Economía Regional

Emergencia yerbatera: Passalacqua recibió un proyecto para fijar un precio sostén y proteger a pequeños productores

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La crisis de la producción primaria de yerba mate dio un nuevo paso hacia la búsqueda de una respuesta institucional. Tras reunirse con el gobernador Hugo Passalacqua, representantes de asociaciones de productores y de los tareferos entregaron un proyecto de ley que propone declarar la emergencia yerbatera en Misiones y crear un régimen extraordinario para proteger a los pequeños productores mediante la fijación de un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde. La iniciativa busca contener una situación que, según los impulsores, ya dejó de ser un problema sectorial para convertirse en una amenaza para la economía provincial.

El abogado de las asociaciones de productores, Federico Padolsky, explicó a Economis que el encuentro permitió abrir una instancia de trabajo con el Ejecutivo provincial. “Le presentamos un proyecto de ley de emergencia. Entendemos que se tiene que decretar la emergencia yerbatera en la provincia de Misiones. El gobernador nos escuchó y nos dijo que estaba totalmente de acuerdo con lo que le comentaron tanto tareferos como productores”, señaló.

Como resultado de la reunión, las partes acordaron conformar una mesa de trabajo para revisar la iniciativa y darle forma definitiva antes de enviarla a la Cámara de Representantes de Misiones para su tratamiento legislativo.

De la reunión participaron el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori; referentes de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), encabezados por Hugo Sand; representantes del INYM, de la Asociación del Alto Uruguay, de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, de la Cooperativa Río Paraná y del Movimiento Agrario de Misiones, además de integrantes del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), del Sindicato de Tareferos de Jardín América (SITAJA), de la UATRE y de la Asociación Civil de Tareferos de la Zona Centro.

Productores esperando ser recibidos por el Gobernador de Misiones

“Siempre estoy del lado de aquellos que producen”, afirmó Passalacqua

A través de un comunicado emitido por Casa de Gobierno, se indicó que el mandatario propuso avanzar con una mesa de diálogo para profundizar el análisis de la situación y manifestó su acompañamiento a los reclamos de los productores. “Siempre estoy del lado de aquellos que producen”, remarcó.

El gobernador también ratificó su respaldo a la recuperación de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). “No voy a parar de luchar para que el instituto recupere sus facultades. Acá no hay cuestiones partidarias”, afirmó.

Además, sostuvo que las cuestiones de mercado no resuelven por sí solas todos los problemas económicos de los ciudadanos y señaló que la situación que atraviesa la actividad yerbatera “priva a todos los misioneros” de mejores condiciones de vida.

Los fundamentos del proyecto

La propuesta se sustenta en un diagnóstico económico contundente. Según expusieron los representantes del sector durante el encuentro, la caída del precio de la hoja verde provocó que aproximadamente 250.000 millones de pesos dejaran de ingresar al circuito económico de Misiones, afectando no solo a los productores y tareferos, sino también al comercio, los municipios y toda la economía del interior.

Padolsky remarcó que la problemática no responde a una crisis del negocio yerbatero en su conjunto, sino específicamente al eslabón más débil de la cadena productiva. “No es la crisis del negocio yerbatero; es la crisis del sector primario. Al desaparecer la herramienta de regulación de precios, los pequeños productores perdieron capacidad de negociación y hoy enfrentan un proceso acelerado de descapitalización“, sostuvo.

Foto Prensa Casa de Gobierno

El planteo coincide con los fundamentos del proyecto de ley presentado al gobernador. Allí se argumenta que la crisis actual no se explica por una sobreproducción ni por una caída del consumo, sino por una alteración en las condiciones de negociación de la materia prima tras los cambios introducidos por el DNU 70/2023, que limitaron las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

La iniciativa propone declarar la emergencia por 360 días para productores cuya unidad económica no supere las 50 hectáreas, facultando al Poder Ejecutivo provincial a establecer un Precio Mínimo Sostén obligatorio para la hoja verde. Ese valor debería cubrir los costos de producción, la mano de obra, las obligaciones previsionales y tributarias, además de garantizar un margen de rentabilidad que permita la continuidad de las explotaciones familiares.

El proyecto aclara que no pretende reemplazar al INYM ni modificar el régimen nacional, sino ejercer las competencias que conserva la Provincia para proteger el trabajo rural y evitar el colapso de la principal economía regional misionera. También contempla facultades de fiscalización, control y sanciones para quienes paguen por debajo del precio mínimo establecido.

Uno de los aspectos que más destacaron los representantes del sector es el perfil social de los beneficiarios de la iniciativa. “Cuando hablamos de productores no estamos hablando de grandes empresarios. El promedio es de 20 hectáreas y el límite que propone la ley es de 50 hectáreas. Estamos hablando de minifundistas, de familias agrarias que viven exclusivamente de ese ingreso“, explicó Padolsky.

Esa mirada también fue compartida por el gobernador durante el encuentro, según relataron los participantes, al reconocer que la crisis excede a la producción primaria y termina impactando sobre toda la estructura económica provincial.

Una herramienta transitoria para evitar el colapso

El proyecto de emergencia plantea un mecanismo excepcional, pero con un objetivo concreto: evitar que miles de pequeños productores abandonen la actividad mientras se redefine el marco regulatorio nacional.

En sus fundamentos sostiene que el federalismo habilita a la Provincia a ejercer sus competencias constitucionales cuando está comprometida la continuidad de una actividad estratégica para el desarrollo económico y social de Misiones.

La propuesta busca instalar un piso de negociación, no un precio único. El texto deja expresamente establecido que cualquier comprador podrá pagar por encima del Precio Mínimo Sostén, pero nunca por debajo de ese valor, considerado indispensable para garantizar la supervivencia económica de las explotaciones familiares.

Con la conformación de la mesa de trabajo entre el Gobierno provincial y las organizaciones del sector, la discusión ingresa ahora en una etapa política. Si prospera el consenso, Misiones podría debatir en las próximas semanas una ley que intenta convertirse en el principal instrumento provincial para contener una crisis que ya trasciende a la yerba mate.

Un proyecto para sostener el precio de la hoja verde

Tras la reunión, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, se refirió al proyecto presentado por los productores para abordar la situación del sector yerbatero. “Vinieron a presentar un proyecto de ley para buscar levantar el precio de la hoja verde, que es la principal problemática que venimos trabajando desde hace dos años, a partir de que el INYM perdió su función de regular un precio mínimo”, señaló.

El ministro indicó que el gobernador instruyó al Ejecutivo provincial a trabajar junto con la Cámara de Representantes en herramientas legislativas que permitan proteger a productores y trabajadores rurales mientras continúe la discusión nacional sobre las atribuciones del instituto. “Vamos a seguir defendiendo que se devuelvan las facultades del INYM y, mientras eso no ocurra, como provincia autónoma vamos a trabajar para buscar un mejor precio y respaldo para los trabajadores rurales”, sostuvo.

Foto Prensa Casa de Gobierno

Asimismo, se refirió a la postura del Gobierno provincial respecto del proyecto de modificación de la Ley de Tierras. “Misiones es una de las provincias que tiene más tierra en manos extranjeras, así que el gobernador fue contundente: no vamos a acompañar la ley de tierras”, afirmó.

Una agenda común para el futuro de la Yerba Mate

En diálogo con los medios tras la reunión, el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Hugo Sand, destacó la necesidad de avanzar en herramientas que permitan sostener la actividad y mejorar las condiciones del sector.

“Ese valor debe contemplar los costos de producción, un margen de rentabilidad para el productor y las condiciones laborales necesarias para que los trabajadores puedan desempeñarse dignamente”, expresó.

Foto Prensa Casa de Gobierno

“Nosotros no nos resignamos. El Instituto Nacional de la Yerba Mate cumplió con sus obligaciones y con sus funciones. En el mientras tanto, necesitamos una herramienta de emergencia que nos permita sostener a los pequeños y medianos productores”, sostuvo.

Sand también valoró la propuesta del gobernador de generar un espacio de trabajo conjunto para abordar la crisis del sector. “El señor gobernador nos ofreció generar una mesa de diálogo y creemos que a partir de ahí tenemos que convocar a toda la comunidad y a todos los sectores sociales para defender los derechos de los ciudadanos”, afirmó.

Proyecto Ley Emergencia Yerbatera by CristianMilciades

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Crisis yerbatera: Sand volvió a pedir una ley de emergencia con precio sostén para frenar el colapso del sector

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La crisis de la producción yerbatera en Misiones sumó un nuevo capítulo político e institucional. Tras reunirse con el obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) confirmó que impulsará un proyecto de ley de emergencia provincial para establecer un precio mínimo sostén para la hoja verde, mientras la Iglesia convocará a una mesa de diálogo con productores, tareferos y distintos actores sociales.

El encuentro dejó en evidencia que el conflicto ya excede la discusión por el precio de la materia prima. Para los productores, la caída de los ingresos amenaza la supervivencia de miles de familias rurales y pone en riesgo la economía de los pueblos del interior misionero.

Hugo Sand, referente de APAM, aseguró que la desregulación del mercado tras la pérdida de facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) provocó una transferencia de recursos desde los pequeños productores hacia los grandes compradores. Según afirmó, el sector dejó de percibir alrededor de 200.000 millones de pesos por año, situación que atribuyó a la eliminación del mecanismo que regulaba los precios.

“El mercado de la yerba es imperfecto. Hay una posición dominante de unas pocas empresas que concentran más de la mitad del mercado. Nunca van a competir entre ellas para mejorar el precio al productor; por el contrario, terminan acordando valores más bajos”, sostuvo Sand.

Desde APAM plantean que el mercado, por sí solo, no garantiza una remuneración justa para quienes producen la materia prima. Por eso proponen una legislación provincial que establezca un precio mínimo obligatorio, calculado sobre el costo real de producción, incluyendo gastos laborales, previsionales y un margen razonable de rentabilidad.

Actualmente, explicó Sand, el kilo de hoja verde se paga entre 230 y 280 pesos, mientras que el valor de equilibrio debería ubicarse por encima de 700 pesos si se toma como referencia histórica el equivalente a 50 centavos de dólar. Si el cálculo se actualiza por inflación, el precio superaría los 1.100 pesos por kilo, según las estimaciones de la entidad.

“La diferencia ya no es una discusión de unos pesos más o menos. Estamos frente a un problema humanitario”, advirtió.

La iniciativa que APAM presentará propone que sea el Poder Ejecutivo provincial el que determine periódicamente ese precio sostén mediante estudios técnicos realizados por organismos oficiales, evitando que quede exclusivamente sujeto a la negociación entre industrias y productores.

El dirigente también confirmó que solicitarán formalmente la declaración de la emergencia yerbatera y que continuarán reclamando la recuperación de las herramientas regulatorias del INYM, aunque reconoció que, mientras esa discusión continúa en la Justicia y en el ámbito político nacional, resulta imprescindible que la Provincia intervenga con instrumentos propios.

En ese contexto, Sand valoró el acompañamiento del gobernador Hugo Passalacqua en los planteos judiciales contra la desregulación, aunque pidió avanzar ahora con medidas concretas para proteger a los pequeños productores.

Uno de los principales resultados de la reunión con el obispo Martínez fue el compromiso de avanzar en una mesa institucional de diálogo, que reúna a productores, tareferos, organizaciones sociales, representantes políticos y distintos sectores económicos.

Desde APAM consideran que la Iglesia puede desempeñar un rol clave para construir consensos y visibilizar la dimensión social de la crisis, que ya afecta no solo al sector primario sino también al comercio, el empleo y la actividad económica de numerosas localidades del interior de Misiones.

Sand destacó que la convocatoria realizada por el obispo permitió reunir a representantes de diferentes zonas productivas y fortalecer un mensaje común: la necesidad de construir soluciones colectivas frente a una crisis que amenaza la sustentabilidad de la principal economía regional de la provincia.

El dirigente también vinculó la situación yerbatera con otros debates nacionales sobre la propiedad de la tierra, los recursos naturales y el modelo de desarrollo, al sostener que las políticas actuales favorecen la concentración económica mientras debilitan a la agricultura familiar.

Para APAM, el desafío inmediato pasa por transformar el reclamo sectorial en una política pública que garantice ingresos mínimos para quienes producen la materia prima, evitando un mayor deterioro social en las zonas rurales. Con el respaldo de la Iglesia y el impulso de una futura mesa de diálogo, los productores buscan instalar que la crisis yerbatera dejó de ser exclusivamente económica para convertirse en una cuestión de interés social y humanitario para toda Misiones.

Productores esperando ser recibidos por el Gobernador de Misiones

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El Obispo Martínez respaldó el reclamo yerbatero y recordó que: “Todo proyecto económico que no incluya a la gente no nos sirve”

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La crisis de la producción yerbatera sumó un nuevo actor institucional de peso. El obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, recibió este miércoles a representantes de productores, tareferos y organizaciones civiles de Misiones, quienes expusieron el profundo deterioro económico y social que atraviesa la actividad. Tras el encuentro, el titular de la Diócesis de Posadas advirtió que la provincia enfrenta una situación de emergencia y sostuvo que “todo proyecto económico que no incluya a la gente no nos sirve para nada”.

La reunión fue solicitada por las entidades que representan a miles de familias vinculadas a la producción de yerba mate. Para el obispo, el principal objetivo fue escuchar de manera directa una realidad que ya conoce a partir de sus recorridas pastorales por toda la provincia, pero que esta vez llegó con el respaldo de organizaciones que expresan la problemática de pequeños productores y trabajadores rurales.

Martínez diferenció la realidad del sector yerbatero misionero de otros conflictos agropecuarios del país. Remarcó que en Misiones predominan los pequeños productores y los tareferos, familias que dependen exclusivamente de la actividad para subsistir y que hoy enfrentan un escenario de extrema vulnerabilidad.

“Acá no estamos hablando de grandes terratenientes ni de grandes capitalistas. Estamos hablando de pequeños productores y tareferos que padecen circuitos de injusticia y que hoy, según ellos mismos manifestaron, ya no pueden sobrevivir”, afirmó.

El obispo explicó que la crisis trasciende al sector primario y termina afectando a toda la economía de los pueblos del interior. Cuando el ingreso de quienes producen y cosechan yerba desaparece, también se resiente el consumo, caen las ventas en los comercios y se deteriora la actividad económica local.

“Esa depresión económica alcanza al supermercado, al almacén, al comerciante, a las fuentes de trabajo. Es un problema social que impacta sobre toda la comunidad”, describió.

Durante la reunión surgió además la propuesta de conformar una mesa de emergencia que permita articular respuestas entre distintos actores sociales e institucionales. Martínez recordó que la Diócesis cuenta con la Comisión de Justicia y Paz, organismo que ya intervino en otras etapas críticas de la historia argentina, especialmente durante la crisis de 2001.

El obispo consideró que aquel antecedente demuestra que el diálogo institucional puede contribuir a ordenar situaciones complejas cuando los sectores afectados logran expresar sus demandas de manera organizada.

Más allá de la coyuntura yerbatera, Martínez amplió el análisis hacia el rumbo económico nacional. Reconoció que la estabilidad macroeconómica constituye un objetivo compartido, pero advirtió que pierde legitimidad cuando no mejora la vida cotidiana de la población.

“Todos queremos estabilidad económica. Pero si esos números cierran sin la gente, si aumenta la pobreza, si cierran comercios, si se pierden fuentes de trabajo y se deteriora la vida social, entonces ese modelo nos daña profundamente”, sostuvo.

En ese sentido, llamó a que las políticas públicas contemplen especialmente a los sectores más vulnerables y recordó que el desarrollo económico solo resulta sostenible cuando incorpora inclusión social.

Frente a las familias que hoy atraviesan la crisis productiva, Martínez dejó un mensaje de esperanza, pero también de organización comunitaria.

“Nunca hay que bajar los brazos. En los momentos difíciles es fundamental mantenerse unidos, organizarse y sostener la esperanza”, expresó.

Durante la conferencia también fue consultado sobre el debate nacional en torno al proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. El obispo recordó que tanto la Conferencia Episcopal Argentina como la Pastoral Social ya manifestaron su rechazo a la iniciativa.

Explicó que la Doctrina Social de la Iglesia reconoce el valor de la propiedad privada, pero rechaza su concepción absoluta cuando entra en conflicto con el bien común. En esa línea, advirtió sobre la necesidad de proteger los recursos estratégicos del país frente a intereses económicos globales.

“Tenemos que defender nuestros minerales, el litio, el acuífero y todos aquellos recursos que forman parte del patrimonio nacional. Si no existe un discernimiento adecuado, podemos terminar entregando riquezas que condicionarán el futuro de las próximas generaciones”, afirmó.

Para el obispo, la actual crisis yerbatera también debe interpretarse como una oportunidad para fortalecer los espacios de diálogo entre el Estado, los sectores productivos y las organizaciones sociales. Consideró que las soluciones no surgirán únicamente desde los indicadores macroeconómicos, sino de la capacidad de construir consensos que permitan sostener el empleo, preservar la producción y evitar que miles de familias rurales continúen profundizando su situación de vulnerabilidad.

El respaldo de la Iglesia Católica al reclamo de productores y tareferos incorpora una nueva dimensión institucional a un conflicto que ya dejó de ser exclusivamente económico. La preocupación expresada por la Diócesis de Posadas refleja que la crisis de la yerba mate impacta sobre el tejido social de Misiones y plantea el desafío de encontrar respuestas antes de que las consecuencias sean aún más profundas.

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La ganadería del Alto Uruguay triplicó su rodeo en dos décadas de trabajo con el INTA

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Lo que comenzó en 2006 como la iniciativa de un grupo de pequeños productores para fortalecer la ganadería terminó convirtiéndose en un proceso de desarrollo territorial. Con el acompañamiento sostenido de la extensión rural del INTA, la Asociación Agropecuaria Forestal de Alba Posse impulsó mejoras productivas, fortaleció la organización de los productores y hoy continúa expandiendo sus servicios y proyectos.

Hoy, en un predio de seis hectáreas, avanzan las obras de lo que será un espacio más para los remates ganaderos de la provincia. Allí se construyen alrededor de 60 corrales con capacidad para más de 2.500 animales, una infraestructura pensada para acompañar el crecimiento del sector durante las próximas décadas.

Sin embargo, la historia comenzó mucho antes de esta obra. En 2006, la ganadería era apenas una actividad complementaria para muchas familias de los municipios de Alba Posse y parte de 25 de Mayo. La mayoría de los productores provenía del tabaco, tenía rodeos pequeños y escasas posibilidades de invertir. Fue en ese contexto cuando nació la Asociación Agropecuaria Forestal Alba Posse y comenzó un proceso de acompañamiento técnico impulsado por la Agencia de Extensión Rural Santa Rita del INTA, que continúa en la actualidad formalizada ya mediante un convenio de trabajo con la organización.

Una asistencia técnica que evolucionó junto a los productores

Las primeras acciones estuvieron orientadas a mejorar las pasturas, fortalecer la infraestructura predial y promover capacitaciones para incorporar nuevas prácticas de manejo. A medida que la organización fue creciendo, también cambiaron las demandas y el rol de la asistencia técnica.

El trabajo comenzó a enfocarse en el mejoramiento genético de los rodeos, la producción de reservas forrajeras para el invierno, la planificación de los sistemas ganaderos y la incorporación de tecnologías adaptadas a las condiciones del Alto Uruguay.

“El INTA siempre vino acompañando a los productores de esta asociación. Primero con proyectos para mejorar la infraestructura y después con capacitaciones permanentes y asistencia técnica en todos los aspectos de la producción”, resumió Eliseo Cornelius, jefe de la Agencia de Extensión Rural Santa Rita.

Los resultados comenzaron a reflejarse en los establecimientos. En menos de dos décadas, la cantidad de bovinos de la zona pasó de unas 3.500 a alrededor de 11.000 cabezas, mientras que la incorporación de razas como Braford y Brangus permitió mejorar la calidad genética de los rodeos.

Cuando la organización multiplica las oportunidades

Uno de los cambios más importante no se da solamente en lo productivo, sino en el aspecto organizativo. En 2018 la asociación adquirió un conjunto de maquinarias para la preparación de suelos, Siembra de granos, cosechadora de grano, secadora de grano y ensiladora para la confección de reservas forrajeras, un servicio que hoy beneficia tanto a socios como a otros productores de la región. En una zona donde históricamente el acceso a este tipo de equipos era muy limitado, la maquinaria compartida permitió reducir costos y facilitar la incorporación de nuevas tecnologías.

El trabajo conjunto también dio lugar a un semillero de especies forrajeras adaptadas a las condiciones del Alto Uruguay. Desde allí se multiplican materiales que luego son entregados gratuitamente a los productores para mejorar la alimentación del ganado y aumentar la productividad de los establecimientos.

Actualmente, la asociación reúne a 68 productores y presta servicios a cerca de 250 establecimientos ganaderos del Alto Uruguay, convirtiéndose en un actor clave para el desarrollo de la actividad en la región.

Una obra que simboliza veinte años de trabajo

La construcción del futuro predio de remates representa un nuevo paso en ese proceso. La obra es financiada principalmente con recursos generados por los propios socios, quienes incluso donaron animales para reunir los fondos necesarios, mientras que el municipio colaboró con la mejora de los caminos de acceso.

Más allá de su magnitud, el proyecto simboliza el camino recorrido por la organización. Contar con un espacio propio permitirá fortalecer la comercialización, mejorar la capacidad de negociación de los productores y reducir la dependencia de intermediarios.

La experiencia de Alba Posse demuestra que el desarrollo rural no surge de una intervención aislada. Requiere continuidad, confianza y organizaciones capaces de sostener los cambios en el tiempo. En ese recorrido, el trabajo de la extensión rural permitió que un grupo de pequeños productores no solo mejorara su producción, sino que construyera una institución con capacidad para gestionar proyectos, brindar servicios y seguir impulsando el desarrollo ganadero del Alto Uruguay.

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La vacunación antiaftosa ya supera el 93% de cobertura en Misiones

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La provincia consolida una política pública de largo plazo basada en la prevención, el trabajo territorial y la articulación entre el Estado, el SENASA, los veterinarios y los productores. El objetivo trasciende la sanidad animal: proteger la producción, preservar mercados y fortalecer la economía rural.

La sanidad animal constituye uno de los principales pilares sobre los que se sostiene la producción ganadera. Detrás de cada campaña de vacunación existe mucho más que la aplicación de una dosis: hay planificación, presencia territorial, trabajo conjunto con los entes sanitarios, acompañamiento técnico y una política pública sostenida que busca proteger el patrimonio productivo de miles de familias rurales. Además, estas acciones se fortalecen a través de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA), ámbito de articulación técnica en el que participan profesionales veterinarios del Ministerio del Agro y la Producción, SENASA, el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de la Provincia, referentes de los entes sanitarios y otras instituciones, donde se planifican estrategias y acciones conjuntas para el sostenimiento de la sanidad animal en Misiones.

En Misiones, esa estrategia comenzó hace años con un objetivo que iba mucho más allá de una campaña anual: construir una verdadera cultura sanitaria. El desafío era lograr que cada vez más productores comprendieran que vacunar no sólo protege a cada establecimiento, sino también al conjunto de la ganadería provincial. El resultado de ese proceso puede observarse hoy en la creciente adhesión a las campañas oficiales y en la consolidación del estatus sanitario de la provincia, condición indispensable para garantizar la seguridad productiva, facilitar el movimiento de hacienda y fortalecer la competitividad del sector.

La evolución de las campañas refleja el impacto de esta política sostenida. En la primera campaña de 2024 la provincia alcanzó una cobertura del 91,6% del stock bovino estimado y el 76,9% de las unidades productivas. Un año después, la primera campaña de 2025 superó el stock inicialmente previsto, alcanzando una cobertura del 101,1% y el 94,3% de las unidades productivas vacunadas. En la campaña 2026, actualmente en desarrollo, ya se registra un avance del 93% del stock previsto y del 88,5% de los establecimientos relevados, porcentajes que continúan creciendo a medida que avanza el operativo.

En términos absolutos, la magnitud del operativo también refleja el alcance de esta política sanitaria. Solo en la primera campaña de 2025 se vacunaron 344.957 bovinos distribuidos en 4.909 establecimientos ganaderos de toda la provincia. En la campaña 2026, aún en desarrollo, ya fueron inmunizados 324.550 animales en 4.462 unidades productivas, cifras que continúan incrementándose a medida que avanza el operativo.

La decisión de sostener campañas sanitarias de manera ininterrumpida responde a una visión estratégica del ejecutivo provincial que, encabezado por el gobernador Hugo Passalacqua, consolidó la sanidad animal como una política pública permanente para fortalecer la producción, proteger el trabajo de las familias rurales y preservar uno de los principales activos de la ganadería provincial: su estatus sanitario. En ese sentido, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, sostuvo que “la sanidad animal no se construye en una sola campaña, sino con una política pública sostenida en el tiempo. Cada productor que vacuna está protegiendo su rodeo, pero también está cuidando el trabajo de toda la provincia”. Además, destacó que “estos resultados reflejan años de presencia territorial, diálogo y acompañamiento permanente. Cuando el Estado está presente y los productores hacen propia esta política sanitaria, toda la ganadería misionera se fortalece”.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo y Producción Animal, Carlos Caraves, explicó que “la vacunación contra la fiebre aftosa constituye la principal herramienta preventiva para sostener el estatus sanitario alcanzado por la provincia. Mantener altas coberturas permite reducir riesgos sanitarios, evitar pérdidas económicas y brindar previsibilidad a toda la cadena ganadera”. Asimismo, remarcó que detrás de cada campaña existe “un importante trabajo de planificación, logística y acompañamiento técnico para llegar a cada establecimiento productivo”. Asimismo, remarcó que detrás de cada campaña existe “un importante trabajo de planificación, logística y acompañamiento técnico para llegar a cada establecimiento productivo”. En ese marco, Andrés Moletta, coordinador provincial de Vacunación Antiaftosa, articula el operativo junto a los entes sanitarios, veterinarios acreditados y equipos territoriales que llevan adelante las tareas en toda la provincia.

La construcción de una cultura sanitaria constituye hoy uno de los mayores logros de este proceso. Más allá de los porcentajes alcanzados en cada campaña, el cambio más significativo es que la prevención pasó a formar parte de las decisiones cotidianas de los productores. Esa apropiación colectiva de la sanidad como herramienta de desarrollo es la que hoy permite a Misiones fortalecer su ganadería y sostener en el tiempo un patrimonio estratégico para toda la provincia.

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