El ministro de Economía, Luis Caputo, dará este miércoles por la mañana una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda en la que anunciará nuevas medidas económicas, en una presentación rodeada de hermetismo. El Gobierno confirmó la actividad después de la reunión de la Mesa Política realizada el martes en la Casa Rosada, pero evitó precisar tanto el contenido como el horario exacto de la exposición.
La aparición pública del titular del Palacio de Hacienda tendrá lugar en un momento sensible para el programa económico. El dólar mayorista volvió a superar los $1.500 después de varias semanas de tensión en el mercado de pesos y movimientos en las tasas de interés, mientras la recuperación de la actividad continúa mostrando un comportamiento heterogéneo entre sectores.
Ese contexto coloca a los anuncios bajo una doble lupa: la respuesta inmediata de los mercados y su capacidad para incidir sobre una economía que todavía enfrenta restricciones sobre el consumo, el crédito y la inversión. Hasta el momento, el Ejecutivo no confirmó si las medidas estarán orientadas específicamente a acelerar la recuperación económica.
La conferencia tendrá además una sincronización política relevante. Caputo hablará antes de que la Cámara de Diputados avance este miércoles con dos iniciativas centrales para el oficialismo: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y una nueva versión del proyecto de Inocencia Fiscal, conocido como Inocencia Fiscal II.
Ambos proyectos forman parte de la agenda con la que la administración de Javier Milei busca consolidar las bases institucionales de su programa económico y proyectar su estrategia hacia las elecciones de 2027. La reforma del BCRA, en particular, toca uno de los núcleos de la arquitectura monetaria del Gobierno, mientras que el proyecto fiscal apunta a modificar las condiciones bajo las cuales se relacionan los contribuyentes con el Estado.
La confirmación de la conferencia surgió luego de una nueva reunión de la Mesa Política, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Allí se repasó la agenda legislativa y distintos aspectos de la gestión, en una semana que también tendrá una sesión del Senado prevista para este jueves, con tratamiento de pliegos de jueces y distintos tratados internacionales.
El escenario económico agrega presión a la definición de las próximas medidas. La suba del dólar mayorista y la volatilidad de las tasas colocaron nuevamente el frente cambiario y financiero entre las variables observadas por empresas e inversores. Al mismo tiempo, la mejora de algunos indicadores de actividad convive con dificultades en sectores que todavía no recuperaron niveles previos.
La expectativa también se alimenta de la reciente instrucción de Milei a sus funcionarios para que salgan a “militar y defender el modelo”, en medio de cuestionamientos sobre el impacto de las políticas oficiales en el consumo, el empleo y la situación de las empresas. En ese marco, cualquier anuncio de Caputo será leído no solo por su contenido técnico, sino también como una señal sobre la siguiente etapa del programa económico.
El antecedente inmediato fue la conferencia del 13 de agosto, cuando Economía anunció una flexibilización de los créditos en dólares para ampliar el acceso al financiamiento en moneda extranjera. La modificación permitió que empresas sin ingresos vinculados con exportaciones pudieran acceder a ese tipo de préstamos.
La normativa estableció que los bancos podrían destinar a esas financiaciones hasta el equivalente al 15% de sus depósitos en dólares. Al mismo tiempo, incorporó exigencias prudenciales superiores para esas operaciones, con un requisito de capital mínimo equivalente al 125% del aplicable a financiaciones comparables y una exposición crediticia computada por 1,25 veces.
En aquella oportunidad, Caputo explicó que el objetivo era ampliar la capacidad prestable del sistema financiero y generar incentivos para que los dólares de los argentinos ingresen y permanezcan dentro de los bancos. La medida buscó así conectar la disponibilidad de liquidez en moneda extranjera con una mayor oferta de crédito para el sector privado.
El ministro también había anticipado que el Gobierno analizaba mecanismos para ampliar el crédito hipotecario. Entre las alternativas mencionó la posibilidad de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) licite depósitos de largo plazo, de modo que las entidades bancarias puedan disponer de mayor fondeo para financiar hipotecas.
La nueva conferencia abre ahora otra incógnita sobre la dirección de la política económica. Con el mercado cambiario bajo observación, el Congreso discutiendo cambios estructurales para el BCRA y una actividad que todavía presenta velocidades diferentes según el sector, el contenido de los anuncios determinará si se trata de una medida de corto plazo para administrar tensiones o de una señal más amplia sobre la próxima fase del programa económico.
La economía global atraviesa una semana en la que tres variables volvieron a quedar estrechamente vinculadas: inflación, energía y política monetaria. La moderación de los precios en Estados Unidos alivió parcialmente la presión sobre la Reserva Federal, pero la persistencia de las tensiones en Medio Oriente y la volatilidad del petróleo mantienen abierto uno de los principales riesgos para la inflación internacional. En Argentina, mientras tanto, el mercado ajustó sus expectativas de actividad y mantiene una visión de recuperación durante el segundo semestre.
El panorama surge de la actualización semanal de mercados elaborada por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que pone el foco sobre la evolución de los precios estadounidenses, el conflicto en Medio Oriente, el petróleo y las nuevas proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.
La inflación en Estados Unidos, las tensiones en Medio Oriente y la evolución del petróleo marcaron la agenda internacional, mientras que en Argentina el REM y el riesgo país concentraron la atención de los mercados.
Inflación de Estados Unidos y las decisiones de la Fed
La inflación de Estados Unidos mostró una moderación durante julio. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba de 0,1% mensual, mientras que la variación interanual descendió hasta 3,4%, en línea con las expectativas del mercado. Por su parte, el IPC núcleo, que excluye los componentes más volátiles de alimentos y energía, se ubicó en 2,5% interanual.
El dato consolida una desaceleración respecto de los niveles observados durante los meses anteriores. Luego de ubicarse en 2,8% interanual antes del inicio de las hostilidades entre Israel, Estados Unidos e Irán a fines de febrero, la inflación alcanzó un máximo reciente de 4,2% interanual en mayo, impulsada principalmente por el encarecimiento de la energía. Durante julio, en cambio, la caída del precio de la gasolina, asociada al cese temporal de las hostilidades, contribuyó a moderar el nivel general de precios, aunque el posterior recrudecimiento del conflicto mantiene la evolución del petróleo como uno de los principales riesgos para la trayectoria inflacionaria.
La publicación del índice resulta relevante de cara a las próximas decisiones de la Reserva Federal. En su reunión de finales de julio, el Comité Federal de Mercado Abierto mantuvo la tasa de interés sin cambios, aunque tres de sus miembros votaron a favor de incrementarla. La persistencia de una inflación anual superior al objetivo del 2%, combinada con la relativa solidez del mercado laboral, había fortalecido los argumentos a favor de un mayor endurecimiento monetario.
Sin embargo, la moderación del IPC de julio redujo la presión para avanzar con una nueva suba de tasas. Tras conocerse el dato, disminuyeron las probabilidades implícitas en el mercado de un incremento en la reunión de septiembre. De esta manera, la atención de los inversores continuará centrada en la evolución de la inflación, el mercado laboral y los precios de la energía, factores que serán determinantes para las próximas decisiones de política monetaria.
Las tensiones en Ormuz mantienen la volatilidad del petróleo
El precio del petróleo mostró una elevada volatilidad durante 2026, principalmente a partir del conflicto en Medio Oriente. El Brent, que comenzó el año en torno a US$ 60 por barril, alcanzó un máximo de US$ 138 a comienzos de abril, para luego retroceder ante los períodos de distensión y las expectativas de una solución negociada.
Durante la última semana, las dificultades para alcanzar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre sobre la reapertura del Estrecho de Ormuz volvieron a presionar los precios. Los futuros del Brent se recuperaron hasta ubicarse cerca de USD 89 por barril el 12 de agosto. La persistencia de las restricciones en una de las principales rutas del comercio mundial de petróleo mantiene al conflicto como un riesgo relevante para los precios de la energía y la inflación internacional.
Expectativas de crecimiento para 2026
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) mostró, para la mediana de las estimaciones, que el Producto Interno Bruto ajustado por estacionalidad se habría contraído 0,4% durante el segundo trimestre del año, una corrección de 1,0 p.p. respecto del relevamiento anterior. Sin embargo, los analistas anticipan una recuperación de la actividad durante la segunda mitad del año. Para el tercer trimestre proyectan un crecimiento desestacionalizado de 1,0%, mientras que para el cuarto trimestre esperan una expansión de igual magnitud. En este contexto, la previsión de crecimiento del PIB para el conjunto de 2026 se ubicó en 2,7% de acuerdo con el REM del BCRA.
Por su parte, las expectativas financieras permanecieron relativamente estables. La TAMAR de bancos privados se ubicaría en 22,4% TNA durante agosto y en 22,2% hacia diciembre. En tanto, la mediana de las proyecciones para el tipo de cambio nominal se ubicó en $1.512 por dólar para agosto y en $1.652 para diciembre de 2026.
La economía argentina transita una recuperación que, aunque mantiene signo positivo, avanza a un ritmo menor al que esperaba el Gobierno. El diagnóstico fue planteado por Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), durante una exposición ante empresarios y referentes productivos en la Bolsa de Comercio de Mendoza. En paralelo, el mercado cambiario mostró una moderación en la cotización del dólar mayorista, que cerró en $1.489 y volvió a alejarse de la barrera de los $1.500.
“La economía crece despacio, en torno al 2% anual, mucho más despacio de lo que nos gustaría”, sostuvo Bausili, en una definición que expone uno de los principales desafíos de la segunda mitad del año: transformar la estabilización macroeconómica en una expansión más vigorosa de la actividad y del crédito privado.
El encuentro fue encabezado por el presidente de la Bolsa de Comercio de Mendoza, Luis Romano; el gobernador Alfredo Cornejo; y el diputado nacional Lisandro Nieri, quien moderó la exposición. Frente a empresarios, Bausili repasó el desempeño del Banco Central y puso el foco en un problema menos visible que la inflación o el tipo de cambio, pero determinante para la recuperación: la persistencia de la cautela de hogares y empresas a la hora de invertir y endeudarse.
El titular del BCRA describió ese comportamiento como una suerte de “estrés postraumático” de la economía argentina. El temor a asumir deuda o comprometer capital continúa funcionando como un freno para la inversión, incluso después de la fuerte reducción de la inflación y de la normalización de algunas variables financieras. Para Bausili, modificar esas expectativas constituye una condición necesaria para que la estabilización se traduzca en crecimiento.
La respuesta que anticipó apunta a profundizar la desregulación del sistema financiero y reducir los costos de intermediación. “Sacar trabas y bajar costos” será, según planteó, una de las líneas de acción para favorecer el desarrollo del sector privado. El objetivo es que una mayor proporción del ahorro doméstico vuelva al circuito financiero formal y pueda convertirse en financiamiento para empresas y consumidores.
En ese marco adquiere relevancia la flexibilización de los préstamos en dólares. Bausili explicó que la nueva disposición permite a los bancos prestar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera y consideró que, incluso con ese cambio, el esquema continúa siendo “restrictivo”. La definición resulta relevante porque el crédito en dólares puede ampliar las alternativas de financiamiento de empresas con ingresos vinculados a esa moneda, particularmente exportadoras o firmas integradas a cadenas de comercio exterior.
El desafío consiste en ampliar el crédito sin trasladar al sistema financiero riesgos cambiarios que puedan terminar deteriorando la estabilidad monetaria. La discusión planteada por los empresarios durante el encuentro giró precisamente alrededor de ese equilibrio, junto con el escenario electoral, la relación comercial con Estados Unidos y la presión tributaria que todavía condiciona la competitividad.
Bausili también se refirió a la inflación de julio, que alcanzó el 2,1%. Según explicó, el dato estuvo condicionado por factores puntuales, entre ellos la estacionalidad y el turismo, y aseguró que el Banco Central mantiene la expectativa de retomar el sendero descendente. La cuestión es central porque una inflación persistentemente baja no solo mejora el poder adquisitivo, sino que también permite extender los horizontes de planificación de las empresas y reducir la prima de riesgo incorporada en las decisiones de inversión.
El mercado cambiario, mientras tanto, ofrece una señal de relativa calma. El dólar mayorista cerró en $1.489, con una baja de $3, después de dos jornadas consecutivas de subas. La cotización se encuentra así 24,8% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido en $1.858,35. En el Banco Nación, el dólar minorista descendió $5 hasta $1.510 para la venta, mientras que el promedio informado por el BCRA se ubicó en $1.515,689.
En los mercados paralelos, el dólar blue se mantuvo en $1.540, mientras que el contado con liquidación operó en $1.583 y el dólar MEP en $1.521,39. La dispersión entre las distintas cotizaciones refleja que, aunque el mercado no atraviesa una situación de desborde, persiste una demanda de cobertura que obliga al equipo económico a administrar cuidadosamente las expectativas.
Los operadores consideran que el Gobierno busca evitar que el dólar supere de manera sostenida los $1.500 mediante herramientas de intervención en futuros y bonos dólar linked. La estrategia tiene un beneficio inmediato sobre las expectativas cambiarias, pero también plantea un dilema de política económica: contener la volatilidad sin generar una restricción excesiva sobre la liquidez ni elevar nuevamente el costo del dinero en pesos.
La capacidad de intervención del Banco Central constituye uno de los principales respaldos de esa estrategia. En lo que va de 2026, la autoridad monetaria acumula compras superiores a US$13.000 millones, mientras las reservas internacionales brutas se mantienen cerca de los US$50.000 millones. Esa posición ofrece un margen considerablemente mayor que el disponible durante otros episodios de tensión cambiaria, aunque no elimina la necesidad de administrar el mercado con prudencia.
El punto de fondo es que el Gobierno necesita que la estabilidad cambiaria deje de ser un objetivo en sí mismo y se convierta en una plataforma para recuperar inversión, productividad y crédito. La admisión de Bausili sobre un crecimiento cercano al 2% anual muestra que la estabilización todavía no se tradujo en la velocidad de expansión que esperaba el oficialismo.
Para las empresas, especialmente las que necesitan capital de trabajo o financiamiento para ampliar capacidad productiva, la próxima etapa estará definida menos por la discusión sobre el nivel puntual del dólar y más por la posibilidad de acceder a crédito a plazos y tasas compatibles con proyectos de inversión. La formalización del ahorro, la flexibilización del crédito en moneda extranjera y la reducción de costos financieros pueden convertirse en herramientas concretas para cerrar esa brecha.
El desafío de política económica es, entonces, pasar de una economía que dejó atrás los desequilibrios más extremos a otra capaz de crecer de manera sostenida. El propio diagnóstico del Banco Central reconoce que la estabilización todavía no alcanza: mientras persista el temor a invertir, endeudarse y asumir riesgos, la recuperación seguirá avanzando, pero a una velocidad inferior a la que necesita el sector productivo.
La mejora de las variables macroeconómicas todavía no consigue transformarse en una recuperación sólida del consumo masivo. Un relevamiento de la Fundación Encuentro, elaborado sobre estimaciones de la Consultora W, muestra que detrás de la aparente mejora de los ingresos existe una distribución que limita la capacidad de gasto de la mayoría de los hogares argentinos.
Durante el primer trimestre de 2026, el ingreso promedio de los hogares a nivel nacional alcanzó los $2.800.000 mensuales netos. Sin embargo, ese valor está lejos de representar la situación de la mayoría: apenas los hogares de clase alta y clase media alta se encuentran, en promedio, por encima de esa cifra. El 78% restante, correspondiente a los segmentos de clase media baja y clase baja, registra ingresos inferiores al promedio nacional.
La distribución permite dimensionar el problema. La clase alta representa el 5% de los hogares y tiene un ingreso promedio de $12,5 millones mensuales, mientras que la clase media alta, que concentra otro 17%, alcanza un promedio de $5,5 millones. En el extremo opuesto, la clase media baja representa el 26% de los hogares, con un ingreso promedio de $2,5 millones, mientras que la clase baja superior reúne al 31% y registra un promedio de $1,95 millones. Otro 21% de los hogares se encuentra en situación de pobreza, con un ingreso promedio estimado de $900.000.
El dato más relevante para entender la dinámica del consumo es precisamente esa distancia entre el promedio y la distribución. Solo los dos segmentos de mayores ingresos superan los $2,8 millones, mientras que el 78% de los hogares se encuentra por debajo de esa referencia. La propia Fundación Encuentro advierte que se trata de un patrón característico de las distribuciones de ingreso desiguales: una minoría con ingresos elevados empuja el promedio hacia arriba, haciendo que ese indicador pierda capacidad para describir la situación de la mayoría.
Esto ayuda a explicar por qué una desaceleración de la inflación y una recomposición de los salarios reales no necesariamente producen un rebote inmediato del consumo masivo. El problema no reside únicamente en la velocidad con la que evolucionan los precios o los salarios, sino en el punto de partida y en la distribución de los ingresos disponibles para gastar.
Los hogares de menores ingresos tienen, además, una característica decisiva para la economía real: concentran una mayor propensión al consumo. Es decir, una porción más elevada de cada peso adicional que reciben suele destinarse a bienes y servicios, mientras que los hogares de mayores ingresos cuentan con mayor capacidad para ahorrar o canalizar sus recursos hacia otros activos. Por eso, una mejora concentrada en los segmentos superiores puede mejorar determinados indicadores agregados sin generar el mismo impacto sobre supermercados, comercios, servicios y otros rubros asociados al consumo cotidiano.
El relevamiento señala que los ingresos de ese 78% de hogares están en recuperación, pero todavía no alcanzan para sostener un nivel de gasto comparable con el período previo a la crisis. En paralelo, los segmentos de clase alta y media alta muestran señales de normalización del consumo y dependen mucho menos de la evolución del ciclo salarial.
La consecuencia es una economía con dos velocidades. Por un lado, los hogares ubicados en los estratos superiores tienen margen para recomponer consumos postergados y aprovechar la estabilización de las variables macroeconómicas. Por otro, la mayoría todavía enfrenta una restricción presupuestaria que obliga a priorizar gastos esenciales y posterga decisiones de consumo que requieren mayor ingreso disponible.
El dato de pobreza vuelve todavía más concreta esa restricción. El 21% de los hogares se encuentra por debajo de la línea de pobreza estimada y registra un ingreso promedio de $900.000 mensuales. En este segmento, una mejora del salario real puede ser absorbida rápidamente por alimentos, vivienda, servicios y otros gastos indispensables, sin traducirse necesariamente en un aumento significativo del consumo discrecional.
Desde una perspectiva de política económica, el desafío que plantea el diagnóstico es pasar de una recuperación de los agregados macroeconómicos a una recuperación más extendida de los ingresos disponibles. La desaceleración de la inflación constituye una condición necesaria para recomponer el poder adquisitivo, pero el relevamiento muestra que no resulta suficiente por sí sola para reactivar el consumo masivo.
La variable decisiva será, entonces, cuánto de la mejora macroeconómica consigue convertirse en ingreso disponible para la mayoría de los hogares. Mientras el 78% permanezca por debajo del promedio nacional, la cifra de $2,8 millones seguirá describiendo mejor la posición de una minoría que la realidad económica de la mayoría de las familias.
En ese sentido, el problema del consumo no parece ser solamente de confianza o de expectativas. También es un problema de distribución del ingreso y de capacidad efectiva de compra. Para que el consumo masivo vuelva a funcionar como motor de la actividad, la recuperación deberá atravesar esa brecha: no alcanza con que mejore el promedio si la mayor parte de los hogares todavía no recuperó el ingreso necesario para gastar.
Agosto llega con números que dicen mucho. El Presupuesto 2027, presentado el viernes por el gobernador Hugo Passalacqua, exhibe una radiografía del momento político, trasciende la discusión contable y se convierte en una definición política. En un país donde el Gobierno nacional decidió retirarse de áreas históricamente financiadas por el Estado -desde la obra pública hasta programas de salud, educación y asistencia-, Misiones opta por recorrer el camino inverso.
La carta enviada por Passalacqua a la Legislatura no deja margen para interpretaciones: enumera los fondos que dejaron de llegar, advierte sobre el impacto de la desregulación y la apertura económica en una provincia de frontera y sostiene que será el Estado provincial el que absorberá esas responsabilidades. Es, en los hechos, un manifiesto sobre el rol del Estado frente al modelo libertario.
La decisión de destinar el 63% del presupuesto a inversión social y otro 14% al desarrollo económico mediante la reactivación de obras es otra declaración de principios. Mientras la Nación plantea que el mercado debe reemplazar al Estado, Misiones reafirma que hay funciones que no pueden quedar libradas a esa lógica: la educación, la salud, la infraestructura y la contención social. El Presupuesto 2027 no solo proyecta cómo se administrarán 5,2 billones de pesos; fija la posición política de una provincia que elige sostener un modelo propio, aun cuando eso implique financiar con recursos locales obligaciones que antes eran compartidas con la Nación.
No es una posición aislada. Los productores yerbateros expresan hoy la necesidad de un Estado que brinde respaldos y ponga un poco de equilibrio en el mercado tras la desregulación que impuso el presidente Javier Milei. El derrumbe de los precios de la materia prima dejó desguarnecidos a los protagonistas de una de las principales economías de Misiones. Las palabras del obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez expresan con claridad la preocupación: “Todo proyecto económico que no incluya a la gente no nos sirve para nada”.
Foto gentileza Marcos Otaño.
Martínez recibió en el Obispado a los productores y les dio un fuerte respaldo. Durante la reunión surgió la propuesta de conformar una mesa de emergencia que permita articular respuestas entre distintos actores sociales e institucionales. Martínez recordó que la Diócesis cuenta con la Comisión de Justicia y Paz, organismo que ya intervino en otras etapas críticas de la historia argentina, especialmente durante la crisis de 2001, año bisagra también para la yerba mate, ya que fue cuando germinaron los tractorazos después de otra década de desregulación. La crisis yerbatera ya dejó de ser un problema de “los productores”, algunos que vuelven a ser protagonistas 25 años después. La caída del precio de la materia prima se traduce en menos ingresos para los pueblos, menos dinero circulante, jóvenes que no pueden estudiar porque no les alcanza para pagar el alquiler en las ciudades. Un efecto derrame a la inversa.
Más allá de la coyuntura yerbatera, Martínez amplió el análisis hacia el rumbo económico nacional. Reconoció que la estabilidad macroeconómica constituye un objetivo compartido, pero advirtió que pierde legitimidad cuando no mejora la vida cotidiana de la población.
“Todos queremos estabilidad económica. Pero si esos números cierran sin la gente, si aumenta la pobreza, si cierran comercios, si se pierden fuentes de trabajo y se deteriora la vida social, entonces ese modelo nos daña profundamente”, sostuvo.
Durante la conferencia también fue consultado sobre el debate nacional en torno al proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. El obispo recordó que tanto la Conferencia Episcopal Argentina como la Pastoral Social ya manifestaron su rechazo a la iniciativa.
Explicó que la Doctrina Social de la Iglesia reconoce el valor de la propiedad privada, pero rechaza su concepción absoluta cuando entra en conflicto con el bien común. En esa línea, advirtió sobre la necesidad de proteger los recursos estratégicos del país frente a intereses económicos globales.
«Nos trae mucha preocupación», afirmó, al recordar que el documento «La tierra no es una mercancía» ya fijó la posición de la Iglesia sobre la iniciativa.
“Si se absolutiza la propiedad privada de empresas que pueden comprar tierras y recursos estratégicos, es un tema de extrema gravedad”, advirtió.
En ese contexto, pidió a los tres senadores nacionales por Misiones y a los diputados nacionales que analicen cuidadosamente el proyecto.
“Les decimos que piensen mucho, porque se ponen en juego muchas cosas. Que voten desde su conciencia y no desde estrategias políticas”, expresó.
Al menos dos de los senadores -Sonia Rojas Decut y Carlos Arce- votarán en contra del artículo más polémico, tras el planteo de Passalacqua. En contraste, el PROlibertario Martín Goerling, votará a favor.
El reordenamiento tras la implosión de la Renovación, marca que Passalacqua hoy tiene el respaldo de la mayoría de los intendentes y de al menos quince diputados provinciales -dos o tres más meditan en silencio-, a los que se sumarían algunos de otros partidos. En Encuentro Misionero, con Carlos Rovira quedan entre cuatro y cinco.
Hoy las encuestas marcan que el Gobernador disparó su intención de voto, con un potencial de crecimiento, que rompería la lógica de tercios que imaginaba la oposición.
Uno de los puntos altos en los sondeos es la valoración de Passalacqua como gobernador en tiempos turbulentos. La mención al 2001 que se hizo en la reunión de yerbateros con el Obispo, no parece una exageración. La crisis social de entonces tiene muchos puntos en común con la actualidad. La Argentina atraviesa una tormenta de pérdida de empleos, ingresos de miseria, cierre de empresas y sometimiento a los organismos de crédito internacional, como el Fondo Monetario Internacional, que ahora tiene una silla en las reuniones de gabinete de Javier Milei.
Passalacqua ha decidido tomar distancia de ese escenario y recuperar autonomía en y desde Misiones. El diseño del Presupuesto -el primero de un nuevo tiempo-, expresa esa diferencia. Blinda los recursos de las áreas sociales y busca estimular la economía con incentivos directos.
No son decisiones aisladas. Cuando amaneció julio, la eliminación de la llamada “Aduana Paralela” empezó a mostrar el rumbo. Con el fin de las retenciones automáticas sobre billeteras virtuales, transferencias bancarias, cuentas en moneda extranjera y operaciones bursátiles, que comienzan a regir en este agosto, Misiones comenzó a desmontar un esquema que durante años funcionó como un anticipo permanente de Ingresos Brutos. Para los monotributistas de hasta categoría D, el cambio implica recuperar alrededor de $40.000 por cada millón de pesos que circula por sus cuentas: dinero que deja de quedar inmovilizado en el Estado y vuelve a financiar consumo, capital de trabajo e inversión. Es una señal de alivio tributario que, en el contexto actual, tiene un impacto mucho más profundo que el mero ahorro administrativo.
Sin embargo, en los despachos oficiales admiten que la verdadera reforma todavía está por venir. Fuentes oficiales confirman que se trabaja en un plan integral para sanear los históricos saldos a favor acumulados por miles de contribuyentes, un problema que describen como una auténtica “bomba” fiscal y financiera.
El desafío es enorme: devolver o compensar esos créditos implica aliviar al sector privado, pero también representa un fuerte costo para las cuentas públicas. Por eso, el proyecto -que está en etapa de diseño junto a especialistas tributarios- busca una salida gradual y sostenible, evitando que el remedio termine desfinanciando al Estado.
Si prospera, esa sí podría convertirse en la reforma tributaria más trascendente de la gestión Passalacqua: no solo porque corregiría una distorsión histórica, sino porque modificaría de raíz la relación entre el fisco y quienes producen, invierten y generan empleo en Misiones.
Detrás de estas medidas asoma un cambio de filosofía tributaria. El objetivo ya no es maximizar la recaudación sobre los mismos contribuyentes, sino generar las condiciones para ampliar la actividad económica. En esa línea, ya se analizan rebajas de alícuotas de Ingresos Brutos para sectores específicos y una profunda revisión del impuesto automotor, uno de los tributos que más incentiva la radicación de vehículos en otras provincias. La premisa es sencilla: una economía más dinámica puede terminar generando más recursos que un esquema basado exclusivamente en aumentar la presión fiscal sobre quienes permanecen dentro del sistema.
Incluso si ese proceso demanda tiempo, el alcance político sería difícil de ignorar. De concretarse, Misiones podría terminar impulsando una de las reformas tributarias más profundas del país, en contraste con un Gobierno nacional que hizo de la baja de impuestos una de sus principales banderas, pero que hasta ahora no avanzó en una reforma estructural del sistema.
Por el contrario, la propuesta de rediseño del IVA que circula en la órbita nacional apunta a generalizar la alícuota, eliminando exenciones y tratamientos diferenciales: en los hechos, implicaría que alimentos esenciales como el pan o la leche tributen lo mismo que una gaseosa. La diferencia entre simplificar el sistema y trasladar una mayor carga sobre el consumo esencial no es menor.
Ahora Milei vuelve a la carga con una reforma del Banco Central que, vaya paradoja, en lugar de dinamitarlo como prometía, ahora propone blindarlo.
“La inflación se va a desplomar y el peso se va a fortalecer mucho cuando aprobemos la nueva Carta Orgánica del BCRA”, prometió el diputado nacional Diego Hartfield con una nueva meta a futuro, mientras que el presente marca un derrumbe agobiante de la economía y ocurre mientras el Gobierno agota el tiempo en diatribas, peleas constantes, incluso con su propia tropa, como la nueva embestida contra Victoria Villarruel, ahora de la mano de Diego Santilli, el nuevo ministro del Interior, heredado del macrismo y antes del peronismo.
El problema para Milei no son los rivales políticos ni su vicepresidenta, sino que la economía no da señales de aliento para los sectores postergados y los millones de argentinos que no llegan a fin de mes.
Los únicos elogios a la marcha de la economía son del propio ministro de Economía, Luis Caputo, otro heredado del macrismo, y de Kristalina Georgieva, la presidenta del Fondo Monetario Internacional que celebra que el país esté haciendo bien los deberes.
Kristalina vino a la Argentina a monitorear el plan acordado con el Caputo mileísta para sostener el respaldo del FMI y cumplir con las cuotas del préstamo tomado por el Caputo macrista, aquellos US$57.000 millones. Ese préstamo que la Auditoría General de la Nación sostiene que fue asumido sin seguir el circuito administrativo previsto para este tipo de endeudamiento, sin actos administrativos de aprobación, sin análisis suficientes sobre costos, riesgos y sostenibilidad y con graves falencias de transparencia.
La AGN documenta que ni siquiera quedaron debidamente registrados los fundamentos técnicos que justificaron ampliar el préstamo de US$50.000 a US$57.000 millones.
La ironía de la historia es difícil de ignorar. Ocho años después, Luis Caputo vuelve a ser el ministro que negocia con el Fondo Monetario Internacional. Ya no frente a Christine Lagarde, sino ante Kristalina Georgieva, recibida con honores en la Argentina, sentada en una reunión de Gabinete y paseada por Vaca Muerta, el activo económico más relevante del país.
Cuando Georgieva afirmó en Buenos Aires que Bulgaria “sabe” lo que significa atravesar un ajuste, apeló a una experiencia nacional traumática para legitimar el programa argentino. Pero el ejemplo búlgaro admite una lectura bastante menos celebratoria que la presentada por la directora del FMI. El plan de 1997 logró frenar la hiperinflación y estabilizar la moneda, pero lo hizo después de una destrucción masiva de salarios, jubilaciones y ahorros, y mediante privatizaciones aceleradas, cierres de empresas, desempleo y una fuerte retracción del Estado. La estabilidad llegó, aunque acompañada por desigualdad, pobreza persistente y una emigración que vació regiones enteras del país.
El paralelo con la Argentina no reside solamente en la inflación o en el déficit fiscal, sino en la lógica del tratamiento: ante una crisis profunda, el FMI vuelve a presentar la disciplina monetaria, el ajuste del gasto, la apertura y la desregulación como un sacrificio inevitable cuyo beneficio aparecerá más adelante. Georgieva sostuvo que la transformación argentina es “difícil” y recordó que Bulgaria atravesó “tiempos muy duros”, pero aseguró que la perseverancia finalmente dio resultados. El interrogante es quién soporta esos tiempos duros y quién captura los beneficios posteriores. En Bulgaria, el equilibrio macroeconómico no impidió que décadas después el país continuara entre los más desiguales y pobres de la Unión Europea.
Si Bulgaria es el ejemplo que propone Georgieva, conviene mirar la película completa y no sólo el final. Sí, derrotó la hiperinflación y estabilizó su economía. Pero también perdió cerca de una cuarta parte de su población desde 1990, sufrió una emigración masiva de jóvenes y profesionales, desmanteló buena parte de su aparato industrial y aún hoy exhibe los mayores niveles de desigualdad y riesgo de pobreza de toda la Unión Europea. El ajuste ordenó las cuentas; nunca terminó de recomponer el tejido social. La verdadera discusión es qué país queda en pie después de esa estabilización.
