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Nuevo orden o desvío transitorio de la economía mundial

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Por Marcela Cristini y Guillermo Bermúdez* – El mundo se debate entre un nuevo orden económico internacional y el rescate del multilateralismo de probados resultados para los países en desarrollo. Por el momento, los cambios casi diarios en la política comercial de los Estados Unidos no han afectado seriamente la actividad mundial pero sí han provocado un menor flujo de inversiones y un reacomodamiento del comercio. El desacople entre los Estados Unidos y China es el efecto más importante que está modificando la relación de China con América del Sur. Argentina puede aprovechar oportunidades, pero deberá ejercer una estrategia de balance para mantener sus buenas relaciones con los Estados Unidos.

En 1947, en el mundo que siguió a la Segunda Guerra Mundial, los países firmaron el Acuerdo General de Comercio y Aranceles (GATT) con el objetivo de relanzar la economía internacional reduciendo paulatinamente las barreras comerciales. En 1995, ese acuerdo se amplió con la formación de la Organización Mundial del Comercio.

Entre medio, en 1964 las Naciones Unidas organizaron la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) para ayudar a los países en desarrollo a integrarse a la economía mundial mediante el comercio y las inversiones. Más recientemente, desde la crisis financiera internacional de 2008, el G-20 reúne a los países de mayor peso en las decisiones mundiales para trazar un rumbo de acción en numerosos temas que incluyen también al comercio y las inversiones. A estos organismos se suman otras asociaciones de países (OCDE, BRICS), varios organismos temáticos (FAO, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su panel de expertos, el IPCC) y, por último, los organismos financieros multilaterales (FMI y Banco Mundial como resultado del Acuerdo de Bretton Woods de 1944) como facilitadores del crecimiento de los países en desarrollo. En el curso de casi 80 años y a pesar de numerosas crisis políticas y económicas, ese andamiaje internacional tuvo éxito en reducir la pobreza, elevar la esperanza de vida y nivelar el campo de juego entre países de distinto poder de acción. Entre fines de los 90 y 2015, además, la “era de la globalización” se caracterizó por una nueva etapa de cambio tecnológico y la conformación de grandes cadenas de valor que volvieron difusas las fronteras económicas y ayudaron a una mayor convergencia del ingreso promedio en el mundo.

Esta última etapa de alto crecimiento ocultaba, con todo, un desgaste de la institucionalidad económica internacional que se reflejaba en el tejido de acuerdos preferenciales de comercio, uso frecuente de barreras no arancelarias y agendas ampliadas de los organismos multilaterales que descuidaban las prioridades de mayor consenso como la de la seguridad alimentaria o la salud. En ese marco, la crisis financiera de 2008, sus consecuencias en Europa en 2012, la irrupción del COVID 19 y los riesgos de las nuevas tecnologías para el empleo, entre los factores más importantes, llevaron a resultados económicos insatisfactorios en muchos países avanzados, empujando a sus votantes hacia agendas más conservadoras.

En ese contexto, en 2025 el nuevo gobierno del presidente Trump en los Estados Unidos decidió separarse del camino que su país había liderado, ejerciendo una nueva estrategia que utiliza la penalización comercial hacia otros países, tanto competidores como aliados políticos, para construir un “nuevo orden” que asegure el bienestar de sus conciudadanos (menos impuestos, menos inmigración, cambio de agenda social hacia una posición más conservadora), a la vez que busca el mantenimiento de la primacía económica internacional de su país. Para el logro de esos objetivos se han mantenido negociaciones abiertas con escalamiento y desescalamiento de amenazas comerciales.

Estas medidas se sustentan en legislación especial que a lo largo de los años ha permitido a los presidentes norteamericanos administrar situaciones de excepción y urgencia sin pasar por el Congreso. Este hecho hace que el propio Congreso de los Estados Unidos lleve un inventario de las medidas que muestra las idas y vueltas de las decisiones ejecutivas caso por caso (https://www.congress.gov/crs-product/R48549). En el plano político internacional, el gobierno del presidente Trump buscó reafirmar la calidad de potencia mundial de su país activando su rol de garante de paz en conflictos localizados. A la vez,
su peso estratégico en la seguridad internacional ha sido parte de los incentivos para llegar a acuerdos comerciales rápidamente con el Reino Unido, la Unión Europea y Japón.

Varios factores jugaron por detrás de ese cambio de estrategia externa norteamericana, pero sin duda el principal de ellos fue la competencia tecnológica con China. Una de las alertas observada en los Estados Unidos fue el resultado del plan chino “Made in China, 2025” lanzado en 2015 y que, actualmente, sigue evolucionando sin etiquetas, pero con claras acciones para el desarrollo de la inteligencia artificial, energías verdes, vehículos eléctricos y un desarrollo futuro basado en las propias capacidades tecnológicas.

Este tipo de políticas ya han sido ampliamente utilizadas por China permitiéndole trepar a lo largo de las cadenas de valor desde su rol como un proveedor genérico de insumos hasta los niveles más altos de diseño tecnológico y toma de decisiones.

Como efecto colateral, las políticas chinas también han mostrado falencias, por ejemplo, con la generación de sobreproducción de acero, aluminio y paneles solares, entre los casos más importantes, lo que ha terminado afectando a los
mercados internacionales.

Otro punto de preocupación de los Estados Unidos es la intención de China y sus países socios en BRICS por reemplazar al dólar como moneda en las transacciones comerciales internacionales. Más recientemente, el conflicto por las tierras raras como insumo para industrias tecnológicas puso en evidencia que China abastece el 70% de ese insumo a los Estados Unidos.

China también ha buscado el acercamiento con los países de su entorno mediante acuerdos comerciales y de inversiones con Vietnam, Camboya, o Indonesia, entre otros. Desde el inicio, la estrategia de China fue la de responder con represalias a las iniciativas arancelarias de los Estados Unidos para, eventualmente, sentarse a negociar desde posiciones niveladas. Y, por el momento, parece tener resultados acordes.

Tanto por la forma como por el tamaño de los flujos de comercio e inversiones involucrados por las medidas proteccionistas de los Estados Unidos, se temió por los niveles de actividad mundiales. Notablemente, y por el momento, la economía internacional se ha mostrado resistente a estos shocks. Así, el crecimiento mundial se pronostica con una leve desaceleración del 3,3% en 2024 al 3,1% en 2026 (datos del FMI, octubre 2025) y el comercio mundial de mercancías mantiene su crecimiento entre 2024 y 2025 en volumen con un 2,8% y 2,4%, respectivamente (según la OMC, octubre 2025). Aunque en este último caso debe tenerse en cuenta que en lo que va del año, las importaciones de los Estados Unidos fueron un récord debido a la acumulación de inventarios que hicieron las empresas con anterioridad a la entrada en vigor de los
“aranceles recíprocos”.

Las novedades sobre acuerdos y rupturas comerciales entre los Estados Unidos y el resto del mundo se suceden con frecuencia diaria. Entre los países en desarrollo de mayor porte económico, Brasil e India han sufrido la imposición de aranceles generalizados del 50% como “castigo” político (prisión de Bolsonaro en Brasil y compra de combustible a Rusia en India). Entre los aliados históricos de los Estados Unidos, Canadá enfrenta una gran hostilidad comercial y México ha logrado una tregua a la vez que estos tres países se acercan a una nueva renegociación del acuerdo preferencial de América del Norte (USMCA). Corea del Sur ha anunciado un nuevo acuerdo durante la visita del presidente Trump a la reunión del ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático conformada por Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam) y se espera la concreción de una nueva “tregua” en el caso de China.

Mientras esto ocurre los principales países en el comercio internacional buscan mantener sus acuerdos preferenciales y consolidar sus esferas de influencia. Por ejemplo, en el caso del ASEAN se trata de hacer avanzar el acuerdo del RCEP (Asociación Económica Integral Regional) con Australia, China, Japón, República de Corea y Nueva Zelanda, a la vez que se han establecido conversaciones estratégicas con países tan diversos como India, Rusia y los Estados Unidos.

A estos acuerdos se suman el APTA (Acuerdo Comercial de Asia-Pacífico), la cooperación económica de Asia-Pacífico (APEC) y la Asociación del Trans-Pacífico (CPTPP) a la que también pertenecen los países latinoamericanos de Perú,
Chile, México. La Organización Mundial del Comercio (OMC) tiene registradas 691 notificaciones de acuerdos comerciales regionales con más de la mitad en funcionamiento.

La multiplicación de las negociaciones bilaterales y regionales junto con el debilitamiento de los organismos multilaterales abre un interrogante con respecto a los riesgos en el futuro inmediato, especialmente para los países en desarrollo. A diferencia de los pronósticos moderados pero sostenidos de la actividad mundial, este riesgo está afectando los flujos de inversiones entre países, que en 2025 volverán a caer por segundo año consecutivo.

En este capítulo de las inversiones extranjeras directas (IED), los países de América Latina siguen, en promedio, la tendencia de caída de los flujos de entrada de inversiones entre 2024 y 2025. Sin embargo, en el corriente año se verifica un mayor número y valor de proyectos anunciados hacia el futuro en Argentina, Brasil y México. Es interesante notar que comparando la recepción de los flujos a lo largo del tiempo desde los años 90, China y los países de América del Sur han participado con niveles semejantes. Sin embargo, la naturaleza de las inversiones fue diferente, ya que en China esos flujos permitieron el desarrollo de cadenas de valor industriales y tecnológicas y en América del Sur se concentraron en la explotación de recursos naturales. Sin embargo, un aspecto distintivo hasta muy recientemente ha sido que, en oportunidad de cada crisis financiera internacional, las inversiones totales decrecían y China disminuía su participación mientras América del Sur la mantenía o la mejoraba (Gráfico y Cuadro 1).

En los últimos años China pasó de receptor neto a colocador neto de inversiones en proyectos de infraestructura distribuidos en el mundo, con gran presencia en África y América Latina. En este último caso, la inversión de empresas estatales chinas en los puertos latinoamericanos ha buscado facilitar los flujos de comercio especialmente en las costas del Pacífico, pero también hacia y desde Brasil. Así, se han desarrollado los puertos de Chancay en Perú, Balboa y Cristóbal en Panamá, y terminales portuarias en los puertos de Paraguaná y Santos en Brasil. China también cuenta con terminales en los principales puertos de México. Las navieras chinas operan rutas seguras hacia América del Sur y esa facilitación del comercio ha contribuido al crecimiento de los flujos de mercaderías que transportan insumos industriales y productos terminados hacia los puertos sudamericanos mientras que los países de América del Sur envían minerales (cobre, hierro, zinc), combustibles (carbón, petróleo y gas natural) y productos agroindustriales (soja, carnes, frutas) a China. Más recientemente, en los
últimos cuatro años China ha buscado un perfil diferente como inversor en países en desarrollo limitando su interés por la infraestructura y avanzando en inversiones tecnológicas, energía solar (Argentina) y minería, y automóviles eléctricos (Brasil).

Volviendo al capítulo del comercio, el reacomodamiento de la oferta y demanda chinas como consecuencia del desacople de intercambio con los Estados Unidos ya es visible en países de América Latina como Brasil y la Argentina. Ese es el caso, por ejemplo, de la soja. Hasta el inicio de la “guerra comercial”, la mitad de la soja de los Estados Unidos se vendía a China (en torno al 20% de la demanda de importaciones de soja de China). En la actualidad, Brasil y la Argentina ocuparon ese espacio.

El avance de la presencia china en América Latina ha vuelto ha despertar el interés de los Estados Unidos por nuestra
región y explica, en parte, el fuerte apoyo a la Argentina y el reciente acercamiento con Brasil, a pesar del enfrentamiento tarifario aún vigente.

En el caso de la Argentina, el efecto directo de las medidas arancelarias del presidente Trump se centran en la imposición de un arancel general del 10% (antes era, en promedio, inferior al 2%), lo que encarece nuestros productos hacia uno de nuestros destinos más importantes (tercer mercado para las exportaciones argentinas, rondando un 10% de participación). En el caso de productos particulares, como el acero y el aluminio los aranceles son más altos (50%), a la vez que sobre petróleo y productos de la minería los tratamientos han sido inicialmente más favorables. Frente a países competidores como Brasil que, por el momento y como ya se mencionara, enfrenta un arancel del 50%, la Argentina mantiene una mayor competitividad.

En el marco del apoyo de los Estados Unidos a nuestro país, también se anunció la negociación de condiciones más favorables para algunos productos como una posible ampliación de la cuota de carne vacuna, vinos, cítricos, etc. Los productores de los Estados Unidos han manifestado su fuerte oposición a esa iniciativa.

El efecto indirecto de estas medidas se ha empezado a ver por el intercambio ampliado con China y también nuestro saldo comercial deficitario con ese país (ver Gráfico 2). En el futuro cercano, el mantenimiento de los aranceles norteamericanos, sumado a los acuerdos comerciales con la Unión Europea, podría significar un redireccionamiento importante de nuestra oferta agroindustrial hacia los países asiáticos.

Para finalizar, cabe una advertencia: esta breve síntesis de la situación del comercio y las inversiones internacionales, aunque amplia, no llegará actualizada al lector ya que los cambios, con marchas y contramarchas, se observan a diario. La discusión de los analistas se centra en determinar la permanencia de este nuevo orden económico internacional en construcción. Las ventajas probadas del multilateralismo sugieren que, con reformas y nuevas iniciativas, la mayoría de los países del mundo buscarán mantener su vigencia. En el proceso, los costos pueden ser importantes y encuentran a la Argentina en un momento económico crítico, lo que agrega una prueba más a nuestros habituales y recurrentes desafíos externos

*Marcela Cristini y Guillermo Bermúdez – economistas FIEL

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Vivir el futuro con leyes del pasado

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Por Nuria Susmel* – Después de conseguir el aval de más del 40% de la población en las elecciones últimas, el gobierno apuesta a que, esta vez, pueda conseguir un viejo anhelo: un cambio importante en las leyes que regulan el mercado de trabajo, la mayoría de las cuales fueron diseñadas hace más de 40 años.

Tras una fuerte expansión entre 2003 y 2011, la dinámica del empleo cambió. Si bien el crecimiento del empleo continuó, aunque a la mitad de tasa de la del período anterior, el mayor cambio se dio en el empleo privado registrado.

Mientras éste había venido aumentando a una tasa promedio anual del 7,4%, de 2011 en adelante, el crecimiento fue de apenas del 0,62% promedio por año. Puesto en números: de los, aproximadamente, 120 trabajadores que ingresan por año al mercado de trabajo, solamente 25 mil encuentran un trabajo asalariado en el sector privado en el cual lo registren. El resto lo ha hecho entre la informalidad o el cuentapropismo (registrado o no).

Esto se agudizó en los últimos años. Entre fines de 2023 y el presente, la economía creo 60 mil puestos promedio anual. Ninguno en el sector privado registrado que, por el contrario, se redujo en un promedio de 54 mil puestos promedio por año.

Obviamente, este comportamiento es consecuencia de varios factores, como ser la evolución de la actividad económica y costos laborales. Pero es claro que las regulaciones laborales que datan del siglo pasado han sido y son un obstáculo para el
desempeño del mercado de trabajo.

La Ley de Contrato de Trabajo, data de 1974 (en 1976 se ordena el texto). Desde ese momento, tuvo solo dos modificaciones de fondo: en 1991 (Ley de empleo), reforma que fue dada vuelta en el año 2000, y en el año 2024, a través del Decreto 70/2023.

La Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo (Ley 14250) se sancionó en 1953 y cuenta con tres reformas de fondo, la última en 1988 (en el año 2004 se aprobó el texto ordenado incorporando las reformas).

Finalmente, la Ley de Asociaciones Sindicales (Ley 23.551), también del año 1988, no ha tenido cambios relevantes desde su sanción; solo en el año 2004, cuando se aprobó el texto ordenado que clarificó algunos artículos de la ley.

O sea, las leyes que regulan el comportamiento del mercado tienen entre 38 y 72 años y fueron diseñadas para un mundo que ya no existe.

El Decreto 70/2023 fue un intento de reforma amplia de las regulaciones en el mercado de trabajo, pero muchas de las modificaciones que incluía fueron suspendidas por la justicia. Ahora, tras el resultado de las elecciones del 26 de octubre que mejora sustancialmente la fuerza del gobierno en el Congreso, comienza una nueva avanza da de la reforma laboral, con la intención de lograr la aprobación de los aspectos que fueron suspendidos por la justicia.

Los puntos principales que aparecen en un proyecto de ley presentado en agosto, y que sería la base de la discusión, son:
a) acuerdos que modifiquen elementos esenciales del contrato, aunque estos acuerdos deben ser homologados
b) facultades para el empleador de modificar ciertas condiciones del contrato de trabajo (horario, tareas, lugar de trabajo)
c) ampliación del listado de beneficios sociales, incluyendo provisión de internet, sepelios, útiles escolares, guardería, etc.
d) ampliación de los medios de pago aceptables, incluyendo plataformas interoperables y competitivas (fintech)
e) autorización para otorgar el período de vacaciones durante todo el año (actualmente, de octubre a abril)
f) introducción de banco de horas, francos compensatorios, entre otros institutos relativos a la jornada laboral dentro de los acuerdos colectivos de trabajo
g) en caso de juicios laborales, fijación de la tasa de interés en 3%, y autorización a las Pymes para pagar la indemnización en cuotas

Este proyecto de ley no introduce ninguna modificación a la Ley de Asociaciones Sindicales ni a la Ley de Convenciones Colectivas, aunque sí se menciona la intención de discutir modificaciones a las mismas, como limitar la intervención estatal en elecciones gremiales, garantizar representación de minorías y restringir reelecciones, tender a la descentralización de las negociaciones y eliminar la ultraactividad

También se comenta la adopción del concepto de “salario dinámico”, que implica dejar de fijar pisos salariales en los convenios colectivos para pasar a fijar salarios de referencia, algo así como salarios sugeridos, permitiendo a las empresas pagar salarios diferentes de acuerdo a las condiciones particulares de la misma. Avanzar sobre este punto requiere descentralización de las negociaciones.

Seguir con leyes diseñadas para tiempos en que las mujeres no participaban activamente del mercado de trabajo, cuando la comunicación telefónica internacional requería “operadora” y cuando las computadoras debían ser trasladadas en camiones, dificulta el camino hacia el futuro. Llegar se llega, pero último. Sin cambios, el empleo seguirá creciendo, pero lo hará en segmentos donde la productividad sea baja y los trabajadores que accedan carezcan de los mínimos derechos.

Nuria Susmel* Economista de FIEL

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Ante una gran oportunidad

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Se abre una oportunidad para promover reformas estructurales ambiciosas. Queda pendiente mejorar las reservas del BCRA, y hay espacio para que esta compra de divisas se realice sin esterilizar.

El resultado de las elecciones del 26 de octubre ha sido muy positivo para el funcionamiento de la economía argentina. En la previa de las elecciones, había una gran tensión financiera que contaminaba a la economía real (aplacada, sólo en parte, por la ayuda del gobierno de Estados Unidos). Las exorbitantes tasas de interés en pesos no eran suficientes para evitar que el tipo de cambio alcanzara el techo de la banda de flotación y ello tenía consecuencias sobre el nivel de actividad y algunas decisiones de consumo.

Se percibía un riesgo político creciente desde el resultado en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y también las consecuencias de algunos errores en decisiones de política económica. El resultado de la elección del domingo 26 no sólo le dio al gobierno más musculatura de la esperada en el Congreso, lo cual debería ayudar a lograr reformas más potentes, sino que redujo significativamente la probabilidad de que a fines de 2027 regrese al poder una fuerza política que todavía pregona la necesidad de un nuevo default y no reniega de sus errores que resultaron en déficits fiscales financiados con emisión y, por lo tanto, en tasas de inflación astronómicas.

Esa menor probabilidad de retornar al populismo debería ayudar a motorizar inversiones. Nadie hunde mucho capital en una economía si espera que le cambien las reglas de juego en forma arbitraria al poco tiempo. Los congelamientos de tarifas, las modificaciones a la libre disponibilidad de divisas aprobada por ley y alteraciones a la estabilidad tributaria son algunos ejemplos del comportamiento oportunista del populismo vernáculo en el pasado no tan lejano.

El resultado electoral también debería favorecer la aprobación de reformas estructurales más ambiciosas. En el campo laboral, hay problemas con la rigidez contractual, los costos del cese laboral, la litigiosidad y los costos impositivos y no impositivos. Los problemas de rigidez no sólo incluyen a la negociación colectiva que impone las mismas condiciones para realidades muy diferentes entre provincias. La Argentina tiene poca flexibilidad a la hora de hacer contratos a tiempo parcial o temporarios. La indemnización por despido, calculada como un mes de sueldo por cada año de antigüedad, es alta en la comparación internacional, pero la litigiosidad la eleva aún más y lo mismo aplica para los riesgos del trabajo. Una posible solución es fusionar el fuero laboral con el comercial, pero se requiere también que las provincias resuelvan los problemas que se generan en su ámbito de competencia. Además, es necesario establecer criterios más acotados y precisos para reducir los márgenes de interpretación de la ley. Finalmente, la Argentina tiene la mayor brecha entre costo laboral y salario neto de la región, pero reducirla requiere recursos fiscales alternativos. Además, los sindicatos obtienen ingresos anormalmente elevados, sin que se perciba una contraprestación para el trabajador. Reducir este “impuesto con recaudación privatizada” debería ser una prioridad de la reforma.

En materia tributaria, los problemas que aquejan a la “competitividad” se originan en los impuestos a las transacciones financieras, las retenciones, el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto de sellos y la tasa de seguridad e higiene. El problema es que éstos recaudan alrededor de 7% del PIB y que intervienen los tres niveles de gobierno. La reducción en el número de impuestos no es una reforma relevante; lo importante no es la cantidad de impuestos sino los problemas que cada uno de ellos generan. Simplemente pensemos que el sistema tributario argentino sería todavía peor que el actual si se reemplazaran todos los impuestos por un “gran impuesto a los ingresos brutos”. Y modificaciones en el impuesto a las ganancias de las personas físicas que reduzcan el peso del impuesto no disminuyen costos de las empresas, reducen la recaudación y afectan la capacidad distributiva del gravamen.

Finalmente, el resultado electoral ha reducido significativamente el riesgo político. Pero la economía necesita volver a los niveles de tasas de interés que regían antes del 15 de julio. Es posible que ello no resulte en un tipo de cambio más depreciado que el actual si se consideran sólo los flujos de oferta y demanda de divisas privados. Pero queda pendiente mejorar las reservas del BCRA y ello va a requerir que, como estaba previsto en el acuerdo con el FMI, la autoridad monetaria compre divisas dentro de la banda de flotación. La ventaja es que hay suficiente espacio para remonetizar la economía partiendo de niveles muy bajos de la cantidad de dinero transaccional.

El cuadro adjunto compara distintos agregados monetarios medidos en porcentaje del PIB para los meses con inflación menor o igual al 2% desde 2003 a la fecha, lo ocurrido en un periodo sin cepo y la situación actual. Se puede ver que existe espacio para remonetizar, lo que permitiría comprar reservas sin esterilizar su efecto monetario.

En cambio, las compras de divisas para atender pagos de deuda pueden reducirse o dejar de ser necesarias si se accede a los mercados de capitales, lo que ahora parece posible por la ayuda americana.

En ese contexto, las opciones pasarían por avanzar hacia una flotación sin bandas, sin reservas netas y con el swap negociado con el gobierno americano como un sustituto temporario de esa fragilidad en los activos del BCRA.

O, alternativamente, modificar las bandas subiendo el techo y sobretodo el piso para tratar de evitar la tentación de fortalecer el peso antes de que lluevan exportaciones e inversiones.

Como puede verse, los desafíos siguen siendo importantes, pero el gobierno parece haber aprendido de algunos de sus errores. Esperemos que el 26 de octubre se haya abierto la puerta para empezar a recuperar tanto terreno perdido.

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La industria volvió a caer en septiembre y acumula su tercer trimestre de contracción

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La producción industrial cayó 4,5% interanual en septiembre, según el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). El informe señala que la actividad fabril encadena tres trimestres consecutivos de contracción, en un contexto de fuerte desaceleración del consumo y reacomodamiento de las cadenas productivas tras la crisis de 2024.

En términos desestacionalizados, la producción cayó 3% respecto de agosto, mientras que la medición con estacionalidad marcó un descenso de 3,6%. De esta forma, el promedio del tercer trimestre registró una baja de 3% frente al mismo período de 2024 y de 2,7% frente al trimestre previo. Aun así, el acumulado de los primeros nueve meses del año mantiene un leve crecimiento de 0,6%.

Sectores con mejor y peor desempeño

Entre los rubros con resultados positivos en septiembre destacaron la refinación de petróleo y la producción de alimentos y bebidas, que continuaron mostrando resistencia en medio de la recesión. En contraste, la industria automotriz volvió a caer por tercer trimestre consecutivo debido a la suspensión de modelos y reconversión de líneas, mientras que la metalmecánica, los químicos y plásticos y el sector de papel y celulosa también registraron retrocesos.

En el acumulado enero–septiembre, los minerales no metálicos lideraron el crecimiento con una mejora del 6,5%, seguidos por la producción automotriz (4,5%), alimentos y bebidas (3,2%) y metálicas básicas (2,8%). Del otro lado, las caídas más marcadas se observaron en insumos químicos y plásticos (-7,7%) y en papel y celulosa (-5,1%).

Economis

Índice de Producción Industrial (IPI) — Septiembre 2025

Variaciones porcentuales | Fundación FIEL

Corte: 22/10/2025

Interanual

-4,5%

Mensual (desest.)

-3,0%

Acum. ene–sep

+0,6%

Indicador Variación %
Sept. 2025 vs. Sept. 2024 -4,5%
Sept. 2025 vs. Ago. 2025 (con estacionalidad) -3,6%
Sept. 2025 vs. Ago. 2025 (desestacionalizado) -3,0%
3º Trim. 2025 vs. 3º Trim. 2024 -3,0%
3º Trim. 2025 vs. 2º Trim. 2025 (desest.) -2,7%
Ene–Sep 2025 vs. Ene–Sep 2024 +0,6%
Fuente: FIEL – Índice de Producción Industrial (Parte de Prensa Nº 1081). economis
Nota: signos en rojo indican caída; en verde, suba. Serie mensual desestacionalizada informada por FIEL.

Por tipo de bien, los bienes de capital fueron los únicos que sostuvieron un crecimiento sólido, con una suba de 8,1% interanual en los primeros nueve meses. Los bienes de consumo no durables mejoraron 2,6%, mientras que los bienes intermedios retrocedieron 0,8% y los bienes de consumo durables se desplomaron 3,1%.

FIEL advierte que la industria argentina atraviesa su duodécima recesión desde 1980, acumulando en siete meses una caída anual equivalente al 11,1%. Aunque esa cifra es levemente inferior al promedio histórico (12,6%), supera en velocidad de deterioro a más de la mitad de los episodios anteriores.

“El tercer trimestre marcó un nuevo retroceso interanual con caídas en sectores líderes. La industria transita una fase recesiva que se profundiza y se encamina a cerrar el año con una contracción generalizada”, concluye el informe.

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Señales de agotamiento: la actividad industrial cayó 3,3% en julio 

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La producción industrial registró en julio una contracción del 3,3% interanual, de acuerdo al Índice de Producción Industrial (IPI) de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). El retroceso recortó la mejora acumulada de los primeros siete meses del año al 1,7% en la comparación con igual período de 2024, y encendió señales de agotamiento en la recuperación iniciada en abril del año pasado.

Sectores en retroceso

Según el relevamiento, la caída se concentró en los sectores que venían liderando la recuperación. La industria automotriz fue la de mayor retroceso en julio, con bajas en la producción de automóviles y utilitarios, debido a paradas técnicas programadas por vacaciones y mantenimiento. A pesar de que las ventas mayoristas y los patentamientos mantuvieron dinamismo, las exportaciones del sector cayeron fuerte tras cuatro meses consecutivos de alzas.

Otro rubro que mostró un freno fue el de minerales no metálicos, que interrumpió la sucesión de mejoras observadas desde febrero. El informe recordó que este comportamiento estaba anticipado, ya que en la segunda mitad de 2024 se había dado un repunte que elevaba la base de comparación.

En el caso de alimentos y bebidas, el sector igualó el récord de producción de un año atrás, combinando una caída en alimentos —que venía de un proceso de recuperación— con un leve crecimiento en bebidas.

Entre enero y julio, la producción de minerales no metálicos moderó su crecimiento al 10,4%, mientras que la automotriz lo redujo al 10% interanual. Por encima del promedio industrial se ubicaron alimentos y bebidas (+3,6%) e industrias metálicas básicas (+3,3%).

En contraste, el proceso de petróleo (+0,5%) y la producción textil (+0,4%) se mantuvieron estables respecto a 2024. Los despachos de cigarrillos (-1,2%) y la metalmecánica (-1,7%) retrocedieron, al igual que la producción de papel y celulosa y de químicos y plásticos, con una caída del 6,4% interanual.

Por tipo de bienes, todos mostraron un freno en el crecimiento acumulado. Los bienes de capital redujeron la suba a 9,2% en enero-julio, afectados por la baja transitoria en utilitarios. Los bienes de consumo no durable quedaron con un avance de 3%, mientras que los bienes intermedios (+0,4%) y de consumo durable (-0,3%) igualaron los niveles de 2024.

Más de la mitad del crecimiento acumulado en lo que va del año proviene de los bienes de consumo no durable, con una tendencia estable, mientras que intermedios y durables exhiben un retroceso desde comienzos del año.

Señales de agotamiento

En términos desestacionalizados, la producción cayó 1,4% en julio respecto al mes anterior, acumulando dos meses consecutivos de baja tras el impasse de mayo. Con ello, la industria se ubica 4,6% por debajo del nivel de febrero y muestra un crecimiento equivalente anual del 1,9%, el más bajo de los ciclos expansivos desde 1980.

En síntesis, FIEL advirtió que julio marcó la primera contracción interanual de la industria en siete meses, en un contexto de enfriamiento de la recuperación y con un segundo semestre que se perfila desafiante.

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