HARTFIELD

Harfield: “El verdadero problema para la yerba mate nunca fue la desregulación sino la regulación”

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El legislador libertario defendió la desregulación yerbatera y aseguró que la crisis actual se originó por años de precios “artificialmente altos” que incentivaron una sobreproducción de hoja verde.

El diputado nacional por LLA consideró que el verdadero problema para la yerba mate nunca fue la desregulación sino la regulación. Argumentó que los precios regulados eran muy altos y eso generó un “incentivo artificial” para que personas ajenas al sector yerbatero se volcaran a plantar, lo que a su vez provocó una situación de sobreoferta de materia prima que sería la causa principal de la crisis actual.

El diputado nacional por LLA consideró que el verdadero problema para la yerba mate nunca fue la desregulación sino la regulación. Argumentó que los precios regulados eran muy altos y eso generó un “incentivo artificial” para que personas ajenas al sector yerbatero se volcaran a plantar, lo que a su vez provocó una situación de sobreoferta de materia prima que sería la causa principal de la crisis actual.

El extenista obereño recordó que en 2017 un informe de Defensa de la Competencia advirtió que por la regulación del INYM, que garantizaba precios mínimos para la materia prima, se corrían riesgos de que esos precios fueran demasiado altos y eso terminara alentando una superproducción.

Según la argumentación del legislador libertario, eso fue lo que ocurrió en 2024 y ese fue el germen de la actual crisis que atraviesa el sector, siempre según Hartfield. Indicó que la regulación generó precios “artificialmente altos” y eso incentivó a que muchas personas se pusieran a plantar, incluso ajenos a la actividad. “Todo el mundo se puso a plantar yerba, odontólogos, abogados, hasta un tenista”, señaló.

Argumentó que cuando la inflación era más alta el mercado toleraba precios superiores porque “la gente se quería sacar los pesos de encima”, cosa que ya no ocurre y eso impide levantar los valores en góndola que son los que alimentan al resto de la cadena.
Consideró que la salida a la crisis consiste en incrementar las exportaciones lo que obliga a ganar nuevos mercados.

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La explicación fácil de la yerba mate

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Hay explicaciones que tranquilizan porque simplifican. Ordenan el mundo en una frase y evitan el esfuerzo de mirar completo. El diputado Diego Hartfield ofreció una de ellas: se plantó demasiada yerba, sobró hoja, cayó el precio. Un silogismo prolijo, de manual.

Y, como todo manual, contiene una parte de verdad.

La expansión del cultivo de Ilex paraguariensis existió. La superficie creció, miles de productores entraron al sistema y la biología hizo su trabajo: lo que se planta hoy aparece años después. Cuando todo entra en producción al mismo tiempo, el mercado acusa el impacto.

Hasta ahí, la explicación.

Pero la realidad, como nuestra tierra colorada después de la lluvia, es más densa… y bastante menos inocente de lo que algunos prefieren creer.

Porque la yerba mate no es un mercado de iguales. En la base, miles de productores que venden cuando pueden —o cuando deben—, con urgencias financieras y sin capacidad de retener. En la cima, actores con escala, financiamiento, acopio, logística y marca. Es decir: con tiempo.

Y en economía, el que tiene tiempo no solo espera: decide.

Por eso, cuando sobra hoja, el precio se desploma en origen con una rapidez admirable. Pero cuando el producto sube en góndola, esa agilidad desaparece. La oferta y la demanda, en este caso, parecen tener un criterio selectivo. Como esos relojes que atrasan siempre para el mismo lado.

No es una anomalía: es estructura.

La historia reciente de la actividad es menos elegante que los diagnósticos rápidos. Cada vez que se debilitó el rol del Instituto Nacional de la Yerba Mate, el resultado fue previsible: caída del precio para el productor, mayor concentración en los eslabones industriales y comerciales, y tensiones sociales en las zonas productoras. No es teoría: es memoria.

También lo es la forma en que se construye el valor. La yerba no vale lo mismo en la chacra que en la góndola —y no solo por el agregado industrial—. Entre una y otra hay algo más sutil: capacidad de fijar condiciones. En ese tramo operan empresas de escala, como Molinos Río de la Plata, junto a grupos económicos con larga gravitación en el negocio. No es un dato menor: es el contexto.

Por eso, reducir la crisis a que “cualquiera vino a plantar dos o tres hectáreas —e incluso tenistas, según se dijo—” tiene una elegancia retórica que no resiste el contraste con los hechos. Porque cualquiera puede plantar. Pero no cualquiera fija condiciones, no cualquiera acopia, no cualquiera financia, no cualquiera decide cuándo comprar.

No todos juegan el mismo juego. Algunos, sencillamente, escriben las reglas.

Decir que el problema es la sobreoferta es quedarse en la superficie del fenómeno. Es mirar el síntoma y declarar resuelto el diagnóstico. Como culpar a la lluvia sin observar el cauce. Puede ser cierto que llovió. Pero lo decisivo es hacia dónde corre el agua… y quién se beneficia cuando baja turbia.

La yerba mate tiene memoria larga. Y la memoria, a diferencia de las explicaciones apuradas, no simplifica: recuerda.

Tal vez el debate no sea cuánta yerba hay.

Tal vez —y esto exige un poco más que un manual— sea quién tiene la capacidad de decidir cuánto vale.

Ahí, la discusión deja de ser técnica.

Y empieza, inevitablemente, a decir mucho más de lo que algunos quisieran.

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Techint, Mercado Libre, Dass y Goya, hilos de la misma madeja

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Don Chatarrín”, bautizó el presidente Javier Milei a Paolo Rocca, el presidente del grupo Techint, en medio de una disputa que estalló por la licitación que ganó un grupo indio para abastecer de caños de acero un gasoducto desde Vaca Muerta. La extraña pulseada con quien fue uno de sus aportantes de campaña fue in crescendo y tiene en vilo a las principales corporaciones del país por el nivel y por las consecuencias que podrían derivar de la eventual caída de uno de los gigantes. 

Milei fue a fondo. A través de sus redes sociales, el Presidente decidió no argumentar: eligió subrayar. Citó un posteo de un usuario afín que acusaba sin eufemismos a Paolo Rocca de haber jugado “all-in” para que el gobierno llegara a su fin tras las elecciones de septiembre. El mensaje cerraba con una sentencia lapidaria: “Jubilate, tano. Perdiste”.

Milei no agregó explicación ni matiz. Sumó apenas una palabra. Pero en el lenguaje de las redes y del poder, alcanzó: “Dato”.

La derrota de Techint en la licitación para proveer los caños de un ducto de casi 500 kilómetros no es un dato menor ni un simple revés empresarial. Se trata de un proyecto estratégico, clave para transportar gas desde Vaca Muerta hasta Río Negro y habilitar su exportación. En otras palabras: infraestructura crítica para uno de los pocos motores genuinos de dólares que tiene hoy la Argentina.

La adjudicación quedó en manos de la firma india Welspun y abrió una grieta incómoda en el corazón del debate económico actual: ¿hasta dónde llega la apertura y dónde empieza el daño estructural?

Desde el Grupo Techint la reacción fue inmediata. No sólo expresaron su malestar, sino que adelantaron que evalúan avanzar con un recurso antidumping. El argumento es conocido, pero no por eso menos relevante: competencia desleal, precios imposibles de igualar y una decisión que, bajo la lógica del menor costo inmediato, termina golpeando de lleno a la producción y al empleo industrial local.

El punto no es defender a una empresa en particular -Techint es un gigante global que sabe competir-, sino preguntarse qué señal se envía cuando un proyecto energético estratégico prescinde de proveedores nacionales con capacidad instalada, experiencia y empleo argentino detrás. No es una discusión ideológica, sino de desarrollo.

La paradoja es evidente. Se impulsa Vaca Muerta como política de Estado, se la presenta como la gran palanca exportadora del futuro, pero al mismo tiempo se importan insumos clave para hacerla posible. El gas será argentino, pero una parte sustancial del valor agregado viajará en barco desde Asia.

El riesgo es claro: que la lógica de la apertura sin red termine desarmando eslabones industriales que luego cuesta décadas reconstruir. Porque cuando una planta baja persianas, no se pierde sólo producción; se pierde conocimiento, empleo calificado y soberanía tecnológica.

La licitación perdida por Techint no es un episodio aislado. Es un síntoma. Y como todo síntoma, merece algo más que silencio o resignación: merece una discusión seria sobre qué modelo productivo quiere la Argentina cuando decide cómo y con quién construye su futuro energético.

La disputa no es menor. Mercado Libre, la empresa fundada por Marcos Galperín, un entusiasta de las políticas expresadas por Milei, también se queja de la excesiva permisividad de la apertura comercial. El boom de las compras puerta a puerta, acelerado por la liberación de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei, empezó a mostrar su costado más áspero. Mercado Libre salió a confrontar de lleno a Temu, a la que denunció ante la Secretaría de Comercio por presunta competencia desleal y publicidad engañosa. La respuesta de la plataforma china, fundada por Colin Huang fue judicial.

La paradoja es llamativa: Mercado Libre cuestiona prácticas comerciales que, según sostiene, violan las normas básicas de lealtad comercial: descuentos extremos condicionados, reglas poco claras y una “gamificación” que promete beneficios que rara vez se materializan sin cumplir requisitos crecientes. La Secretaría de Comercio tomó nota, abrió una investigación formal y dictó una cautelar para frenar esas prácticas.

El telón de fondo es contundente: las compras de argentinos en plataformas asiáticas crecieron casi 300% interanual, empujadas por un esquema de importaciones más laxo. La apertura funciona, pero también tensiona. Y no sólo en términos fiscales o logísticos, sino en la protección al consumidor y en la competencia entre jugadores que operan bajo reglas muy distintas. Y en el empleo. La crisis textil es inédita. 

Desde Mercado Libre insisten en que el reclamo no es contra la apertura -que respaldan y de la que participan- sino contra la falta de condiciones equitativas, lo mismo que reclamó un empresario forestal misionero al Gobierno nacional. Una postura que también refleja una preocupación mayor: el impacto de este modelo sobre las pequeñas y medianas empresas locales, que siguen siendo el corazón del comercio digital argentino.

Ambos debates son reflejo del impacto del nuevo modelo en la economía real. Suena lindo, pero tiene consecuencias. 

En la otra punta de la Argentina hubo otra expresión de la mirada libertaria sobre las empresas que están atravesando una de las peores crisis económicas de los últimos años y que piden a gritos un poco de respaldo del Estado. Fue en Misiones, donde la concejal libertaria María Elena Fernández se metió en la discusión entre el forestal Nicolás Ocampo y el ex tenista Diego Hartfield por la competitividad del sector, afectada por la caída de las ventas, suba de costos y apertura de importaciones. “Este sector por 40 años fueron subsidiados y beneficiados con créditos fiscales por ley 25.080 y lloran. No fue suficiente regalarle 40 años para que sean rentables”, escribió la concejal posadeña. En otro comentario, profundizó el tono: “500 pymes dudo. Mano de obra esclava sí creo”. Y cerró con una acusación aún más agresiva: “Unos pocos vivos se enriquecieron y quieren seguir con su fiesta”.

Lejos de bajar el tono, la edil acusó de la crisis a Misiones por el cobro de Ingresos Brutos -una muletilla que es repetida en el coro libertario- y comparó la situación de las empresas misioneras con las de Corrientes, donde “se establecen empresas y no sufren los impuestos al IVA y a Ganancias que padecen los misioneros”. Desconoce que ambos impuestos son nacionales. Pero parece no importar el dato, sino el relato. El ex tenista Diego Hartfield se quejó de los gobernadores que reclaman compensaciones por la (mayor) caída de ingresos que generará la aprobación de la reforma laboral. “Esto es un cambio de era para nuestro país y hay que mirar en el largo plazo. Acá se está pensando en bajar impuestos para que haya una reactivación económica fuerte que después, probablemente, termine en una mejor y mayor recaudación. Probablemente. 

“Para hacer ese paso hay que pasar por un momento duro, de reducir la carga del Estado, achicar los gastos, eficientizar las cuentas”, reflexiona el ex tenista mientras transpira en una cinta. 

La realidad marca que en Corrientes, “donde no sufren los impuestos al IVA y a Ganancias”, acaba de cerrar la histórica industria textil Alal , en Goya y dejó a 260 personas sin empleo. “Es difícil sostener una empresa cuando no hay ventas. En la caída del consumo que está atravesando en este momento Argentina se hace muy difícil seguir sosteniendo la empresa”, admitió el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés. Corrientes no grava con Ingresos Brutos a la industria, pero ese dato, que podría robustecer el relato antiestado, en realidad, lo desmitifica: en la tierra del chamamé hay apenas 555 industrias activas, mientras que en Misiones hay 963. En el último año ambas provincias sufrieron una idéntica caída porcentual de industrias: 8,2 por ciento.  

“Hay preocupación industrial porque empieza a colapsar el sector. Competir con la importación con las empresas extranjeras es muy difícil. Es más costoso comprar un producto hecho en Argentina que hecho en otros países”, advirtió Valdés.

Según explicó, la falta de ventas atraviesa a distintas actividades. “Todos están preocupados porque no hay ventas, la industria yerbatera también, la forestal lo mismo”, enumeró, al anunciar que ya se solicitó una audiencia con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, prevista para entre el 9 y el 13 de febrero. Allí, adelantó, se expondrá la situación de las industrias correntinas y el impacto que el actual contexto económico tiene sobre la producción local. “No hay margen para aumentos salariales”, admitió el heredero del poder correntino y reconoció que sin una ayuda nacional, no podrá hacer frente a los compromisos. En paralelo, los 74 municipios correntinos atraviesan una crisis financiera y administrativa de enorme magnitud. Cesación de pagos, balances irregulares, falta de transparencia y declaraciones de emergencia económica se multiplican, mientras el discurso oficial insiste en el equilibrio fiscal.

De este lado del Chimiray, Misiones no escapa a la crisis -Dass volvió a despedir a 43 operarios, hay empresas en crisis y caída de empleo-, pero la enfrenta mejor armada, precisamente por su política fiscal, que le permite al Estado blandir un abanico de herramientas para acompañar a empresas, sostener a municipios y estimular el consumo. Pero no es un dogma. La política fiscal es una herramienta que se vuelve flexible cuando importa. En lo que va del año el gobernador Hugo Passalacqua anunció varias medidas de alivio que buscan proteger la economía, sin poner en riesgo el equilibrio financiero que tanto gustan exigir en la oposición. 

La baja del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los combustibles, la extensión de beneficios fiscales para profesionales e industrias, la prórroga de vencimientos y los descuentos en el Impuesto Inmobiliario configuran un paquete que apunta a sostener actividad y previsibilidad, dos palabras hoy escasas en la economía argentina.

Las nuevas alícuotas del Impuesto Provincial Automotor 2026 van en esa línea: aumentos muy por debajo de la inflación. Según el análisis de las valuaciones interanuales 2025–2026, el incremento promedio general del tributo se ubica en el 13,93% y alcanza a 171.909 dominios en toda la provincia. El dato, leído en frío, podría pasar desapercibido; leído en contexto, marca una diferencia frente a otros tributos que crecieron muy por encima de la inflación real de los bolsillos.

Más aún: más del 71% de los vehículos registra aumentos interanuales de hasta apenas el 10%, mientras que 8.060 dominios presentan variaciones nulas o incluso negativas. No es casual. La intención política es explícita: evitar saltos abruptos en la carga tributaria y sostener previsibilidad para la mayoría de los contribuyentes.

A eso se suma una decisión de fondo que trasciende el corto plazo. La nueva exención total por antigüedad, que beneficia a más del 30% del parque automotor misionero, introduce un alivio fiscal estructural. Automóviles particulares con más de 20 años, camiones, camionetas y furgones con 25 años o más -reconociendo su rol productivo- y motocicletas con más de 15 años quedan directamente exentos.

No se trata solo de un gesto social. Es una definición de política tributaria: dejar de gravar activos de bajo valor fiscal pero alto valor social y productivo. En especial, para trabajadores, familias y pequeños productores que utilizan esos vehículos como herramienta cotidiana.

El paquete fiscal misionero no resuelve los problemas macroeconómicos del país -ninguna provincia puede hacerlo-, pero sí construye un sendero propio: menos shock, más previsibilidad y un Estado que ajusta sin desentenderse del impacto real sobre la economía cotidiana. En tiempos de motosierra discursiva, ese matiz también cuenta.

En contraste, el Gobierno nacional que hace una bandera -discursiva- de la baja de impuestos, lejos está de dar previsibilidad y de pensar en el bolsillo de los que hacen malabares para llegar a fin de mes. 

Hace unos días se conoció el nuevo esquema de subsidios energéticos que eliminó las categorías. Tener o no tener subsidio es la cuestión. En el norte, los gobernadores pelearon para que se contemple el calor del verano y por eso se elevó el tope de consumo subsidiado a 550 kv/h mensuales. El beneficio durará hasta febrero y en marzo bajará a apenas 150 kv/h, cuando el verano ni siquiera amaga con irse de Misiones. De hecho, en marzo suele darse el pico de consumo misionero y todo lo que supere ese 150 pagará tarifa plena. A pesar de las advertencias de la Provincia, el nuevo esquema no admite contemplaciones. El Gobierno de Milei quería hacerlo retroactivo al 16 de enero. Habrá que prepararse para un cimbronazo en las boletas.

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Davos y los consejos de Maquiavelo

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El Foro de Davos es un escenario donde los poderosos exhiben su visión del mundo y tratan de imponer sus ideas que replican el patrón del orden mundial. Los más poderosos son más escuchados y los otros ocupan roles secundarios. Donald Trump fue este año el más esperado por sus demandas territoriales, exigencias de sumisión y el destrato a otros líderes, sobre todo de Europa. 

Trump amenazó con aplicar aranceles adicionales del 10 por ciento a los países europeos que hagan maniobras militares en Groenlandia (Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos y Suecia, además de Noruega y el Reino Unido), así como del 200 por ciento sobre vinos y champagnes franceses por la negativa del mandatario galo de entrar en la Junta de Paz para Gaza ideada por el republicano.

El argentino Javier Milei, a diferencia de su debut en 2024 y las expectativas del año pasado, pasó casi desapercibido, repitió su esquema discursivo en el que desprecia el rol del Estado y abogó por un capitalismo libre de ataduras. “Lo más responsable que pueden hacer los políticos es dejar de molestar a quienes están creando un mundo mejor”, dijo. También sentenció la muerte definitiva de Maquiavelo

Davos fue pensado para trabajar en torno a los desafíos globales más urgentes a través de la cooperación público-privada. No sucede eso. En la práctica no hace más que desnudar las estructuras del poder real, donde importan mucho más las bravuconadas de Trump que el colorido aportado por otros presidentes. 

El primer ministro canadiense, Mark Carney fue uno de los destacados oradores y expuso justamente esa fragilidad: “Hoy hablaré de la ruptura del orden mundial, del fin de una ficción agradable y del comienzo de una realidad brutal en la que la geopolítica de las grandes potencias no está sujeta a ninguna restricción. Sabíamos que la historia del orden internacional basado en normas era en parte falsa. Que los más poderosos se saltarían las normas cuando les conviniera. Que las normas que regulan el comercio se aplicaban de forma asimétrica. Y que el derecho internacional se aplicaba con mayor o menor rigor según la identidad del acusado o la víctima. Esta ficción era útil y la hegemonía estadounidense, en particular, contribuía a garantizar beneficios públicos: vías marítimas abiertas, un sistema financiero estable, seguridad colectiva y apoyo a los mecanismos de resolución de controversias. Este compromiso ya no funciona. Permítanme ser directo: estamos en plena ruptura, no en plena transición”, sentenció. 

“Durante las dos últimas décadas, una serie de crisis -financiera, sanitaria, energética y geopolítica- ha puesto de manifiesto los riesgos de una integración mundial extrema. Más recientemente, las grandes potencias han comenzado a utilizar la integración económica como medio de presión. Los aranceles como palanca. La infraestructura financiera como medio de coacción. Las cadenas de suministro como vulnerabilidades que explotar. Es imposible “vivir en la mentira” de un beneficio mutuo gracias a la integración cuando esta se convierte en la fuente de tu subordinación”, expresó el canadiense.

Mark Carney fue el “disidente” de Davos, un poco más que Emmanuel Macron, el presidente francés, quien hizo un llamado a la Unión Europea a no dudar a la hora de aplicar el mecanismo anticoerción cuando “no somos respetados y no se respetan las reglas del juego”.

Macron dijo que Europa debe mantenerse “en sus principios”: “No hay que bajar los ojos, no hay que ceder a la ley del más fuerte, ya que esto conduce a una política del más fuerte y a un enfoque neocolonial. El neocolonialismo no es la solución”, subrayó el presidente francés. “Europa tiene herramientas muy poderosas y debemos utilizarlas cuando no se nos respeta y cuando no se respetan las reglas del juego”, continuó el presidente francés.

Ante una audiencia compuesta por dirigentes políticos y económicos, Macron instó a asumir la “responsabilidad” de afrontar esas tendencias y “actos brutales”. “Preferimos el respeto a la animalidad, la ciencia a las teorías conspirativas y el Estado de derecho a la brutalidad”, afirmó Macron, quien elogió que Europa sea “un lugar donde el Estado de derecho y la previsibilidad siguen siendo la norma”. Sus palabras, sin embargo, fueron eclipsadas por el reflejo de sus anteojos Pacific S 01, de la marca iVision Tech, que cotizan 770 dólares en el mercado. Los medios y los mercados reaccionaron al evidente parecido al Tom Cruise de la primera película de Top Gun. 

Milei no tuvo tanta exposición ni atención mediática. Quizás porque el debate está en otras esferas. A diferencia de lo que expresa el Presidente argentino, el mundo no se está convirtiendo en algo mejor, sino que se profundizan las desigualdades y, gracias a Trump -su mecenas-, se está volviendo más inseguro, con la ley del más fuerte por encima de los acuerdos internacionales. 

Más allá de la retórica, la economía global no tiende a ser más equilibrada ni el reparto de los ingresos un poco menos desigual. Por el contrario. 

El mejor ejemplo es la Argentina bajo la gestión libertaria. La radiografía del mercado laboral del tercer trimestre de 2025 deja un dato imposible de maquillar: el empleo formal retrocede mientras la informalidad avanza. No es un fenómeno marginal ni transitorio, sino el rasgo dominante de la dinámica del trabajo en la Argentina actual, de acuerdo con los últimos registros del INDEC.

Sobre un total de 22.668.000 de puestos de trabajo, apenas 11.063.000 corresponden a asalariados públicos y privados registrados. En contraste, los asalariados no registrados suman 5.6 millones y los trabajadores por cuenta propia alcanzan los 5.9 millones. La suma de estas dos modalidades -11.605.000- ya supera al empleo asalariado formal, una señal inequívoca del deterioro estructural del mercado laboral.

Este corrimiento hacia la informalidad no ocurre en el vacío. Se da en paralelo a una fuerte pérdida del salario real –los salarios registrados perdieron fuerte en noviembre y el poder adquisitivo cayó 6,4% en la era Milei-, con especial impacto en los ingresos del sector público, los trabajadores bajo convenio y, naturalmente, los informales, que quedan completamente expuestos al ajuste. El trabajo es cada vez más precario y peor pago.

La comparación interanual termina de cerrar el cuadro: respecto del tercer trimestre de 2023, los asalariados registrados se redujeron en 222.000 personas, mientras que el empleo “en negro” creció en 231.000 y el trabajo por cuenta propia se expandió en unas 400.000 personas, en su mayoría también fuera de todo esquema formal. Menos empleo protegido, más supervivencia individual: ese es el saldo concreto del mercado laboral hoy en la Argentina.

El propio diagnóstico oficial refuerza esta lectura. Según la Secretaría de Trabajo, “la totalidad de las nuevas inserciones corresponden a puestos no registrados en el sistema de seguridad social”. En base a datos del Indec, la población ocupada no registrada creció entre los terceros trimestres de 2024 y 2025 un 5,3%, mientras que el empleo registrado cayó un 0,6%. El ajuste no sólo eliminó empleo, lo empujó fuera del sistema. No habrá reforma laboral que cambie esto si no hay mejoras en la actividad económica y el consumo. 

En contraste, con Milei ya hay 6 millones de planes sociales, un 50 % más que con Alberto Fernández, protagonista de uno de los peores gobiernos de la historia. Cristina había dejado el poder con unos 250 mil planes sociales. Con Macri fueron casi 1,5 millones de beneficiarios.

La asistencia directa a los sectores más pobres fue la única partida que creció de manera sostenida durante la gestión libertaria, tanto en cantidad de beneficiarios como en poder de compra real. A diciembre de 2025 la AUH alcanza a 4.114.513 titulares, incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niños. En total, más de seis millones de planes sociales, una cifra récord que habla de un proceso de latinoamericanización de la Argentina, cada vez más lejos del país de clase media que supo ser.

Esa “latinoamericanización” es clave. Argentina exhibe hoy el menor salario en dólares de la región y desigualdades tan dramáticas como otros países de América. En la Colombia de Gustavo Petro -en las antípodas políticas de Milei- la proporción de personas ocupadas informales fue de 55,4 por ciento, lo que representa un leve aumento frente al dato de 55,3 por ciento del trimestre anterior. De los 24,5 millones de ocupados, 13,6 millones son informales. Una enorme masa laboral apenas con expectativas de supervivencia. 

Sólo cuatro personas en Colombia acumulan cerca de 42.000 millones de dólares. Para dimensionar la desigualdad, un millonario colombiano promedio tardaría apenas dos minutos en ganar lo que una persona promedio obtiene en un año de trabajo.  

En Paraguay, la informalidad laboral constituye una de las expresiones más profundas de la desigualdad estructural del país. Más del 62,5% de la población ocupada trabaja fuera del marco legal, sin acceso a derechos básicos como salud, jubilación o licencias laborales. 

Mal de muchos… 

Salvo Brasil, ningún país de la región tiene políticas activas para reducir la desigualdad y mitigar la pobreza. El mercado laboral de Brasil alcanzó un hito histórico al registrar una tasa de desempleo del 5,2% en el trimestre finalizado en noviembre, el nivel más bajo desde el inicio de la serie estadística en 2012, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Uno de los datos más relevantes es el fuerte avance del empleo registrado. El número de trabajadores con contrato formal (“carteira assinada”) llegó a 39,4 millones, el nivel más alto desde 2012, con un incremento interanual del 2,6%, equivalente a un millón de nuevos empleos formales.

Si bien el empleo informal continúa siendo elevado, con 38,8 millones de trabajadores, en los últimos doce meses se redujo un 3,4%, lo que marca una leve pero significativa mejora en la calidad del empleo.

En la Argentina, no crece el empleo, sino la informalidad. Y lejos de mejorar las condiciones sociales, lo que cuesta es llegar a fin de mes. Tanto que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una oferta extrema: créditos para pagar las expensas. 

El lanzamiento de este producto no es un hecho aislado. Un informe de diciembre de 2025 reveló que el 53% de los hogares de ingresos medios tuvo que recurrir a ahorros, vender activos o endeudarse para cubrir gastos corrientes. 

Por eso cobran relevancia los esfuerzos locales para sostener la economía. El gobernador Hugo Passalacqua advierte que las expectativas de corto plazo no permiten ilusionarse con un cambio de situación. Por eso se pusieron en marcha una serie de medidas que apuntan a dinamizar la economía. La baja de impuestos a los combustibles y la continuidad de otros beneficios fiscales, forman parte del paquete que se seguirá ampliando y que fue elogiado hasta por la Confederación Económica de Misiones, entidad hasta ahora complaciente con las políticas nacionales y que está en plena efervescencia, con un fuerte debate interno por la línea que seguirá la conducción que debe ser renovada el 11 de febrero, aunque en la presidencia seguirá el maderero Guillermo Fachinello. 

La última encuesta de la CEM marca que para el 41% de los empresarios el 2025 fue “peor que 2024”. Apenas un 17 por ciento lo consideró “mejor”. Sin embargo, hasta ahora la entidad no había alzado la voz sobre el rumbo económico. 

El relevamiento indica que un 27% redujo inversiones; un 21% postergó pagos, un 12% redujo personal, un 11% redujo horas o actividad, un 9% vendió activos y; finalmente; un 17% de los encuestados no tomó ninguna de las definiciones antes mencionadas. 

Los factores que afectaron el desempeño empresarial en 2025 fueron la caída del consumo, la incertidumbre económica, el aumento de costos, la carga fiscal / administrativa, la falta de financiamiento y el endeudamiento previo.

Respecto del balance de la actividad 2025; un 52% del sector pyme indicó logró adaptarse a las condiciones económicas pero con mucho esfuerzo; mientras que un 33% reveló que apenas logró sostenerse y un 11% logró adaptarse sin mayores problemas. 

Por último, entre las formas de transitar el 2025, se expresa que las pymes misioneras resistieron (39%), reestructuraron (25%), se achicaron (14%), se endeudaron (10%), invirtieron (8%) y cerraron o pausaron (1%).  

El impacto de las políticas económicas nacionales no solo se refleja en la caída del consumo o los comercios cerrados. El sector forestal atraviesa una de sus peores crisis. Y todo apunta a la Nación. 

El ingeniero forestal Nicolás Ocampo, impulsor del Grupo Jóvenes Ingenieros Forestales de Misiones y ex vicepresidente del Colegio de Ingenieros Forestales, señaló que en los últimos dos años, el precio de la energía se incrementó más de un 617% -una decisión tomada a nivel nacional- y el gasoil cerca de un 250%, afectando de manera directa a la actividad forestal y a la logística.

Ocampo planteó como medida de alivio una reducción del IVA al 10% y del impuesto a las ganancias en niveles similares, como ocurre en Paraguay. “Misiones tiene el 90% de sus límites con Paraguay y Brasil. Si la Nación nos brinda herramientas de competitividad, podemos ser una potencia productiva e industrial y terminar con desventajas históricas. Eso sería verdadera libertad para competir”, afirmó en respuesta a un posteo del diputado nacional Diego Hartfield.

También cuestionó la ausencia de una política energética nacional para el sector industrial y recordó que países como Alemania, Estados Unidos, Japón y los miembros de la Unión Europea subsidian la energía para sostener la producción. A eso sumó la necesidad de precios diferenciales para Misiones, considerando el impacto que tuvo la represa de Yacyretá en la provincia, medidas que dependen exclusivamente del Estado nacional.

Otro punto señalado fue el ingreso de productos forestales importados, como muebles provenientes de China, e incluso la posibilidad de importar viviendas industrializadas. “¿No les parece que así la competencia deja de ser justa?”, planteó el empresario. 

El ex tenista libertario, locuaz en las redes sociales, se quedó sin respuestas y apenas atinó a decir que una baja de impuestos “lleva tiempo”.  El ingeniero retrucó con una evidencia: si se hicieron miles de reformas con velocidad, ¿por qué ahora la baja de impuestos necesita paciencia infinita? En 30 años, espera Milei, Argentina será potencia. 

La producción yerbatera también da muestras de un hastío inaguantable: el viernes en Campo Viera hubo un encuentro dominado por la tensión en contra de la desregulación impuesta por Milei. Los productores firmaron un petitorio que exige la urgente definición de un precio justo para la hoja verde y amenaza con un cese de cosecha por tiempo indefinido si no hay respuestas concretas. Los productores coincidieron en que la promesa de libre oferta y demanda no se cumplió. “No funcionó. Solo provocó concentración y ahora quieren instalar una sobreoferta mayor a la real. El INYM tiene que recuperar sus herramientas de control para garantizar un precio justo”, expresó uno de los presentes. El malestar creció cuando se consultó por soluciones concretas y desde el organismo se respondió: “Desde Nación decidieron bajar línea y no responden. Hay que ser realistas”.

Jorge Haddad, representante por la producción en el Instituto Nacional de la Yerba Mate fue terminante en cuanto a las posibilidades de dar respuestas a los productores: “No hay novedades respecto al precio. Nos gustaría poder decir lo contrario, pero no es así. Vinimos a dar la cara y a explicar lo que está pasando. Estamos con las manos atadas”.

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Un forestal cruzó a Hartfield y le pidió que reclame a la Nación bajar el IVA para poder competir

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El ingeniero forestal Nicolás Ocampo, impulsor del Grupo Jóvenes Ingenieros Forestales de Misiones y ex vicepresidente del Colegio de Ingenieros Forestales, respondió a las declaraciones del diputado nacional Diego Hartfield, quien había defendido las políticas del gobierno de Javier Milei y planteado la competencia como motor del crecimiento, comparándola con su experiencia como ex tenista profesional.

Ocampo valoró la trayectoria deportiva del legislador y el concepto de competencia, pero advirtió que no puede trasladarse de manera lineal al entramado productivo. “Sería bueno que le pregunte a los productores y a los dueños de las pymes forestales si quieren competir. Estoy seguro de que absolutamente todos le van a decir que sí”, sostuvo.

En ese marco, remarcó que la forestoindustria misionera —compuesta por más de 500 pymes— es uno de los sectores que más riqueza genera en la provincia, con producción de bienes y servicios, empleo directo e impacto social. Sin embargo, aseguró que hoy atraviesa “la mayor crisis de su historia”.

Según explicó, el problema no es la falta de voluntad para competir, sino las condiciones en las que se exige hacerlo. Entre los factores críticos mencionó el fuerte aumento de los costos: en los últimos dos años, el precio de la energía se incrementó más de un 617% —una decisión tomada a nivel nacional— y el gasoil cerca de un 250%, afectando de manera directa a la actividad forestal y a la logística.

Frente a este escenario, Ocampo planteó una reducción del IVA al 10% y del impuesto a las ganancias en niveles similares, como ocurre en Paraguay. “Misiones tiene el 90% de sus límites con Paraguay y Brasil. Si la Nación nos brinda herramientas de competitividad, podemos ser una potencia productiva e industrial y terminar con desventajas históricas. Eso sería verdadera libertad para competir”, afirmó.

También cuestionó la ausencia de una política energética nacional para el sector industrial y recordó que países como Alemania, Estados Unidos, Japón y los miembros de la Unión Europea subsidian la energía para sostener la producción. A eso sumó la necesidad de precios diferenciales para Misiones, considerando el impacto que tuvo la represa de Yacyretá en la provincia, medidas que dependen exclusivamente del Estado nacional.

Otro punto señalado fue el ingreso de productos forestales importados, como muebles provenientes de China, e incluso la posibilidad de importar viviendas industrializadas. “¿No les parece que así la competencia deja de ser justa?”, planteó.

Además, advirtió sobre la desventaja estructural que implica la falta de acceso al gas natural en Misiones y llamó a revisar la aplicación de la Ley Nacional de Promoción Forestal 25.080. Según indicó, los beneficios fiscales previstos en la norma estarían siendo aprovechados mayormente por grandes empresas, generando concentración y dejando en desventaja a las pymes y a los productores.

Finalmente, Ocampo cuestionó que, en medio de esta crisis, se impulse una reforma laboral “desde la urgencia”, enfrentando a trabajadores y pequeñas y medianas empresas sin resolver los problemas de fondo. “La competencia es buena, pero solo bajo condiciones justas. Hoy los productores no pueden competir no porque no quieran, sino porque las decisiones políticas nacionales los están ahogando”, concluyó.

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