se ubicaría 1,2% por arriba del de 2019. Evaluando al ingreso por habitante, todavía habría camino por recorrer, ya que el PBI per cápita seguiría casi 2% por debajo del de aquel año. Esta previsión, que resulta algo optimista en comparación con nuestras proyecciones, vendría acompañada de una mejoría del salario real y el nivel de empleo.

En lo que hace a las variables nominales, el Gobierno espera que el tipo de cambio finalice este año en ARS 102,4 (+24% i.a.). Este número era el postulado en el Presupuesto 2021 y se mantuvo, a pesar de que la inflación fue significativamente mayor a la prevista, dejando como resultado un retraso cambiario más veloz al propuesto (de casi 15%). En cambio, la evolución de los precios sí muestra una corrección al alza, ya que la pauta original del 29% fue cambiada por una expectativa de 45% a diciembre: en otras palabras, la apreciación real que finalmente se prevé para este año no estaba contemplada el año pasado.

De cara al año próximo la apreciación cambiaria no se repetiría en la misma magnitud, ya que el dólar treparía 28%, alcanzando un precio de ARS 131,1 a fin de año. En simultáneo, se prevé que la inflación alcance 33%, desacelerándose 12 p.p. respecto de la previsión oficial. En este sentido, surge el interrogante de qué sucederá con el dólar si los precios vuelven a descender más lentamente de lo previsto o, peor aún, si hubiera un salto inflacionario inesperado. Esta cuestión toma relevancia si se considera que nuestras proyecciones -al igual que las de la mayoría de analistas- se ubican por encima de dicha pauta.

Por último, el Gobierno espera que, luego del fuerte salto de 2021, las exportaciones e importaciones continúen creciendo moderadamente. De esta forma, el superávit comercial se mantendría elevado y las ventas al exterior serían récord el año próximo. Sobre esta macroeconomía de crecimiento real con reducción de la nominalidad es que el gobierno presenta en el Proyecto de Presupuesto cual es la dirección que pretende imprimirle a la política fiscal.

Trayectoria fiscal 

En primer lugar, cabe destacar que para este año el Gobierno espera que el déficit primario del Sector Público Nacional sea levemente inferior al pautado en la Ley de Presupuesto del año pasado, bajando de 4,2% a 4,0% del PBI. Esta reducción no necesariamente implica que la política fiscal de este año termine siendo más contractiva que estipulado originalmente, ya que la pauta de déficit anterior (4,2% del PBI) no contemplaba el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas y se alcanzaba con volúmenes de comercio exterior 10% inferiores a los que se estiman actualmente. No obstante, también hay que destacar que el cierre previsto actualmente para este año se alcanza con una pauta anual de gastos de capital que luce muy optimista, y el cierre definitivo puede ser algo inferior.

El segundo punto a destacar respecto del cierre de 2021 es que no está contemplando dentro los ingresos (arriba de la línea) la asignación de DEGs recibida del FMI, posiblemente para no distorsionar el resultado de este año y enfatizar que el rumbo es hacia una consolidación fiscal gradual. No obstante, luego de enviado el Presupuesto, el Gobierno emitió un Decreto incorporando los DEG a los recursos presupuestarios de este año, lo que representa ingresos adicionales a los contemplados allí para el cierre de este año por 1 p.p. del PBI.

Esto no implica que el cierre de 2021 será necesariamente inferior al 4% del PBI estipulado, porque a la par de esta incorporación de recursos también resta añadir el impacto de las medidas que se anuncien próximamente. Lo que implica el reciente Decreto es que el Gobierno podrá realizar gastos adicionales o reducciones impositivas sorteando la restricción de emisión actual (vendiendo los DEG al BCRA contra pesos), al tiempo que los mayores recursos presupuestarios incrementarán en límite de adelantos transitorios este año y para 2022. Asimismo, se desprende que el Tesoro le pedirá prestado los DEG que le vendió al BCRA para cancelar las obligaciones con el FMI.

De cualquier manera, de acuerdo a nuestras estimaciones, el rojo primario para este año podría estar algo sobrestimado, principalmente por lo mencionado respecto de los gastos de capital.

Para 2022 el Proyecto de Presupuesto indica que el Gobierno buscará acortar moderadamente el déficit primario: el desbalance antes de intereses alcanzaría 3,3% del PBI el año que viene, reduciéndose en 0,7 p.p. del PBI respecto de este año. A esta trayectoria se arriba mediante una expansión de los ingresos (+39% i.a.) superior a la de los gastos primarios (+35% i.a.).

Sin embargo, dicha reducción es mayor si consideramos que el resultado debe alcanzarse contemplando una expansión de los gastos de capital (+0,2 p.p. del PBI), una importante reducción en los recursos no tributarios (casi -0,5 p.p. del PBI) debido a que no se estipula el aporte de las grandes fortunas y una menor recaudación por retenciones a las exportaciones (-0,3 p.p. del PBI). Estos factores indican que en realidad el esfuerzo a realizar para alcanzar el 3,3% del PBI propuesto no es 0,7 p.p. del PBI sino casi 1,7 p.p. del PBI.

¿Cómo se espera entonces alcanzar el resultado? Esencialmente gracias a una buena dinámica de los recursos (especialmente previsionales) y mediante la contención de las erogaciones corrientes. El Proyecto espera que los aportes y contribuciones a la seguridad social crezcan por encima de la inflación (indicativo de la expectativa de crecimiento del empleo y los salarios formales), exhibiendo una suba de 0,6 p.p. en términos del Producto (en nuestra visión esta dinámica podría estar algo sobreestimada). Por otra parte, también habría mejoras en la recaudación del impuesto PAIS -por el retorno del turismo exterior-, bienes personales, ganancias e IVA.

El resto de esta diferencia sería cubierta por una caída de los gastos corrientes primarios, que al crecer 33% i.a. se reducirían en 1 p.p. del PBI. Parte de esta caída se debería a la disminución del paquete de ayuda por Covid, lo que indica que la previsión oficial es que la pandemia se disiparía a lo largo del 2022. Sin embargo, los principales factores explicativos son aquellas partidas de gasto corriente no relacionado ni con salarios ni con transferencias con finalidad social esto es, bienes de consumo y, especialmente, el déficit operativo de empresas públicas y las transferencias corrientes a empresas: las partidas destinadas a subsidios económicos muestran un crecimiento nominal inferior a la inflación y, sobre todo, al PBI a precios corrientes. Si bien el Proyecto indica que para cumplir esto los usuarios deberían cubrir el 43% del costo mayorista de energía, no se explicita la trayectoria tarifaria prevista.

En lo que respecta al principal componente del gasto (prestaciones sociales atadas a la movilidad), el Proyecto espera que las mismas crezcan al 39% -11 p.p. por encima del resto del gasto corriente primario- lo cual era previsible ya que en función de la nominalidad de este año tendrán un importante arrastre (de alrededor de 25 p.p.) para el año que viene. En términos del PBI, el gasto en prestaciones de la seguridad social se mantiene estable, lo cual puede indicar que dichas partidas podrían resultar insuficientes teniendo en cuenta que la movilidad previsional suele crece en términos reales con las desinflaciones.

 

Por otra parte, el presupuesto estima un gasto en intereses de 1,3% del Producto en 2021 y 1,6% en 2022. Así, se espera un desbalance financiero que alcanzaría el 5,4% del Producto para este año y 4,9% para el próximo.

Programa financiero 

Cuando al análisis de los ingresos y los gastos se le añaden los vencimientos de deuda, puede verse que incluso con la reducción prevista en el desequilibrio fiscal el programa financiero de 2022 muestra importantes desafíos.

En primer lugar, cabe señalar que el programa financiero contemplado en el Proyecto de Presupuesto no incluye los pagos de capital al FMI y al Club de París de 2022 (como así tampoco los DEG este año en los recursos). Dado que estos servicios representan montos muy significativos y está actualmente negociándose su extensión, a primera vista luce razonable que no figuren en el Presupuesto, a los efectos de evitar distorsiones. Omitiendo estos vencimientos, las necesidades financieras brutas ascienden a ARS 10,6 billones (17,6% del PBI). Este volumen de pagos luce desafiante por varios motivos.

En primera instancia, debemos descartar las obligaciones que se renovarían sin mayores problemas (por ejemplo, Letras Intransferibles con el BCRA, Adelantos Transitorios con el mismo organismo y una Letra Intrapública). El resto, omitiendo algunos otros conceptos menores, representa la verdadera brecha de financiamiento relevante y se cubriría con tres fuentes: emisión monetaria, desembolsos de Organismos Internacionales y colocación de nueva deuda.

En este sentido, cabe destacar que la primera de estas fuentes (emisión monetaria) se encuentra legalmente limitada en 2022 y el Presupuesto así lo refleja: el stock de adelantos transitorios está hoy cercano a su límite legal, y para el año que viene no se contempla el giro de utilidades del Banco Central (frente a ARS 800.000 millones este año). De este modo, la asistencia monetaria apenas alcanzaría a 1,8% del Producto, lo que implicaría su mínimo nivel desde 2018 (cuando el déficit y los pasivos totales eran menores y, aun así, el endeudamiento derivó en un default).

En segundo término, la colocación de títulos presupuestada implica un importante grado de rollover de los vencimientos del año que viene. Finalmente, el financiamiento neto de Organismos Internacionales (2,4% del PBI) luce abultado: en caso de no poder obtenerse, se deberá recurrir a otras fuentes de financiamiento.

Conclusión 

Por último, cabe resaltar que las presiones para el cumplimiento de esta trayectoria fiscal en gran medida están determinadas por lo que finalmente suceda con la meta inflacionaria. Si ésta se verificara, todas las presiones adicionales de gasto no contemplado -especialmente en lo relativo a subsidios, que se prevé aumentarlos muy por debajo del 33%- deberán tener correlato en una fuente de financiamiento (a priori) distinta a la emisión monetaria o en una subejecución de otras partidas (principalmente, de gastos de capital).

Por otro lado, una sorpresa inflacionaria -respecto del 33% pautado- proveería recursos nominales no contemplados, reduciría el peso de las deudas no indexadas, alejaría el límite legal de los adelantos transitorios y licuaría gastos de diversas partidas (siempre en caso de que no se readecúen). No obstante, tiene en paralelo efectos que pueden ser aún más nocivos: puede continuar erosionándo el salario real (obturando la recuperación de la actividad) y puede derivar en mayores presiones cambiarias.

En conclusión, el Proyecto de Presupuesto para 2022 se cimenta sobre una trayectoria macroeconómica de crecimiento real con desinflación, e indica que la trayectoria fiscal deseada apunta hacia la reducción gradual del déficit. El Proyecto de Presupuesto deja algunas certezas y algunas dudas. Dentro de las certezas, podemos encontrar que se busca dar prioridad a la obra pública, contener el gasto corriente no relacionado con la finalidad social y reducir el peso de la emisión monetaria en el mix del financiamiento. En cuanto a las principales dudas, aún se debe explicitar el impacto de la negociación con el FMI y el Club de París, y detalles acerca de la política tarifaria.

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Financiamiento público: ¿en un sendero de sostenibilidad?

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En 2020, la irrupción de la pandemia alteró los planes de todos los agentes de la economía. El Estado Nacional no quedó exento de este impacto, ya que se vio obligado a asistir a familias, empresas y otras entidades del sector público frente al desplome de sus ingresos. En simultáneo, su propia recaudación también se veía fuertemente deteriorada por la magnitud de la crisis. De esta manera, el déficit de las cuentas públicas se disparó, alcanzando récords negativos de 6,4% del Producto -sin considerar el pago de intereses- y 8,3% -incluyendo las rentas de la deuda-. 

Esta situación se dio en paralelo a la reestructuración de la deuda con acreedores privados en moneda extranjera, que recién se alcanzó en el tercer trimestre del año. Al mismo tiempo, la situación con los Organismos Multilaterales tampoco era sencilla: el stand-by con el Fondo se hallaba pausado y los pagos al Club de París demorados. Por este motivo, y a pesar de que los títulos en pesos se refinanciaron en su totalidad (el rollover de estas Letras y Bonos fue de 119%), gran parte del bache fiscal se cubrió con emisión monetaria. Así, la asistencia del Banco Central al Tesoro (utilidades y adelantos) alcanzó los 7,3 puntos del PBI.  

Para este año, con la campaña de vacunación iniciada y las actividades económicas operando a un mayor nivel, el Ministerio de Economía planeó retomar paulatinamente cierta ‘normalidad fiscal’. Esto implicaría no solo reducir el desbalance primario, sino también lograr una composición más equilibrada de las fuentes financieras, que dependiera en menor medida de la emisión. Puntualmente, el objetivo era apuntar a un déficit primario de 4,5% del Producto, con una composición del financiamiento de 60% de asistencia del Banco Central y 40% “pedido al mercado”.  

La tarea no era sencilla y 3 obstáculos eran particularmente visibles en este camino. Por un lado, la reducción del déficit implicaría recortar transferencias a personas (IFE), empresas (ATP) y Provincias (convenios de emergencia) con una recuperación muy incipiente y elecciones en el horizonte. Por otra parte, el Tesoro comenzó 2021 con vencimientos en pesos por más de ARS 2 billones a vencer este año, y el pequeño mercado de deuda local difícilmente prestaría montos muy superiores a estos para refinanciar los pagos y brindar fondos frescos. Por último, aunque los pagos de Bonos en dólares no representarían un monto relevante, en 2021 comenzarían las devoluciones del préstamo del FMI, y el tiempo de espera del Club de París se agotaría. Con todas estas restricciones a la vista, ¿cuál fue el resultado? 

¿Qué paso en el primer semestre? 

En todos los planos delimitados (déficit primario, deuda local, deuda externa) se puede encontrar un corte bien marcado, ya que la dinámica fiscal-financiera del primer semestre parecería haberse quebrado en la segunda parte del año. Hasta junio, el rojo fiscal primario fue de medio punto del PBI. Este monto implicó una contracción de 2,8 p.p. respecto a igual lapso del 2020, y se explicó en dos terceras partes por la dinámica de los gastos y en un tercio por la recuperación de los ingresos. En relación al gasto, incidió la desaparición de algunos programas específicos de la pandemia (por caso, el IFE) y la reducción de otros. Por el lado de los ingresos, la mejora de la recaudación tributaria ligada a la recuperación de la actividad, el impulso de las retenciones (beneficiadas por los términos de intercambio) y el aporte solidario de las grandes fortunas también fueron los principales factores explicativos. Así, el desbalance no sólo se ubicó por debajo del de 2020, sino que también fue menor a los valores de 2016-2018.  

En simultáneo, en la primera mitad del año, el Tesoro colocó deuda en pesos por 124% de los vencimientos, obteniendo financiamiento adicional al ‘necesario’ para el pago de la deuda, que fue utilizado para fondear gastos primarios y otras aplicaciones. A su vez, solicitó asistencia al Banco Central por ARS 330.000 millones, un 70% menos que el año previo. De este modo, cerró el semestre con una mayor proporción de financiamiento vía deuda que monetario, sobrecumpliendo su propia pauta. 

Respecto a la deuda en dólares, en la primera mitad del año no hubo obligaciones de los bonos reestructurados, pero sí se pagaron -sin mayores problemas- algo más de USD 600 millones al FMI y USD 1.200 millones a otros Organismos Internacionales (en términos brutos, ya que se habrían recibido desembolsos por parte de este monto). Más importante aún, se llegó a un acuerdo provisorio con el Club de París que permitió evadir el default con dicho organismo y negociar nuevamente en marzo próximo. 

¿Qué se vio en los últimos meses? 

Sin embargo, a partir de julio, las cosas comenzaron a ser diferentes. Los segundos semestres se caracterizan por un déficit estacionalmente más alto (en los meses más fríos, esto tiene que ver con una erogación mayor de subsidios energéticos, más aguinaldos de empleados públicos y jubilaciones). A esto se suman algunas medidas vinculadas con la cercanía de las elecciones, que habrían profundizado este proceso (por ejemplo, el bono a jubilados en agosto). En este marco, en julio-agosto el desbalance primario habría sido idéntico al de los seis meses previos, generando una aceleración de las necesidades financieras.  

Además, este bimestre era el más pesado en términos de vencimientos de deuda local. Así, el porcentaje de rollover se redujo a apenas más que 100%, provocando que el déficit primario debiera cubrirse enteramente con emisión, algo que no había sucedido entre enero y junio. Por este motivo, la asistencia del Banco Central al Tesoro fue de ARS 380.000 millones, un 46% mayor a la del mismo lapso del año pasado. Como resultado, la composición del financiamiento se invirtió, causando que la proporción hoy sea de un tercio en deuda de mercado y dos tercios en emisión. Peor aún, agosto no alcanzó al 100% de refinanciamiento, a pesar de que el Tesoro desplegó algunas estrategias para aumentar los montos recibidos. Instrumentos más cortos, tasas más altas, canjes anticipados, la posibilidad de utilizar Letras como encajes bancarios y el lanzamiento del programa de Aspirantes a Creadores de Mercado (aunque su principal objetivo no es proveer mayor financiamiento, sino liquidez y estabilidad a las cotizaciones) fueron las principales herramientas a las que acudió Economía para cumplir sus objetivos, pero no alcanzaron para tentar a los inversores. 

De cara a las próximas licitaciones, se buscará renovar la confianza del mercado, en pos de lograr, otra vez, colocaciones más grandes y más financiamiento por esta vía. Sin embargo, la aceleración del déficit no cederá (aunque se sobrecumplirá largamente la meta presupuestada) y esto traccionará a la emisión monetaria.  

De cualquier manera, de cara al cierre de 2021 y el comienzo de 2022 las mayores preocupaciones estarán en el segmento de deuda en dólares. En julio se pagó el primer cupón de interés de la deuda reestructurada y la primera cuota del acuerdo con el Club de París. Por otra parte, los compromisos con el FMI ascienden a USD 4.500 millones. Aunque estos podrán ser pagados con los Derechos Especiales de Giro (DEG) transferidos por el mismo organismo, este crédito se agotaría antes del pago de enero 2022. A lo largo del año que viene los vencimientos con el FMI ascienden a USD 19.000 millones, a lo que se suman USD 1.700 millones con el Club de París y USD 1.400 millones con acreedores privados, un volumen de dólares que nuestro país no tiene capacidad de generar (ni fiscal ni externamente).  

En definitiva, la dinámica de mejora en el resultado primario y contención de la emisión monetaria en la primera mitad del año se habría revertido al comienzo de la segunda. Si bien esperamos que la pauta fiscal de déficit primario se cumpla en 2021, la composición del financiamiento luce más complicada.  

Para 2022 estimamos que el gobierno intentará continuar reduciendo del déficit primario (en dos semanas conoceremos la trayectoria fiscal deseada con la presentación del Proyecto de Presupuesto), lo cual sería indicativo de la intención de evitar tensiones excesivas sobre los factores de creación de dinero por el lado fiscal. En cualquier caso, las preocupaciones comienzan a aparecer por los compromisos en moneda extranjera. Respecto a esos pagos, no hay duda: se requiere una extensión de vencimientos. ¿Será la mejoría fiscal un guiño al Fondo de cara a lo que se viene?  

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