La retórica belicosa del Presidente no ayuda en momentos de tanta fragilidad económica y debilidad de su propia gestión. Basta decir que para conseguir su mejor arma, tuvo que recurrir al respaldo de la oposición, porque soldados propios huyeron para otras batallas.
Alimentar expectativas que después se diluyen en un discurso sin medidas concretas, termina por minar la confianza en que se pueda ganar siquiera alguna batalla. Si el comandante titubea y no hay un rumbo claro a seguir, la moral de la tropa cae en picada. Y lo que necesita hoy el país, más que nunca es certidumbre. Certidumbre para trabajar, para invertir y para creer. Ya hay demasiado estrés acumulado. “Previsibilidad”, prefiere decir el gobernador Oscar Herrera Ahuad, palabra que repitió en varias oportunidades mientras se negociaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno nacional andaba a la caza de respaldos.
La previsibilidad finalmente la aportaron los gobernadores y los legisladores de la oposición, que en un alarde de cinismo, se ufanan de su “responsabilidad” a la hora de aportar votos, eludiendo el pequeño detalle: si hubieran tenido esa misma responsabilidad cuando estaban en el Gobierno, la Argentina no tendría hoy que renegociar una deuda de casi 50 mil millones de dólares, cuyos vencimientos maniataban al país por casi una década.
No deja de sorprender la acumulación de errores no forzados en la comunicación, pero solo se trata de reflejos de un estado de situación. En lugar de capitalizar la aprobación del acuerdo con el FMI con el respaldo de la oposición, Alberto Fernández dilapidó su efecto en juegos de guerra para los que el país no está preparado.
Que el Jefe de Estado prometa que “el viernes” iba a comenzar la guerra, lleva implícito que durante casi dos años se hizo poco y nada. Ponerle fecha de inicio no es, tampoco, un mérito. El reloj es inclemente. Vale decir que en la guerra, el derrotado termina muerto o expoliado.
Mientras se escribe esta columna pasó más de un día de la hora cero y apenas hubo un par de declaraciones políticamente correctas -”tenemos que acumular reservas” y “vamos a aplicar la ley de abastecimiento si fuera necesario“- y un par de medidas de resultado incierto: la creación de un fideicomiso cuya finalidad será estabilizar el precio del cereal en niveles prebélicos, al mismo tiempo que se fijó un nuevo esquema de derechos de exportación para subproductos de la soja para poder financiarlo.
Parece poco para contener el avance de una inflación que marcó 4,7 por ciento en febrero y que lleva un acumulado de más de 50 por ciento en los últimos doce meses. Suena escaso para frenar el avance de los aumentos en marzo, que comenzó con aumentos en los combustibles de entre 9 y 11 por ciento e incluso más en las provincias más alejadas de la Capital Federal, como Misiones, donde ahora está la nafta más cara del país.
Ahí radica otro motivo de impaciencia. El Presidente que prometió ser el más federal de los porteños, no deja de repetir lógicas del centralismo. Misiones es la provincia más castigada por la suba de las naftas, con precios enormes en comparación con la Capital subsidiada y pletórica de infraestructura: la diferencia es de hasta 27 pesos por un litro de nafta premium entre la ciudad de las Cataratas y el centro porteño.
No sorprendió la reacción de Herrera Ahuad, quien llamó al CEO de YPF, Gustavo López, para quejarse de la “discriminación” en contra de Misiones. El funcionario nacional quiso exhibir documentos para justificar los aumentos asimétricos, pero el mandatario misionero insistió en el daño al bolsillo de miles de misioneros que no tienen porqué pagar el costo de los balances que tienen que cerrar. Este lunes se verán cara a cara para trabajar en algún tipo de compensación o precio diferencial.
Claro que hay pujas por la distribución de los ingresos. Pero el Estado debe velar por que la balanza se equilibre y no al revés. En Misiones por estas horas se vive una fuerte puja por la renta agraria. El Gobierno misionero hace años definió su posición: del lado del sector productivo no sólo para defender un valor alto de la yerba mate -(“Yo estoy soñando con 60 centavos de dólares, porque hay inflación en dólares, pero siempre a favor de nuestra economía”, marcó el conductor de la Renovación, Carlos Rovira).
La posición misionera es permanente y contrasta con otros modelos productivos. Mientras los productores pedían 65 pesos por el kilo de hoja verde, con el respaldo del Gobierno, el representante correntino en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, evitó pronunciarse por algún número, mientras que la industria ofreció 52 pesos, lo mismo que pedía la producción, pero… en diciembre. El mismo precio que “defendió” el gobernador correntino Gustavo Valdés cuando fracasó la concertación y después de que su representante jugara callado.
La jugada se repite ahora con idéntico resultado: siete votos a favor de la posición misionera, pero el fracaso del acuerdo de precios, lo que deriva en un nuevo laudo de la Nación, que, previsiblemente, fijará un valor inferior en medio de la “guerra” contra la inflación. Falaz argumento que se repite desde hace años: a la luz de los resultados, la yerba sigue a “precios bajos”, pero la suba de precios es récord.
Misiones también tomó posición en una batalla clave en la que está en juego el modelo productivo. Nuevamente, enfrente está Corrientes.
El INYM sacó el año pasado la resolución 170, que limitaba a cinco hectáreas por productor las nuevas plantaciones. Había un alerta de sobreproducción que podía hacer peligrar los precios. Ahora se confirmó que hay 209 mil hectáreas plantadas, muchas más de las que estaban declaradas, de las cuáles 187.060 ya están en producción y 22.216 estarán disponibles en futuras zafras en uno, dos, tres o cuatro años. Ahí radica el desequilibrio. Con la producción actual se alcanzaron 882 millones de kilos de hoja verde, suficiente para atender el mercado interno y externo. Con las nuevas plantaciones proyectadas, se agregarían 220 millones de kilos más, lo que elevaría la producción en 2026 a 1.102 millones de kilos de materia prima, bastante por encima del consumo interno, que no crece al mismo ritmo, y los envíos al exterior.
El relevamiento también refleja el desatino que significa que las políticas productivas no se resuelvan en el seno del INYM y terminen dependiendo del humor de la Nación o la voluntad de un juez de Corrientes: en Misiones se concentran 181.890,02 hectáreas de yerba, contra solo 27.386,86 de la vecina provincia, en los departamentos de Santo Tomé e Ituzaingó.
Sin embargo, el Poder Judicial correntino metió la cola, primero a pedido de La Cachuera y ahora a favor de la Asociación de Molineros de Corrientes, integrada por Las Marías, Playadito y Navar, que produce la yerba Primicia. Gustavo del Corazón Fresneda, el juez colombista de Paso de los Libres -bastante lejos de la zona productora- otorgó sendos amparos y anuló la resolución a favor de los demandantes. La Cachuera tenía intenciones de plantar mil hectáreas, Las Marías blanqueó que quiere plantar cinco mil y Navar reniega de comprar yerba en Misiones “con los costos que esto implica” estimados en “60 millones anuales”.
Si el fallo del juez correntino prospera -hay una cuestión de competencia con Posadas que todavía no fue resuelta por la Corte-, se anulará la razón de ser del INYM: proteger el equilibrio de la cadena productiva. Sin esa herramienta, las grandes industrias podrán profundizar su política de autoabastecimiento, fijar precios y dejar en el camino a miles de productores pequeños. La misma crisis de concentración que ocurrió después de la supresión de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate durante el reinado de Domingo Cavallo en los 90, que terminó en un caos de precios bajos y vales de alimentos a cambio del viejo oro verde. La misma concentración que hoy permite que cuatro o cinco empresas dominen el precio de los alimentos en la Argentina.
“Los misioneros no nos podemos dar el lujo de otra crisis como la de 2001”, enfatizó Ricardo Maciel, el representante de Misiones en el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
Ese fantasma es recurrente. Durante su paso por el gobierno, Mauricio Macri pretendió imponer la desregulación del mercado. Hace pocos meses, en campaña el entonces candidato a diputado nacional del radicalismo, Martín Arjol, hizo campaña con el gobernador correntino Gustavo Valdés, quien impulsó la movida judicial en contra de la regulación del INYM. Su ministro de Producción, Claudio Anselmo era el CEO de las Marías.
El radicalismo misionero cuenta con la bendición de Valdés para pelear cargos en 2023. No será tarea sencilla, porque primero debe dirimir sus disputas internas, que abundan antes de cada elección. Es la misma búsqueda que las otras oposiciones. El ¿ex? Frente de Todos está en plena ebullición. La diputada nacional Cristina Britez fue una de las que votó en contra del acuerdo del Gobierno con el FMI.
En la Renovación miran esas disputas de lejos, con la gestión como premisa. Esta semana se cerraron acuerdos salariales con el UPCN y ATE, que se sumaron a los de la Policía y docentes. El acuerdo con los estatales busca que el impacto sea mayor para los empleados y empleadas de menores ingresos: las categorías 1 a 11 recibirán un aumento del 21% en el básico, con un adicional fijo de 5 mil pesos para las categorías hasta 21, y aquellos entre las categorías 22 y 24 un monto de 2.500, para que no se pierda poder adquisitivo.El mandato del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, de “apurar el tranco” para respaldar la gestión del Gobernador, cuya imagen está entre las mejor valoradas de la Argentina. “No hacer es imperdonable en estos tiempos”, definió el conductor renovador.
