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Desde septiembre, el nuevo sistema del BCRA cambia cómo se pagan las cuotas de los préstamos

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A partir del 31 de agosto, bancos y billeteras deberán tener disponible el Cobro con Transferencia (CCT), el nuevo mecanismo diseñado por el Banco Central para modificar la forma en que se cobran las cuotas de los préstamos. La herramienta permitirá que una entidad acreedora solicite el pago desde una cuenta bancaria o de pago previamente autorizada por el cliente, aunque esa cuenta pertenezca a otra institución.

El cambio llega en un momento particularmente sensible para el sistema financiero. La morosidad de los créditos otorgados por proveedores no financieros aumentó con fuerza y convirtió la eficiencia de los mecanismos de cobranza en una cuestión estratégica para bancos, fintech y empresas de crédito. La nueva herramienta busca ordenar ese proceso, pero su capacidad para reducir efectivamente la mora dependerá de que el deudor tenga fondos disponibles en la cuenta que autorizó.

Qué cambia con el Cobro con Transferencia

El CCT fue creado mediante la Comunicación “A” 8406 y apunta a reemplazar las modalidades de transferencias inmediatas utilizadas para determinados cobros recurrentes. El Banco Central estableció este mecanismo como la única modalidad de transferencias inmediatas habilitada para ese tipo de operaciones.

En términos prácticos, el funcionamiento tendrá similitudes con un débito automático. La diferencia es que técnicamente se tratará de una transferencia iniciada por el acreedor a partir de un consentimiento previo del titular de la cuenta.

El cliente deberá seleccionar y vincular una cuenta bancaria o de pago identificada mediante CBU o CVU. Una vez otorgada la autorización, la entidad que concedió el crédito podrá solicitar el cobro de cada cuota. El consentimiento podrá ser revocado posteriormente a través de los canales electrónicos habilitados.

La principal novedad para el usuario es que ya no será indispensable que la cuenta desde la cual se paga el préstamo pertenezca al mismo banco o entidad que otorgó el crédito. Una persona podrá autorizar, por ejemplo, una cuenta de otra institución financiera o una billetera virtual, siempre que se encuentre dentro del esquema habilitado.

El sistema no permite buscar dinero en cualquier lugar

El nuevo mecanismo tiene límites precisos sobre los fondos que pueden utilizarse para cancelar una cuota. El CCT alcanza los saldos disponibles en cuentas a la vista o cuentas de pago identificadas mediante CBU o CVU.

Eso significa que no habilita a las entidades acreedoras a recorrer indiscriminadamente todos los activos financieros de un cliente.

Los fondos depositados en cuentas de inversión o instrumentos financieros que no formen parte directamente de la cuenta autorizada quedan fuera del mecanismo. Por eso, tener dinero dentro del sistema financiero no implica necesariamente que ese saldo pueda ser utilizado para cancelar automáticamente un préstamo mediante CCT.

La distinción adquiere importancia a medida que se multiplican las relaciones financieras de una misma persona. Un cliente puede cobrar su sueldo en un banco, mantener ahorros en otra entidad y utilizar una billetera virtual para sus gastos cotidianos. El CCT no unifica automáticamente esos fondos: requiere que el usuario haya autorizado específicamente la cuenta correspondiente.

Hay un límite para los intentos de cobro

El mecanismo tampoco habilita una búsqueda permanente de fondos. La normativa contempla un intento de cobro por cada período y hasta dos reintentos, separados según los plazos establecidos.

Si los intentos fracasan porque no existe dinero suficiente en la cuenta autorizada, el acreedor deberá recurrir a otra vía para reclamar la cuota. No podrá utilizar el CCT indefinidamente ni ejecutar mediante este mecanismo un cobro retroactivo cuando el cliente haya recibido fondos posteriormente.

Este aspecto constituye uno de los principales puntos de preocupación para bancos y fintech. Una persona puede no disponer de saldo el día del vencimiento y recibir su salario algunos días después. Si para entonces ya se agotaron los intentos previstos, la entidad deberá utilizar otro mecanismo de cobranza.

La limitación también evita que el sistema se transforme en una herramienta de extracción automática de fondos sin límites temporales.

Qué préstamos pueden cobrarse mediante CCT

El diseño regulatorio establece condiciones para los créditos que pueden utilizar este mecanismo. En principio, alcanza préstamos cuyas cuotas sean fijas e iguales durante la vigencia del contrato, con excepciones específicas.

Entre ellas aparecen los intereses moratorios o punitorios generados por intentos fallidos de cobro y determinadas variaciones vinculadas con seguros.

La normativa también establece que la relación entre cuota e ingreso no debe superar el 30% al momento de originación del crédito. De esta manera, el CCT no fue concebido como una autorización general para cobrar cualquier obligación recurrente, sino como una herramienta encuadrada dentro de determinadas condiciones crediticias.

Por qué el cambio llega en medio del aumento de la mora

La implementación se produce mientras crece la irregularidad de los préstamos otorgados por proveedores no financieros de crédito.

El último informe del Banco Central sobre ese segmento registró una tasa de irregularidad del 26,9% en febrero de 2026, 9,7 puntos porcentuales más que en agosto de 2025. En los préstamos personales, la irregularidad llegó al 34,1%.

El universo involucrado es amplio: alrededor de 12,1 millones de personas tenían financiamiento de proveedores no financieros de crédito y más de 7 millones estaban vinculadas al segmento fintech.

En ese contexto, un sistema que facilite el cobro de cuotas cuando existen fondos disponibles puede reducir costos operativos y mejorar la previsibilidad de las cobranzas. Pero hay una diferencia fundamental entre hacer más eficiente el cobro y reducir la morosidad.

El CCT puede resolver el problema de una persona que tiene dinero en una cuenta autorizada pero no realizó manualmente el pago. No puede resolver, en cambio, una situación de incapacidad efectiva para afrontar la cuota.

Bancos y fintech cuestionan la implementación

El sector financiero planteó reparos vinculados principalmente con la operatoria y los tiempos de implementación. La preocupación central pasa por los casos en que el cliente posee fondos, pero no en la cuenta que autorizó para el cobro o no los tiene disponibles durante los momentos en que se realizan los intentos.

También genera interrogantes la imposibilidad de buscar automáticamente dinero en diferentes cuentas pertenecientes al mismo titular.

A pocos días de la entrada en vigencia, distintas entidades trabajaban en los desarrollos técnicos necesarios y trascendieron pedidos de precisiones e incluso planteos para postergar o revisar determinados aspectos de la implementación.

Según información publicada por iProUP, Banco Galicia aparecía entre las entidades más avanzadas en el desarrollo, mientras otras instituciones y al menos una fintech especializada en préstamos todavía realizaban ajustes.

La situación técnica será relevante porque la obligación regulatoria comienza el 31 de agosto, pero la experiencia efectiva del usuario dependerá de que bancos, billeteras y prestamistas puedan integrar correctamente sus sistemas.

Una reforma que puede cambiar la relación entre bancos y clientes

El CCT introduce una modificación relevante en la arquitectura de los pagos recurrentes. Hasta ahora, buena parte de los mecanismos de cobranza dependía de una relación más directa entre el acreedor y la entidad donde se encontraba la cuenta del cliente.

El nuevo esquema habilita una lógica interoperable: el préstamo puede ser otorgado por una institución y pagado desde una cuenta administrada por otra.

Para los usuarios, esto amplía la capacidad de elegir desde dónde pagar y puede simplificar la administración de las cuotas. Para las entidades, supone una nueva infraestructura de cobranza que podría reducir fricciones, aunque también obliga a resolver problemas técnicos y operativos que no existían bajo esquemas más cerrados.

El punto decisivo será el equilibrio entre ambas partes. La herramienta debe facilitar el cumplimiento de las obligaciones sin convertir el consentimiento del usuario en una autorización ilimitada sobre sus recursos.

Por eso, la entrada en vigencia del CCT será apenas el primer paso. El verdadero test comenzará cuando millones de operaciones cotidianas permitan comprobar si la interoperabilidad mejora el pago de préstamos, reduce costos de cobranza y disminuye los incumplimientos asociados exclusivamente a problemas de disponibilidad o de canal de pago.

En un escenario de morosidad creciente, el desafío del Banco Central será que una reforma pensada para hacer más eficiente el sistema de pagos también preserve reglas claras sobre consentimiento, límites de cobro y control por parte de los usuarios. La tecnología puede hacer más automático el pago de una cuota, pero no puede sustituir la capacidad económica necesaria para afrontarla.

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Mercado Libre reconoce menor demanda en Argentina y el negocio financiero ya gana más que el comercio electrónico

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La discusión sobre el estado del consumo argentino sumó un dato proveniente de una de las compañías más importantes del comercio electrónico regional. Mercado Libre reconoció en su presentación de resultados una menor demanda de consumidores en Argentina y una desaceleración de las unidades vendidas, según destaca un análisis del Instituto Argentina Grande.

El dato resulta particularmente relevante después de que Marcos Galperin cuestionara las estadísticas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que habían mostrado una caída interanual de 3,8% en las ventas minoristas pyme.

La propia información financiera de Mercado Libre, sin embargo, describe un escenario de desaceleración de la demanda local.

El motor está cada vez más en las finanzas

El segundo dato destacado por el IAG es el cambio en la composición del negocio de la compañía.

Durante el segundo trimestre de 2026, el segmento fintech de Mercado Libre generó USD 1.182 millones, ampliamente por encima de los USD 657 millones correspondientes al negocio de comercialización de productos, según las cifras utilizadas por el Instituto.

La diferencia refleja la transformación que Mercado Libre experimentó durante los últimos años: dejó de ser exclusivamente una plataforma de comercio electrónico para convertirse también en uno de los mayores ecosistemas financieros digitales de América Latina.

Mercado Pago, créditos, procesamiento de pagos y otros servicios financieros tienen un peso creciente dentro de sus resultados.

La discusión por el 38%

Galperin utilizó como argumento el crecimiento de Mercado Libre del 38% medido en moneda constante para cuestionar las estadísticas que muestran una retracción de las ventas minoristas.

El Instituto Argentina Grande plantea una lectura diferente.

El indicador de moneda constante utilizado por una compañía regional permite comparar operaciones atravesadas por distintas monedas y contextos inflacionarios. Pero, para analizar específicamente el poder de compra y la actividad argentina, el IAG sostiene que debe considerarse también la evolución del dólar frente a la inflación doméstica.

Debido a que durante el período analizado el tipo de cambio aumentó por debajo de la inflación, el Instituto calcula que, deflactado en pesos, el crecimiento real equivalente rondaría el 4%.

De esta manera, los propios resultados de Mercado Libre permiten una lectura más compleja que la comparación directa con el indicador de CAME.

La compañía continúa creciendo, pero al mismo tiempo reconoce una desaceleración en las unidades vendidas por menor demanda de los consumidores argentinos, mientras una porción cada vez más importante de sus resultados proviene del negocio financiero.

El fenómeno vuelve a mostrar una característica de la economía actual: el crecimiento de una gran plataforma no necesariamente implica una recuperación equivalente del consumo masivo ni de las ventas del comercio tradicional.

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Deuda y morosidad récord: CADAM advierte que el crédito se convirtió en un “salvavidas de plomo”

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La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) volvió a poner el foco sobre uno de los factores que comienza a condicionar con mayor fuerza al consumo: el creciente endeudamiento de los hogares y el peso que las cuotas, intereses e impuestos tienen sobre los ingresos disponibles de las familias.

La entidad recordó que había advertido sobre este escenario en febrero de 2025, cuando publicó un informe bajo el título “Créditos a los sectores vulnerables: ¿Un salvavidas o un ancla?”. Entonces señalaba que el acceso al financiamiento, lejos de funcionar necesariamente como una herramienta de alivio para los sectores de menores ingresos, podía terminar profundizando sus dificultades financieras.

Más de un año después, CADAM sostiene que aquella advertencia cobró especial vigencia ante el crecimiento de la morosidad de las familias, particularmente en los préstamos concedidos fuera del sistema bancario tradicional, un segmento en el que adquirieron mayor protagonismo las fintech y las billeteras virtuales.

El fenómeno tiene una derivación que excede al mercado financiero. Para los distribuidores mayoristas, cada peso que los hogares deben destinar al pago de cuotas, intereses y cargos financieros es un peso que deja de estar disponible para alimentos, artículos de limpieza y otros productos esenciales.

De ese modo, el deterioro de la capacidad de pago termina trasladándose al consumo masivo, en momentos en que los hogares deben administrar con mayor cautela sus ingresos.

El costo de la morosidad termina en la tasa

CADAM plantea que tanto las entidades bancarias como las plataformas financieras deberían quedar sujetas a una regulación que contemple especialmente sus niveles de morosidad.

El argumento es que una cartera con una elevada proporción de créditos incobrables no afecta solamente a la entidad que concedió esos préstamos. Ese riesgo termina incorporándose al costo financiero de los nuevos créditos y, finalmente, trasladándose a quienes sí cumplen con sus obligaciones.

“Cuando una entidad presta mal y acumula incobrables, incorpora ese costo a la tasa de interés. En definitiva, el que paga termina pagando también por el que no paga”, advirtió la cámara.

Sobre esa base, CADAM propone evaluar mecanismos mediante los cuales los altos niveles de morosidad deriven en mayores exigencias regulatorias o de encajes para las entidades financieras.

La organización aclara que el planteo no apunta a establecer controles directos sobre las tasas de interés, sino a generar incentivos para mejorar los criterios de otorgamiento y promover un esquema de crédito más responsable.

Impuestos que también encarecen el financiamiento

A la tasa de interés y al riesgo de incobrabilidad se suma, según el diagnóstico de los mayoristas, la presión tributaria que recae sobre las operaciones financieras.

Ingresos Brutos, Sellos y otras cargas provinciales o municipales forman parte de la estructura de costos que finalmente enfrenta quien toma un préstamo.

CADAM resume esa combinación en una ecuación: costo del dinero, más incobrables, más impuestos, igual a crédito caro.

Por eso, la entidad considera que una política orientada a recuperar el consumo debería actuar simultáneamente sobre ambos frentes: reducir la morosidad mediante una regulación más estricta sobre la calidad de las carteras crediticias y disminuir los impuestos que encarecen los préstamos personales.

“Si queremos recuperar el consumo, debemos bajar la morosidad y sacar los impuestos que encarecen el financiamiento de los préstamos personales”, sostuvo la cámara, que también reclamó una mayor intervención regulatoria del Banco Central sobre bancos y fintech.

El planteo adquiere relevancia porque el deterioro financiero de los hogares puede generar un círculo difícil de quebrar. Las familias recurren al crédito para compensar la falta de ingresos disponibles, pero el costo del financiamiento reduce posteriormente su capacidad de compra. A medida que aumenta el peso de las cuotas, se achica el margen para el consumo cotidiano y crece, al mismo tiempo, el riesgo de incumplimiento.

Para CADAM, allí radica el problema que había anticipado en 2025: cuando el buen pagador debe absorber parte del costo generado por la morosidad y, al mismo tiempo, soportar los impuestos incorporados al financiamiento, el crédito deja de funcionar como una herramienta para atravesar dificultades o anticipar consumo y termina convertido en un “salvavidas de plomo”.

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Las Fintech en Argentina pivotan hacia la rentabilidad

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El ecosistema Fintech de Latinoamérica ha superado la era de la “disrupción” para entrar en la fase de la madurez y la rentabilidad. Tras un crecimiento histórico que llevó la bancarización del 54% en 2017 al 73% en 2021, el sector enfrenta hoy el desafío de la sostenibilidad. Con el fin del capital barato, la inversión de etapa avanzada en la región se disparó un 176% en 2025, pero con un enfoque exclusivo en la “Serie P” (Rentabilidad).

La narrativa del “Bank Killer” ha quedado obsoleta frente al modelo de “Confianza como Servicio” (TaaS). Los usuarios latinoamericanos ya no buscan solo una tarjeta digital, sino un “copiloto financiero” que ofrezca asesoría proactiva; de hecho, más del 60% está abierto a asistentes de IA, aunque el 85% todavía exige contacto humano para resolver problemas críticos de seguridad.

“En 2026, el éxito financiero no dependerá de quién tenga la mejor aplicación, sino de quién tenga el mayor nivel de credibilidad y autoridad; en este sentido, al menos, las empresas de gestión de activos (LLM) no mienten. En la era de la rentabilidad, ganarse la confianza del usuario mediante la transparencia y la utilidad real es la única ventaja competitiva que queda”, afirmó Roger Darashah, socio y cofundador de LatAm Intersect.

En este contexto, la tecnología ya no es una barrera competitiva debido a la democratización del Open Finance. Las empresas que dominarán en 2026 serán aquellas que logren transformar la innovación en infraestructura ética, priorizando la transparencia algorítmica y la seguridad digital en una región donde los ciberataques son un 40% más frecuentes que el promedio mundial.

Argentina se destaca en el panorama regional por una adopción de criptoactivos impulsada por la necesidad práctica más que por la especulación. Las stablecoins ya representan más del 60% de las transacciones de criptomonedas en el país, funcionando como “rieles invisibles” para la protección contra la inflación y el acceso a valor equivalente al dólar de forma instantánea.

“El futuro de nuestra industria pertenece a aquellos que dejen de priorizar las métricas de ‘LinkedIn’ y las descargas masivas, y comiencen a construir relaciones de lealtad sólidas basadas en la utilidad cotidiana, la seguridad y la transparencia operativa”, dijo Darashah.

Este uso de tecnologías disruptivas para resolver problemas cotidianos marca el camino para el sector: las fintech que prosperan en Argentina son aquellas que validan soluciones que los usuarios ya están adoptando de forma orgánica. El desafío para 2026 será integrar estas herramientas de forma segura y ética, convirtiendo la innovación en una infraestructura confiable que promueva la resiliencia financiera del usuario frente a la volatilidad económica.

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El impacto económico del iGaming en Argentina: Recaudación fiscal, patrocinio deportivo y crecimiento digital

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En los últimos años, la industria del entretenimiento digital y las apuestas deportivas en línea ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en un actor clave dentro de la economía de servicios en América Latina. En Argentina, un país con una profunda cultura deportiva y una acelerada adopción de tecnologías financieras, el sector del iGaming opera como un motor dual: genera ingresos fiscales directos para las provincias y proporciona financiamiento vital a la estructura del fútbol profesional.

Con marcos regulatorios implementados en jurisdicciones clave como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (LOTBA), la Provincia de Buenos Aires (IPyC), Córdoba y Mendoza, el mercado legal ha demostrado su capacidad para formalizar flujos financieros y canalizar recursos hacia áreas críticas del Estado.

Aportes a la caja pública: ¿Cuánto dinero deja el sector en la recaudación?

La estructura fiscal del sector en Argentina se compone de una combinación de impuestos nacionales, alícuotas provinciales sobre los ingresos brutos y canones específicos de explotación. A diferencia de otras industrias, un porcentaje sustancial de los fondos recaudados por los organismos de Lotería provinciales está legalmente destinado a programas de asistencia social, educación, infraestructura sanitaria y desarrollo deportivo comunitario.

A nivel de impacto directo en la recaudación:

  • Financiamiento de programas sociales: En jurisdicciones como la Provincia de Buenos Aires y CABA, hasta el 30% del canon recaudado por las autoridades reguladoras se destina a fondos de asistencia social directa y equipamiento médico en hospitales públicos.
  • Incentivo a la inclusión financiera: La integración del iGaming con billeteras virtuales (como Mercado Pago, Modo y transferencias bancarias directas) ha formalizado transacciones que antes circulaban en la economía informal, aumentando la transparencia fiscal global.

Patrocinio deportivo y dinamización del fútbol profesional

El impacto del iGaming no se limita a la recaudación impositiva; su rol como patrocinador principal del deporte nacional ha redefinido los presupuestos de los clubes. La presencia de marcas globales de entretenimiento deportivo en las camisetas de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y en los torneos continentales de la CONMEBOL ha inyectado liquidez en un momento de volatilidad económica macroeconómica.

Casos emblemáticos demuestran este fenómeno:

  • Sponsorización de camisetas: Acuerdos multipropiedad en clubes de primera división (como los contratos históricos de River Plate y Boca Juniors con operadores globales) han representado ingresos anuales de entre USD 3 y 5 millones por institución, permitiendo retener talento joven y mantener infraestructura.
  • Patrocinio de torneos locales: La presencia de marcas de iGaming como sponsors oficiales de la Liga Profesional y la Copa Argentina asegura fondos para la logística de traslados, transmisiones televisivas y modernización de estadios regionales.

Para los usuarios que buscan explorar plataformas reguladas y optimizadas para el mercado local, opciones de entretenimiento digital como Betwinner ofrecen una interfaz adaptada a las exigencias operativas del público argentino, garantizando transacciones fluidas y acceso inmediato a estadísticas deportivas en tiempo real.

Perspectivas de crecimiento e integración tecnológica

El futuro de la industria en Argentina dependerá de la armonización entre regulación, protección al usuario y la adopción de nuevas tecnologías. El desarrollo de aplicaciones móviles de baja latencia y la integración de inteligencia artificial para la prevención del juego no responsable son estándares que fortalecen la sostenibilidad del sector.

En conclusión, la consolidación del iGaming en el marco legal argentino no solo responde a una demanda de entretenimiento digital, sino que se afirma como un contribuyente estratégico para las arcas provinciales y la estabilidad financiera del deporte nacional.

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