Hostigado por miles de campesinos e indígenas que acababan de ingresar a Quito, el presidente Lenin Moreno decidió trasladar la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil. Así lo anunció la noche del 7 de octubre en cadena nacional de televisión, acompañado por el vicepresidente de la república, el ministro de defensa y el alto mando de las Fuerzas Armadas. Añadió que no dará marcha atrás en la política económica tutelada por el FMI y que los desmanes en la protesta social son orquestados por Rafael Correa, sus secuaces y Nicolás Maduro. Este mensaje es insólito, pero no la movilización social que lo provocó. ¿Cómo entender esta reacción del gobierno ante una movilización social que lo arrincona?
Cuando un pueblo se levanta tiemblan los gobiernos. Increíble el movimiento indígena de Ecuador que ha hecho que Lenin Moreno abandone el palacio con el rabo entre las piernas 💪💪👏👏https://t.co/n4dNp4l0Fs
La política ecuatoriana se teje en torno a personajes. Ante la ausencia de un sistema de partidos que permita la agregación de intereses y la canalización institucional de demandas sociales, tecnócratas y grupos de poder económico tienden a capturar el Estado con mayor facilidad. El movimiento indígena-campesino, articulado en la CONAIE, es un sujeto histórico protagónico de la vida nacional. Pero no es un partido político capaz de canalizar sus demandas usando mecanismos institucionales. Pachakutik intentó serlo, pero tampoco se libró del vendaval populista que carcomió todo el sistema. Por eso esta reciente movilización, liderada por la CONAIE, es disruptiva con el enclenque sistema político ecuatoriano. Ni el gobierno, ni otros actores políticos saben cómo procesar sus legítimas demandas. Eso causa incertidumbre y crea un escenario idóneo para utilizar tácticas de «guerra psicológica» que intoxican al segmento poblacional adicto a las redes sociales.
Hay contienda política cuando hay oponentes sobre el tablero. Antes de esta masiva movilización de la CONAIE, toda la gestión gubernamental estuvo orientada a desmarcarse de la herencia correista. En el discurso oficial, Rafael Correa se convirtió en el “alfa y el omega” de los males que azotan al país. Como los abusos y excesos del gobierno anterior fueron a granel (véase: https://sobrevivientes.planv.com.ec/), no faltaron elementos para dotar de verosimilitud a esa narrativa. Pero la irrupción del movimiento indígena-campesino hace trizas este discurso. No solo porque fue el sector más vilipendiado por el gobierno de Correa –lo cual desvirtúa una posible instrumentalización a favor de quien fue su “verdugo” durante años–, sino porque las demandas de la CONAIE atacan el corazón del modelo neoestractivista (megaminería, agronegocio y ahora ajuste fiscal del FMI) que montó Correa y que Moreno preserva.
La hipótesis que esgrime el gobierno es inconsistente. Aquella según la cual la protesta social liderada por la CONAIE es parte de un plan conspirativo diseñado por Rafael Correa y Nicolás Maduro. Al desdeñar a la CONAIE como contradictor y retomar la narrativa oficial del correismo como principal amenaza, se evade discutir sobre el modelo neoextractivista y la política económica tutela por el FMI. A esto se suman las tácticas de «guerra sucia» –saqueos, destrucción de edificios públicos, etc.– con que se intenta deslegitimar la protesta social, criminalizándola.
Así las cosas, nada mejor que refugiarse en Guayaquil. Con eso desplaza el epicentro político a un terreno dominado por otro personaje: Jaime Nebot. Desde que dejó el sillón de Olmedo en la alcaldía de ese cantón, Nebot viene labrando su candidatura presidencial. El propio Moreno lo ha ungido en más de una ocasión como presidenciable y los sustentadores del statu quo lo prefieren a él y no a Guillermo Lasso. Al traducir la protesta social en una simplona contienda entre «correistas y anti-correistas», el gobierno de Moreno catapulta a Nebot como el “nuevo” contendor y “guardián de la democracia”.
Para el gobierno y sus titiriteros la «muerte cruzada» no es una opción. No lo es porque su coalición legislativa es frágil, pero estable; ningún actor está interesado en reemplazar a Moreno. Pero de su parte, el margen de acción política de la CONAIE también es limitado. Al no poder canalizar institucionalmente sus demandas, el gobierno sigue teniendo el sartén por el mango. Que los manifestantes ocupen edificios públicos no significa que hayan cooptado las instituciones políticas. Como bien lo advierte Daniel Inerarity, no vivimos una crisis de la democracia, sino una crisis de la política.
Ecuador vive un estado de “excepción” para frenar las protestas por el aumento del combustible y el plan de ajuste aplicados por Lenin Moreno en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Perú vive otra crisis similar, con un vacío de poder y el Congreso anulado por el presidente Martín Vizcarra. Su plan económico es elogiado por el FMI. La economía de Brasil, que sostiene un plan de ajuste tradicional desde el golpe a Dilma Rousseff, cae en paralelo a la imagen positiva de su presidente, Jair Bolsonaro.
En Argentina hay una porción de cada menú, condimentado por un inédito respaldo del Fondo Monetario Internacional, que prestó 56 mil millones de dólares al presidente Mauricio Macri y ahora le permite utilizar las reservas del Banco Central para cubrir gastos corrientes.
Los programas financiados por el FMI suelen terminar, casi inevitablemente en profundas crisis sociales y económicas. Los planes de austeridad paralizan la economía y dejan a millones al desamparo. La misma receta tiene idénticas consecuencias.
El resultado económico argentino no tiene nada que envidiar a la región. La pobreza más alta desde fines de la crisis de 2001, inflación descontrolada, un desempleo de dos dígitos y una deuda eterna como herencia para las generaciones futuras.
Pero el Presidente ofrece, nuevamente en campaña, la ilusión de un nuevo “segundo semestre”. “Lo que viene será crecimiento, es más trabajo, es cuidar tu sueldo. El futuro va a ser distinto”, promete. “Voy a cambiar lo que haya que cambiar”, insiste, el que, vaya paradoja, llegó hace cuatro años con el eslogan del cambio.
En Cambiemos, los convencidos creen en esa promesa. Que ahora sí, que sí se puede. Que ya están sentadas las bases para crecer, repiten. Y sugieren que la crisis actual obedece al mal PASO del 11 de agosto y no al desmoronamiento de la economía, que no tiene freno desde hace por lo menos un año y medio, como lo reflejan la industria, el consumo y la construcción.
“Confiamos en que estabilizada la macroeconomía, los datos de pobreza volverán a bajar, como sucedió en 2017 cuando logramos bajarla de un 32% estimada en 2015 a un 29%, y como venía sucediendo semanas antes de las PASO cuando empezábamos a crecer nuevamente. Lamentablemente la crisis de 2018 nos afectó mucho, y cuando nos estábamos reponiendo, los resultados de las PASO en Agosto pasado, generaron desconfianza y el dólar volvió a subir, provocando subas de precios y problemas económicos al que le estamos haciendo frente”, resumió el radical Luis Pastori, uno de los más enfervorizados defensores del Presidente.
La culpa es de las Paso, repite. Pero la realidad contradice su insistencia. El 35,4 por ciento de pobreza es un dato del estado de situación del primer semestre. Es decir, la pobreza viene en aumento desde mucho antes de las elecciones y la devaluación tras el fracaso en las primarias no hará más que sumar pobres por la caída de los ingresos. El drama adicional es que el 52,6 por ciento de los niños argentinos está hoy en la pobreza. “Tener a los chicos con malnutrición además de inhumano, es una hipoteca social”, sintetiza el neurocientífico Facundo Manes, ¿ex? Cambiemos.
Las elecciones, reflejan, en última instancia, el resultado de las políticas, pero no son nunca responsables ni de la pobreza ni del desempleo.
“Este punto de partida es sobre el cual acepto ser evaluado como presidente: por si pudimos reducir la pobreza en este gobierno“, dijo Macri en 2016. En ese entonces, la pobreza había subido a 32,2 por ciento.
Ahora, con una pobreza ocho puntos porcentuales más alta que en el primer semestre de 2018, promete que lo que viene será mejor y que sólo necesita más tiempo. Pero las pruebas son contundentes.
La realidad, nuevamente, se empecina en decir lo contrario.
Durante la sesión en la que se aprobó el presupuesto de Misiones, el presidente de la comisión homónima, Marcelo Rodríguez, expuso varios datos del deterioro de la economía y sus consecuencias.
Recordó que el presupuesto 2019 fue diseñado con una proyección de una caída del 0,5 por ciento del PBI y una inflación del 23 por ciento, con un dólar a 40,10 pesos y una deuda externa que representaría el 87 por ciento del PBI.
Lo cierto es que la economía caerá 2,9 por ciento la inflación será como mínimo del 55 por ciento -bastante más del doble doble de la proyección oficial- y el dólar cerrará el año a 65 pesos. Solamente este año hubo una devaluación del 60 por ciento. Si se compara con diciembre de 2015, la depreciación del peso es de 519 por ciento.
La deuda externa, a diciembre de ese año era de 240 mil millones de dólares, con una cotización de 9,73, lo que equivalía a 2,34 billones de pesos y el 52,6 por ciento del PBI. Hoy la deuda equivale a 312.970 millones de dólares, con un dólar a 65 -a fines de diciembre-, lo que representa a 20,34 billones de pesos y el 91 por ciento del PBI. La deuda creció 30 por ciento en dólares y mil por ciento en pesos.
Rodríguez también cuestionó uno de los pilares del discurso económico del Gobierno nacional: la reducción del déficit. En efecto, el superavit fiscal primario es de 48.260 millones de pesos, pero los intereses de la deuda equivalen a 428.127 millones, lo que arroja un déficit financiero de 379.867 millones, equivalente al 15,8 por ciento.
Los números desnudan la magnitud de la debacle. Quizás por eso los diputados de la alianza Cambiemos casi que apuraron el trámite para votar el Presupuesto y no pusieron el mínimo reparo a las proyecciones diseñadas por Hugo Passalacqua para el primer año de la gestión de Oscar Herrera Ahuad y Carlos Arce. La Legislatura, liderada por Carlos Rovira convirtió nuevamente a Misiones en la primera provincia en contar con el presupuesto aprobado, herramienta fundamental para el modelo provincial: el eje está puesto en la educación, la salud y el desarrollo económico, además de un refuerzo inédito en las partidas de Desarrollo Social, que se encarga de alimentar comedores comunitarios, nuevamente abarrotados en medio de la crisis que puso a la Argentina en una emergencia alimentaria.
Passalacqua expresó “una profunda gratitud por el acompañamiento permanente del presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Rovira, no solamente en la sanción del Presupuesto durante estos cuatro años de Gobierno, sino a través del tratamiento de tantas leyes que son un enorme aporte para quien está en la máxima función del Poder Ejecutivo”.
El gobernador insistió en que el Presupuesto es “una herramienta fundamental para la gobernabilidad” y que en los cuatro años de su gestión, Misiones fue la primera provincia en contar con dicho instrumento.
Dos voces llamaron la atención en la noche del jueves. Primero la del diputado de la alianza Cambiemos, Roberto Rocholl, quien pidió que la Provincia construya helipuertos para facilitar el traslado a hospitales de Posadas, Eldorado e Iguazú. “Apuntamos a una mejoría en el sistema de traslado de pacientes, ya que existe la necesidad que esto sea en un breve lapso de tiempo”, sentenció el legislador en una apelación fuera de tiempo. La Provincia tuvo que aumentar la inversión en salud porque el Gobierno nacional dejó de enviar partidas fundamentales, como las destinadas a las vacunas o a sostener el plan médicos comunitarios.
La otra, sin dudas fue la de Lucas Cácerez, cuya voz y sus proyectos pocas veces se hicieron sentir en la Legislatura. El camporista acusó a la Renovación de ser “cómplice” de medidas antipopulares tomadas por el gobierno de Cambiemos. La apelación del joven legislador sorprendió por lo intempestiva, ya que Alberto Fernández abrazó como aliada fundamental en Misiones a la Renovación. Y abre el interrogante ¿los sectores más intransigentes del peronismo y la Cámpora aceptarán las políticas de consenso que quiera aplicar el casi seguro Presidente? ¿Los diputados del Frente de Todos serán parte de esa intransigencia o serán capaces de un guiño hacia las necesidades de Misiones? En el Gobierno provincial se mostraron sorprendidos por la actitud de Cácerez, ya que se convirtió en diputado en una boleta de la Renovación, lo mismo que Cristina Britez, quien, sin embargo, pocas veces jugó en tándem con la bancada misionerista y en cambio, fue protagonista de varias iniciativas individuales.
La intransigencia de Cácerez contrasta con la apertura exhibida por Alberto y Cristina Fernández. El candidato a presidente sumó por estas horas a Florencio Randazzo y participó del abrazo histórico de la CTA y la CGT, hasta hace poco centrales obreras distanciadas. Y alimentó en el Gobierno provincial la necesidad de fortalecer la campaña por la boleta corta, sumando diputados que respondan al mandato misionerista en vez, nuevamente de ser delegados de la Nación, como lo fueron los diputados de Cambiemos. ¿Si hubiera que reclamar por la compensación histórica a la que se comprometió Fernández, Britez y Héctor “Cacho” Bárbaro respaldarán la demanda o serían émulos de Pastori y su promesa del artículo 10 de la ley Pymes?
En esa línea, Herrera Ahuad pidió el voto de los misioneros para la fórmula de Presidente y Vicepresidente del Frente de Todos, para Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y la boleta corta con los cuatro candidatos a diputados nacionales de la Renovación, “porque ellos serán la voz de Misiones en el Congreso Nacional”.“Estamos en un tiempo político y juntos vamos a lograrlo todo”.
Lo cierto es que Alberto Fernández está cada hora más cerca de la Presidencia. Una encuesta de Oh Panel anticipa que conseguirá el 52 por ciento de los votos, contra 33 por ciento de Macri-Pichetto, por lo que la elección se resolverá en primera vuelta. Un dato revela la composición del voto entre ambos contendientes: el 80 por ciento de los que votarán a F², lo hará para que “haya más trabajo. El 69 por ciento de los que elige a Macri lo hace para que no gane Cristina Fernández. Otro sondeo, de D’Alessio Irol muestra que el 84 por ciento anticipa que no cambiará su voto de las Primarias.
El fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, ha sido detenido este jueves 11/04 en la embajada de Ecuador en Londres, informó una portavoz de Scotland Yard. Assange había entrado en la legación ecuatoriana en 2012 para evitar su extradición a Suecia, que entonces solicitaba su entrega por presuntos delitos sexuales.
Fuentes gubernamentales del Reino Unido han confirmado el arresto de Assange en la Embajada de Ecuador en el país europeo luego de que el presidente Lenin Moreno retirara la condición de asilo al fundador de WikiLeaks.
La Policía del Reino Unido ingresó a las instalaciones del edificio consular y detuvo a Assange que residía allí desde 2012.
Comunicado:
[Julian Assange] Ha sido puesto bajo custodia en una comisaría del centro de Londres, donde permanecerá, antes de ser presentado ante el Tribunal de Primera Instancia de Westminster tan pronto como sea posible.
El Servicio de Policía Metropolitana tenía el deber de ejecutar la orden, en nombre del Tribunal de Magistrados de Westminster, y fue invitado a la embajada por el embajador, después de que el Gobierno ecuatoriano retirara el asilo.
Ecuador ha formulado un nuevo plan económico que tiene por objeto “colocar la deuda en una firme trayectoria descendente, generar empleo, proteger a los pobres y a los grupos más vulnerables y apuntalar la lucha contra la corrupción”.
El plan, que está respaldado por un acuerdo de USD 4.200 millones en el marco del Servicio Ampliado del FMI y otros recursos financieros provenientes de la comunidad internacional, dará a Ecuador el impulso necesario para restablecer un crecimiento sostenible que beneficie a todos los ecuatorianos.
En la siguiente entrevista, Anna Ivanova, la economista principal para Ecuador en el FMI, analiza los pormenores del plan económico.
P1: La economía ecuatoriana ha sido una de las más estables de América Latina. ¿Por qué ha decidido el país acudir al FMI?
Ecuador ha gozado de una economía saludable que ha estado apoyada por el régimen de dolarización—Ecuador usa el dólar como moneda—y un alto nivel de precios del petróleo. Pero la riqueza petrolera y la dolarización son espadas de doble filo. Las políticas aplicadas por Ecuador en el último decenio no eran congruentes con el régimen de dolarización. Los aumentos salariales fueron superiores al crecimiento de la productividad y eso menoscabó la competitividad del país.
El desplome del precio del petróleo en 2014 y la posterior apreciación del dólar de EE.UU. dejaron al descubierto la debilidad subyacente de la economía. Para financiar los crecientes desequilibrios fiscales, el gobierno anterior recurrió al financiamiento del banco central. La deuda pública se ha duplicado en los últimos cinco años y las reservas internacionales han caído a niveles muy bajos. El actual gobierno de Ecuador decidió tomar la iniciativa y recurrir al FMI en busca de apoyo para abordar las vulnerabilidades económicas subyacentes, restablecer el crecimiento y mejorar los resultados en el campo social. P2: ¿Qué se pretende lograr con el nuevo plan económico?
Ecuador se ha comprometido con un nuevo pan económico que busca situar la deuda pública en una trayectoria firmemente descendente y que favorece políticas que ayudarán a elevar el crecimiento y estimular la productividad. El programa, que respalda decididamente el plan de prosperidad del gobierno, se asienta sobre cuatro pilares básicos:
Apuntalar los cimientos institucionales de la dolarización en Ecuador.
Promover la competitividad y crear empleo.
Fomentar la prosperidad compartida y proteger a los pobres y los más vulnerables.
Mejorar la transparencia y reforzar la lucha contra la corrupción.
Se trata de un programa de reformas de amplio alcance, pero que son necesarias para afianzar la economía y las instituciones en Ecuador. P3: Ya que la economía de Ecuador está dolarizada, un dólar fuerte puede elevar el precio de los bienes ecuatorianos, perjudicando la competitividad del país en el mercado mundial. ¿Cómo se aborda este problema en el plan?
Para mejorar la competitividad y la productividad de Ecuador será necesario un esfuerzo concertado. Ecuador usa el dólar de EE.UU. como moneda, por lo tanto, el país no puede usar el tipo de cambio como herramienta para hacer más competitivas sus exportaciones en el mercado mundial. Por lo tanto, el país tendrá que recurrir a políticas que más bien permitan una devaluación interna.
Ante todo, para hacer más atractivas las exportaciones de Ecuador será necesario contener el gasto público, concretamente mediante una optimización de la masa salarial. Por otro lado, aliviar la rigidez en los precios y los salarios podría facilitar el ajuste externo, y eso es algo que se puede lograr con políticas que eliminen las rigidices en los mercados del trabajo y de productos y en el sector financiero. P4: ¿Cómo promoverá el programa el empleo y el aumento del número de trabajadores en el mercado laboral formal?
Además de lo que ya he señalado, otras reformas para hacer del país un destino empresarial interesante y para fomentar el crecimiento y el empleo más formal consisten en revisar el sistema tributario, eliminar obstáculos a la creación y operación de empresas, tomar medidas para incentivar la inversión privada, profundizar los mercados de capital, promover la apertura al comercio internacional y mejorar las condiciones para la participación de la mujer en el mercado laboral. P5: ¿Cuál es la situación de los indicadores sociales de Ecuador y cómo protegerá el gobierno el gasto social dentro del plan?
Ecuador ha logrado avances sustanciales en lo que se refiere a reducción de la pobreza en las últimas dos décadas, desde que el país adoptara la dolarización. El porcentaje de la población que vive por debajo de la línea nacional de pobreza se redujo de 64,4% en 2000 a 21,5% en 2017, y la proporción de la población que vive con menos de USD 1,90 diarios disminuyó de 28,2% en 2000 a 3,6% en 2016.
Si bien estos son logros notables, las tasas de pobreza en las poblaciones rurales e indígenas siguen siendo elevadas. Y aunque el gasto en asistencia social es alto en comparación con el resto de la región y la cobertura en el 20% inferior de la distribución del ingreso es buena, las autoridades consideran que hay margen para mejorar. Por lo tanto, el gobierno incluyó en el plan medidas como las siguientes para proteger a los pobres y a los más vulnerables:
Incrementar el gasto en programas de asistencia social, como el Bono de Desarrollo Humano y el Bono Joaquín Gallegos Lara, y ampliar la cobertura de las pensiones no contributivas.
Elaborar un registro social para focalizar mejor los programas sociales.
Mejorar la eficiencia y la calidad de la educación primaria y el gasto en salud para obtener mejores resultados y para fomentar la calidad de la fuerza de trabajo y la competitividad externa de la economía.
P6: Como señaló, una de las prioridades fundamentales del nuevo plan es seguir mejorando la transparencia y apuntalar la lucha contra la corrupción. ¿Por qué es esto importante para la economía?
El gobierno se ha comprometido a promover la transparencia y a combatir la corrupción en el país ya que esta incide en todos los rincones de la economía. Estos esfuerzos ayudarán a mejorar el funcionamiento de las empresas, a reducir los costos del financiamiento público y a promover la inversión y el empleo en el sector privado. Entre las principales medidas están las siguientes:
Adoptar leyes anticorrupción que realzarán la independencia y el poder de las entidades policiales y judiciales, y que mejorarán el acceso a la información sobre las operaciones del gobierno.
Publicar los estados financieros del banco central a medida que estén disponibles, conforme a las normas internacionales de información financiera.
Formular una evaluación del riesgo nacional del régimen de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/LFT) estableciendo prioridades adecuadas frente a las amenazas y los incidentes relacionados con corrupción.
Adherirse a la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas, lo cual ayudará a mejorar la transparencia en el sector petrolero.
María Alejandra Vicuña dimitió este martes por una denuncia por supuestos cobros ilegales cuando era legisladora. Había asumido en enero, luego de que el vicepresidente anterior de Lenin Moreno fuera condenado por el caso Odebrecht.
La vicepresidente de Ecuador, María Alejandra Vicuña, renunció este martes a su cargo, acosada por una denuncia de supuesta corrupción relacionada con el cobro ilegal de donaciones a un exasesor suyo, cuando era legisladora entre 2011 y 2013.
Vicuña, a través de una carta que divulgó en Twitter, aseguró que no se prestará para que las presunciones en su contra sean utilizadas para crear un ambiente de inestabilidad en el Gobierno o de rumores que apuntan hasta la posibilidad de que renuncie el propio presidente del país, Lenín Moreno.
Moreno había decidido un día antes relevarla de sus funciones, la que delegó en el secretario general de la Presidencia, José Agusto Briones. Ese mismo día, Vicuña había solicitado una licencia hasta el 31/12 para organizar su defensa, lo que iba a ser analizado por la Asamblea Nacional este jueves.
La renunciante vicepresidente ocupó el cargo en enero último, cuando fue designada por la Asamblea Nacional en reemplazo de Jorge Glas Espinel, condenado por el caso Odebrecht, también una trama de corrupción.
“Presento la renuncia a mi cargo pues prefiero que él (Moreno) pueda contar con alguien más para que asuma definitivamente las grandes responsabilidades que me encargó”, dijo Vicuña en la carta publicada el martes.
“El país no merece esta inestab ilidad por lo que presento la renuncia a mi cargo como vicepresidenta, no me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del presidente o de grave conmoción interna. ¡Toda acción es en beneficio de los ciudadanos!”, dijo en la misiva.
Vicuña, de 40 años, quien asumió oficialmente la segunda magistratura el pasado 06/01, afirmó que la decisión de renunciar fue tomada tras una profunda reflexión. Aseguró que desde que asumió la Vicepresidencia ha sido víctima de ataques, calumnias e infamias “de la peor calaña”.
“Han escarbado mi vida, no han encontrado nada; han usado a un individuo sin escrúpulos que se ha prestado a forjar esta bajeza, que cual si fuese ya una sentencia, se presentó ante la ciudadanía de forma maliciosa en un medio de comunicación sin el mínimo contraste, sin pedir mi versión”, dijo Vicuña en el comunicado emitido este martes junto con un video.
Vicuña se encuentra bajo una investigación de l a Fiscalía General después de que la semana pasada medios locales informaran de supuestas contribuciones indebidas que habría recibido en su cuenta bancaria cuando se desempeñó como legisladora, y que antiguos asesores le habrían depositado.
El Parlamento de Ecuador solicitó el jueves su renuncia y varios legisladores pidieron que fuera sometida a juicio político.
