La morosidad de las familias argentinas alcanzó en febrero de 2026 un nuevo máximo histórico y expone con crudeza el deterioro del poder de pago de los hogares. Según un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis de Gestión (IAG) en base a datos del Banco Central de la República Argentina (Banco Central de la República Argentina), el 11,2% de los créditos de las familias presenta atrasos superiores a 90 días, el nivel más alto de toda la serie iniciada en 2010.
El dato no solo marca un récord absoluto, sino que confirma una tendencia persistente: ya son 17 meses consecutivos de suba en la morosidad familiar. Desde julio de 2025, este indicador rompe su propio techo mes tras mes, superando ampliamente el máximo previo de 5,1%, que había funcionado como techo histórico durante más de una década.
El deterioro golpea especialmente en los créditos personales, donde el 13,8% de las operaciones ya se encuentra en situación irregular. En tarjetas de crédito, la mora alcanza el 11,6%, mientras que en los créditos prendarios se ubica en 6,8%.
El fenómeno no se limita a los hogares. Las empresas también muestran señales de tensión financiera: la morosidad corporativa llegó al 2,9% en febrero y acumula 15 meses consecutivos de aumento, aunque todavía sin alcanzar niveles récord comparables con los de las familias.
Una crisis más profunda de lo que muestran los bancos
El informe advierte que la situación real de las personas es todavía más grave que la reflejada por los indicadores bancarios tradicionales.
El Banco Central mide la morosidad como el monto moroso sobre el total del crédito otorgado, una metodología útil para evaluar el riesgo sistémico del sistema financiero, pero que puede subestimar el drama cotidiano de los hogares.
Cuando se observa la cantidad de personas morosas —y no solo el peso monetario de sus deudas— el panorama se agrava de manera contundente: el 25,5% de las personas humanas del país tiene al menos una deuda en situación irregular, es decir, con atrasos de tres meses o más.
En cambio, la medición tradicional sobre montos muestra una mora total de 15,5%.
Récord de morosidad en Argentina
Febrero 2026 | Fuente: IAG en base a BCRA
Indicador
Valor
Morosidad total de familias
11,2%
Créditos personales en mora
13,8%
Tarjetas de crédito en mora
11,6%
Créditos prendarios en mora
6,8%
Morosidad de empresas
2,9%
Deuda total en mora (por monto)
15,5%
Personas con al menos una deuda impaga
25,5%
Desde julio de 2025, la morosidad de las familias rompe récords todos los meses. La serie histórica comenzó en 2010 y nunca había superado el 5,1%.
La diferencia responde a un fenómeno claro: quienes deben montos más pequeños son hoy proporcionalmente más morosos que quienes arrastran deudas más grandes. Como esos pasivos pesan menos en el total de pesos adeudados, quedan parcialmente invisibilizados en la estadística clásica.
Esto significa que millones de personas enfrentan situaciones de asfixia financiera cotidiana —atrasos en cuotas, refinanciaciones forzadas, pagos mínimos o directamente incumplimientos— aunque su situación no impacte con igual fuerza en la contabilidad bancaria.
Consumo en tensión y deterioro del ingreso
El avance de la mora refleja la persistente fragilidad del ingreso real, especialmente en sectores medios y asalariados informales, que enfrentan aumentos acumulados en servicios, alimentos, tarifas y financiamiento, con salarios que no logran recomponerse al mismo ritmo.
La expansión del crédito al consumo durante 2024 y 2025 permitió sostener transitoriamente niveles de gasto, pero también dejó una estructura más expuesta a la suba del endeudamiento y a la incapacidad de cancelarlo.
El resultado es una economía donde crece el uso del financiamiento para sostener gastos corrientes y, al mismo tiempo, aumenta la imposibilidad de cumplir con esos compromisos.
La mora récord de febrero no solo es una señal de alerta para los bancos: es, sobre todo, una radiografía del deterioro social y financiero de las familias argentinas.
La cantidad de cheques rechazados por falta de fondos volvió a encender una señal de alerta en la economía argentina. Durante marzo de 2026, se registraron cerca de 112.000 cheques rechazados, más del doble que en el mismo mes del año pasado, cuando la cifra rondaba los 55.000. El dato refleja un deterioro en la capacidad de pago de empresas y particulares, en un contexto donde la cadena de pagos sigue mostrando fragilidad y mayores niveles de estrés financiero.
Según el último informe de pagos minoristas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el incremento también fue significativo en la comparación mensual: los rechazos crecieron 24,4% respecto de febrero, cuando se habían contabilizado unos 90.000 cheques sin fondos. Además, se trata del nivel más alto de los últimos doce meses, consolidando una tendencia ascendente tanto en cantidad como en monto de las operaciones impagas.
En términos proporcionales, la tasa de rechazo alcanzó el 2,2% sobre la cantidad de cheques compensados y el 1,6% sobre el monto total operado, valores superiores a los registrados en febrero y que más que duplican los niveles observados un año atrás, cuando apenas superaban el 1%.
Durante marzo, el sistema compensó un total de 5,1 millones de cheques por un monto de 22,4 billones de pesos. Dentro de ese universo, el segmento electrónico (ECHEQ) profundizó su predominio y concentró el 82,9% del monto total, equivalente a 18,6 billones de pesos.
Sin embargo, el dato más preocupante aparece en el monto rechazado: ascendió a 357.800 millones de pesos, con una suba nominal de 21% frente a febrero. Si se descuenta el efecto inflacionario, el incremento real mensual fue de 14,2%, mientras que en la comparación interanual el salto real supera el 59,8%.
El fenómeno revela una creciente dificultad de financiamiento en el sector privado, especialmente en pequeñas y medianas empresas que siguen utilizando el cheque como herramienta central para sostener capital de trabajo y pagos corrientes. El aumento de los rechazos suele ser leído como un termómetro directo del nivel de tensión en la actividad económica.
El avance de los pagos digitales
En paralelo, el informe del BCRA muestra una transformación acelerada en los sistemas de pago. Las transferencias inmediatas “push” alcanzaron 731,5 millones de operaciones en pesos durante marzo, con una suba interanual del 25,6%, y movilizaron 82,2 billones de pesos, consolidándose como el principal motor del sistema de pagos.
También crecieron con fuerza los pagos con transferencia interoperables (PCT), que totalizaron 100,8 millones de operaciones, un 62,7% más que un año atrás. El 98,8% de estas transacciones se realizó mediante códigos QR, confirmando el fuerte desplazamiento de los métodos tradicionales hacia soluciones digitales.
En este escenario, mientras el uso de tarjetas de débito y crédito muestra caídas en cantidad de operaciones y montos reales, los pagos electrónicos ganan protagonismo. Pero la persistencia del problema de los cheques rechazados expone que, detrás de esa modernización financiera, persisten serias dificultades de liquidez en buena parte del entramado productivo.
Un informe de la consultora Focus Market revela que los hogares argentinos registran un fuerte cambio en su patrón de endeudamiento: aumenta el uso del crédito bancario, cae la deuda informal y se dispara la morosidad, especialmente en préstamos personales y tarjetas. La deuda total supera los $39 billones y ya equivale a más de tres salarios promedio por hogar endeudado.
El crédito se convirtió en uno de los principales motores del consumo en la Argentina, pero también empieza a mostrar señales de tensión. Según un informe elaborado por la consultora Focus Market, las familias argentinas acumulan actualmente más de $39 billones en deudas, con un marcado desplazamiento desde el endeudamiento informal hacia el financiamiento bancario formal, aunque acompañado por un preocupante crecimiento de la mora.
Del total relevado, $32,1 billones corresponden a deuda bancaria y $6,9 billones a deuda no bancaria. La diferencia también se refleja en los montos promedio: mientras cada hogar endeudado con bancos registra en promedio $5.702.809, la deuda no bancaria promedia $1.149.431.
El estudio fue realizado sobre una muestra de 2.670 hogares, complementado con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del tercer trimestre de 2025 y estadísticas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La radiografía muestra una transformación profunda respecto de años anteriores.
En 2023, apenas el 41,3% de los hogares tenía deuda bancaria, mientras que el 82,6% mantenía algún tipo de deuda no bancaria. En 2025 esos porcentajes pasaron a 47,9% y 61,6%, respectivamente, y en 2026 la tendencia se profundizó: el endeudamiento bancario alcanzó al 55,1% de los hogares, mientras que la deuda informal retrocedió al 59%.
La brecha entre ambos sistemas —que en 2023 superaba los 40 puntos porcentuales a favor del endeudamiento informal— hoy se redujo a menos de cuatro puntos, marcando una fuerte reversión del patrón histórico de financiamiento de las familias argentinas.
El crédito formal gana terreno
El director de Focus Market, Damián Di Pace, explicó que este fenómeno responde a un cambio estructural en el sistema financiero.
“El avance del crédito en Argentina está siendo el gran sostén del consumo para una parte importante de la población que antes no tenía acceso ni volumen suficiente para financiarse en el sistema formal. Representa un factor clave para dinamizar la actividad económica y promover una mayor inclusión financiera”, sostuvo.
Según el BCRA, el stock de préstamos al sector privado alcanzó en enero de 2026 el 13,6% del Producto Bruto Interno, más que duplicando el 5,2% registrado cuando Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023.
En términos concretos, el crédito prácticamente se duplicó en los últimos dos años, con una fuerte incidencia del financiamiento destinado a los hogares.
“El principal factor detrás de esta expansión es la menor absorción de recursos por parte del Estado, lo que liberó capacidad prestable del sistema financiero hacia el sector privado”, explicó Di Pace.
Y agregó: “A esto se sumaron la desaceleración inflacionaria y una mayor previsibilidad económica, que mejoraron la confianza tanto de los hogares como de las entidades financieras”.
La deuda bancaria promedio por hogar también escaló con fuerza: pasó de $377.664 en 2023 a $4.660.549 en 2025 y a $5.702.809 en 2026. En términos salariales, eso implica que la deuda típica pasó de representar 1,43 salarios promedio a superar los 3,46 salarios registrados del sector formal (RIPTE).
La contracara: la mora se cuadruplicó
Pero el crecimiento del crédito no llega solo. La principal alarma está en el aumento de la morosidad.
El ratio de irregularidad —la proporción de deuda en mora— pasó del 2,7% en enero de 2025 al 10,6% en enero de 2026, casi cuadruplicándose en apenas doce meses.
Los préstamos personales son los más comprometidos: su tasa de irregularidad saltó del 3,5% al 13,2%, es decir, más de uno de cada ocho pesos prestados presenta atrasos en los pagos.
Las tarjetas de crédito siguieron una trayectoria similar, con un salto del 2% al 11%. En cambio, los créditos hipotecarios se mantuvieron estables en torno al 1%, reflejando una mayor disciplina de pago cuando hay una vivienda como garantía.
El dato más crítico aparece en la categoría “otros préstamos”, donde la mora escaló del 10,7% al 31,9%, con casi un tercio de la cartera en situación irregular.
El informe advierte que muchos hogares que lograron ingresar al sistema formal de crédito ahora enfrentan crecientes dificultades para sostener sus pagos, en un escenario donde los salarios reales aún no logran recomponerse plenamente y el costo de vida continúa presionando sobre los ingresos familiares.
La deuda informal sigue alta
Aunque pierde peso relativo, la deuda no bancaria sigue siendo masiva. A comienzos de 2026 involucra a 6.038.564 hogares —el 59% del total— con un stock promedio de $1.116.013 y un total acumulado de $6,7 billones.
Aquí conviven realidades muy distintas: préstamos entre familiares, cuotas escolares impagas, impuestos atrasados, expensas sin pagar, servicios vencidos y financiamiento informal de cercanía.
El mayor peso está en los préstamos personales fuera del sistema bancario, que representan el 46,6% del total, con un promedio de $2.290.258 por hogar. Le siguen el no pago de impuestos (20,8%) y los préstamos entre familiares o amigos (15,9%).
Este último dato resulta particularmente relevante: en 2025 los préstamos entre conocidos representaban el 35,4% de la deuda no bancaria, pero ahora cayeron casi veinte puntos porcentuales.
Para Focus Market, esto podría indicar que el tradicional “colchón” de solidaridad familiar comienza a agotarse, obligando a muchas familias a buscar otras alternativas de financiamiento.
Preocupan las deudas básicas
Otro dato sensible es el crecimiento de las deudas vinculadas a gastos esenciales.
El no pago de expensas pasó del 1,4% al 4,9%; las cuotas educativas impagas subieron del 0,7% al 3,1%; y las deudas por servicios escalaron del 2,3% al 5,4%.
Se trata de indicadores especialmente delicados porque reflejan dificultades para sostener gastos corrientes y no consumos extraordinarios. El repunte de estas variables en 2026 aparece como una señal de alerta sobre la capacidad de pago de los sectores más vulnerables.
Di Pace señaló que la baja de tasas puede ayudar a contener esta dinámica, aunque advirtió que no alcanza por sí sola.
“La baja de la tasa de interés cumple un rol central en la dinámica de endeudamiento de los hogares en Argentina. Una reducción del costo del crédito alivia la carga de los servicios de deuda, mejora la capacidad de pago y contribuye a moderar los niveles de mora”, explicó.
Sin embargo, remarcó que “para que este mecanismo sea sostenible, debe estar acompañado por estabilidad macroeconómica y previsibilidad en los ingresos, evitando que una expansión del crédito derive en nuevos desequilibrios”.
“Entramos en un proceso virtuoso en el cual los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”, aseguró hace poco más de diez días el ministro de Economía, Luis Caputo. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, aún con una evidente intervención oficial, no comparte los mismos datos: el estimador mensual de la actividad económica echó un balde de agua fría sobre el optimismo del ministro reincidente. Una caída de 2,1 por ciento interanual y de 2,6 por ciento en comparación con enero, que había marcado una efímera ilusión de reactivación.
La industria manufacturera se desplomó 8,7% y el comercio mayorista, minorista y reparaciones cayó 7,0%. Entre ambos sectores, que son los que más empleo contienen -y drenan- restaron 2,2 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE, más de lo que aportaron los pocos sectores en expansión.
La industria pasó de crecer 5,1% interanual en febrero de 2025 a caer 8,7% un año después. El comercio recorrió un sendero similar: de una suba de 6,3% en febrero de 2025 a una baja de 7,0% en febrero de 2026. Ese cambio de signo no es menor. Habla de una economía que perdió tracción en sus actividades más ligadas al ingreso disponible, al crédito comercial y al consumo.El argumento de Caputo para la enésima explicación del fallido de sus pronósticos, fue que “en 2026, febrero contó con dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general”. Escasa solidez argumentativa para alguien a quien Marcos Peña definió alguna vez como el “Messi” de las finanzas.
Lo cierto es que la economía no da señales homogéneas de reactivación y, por el contrario, la inflación sigue siendo un problema crónico, lejos de los pronósticos de desaparición mágica. La de marzo fue de 3,4 por ciento, lo que aleja la promesa de inflación cero en agosto, septiembre u octubre, aunque el Gobierno se aferra a la fe de que ahora sí, bajará cuando pase el efecto alcista de la carne, de la guerra y de los útiles escolares.
La inflación convive con una caída constante del consumo incluso entre segundas marcas, con menores precios. En Misiones las ventas en supermercados cayeron 13,9% en comparación con febrero de 2025, lo que marcó la décima baja consecutiva y el descenso más profundo desde diciembre de 2024. El acumulado del primer bimestre cerró para Misiones con ventas por $ 48.729 millones con una merma del 10,7% respecto a igual período de 2025, además de quedar por debajo también de los primeros bimestres del 2024 (-10,7%) y 2023 (-35,9%).
Ese deterioro constante se hace sentir también en los recursos provinciales. La coparticipación no deja de caer y los recursos propios atraviesan un declive idéntico al de otras provincias.
No es casual que el foco del tiempo político inaugurado con la presentación en sociedad de Encuentro Misionero esté puesto en la economía y la necesidad que tiene la provincia de ser considerada de forma distinta por la Nación. Es el único espacio político que está pensando en “soluciones a la misionera”, mientras que la Libertad Avanza es apenas un apéndice de Buenos Aires -como los viejos partidos tradicionales- y el PJ y la UCR se desangran en sus internas cada vez menos convocantes.
Por eso la presentación en sociedad de Encuentro Misionero puso sobre la mesa el viejo anhelo de una zona libre de impuestos para Misiones, en medio de la negociación que se abrirá para aprobar la reforma fiscal que quiere el Gobierno nacional.
Misiones vuelve a blandir un reclamo histórico: condiciones fiscales diferenciadas para poder competir en igualdad con Paraguay y Brasil. La iniciativa busca instalar en la agenda nacional un régimen especial de exenciones impositivas y beneficios aduaneros que permita corregir las distorsiones estructurales que enfrenta la provincia por su condición de frontera.
El planteo no es nuevo, pero sí el contexto. La discusión se reabre ahora en el marco de la reforma fiscal que impulsa el Gobierno de Javier Milei, donde la provincia intenta colar un esquema propio que combine alivio tributario, incentivos a la inversión y reducción de costos logísticos. En esencia, es retomar el espíritu de la Zona Aduanera Especial aprobada por el Congreso, pero vetada por el anodino Alberto Fernández.
La diferencia es que ahora el planteo no se limita a una herramienta aduanera puntual, sino que propone un régimen integral, con impacto directo sobre consumo, producción, inversión y sistema financiero y que va de la mano de una de las promesas de campaña del Gobierno nacional: bajar impuestos. El régimen propuesto busca corregir la asimetría histórica donde Misiones aporta el 31% de la recaudación del NEA pero recibe solo el 21% por coparticipación. La “Amortización Acelerada” permitirá a las industrias locales modernizar su capital físico en la mitad del tiempo contable habitual, fomentando la industrialización de la ruralidad y la tecnología.
El eje del proyecto pasa por el Impuesto al Valor Agregado, el tributo con mayor incidencia directa en la formación de precios.
La propuesta es clara: las ventas desde el resto del país hacia Misiones serían consideradas una “exportación suspensiva”. En la práctica, esto implica que un proveedor de Buenos Aires vendería a Misiones sin IVA. Los análisis técnicos del equipo de Encuentro Misionero detallan que como Misiones representa el 2,07% del PBI nacional, la retención de impuestos nacionales en el territorio provincial inyectaría liquidez masiva al mercado local. Una eliminación o reducción del IVA implicaría que aproximadamente $890.000 millones anuales dejarían de salir de la provincia para quedarse en manos de consumidores y comercios locales.
En tanto, una reducción de la tasa del Impuesto a las Ganancias, del 35% al 15% liberaría cerca de $530.000 millones para reinversión productiva y creación de empleo. También se pretende la eliminación del Impuesto al Cheque (1,2%), lo que permitiría recuperar hasta un 10% del margen neto en sectores estratégicos como el yerbatero, tealero y maderero.
La crisis de las economías regionales es evidente, incluso para aquellos que eligieron la opción libertaria en 2023. La pérdida de rentabilidad atraviesa a las principales actividades misioneras, como la madera, el té o la yerba, afectados por el aumento de los costos de producción, principalmente empujados por las tarifas eléctricas y el combustible.
Esa situación fue uno de los ejes de la cumbre yerbatera convocada por el Gobierno para analizar la situación de la cadena. La producción es la más dañada, pero la industria pudo exponer su situación que no escapa de la palabra crisis, aún en aquellas protagonistas del boom exportador.
El cuadro de la cadena yerbatera muestra un descalce extremo entre costos y precios que explica el deterioro del sector productivo. Con un costo estimado por el INYM de $423,99 por kilo y un precio teórico con margen del 30% de $551,19, el productor terminó recibiendo en promedio apenas $240 por kilo, lo que implica una pérdida directa de $311,19 por kilo. Proyectado sobre una producción de 889.253.082 kilos de hoja verde en 2025, el resultado es una transferencia negativa de ingresos de $276.726 millones, equivalentes a unos USD 200 millones.
A marzo de 2026, el deterioro de la ecuación económica se profundiza sin freno. El costo de producción, ajustado por una inflación acumulada del 16,8% entre octubre y marzo, pasa de $423,99 a $495,22 por kilo, lo que eleva el precio teórico con margen al $643,79. Sin embargo, el precio efectivamente pagado al productor se mantiene en torno a los $240, lo que eleva la pérdida a $403,79 por kilo.
Proyectado sobre el mismo volumen de producción de 2025 (889 millones de kilos), la transferencia negativa de ingresos asciende a $359.071 millones, equivalentes a unos USD 260 millones. Es decir, lejos de corregirse, el descalce entre costos y precios se agrava, consolidando un esquema en el que el productor absorbe cada vez una mayor porción de la crisis de la cadena.
En paralelo, los datos del sector industrial refuerzan el cuadro de fragilidad. Entre 2023 y 2025, las ventas en el mercado interno pasaron de 285,3 millones de kilos a 266,8 millones, lo que representa una caída acumulada del 7,1%.
Sin embargo, en ese mismo período, la deuda bancaria de los principales molinos saltó de $100.170 millones a $153.580 millones, con un incremento del 53,5%. La combinación de caída de ventas y fuerte aumento del endeudamiento contrasta con los autoelogios del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien suele usar a la yerba para celebrar los efectos de la desregulación.
Por eso fue un dato político la participación activa de la industria en la Mesa Yerbatera convocada por el Gobierno. Lejos de un acuerdo -los intereses y las realidades son contrapuestas-, fue un avance haber logrado que se escuchen en un marco de respeto, que incluso dejó fuera de la discusión a los más exaltados libertoyerbateros, que azuzaron con cortes de ruta sin consenso. El Gobierno provincial busca mediar entre las partes, acercar posiciones ante la inactividad del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
En esa lógica se inscribe el reclamo a Nación. En buscar soluciones locales a la retirada del Gobierno federal. El plan impositivo pretende reducir el costo de reposición para comerciantes y empresas. Por el otro, trasladar ese alivio a precios finales más bajos en góndola, mejorando la competitividad frente a las ciudades fronterizas.
El capítulo aduanero retoma directamente la lógica de la Zona Aduanera Especial, pero con mayor nivel de detalle operativo.
Entre las medidas más relevantes se destacan la importación sin aranceles de bienes de capital e insumos destinados a la producción en Misiones, facilidades para reexportación, permitiendo importar componentes, ensamblarlos localmente y exportarlos pagando tributos sólo sobre el valor agregado y eliminación de retencionespara productos misioneros, como yerba mate, té y madera.
El paquete se completa con medidas sobre otros tributos clave, como la eliminación del ITC en combustibles, buscando equiparar o incluso abaratar el precio de la nafta respecto a Paraguay. Implicaría un ahorro directo para el consumidor, con una rebaja de más de 15 mil pesos por tanque a valores actuales. Asimismo, se plantea la exención de Bienes Personales para activos radicados en la provincia, con el objetivo de retener ahorro local y la reducción de impuestos internos, especialmente en sectores con fuerte impacto en costos logísticos, además de un punto especialmente sensible para la provincia: alícuota cero o exención para servicios básicos como energía eléctrica, conectividad e internet, en un territorio que no cuenta con gas natural y donde la logística encarece fuertemente los costos operativos.
En conjunto, el esquema apunta a atacar uno de los principales problemas estructurales de Misiones: el costo de operar en una economía periférica, sin gas natural, con alta dependencia del transporte y en competencia directa con países con menor carga tributaria.
El trasfondo del debate es más profundo que una serie de exenciones. Lo que está en juego es el modelo de desarrollo para una provincia de frontera.
Misiones compite todos los días con Paraguay y Brasil, donde los precios son más bajos no solo por tipo de cambio, sino por estructuras impositivas mucho más laxas, en el caso guaraní o agresivas, del lado portugués. Esa asimetría se traduce en fuga de consumo, presión sobre el comercio local y menor capacidad de inversión.
El reclamo a la Nación se combina con un “mini Rigi”, que comenzará a ser discutido en la Legislatura una vez que comiencen las sesiones ordinarias, tras el discurso del gobernador Hugo Passalacqua el próximo viernes. Se trata de incentivos fiscales para la inversión. Cinco años de exención total de Ingresos Brutos, más cinco años adicionales con una bonificación del 50%, condicionados al aporte real del proyecto en términos de empleo, proveedores locales y valor agregado en origen. A esto se suman criterios explícitos de evaluación -innovación, sostenibilidad, biodiversidad y transparencia- que refuerzan la idea de un régimen con control efectivo. El plan fija pisos mínimos de inversión diferenciados por sector, lo que permite segmentar el tipo de proyectos a captar: desde USD 200.000 para economía del conocimiento, pasando por USD 600.000 en industrialización y manufactura avanzada, hasta USD 1,5 millones en turismo estratégico y conectividad y USD 2 millones en energías renovables. Esta escala confirma que la provincia no apunta exclusivamente a grandes capitales, sino que busca abrir la puerta a inversiones medianas con capacidad de generar impacto directo en el entramado productivo local.
Passalacqua también hará hincapié en la necesidad de recuperar una visión “federal” del reparto de recursos y la economía. Aunque parezca una discusión de otros tiempos, el debate sigue siendo federales o unitarios, algo que los sucesivos inquilinos de la Casa Rosada no han sabido corregir.
El Gobernador misionero hará un repaso, casi en modo historiador, de esa tensión y marcará que, pese a la contracción económica, Misiones no deja de hacer. Con recursos propios, con ingeniería financiera. La línea de 132 que unirá Posadas, Alem y Oberá, la ruta en El Soberbio, con nueve mil millones de inversión, son algunas de las acciones de los últimos meses.
Passalacqua también hará frente a un debate que pretende instalar la Libertad Avanza: el costo fiscal misionero. El Gobernador sostiene que es un mito que se debe combatir: según sus datos, Misiones no es, por lejos, la provincia con mayor presión tributaria.
En supermercados y autoservicios mayoristas, el segundo trimestre arranca con una sensación ambigua. La encuesta del INDEC muestra que lo peor del humor empresario podría haber quedado atrás, pero la mejora todavía no se traduce en decisiones expansivas. El Indicador de Confianza Empresarial se ubicó en -6,2% en marzo: sigue en terreno negativo, aunque bastante menos deteriorado que la industria y lejos de los pisos observados en etapas más críticas de la serie. Es un dato que habla más de estabilización que de rebote.
La foto actual del sector sigue siendo adversa. En marzo, 37,3% de las empresas definió como mala su situación comercial, mientras apenas 5,3% la evaluó como buena. El balance fue de -32,0%, lo que confirma que el negocio aún opera bajo tensión. Sin embargo, cuando se consulta por el trimestre abril-junio, el resultado cambia de signo: 16,0% espera una mejora, 14,7% prevé un empeoramiento y 69,3% cree que todo seguirá igual. El balance positivo, de 1,3%, es mínimo, pero rompe con la lógica enteramente contractiva.
Esa diferencia entre presente malo y futuro apenas mejor ilustra bastante bien el momento del comercio mayorista. Las empresas ya no esperan un desplome adicional, pero tampoco muestran convicción suficiente como para acelerar compras, ampliar dotaciones o asumir riesgos operativos. De hecho, el dato más elocuente de esa prudencia aparece en la relación con proveedores: para los próximos tres meses, apenas 1,3% de las firmas espera aumentar el volumen de pedidos, mientras 24,0% prevé una reducción. El balance se hunde a -22,7%. En lenguaje de negocios, esto significa que los mayoristas no están apostando a una recomposición vigorosa de ventas.
También los stocks revelan una lógica defensiva. En marzo, 25,3% de las empresas dijo tener existencias por debajo de lo normal, contra 13,3% que las ubicó por encima, con un balance de -12,0%. No parece tratarse de una sobreacumulación, sino más bien de inventarios administrados con cautela, coherentes con un mercado que todavía no garantiza una demanda firme.
La principal limitación para expandir la actividad comercial sigue siendo, con claridad, la demanda. El 58,7% de las firmas la ubicó como el factor que más restringe el crecimiento del negocio. Es un peso incluso mayor que el registrado tres meses atrás, cuando marcaba 55,8%. El segundo factor, bastante más atrás, es el costo laboral, con 17,3%, aunque en este caso cayó fuerte respecto del 28,6% previo. En cambio, el costo de financiamiento subió de 3,9% a 6,7%, lo que sugiere que, aunque la demanda es el problema dominante, el frente financiero vuelve a ganar relevancia en la gestión cotidiana.
La situación financiera de las empresas no aparece colapsada, pero sí bajo presión. Solo 9,3% la considera buena, mientras 24,0% la define como mala; el balance es de -14,7%. El acceso al crédito, además, sigue siendo claramente restrictivo: apenas 2,7% lo califica como fácil y 30,7% como difícil, con un balance de -28,0%. Para un sector que opera con márgenes finos, alta rotación y necesidad permanente de capital de trabajo, esa restricción es decisiva.
Un aspecto interesante del informe es el comportamiento de la competencia. En los últimos tres meses, 20,0% de las firmas dijo que aumentó la competencia en su sector, contra 6,7% que percibió una disminución, con un balance de -13,3%. En otras palabras, aun con demanda floja, el mercado sigue tensionado por jugadores que disputan volumen, precio y participación. Esa mayor presión competitiva suele traducirse en promociones, menores márgenes y estrategias más agresivas para sostener flujo de ventas.
El dato más sensible del relevamiento, quizá, está en el empleo. Para los próximos tres meses, ninguna firma prevé aumentar la cantidad de personas empleadas; 76,0% cree que no habrá cambios y 24,0% espera una reducción. El balance es de -24,0%, uno de los registros más duros del informe. Es una señal inequívoca: aun cuando la expectativa sobre la situación comercial deja de ser negativa, el sector no está dispuesto a traducir esa mejora marginal en nuevas contrataciones. Al contrario, sigue priorizando eficiencia y ajuste.
En precios, la dinámica continúa muy activa. Durante el último mes, 65,3% de las empresas afirmó haber aumentado sus precios promedio de venta y solo 1,3% dijo haberlos bajado. Hacia adelante, para el próximo trimestre, 69,3% espera nuevas subas, 29,3% cree que permanecerán sin cambios y 1,3% proyecta bajas. El mensaje es claro: aunque la demanda siga siendo el principal problema, la recomposición de precios no se detiene.
