Ecuador ha formulado un nuevo plan económico que tiene por objeto “colocar la deuda en una firme trayectoria descendente, generar empleo, proteger a los pobres y a los grupos más vulnerables y apuntalar la lucha contra la corrupción”.
El plan, que está respaldado por un acuerdo de USD 4.200 millones en el marco del Servicio Ampliado del FMI y otros recursos financieros provenientes de la comunidad internacional, dará a Ecuador el impulso necesario para restablecer un crecimiento sostenible que beneficie a todos los ecuatorianos.
En la siguiente entrevista, Anna Ivanova, la economista principal para Ecuador en el FMI, analiza los pormenores del plan económico.
P1: La economía ecuatoriana ha sido una de las más estables de América Latina. ¿Por qué ha decidido el país acudir al FMI?
Ecuador ha gozado de una economía saludable que ha estado apoyada por el régimen de dolarización—Ecuador usa el dólar como moneda—y un alto nivel de precios del petróleo. Pero la riqueza petrolera y la dolarización son espadas de doble filo. Las políticas aplicadas por Ecuador en el último decenio no eran congruentes con el régimen de dolarización. Los aumentos salariales fueron superiores al crecimiento de la productividad y eso menoscabó la competitividad del país.
El desplome del precio del petróleo en 2014 y la posterior apreciación del dólar de EE.UU. dejaron al descubierto la debilidad subyacente de la economía. Para financiar los crecientes desequilibrios fiscales, el gobierno anterior recurrió al financiamiento del banco central. La deuda pública se ha duplicado en los últimos cinco años y las reservas internacionales han caído a niveles muy bajos. El actual gobierno de Ecuador decidió tomar la iniciativa y recurrir al FMI en busca de apoyo para abordar las vulnerabilidades económicas subyacentes, restablecer el crecimiento y mejorar los resultados en el campo social.
P2: ¿Qué se pretende lograr con el nuevo plan económico?
Ecuador se ha comprometido con un nuevo pan económico que busca situar la deuda pública en una trayectoria firmemente descendente y que favorece políticas que ayudarán a elevar el crecimiento y estimular la productividad. El programa, que respalda decididamente el plan de prosperidad del gobierno, se asienta sobre cuatro pilares básicos:
- Apuntalar los cimientos institucionales de la dolarización en Ecuador.
- Promover la competitividad y crear empleo.
- Fomentar la prosperidad compartida y proteger a los pobres y los más vulnerables.
- Mejorar la transparencia y reforzar la lucha contra la corrupción.
Se trata de un programa de reformas de amplio alcance, pero que son necesarias para afianzar la economía y las instituciones en Ecuador.
P3: Ya que la economía de Ecuador está dolarizada, un dólar fuerte puede elevar el precio de los bienes ecuatorianos, perjudicando la competitividad del país en el mercado mundial. ¿Cómo se aborda este problema en el plan?
Para mejorar la competitividad y la productividad de Ecuador será necesario un esfuerzo concertado. Ecuador usa el dólar de EE.UU. como moneda, por lo tanto, el país no puede usar el tipo de cambio como herramienta para hacer más competitivas sus exportaciones en el mercado mundial. Por lo tanto, el país tendrá que recurrir a políticas que más bien permitan una devaluación interna.
Ante todo, para hacer más atractivas las exportaciones de Ecuador será necesario contener el gasto público, concretamente mediante una optimización de la masa salarial. Por otro lado, aliviar la rigidez en los precios y los salarios podría facilitar el ajuste externo, y eso es algo que se puede lograr con políticas que eliminen las rigidices en los mercados del trabajo y de productos y en el sector financiero.
P4: ¿Cómo promoverá el programa el empleo y el aumento del número de trabajadores en el mercado laboral formal?
Además de lo que ya he señalado, otras reformas para hacer del país un destino empresarial interesante y para fomentar el crecimiento y el empleo más formal consisten en revisar el sistema tributario, eliminar obstáculos a la creación y operación de empresas, tomar medidas para incentivar la inversión privada, profundizar los mercados de capital, promover la apertura al comercio internacional y mejorar las condiciones para la participación de la mujer en el mercado laboral.
P5: ¿Cuál es la situación de los indicadores sociales de Ecuador y cómo protegerá el gobierno el gasto social dentro del plan?
Ecuador ha logrado avances sustanciales en lo que se refiere a reducción de la pobreza en las últimas dos décadas, desde que el país adoptara la dolarización. El porcentaje de la población que vive por debajo de la línea nacional de pobreza se redujo de 64,4% en 2000 a 21,5% en 2017, y la proporción de la población que vive con menos de USD 1,90 diarios disminuyó de 28,2% en 2000 a 3,6% en 2016.
Si bien estos son logros notables, las tasas de pobreza en las poblaciones rurales e indígenas siguen siendo elevadas. Y aunque el gasto en asistencia social es alto en comparación con el resto de la región y la cobertura en el 20% inferior de la distribución del ingreso es buena, las autoridades consideran que hay margen para mejorar. Por lo tanto, el gobierno incluyó en el plan medidas como las siguientes para proteger a los pobres y a los más vulnerables:
- Incrementar el gasto en programas de asistencia social, como el Bono de Desarrollo Humano y el Bono Joaquín Gallegos Lara, y ampliar la cobertura de las pensiones no contributivas.
- Elaborar un registro social para focalizar mejor los programas sociales.
- Mejorar la eficiencia y la calidad de la educación primaria y el gasto en salud para obtener mejores resultados y para fomentar la calidad de la fuerza de trabajo y la competitividad externa de la economía.
P6: Como señaló, una de las prioridades fundamentales del nuevo plan es seguir mejorando la transparencia y apuntalar la lucha contra la corrupción. ¿Por qué es esto importante para la economía?
El gobierno se ha comprometido a promover la transparencia y a combatir la corrupción en el país ya que esta incide en todos los rincones de la economía. Estos esfuerzos ayudarán a mejorar el funcionamiento de las empresas, a reducir los costos del financiamiento público y a promover la inversión y el empleo en el sector privado. Entre las principales medidas están las siguientes:
- Adoptar leyes anticorrupción que realzarán la independencia y el poder de las entidades policiales y judiciales, y que mejorarán el acceso a la información sobre las operaciones del gobierno.
- Publicar los estados financieros del banco central a medida que estén disponibles, conforme a las normas internacionales de información financiera.
- Formular una evaluación del riesgo nacional del régimen de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/LFT) estableciendo prioridades adecuadas frente a las amenazas y los incidentes relacionados con corrupción.
- Adherirse a la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas, lo cual ayudará a mejorar la transparencia en el sector petrolero.
