Mientras Honduras enfrenta una disputa política, judicial e internacional por Próspera, una ciudad privada instalada en la isla de Roatán, en Argentina comienzan a aparecer debates que remiten a una pregunta similar: ¿hasta dónde puede avanzar la transferencia de funciones estatales en nombre de la inversión, la innovación tecnológica y la eficiencia económica?
A primera vista, ambos procesos parecen inconexos. Próspera es una ciudad-empresa construida bajo el paraguas de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) hondureñas. Argentina, en cambio, discute regímenes especiales de inversión, reformas societarias, desregulación económica y nuevas herramientas tecnológicas para la gestión pública, como los gemelos digitales sociales. Sin embargo, detrás de estos fenómenos emerge un conjunto de ideas que gana influencia en distintos lugares del mundo y que tiene entre sus principales referentes a empresarios tecnológicos como Peter Thiel.
El laboratorio hondureño
Próspera fue presentada como una experiencia destinada a atraer inversiones mediante reglas propias, baja carga impositiva, seguridad jurídica reforzada y amplios márgenes de autonomía administrativa. Sus promotores la describen como una plataforma para la innovación económica. Sus detractores la consideran un experimento que pone en tensión principios básicos de soberanía y control democrático.
La controversia escaló cuando el gobierno hondureño impulsó la derogación de las ZEDE y la Corte Suprema declaró inconstitucionales los mecanismos que les dieron origen. Los inversores respondieron con reclamos internacionales multimillonarios, abriendo un conflicto que excede el caso hondureño y plantea una discusión global: ¿qué sucede cuando un Estado intenta recuperar competencias previamente cedidas o limitar privilegios otorgados a grandes inversores?
La pregunta no es menor. Cuando las reglas especiales quedan blindadas mediante compromisos de largo plazo, arbitrajes internacionales o marcos regulatorios excepcionales, surge inevitablemente una discusión sobre soberanía: quién decide, bajo qué reglas y con qué margen para modificar el rumbo elegido.
De las ciudades flotantes a las ciudades privadas
Para comprender el origen de estas iniciativas es necesario remontarse a un conjunto de ideas desarrolladas en sectores del ecosistema tecnológico estadounidense.
Entre ellas se encuentra el llamado seasteading, una propuesta impulsada por empresarios e intelectuales libertarios que imaginan la construcción de ciudades flotantes en aguas internacionales, fuera de la jurisdicción de los Estados nacionales. Según sus defensores, estos espacios permitirían experimentar con nuevos modelos de organización política y económica. Para sus críticos, representan intentos de escapar a regulaciones democráticas, obligaciones fiscales y controles públicos.
Aunque la mayoría de los proyectos de seasteading nunca logró consolidarse, muchas de las ideas que los inspiraron encontraron expresiones más viables. Las llamadas charter cities o ciudades estatutarias, las zonas económicas especiales y experiencias como Próspera son vistas por diversos analistas como herederas de esa misma búsqueda: crear territorios con reglas diferenciadas para atraer inversiones y ensayar nuevas formas de gobernanza.
Peter Thiel y la nueva utopía tecnológica
En ese universo ideológico sobresale Peter Thiel, fundador de PayPal, uno de los primeros inversores de Facebook y una de las figuras más influyentes del mundo tecnológico.
Thiel ha respaldado durante años iniciativas vinculadas al seasteading, las ciudades autónomas y diversos proyectos orientados a reducir la intervención estatal en áreas consideradas estratégicas. Más que un empresario, se ha convertido en uno de los principales articuladores de una corriente de pensamiento que combina innovación tecnológica, desregulación económica y cuestionamientos a la capacidad de los Estados nacionales para gestionar sociedades cada vez más complejas.
Su influencia excede ampliamente el ámbito de los negocios. Empresas vinculadas a su entorno participan en sectores sensibles como inteligencia artificial, análisis masivo de datos, defensa, vigilancia y seguridad.
La reciente presencia de Thiel en Argentina despertó interés más allá del mundo empresarial. Un perfil publicado por The New York Times lo describió jugando un torneo de ajedrez en el barrio porteño de Almagro pocas horas después de reunirse con el presidente Javier Milei. El episodio, anecdótico en apariencia, refleja el creciente interés del empresario por el país.
Según el mismo artículo, Thiel analiza a la Argentina como una apuesta de largo plazo en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, incertidumbre económica y riesgos asociados al desarrollo acelerado de la inteligencia artificial. También atribuyó al empresario una pregunta formulada al propio Milei que resulta reveladora: cómo garantizar que las transformaciones impulsadas por el actual gobierno sobrevivan más allá de un mandato presidencial.
El desembarco argentino
La presencia de Thiel coincide con una serie de iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional: regímenes especiales para atraer inversiones, proyectos de reforma societaria, programas de digitalización estatal y acuerdos vinculados al uso de inteligencia artificial en la administración pública.
Sería incorrecto afirmar que estas iniciativas reproducen el modelo hondureño. Las diferencias jurídicas e institucionales son evidentes. Sin embargo, la comparación resulta útil para observar una tendencia común: la construcción de espacios normativos cada vez más excepcionales para determinados actores económicos y tecnológicos.
Los defensores de estos mecanismos sostienen que ningún país puede atraer inversiones de largo plazo sin ofrecer reglas previsibles y protección frente a cambios abruptos de orientación política. Sus críticos advierten que existe una diferencia entre garantizar seguridad jurídica y limitar la capacidad futura de los gobiernos para modificar regulaciones, redefinir políticas públicas o intervenir en sectores estratégicos cuando las circunstancias lo requieren.
La discusión sobre la soberanía
La experiencia de Próspera funciona como un laboratorio para observar estas tensiones. Lo que comenzó como un experimento de innovación institucional terminó convirtiéndose en una disputa sobre los límites de la autonomía privada frente a la autoridad estatal.
La discusión adquiere una dimensión adicional en una época en la que las grandes corporaciones tecnológicas concentran recursos económicos, capacidades de procesamiento de datos y herramientas de inteligencia artificial que históricamente estuvieron reservadas a los Estados.
Por eso el debate no gira únicamente en torno a impuestos, inversiones o crecimiento económico. Lo que está en juego es la distribución del poder de decisión entre instituciones democráticas, mercados globales y plataformas tecnológicas.
Una pregunta abierta
Tal vez la principal enseñanza del caso Próspera no sea la posibilidad de que aparezcan ciudades privadas en otros países. La lección más relevante podría ser otra: las discusiones sobre soberanía ya no pasan solamente por fronteras, ejércitos o recursos naturales.
Cada vez más, se desarrollan en el terreno de los datos, los marcos regulatorios, los arbitrajes internacionales y las tecnologías que organizan la vida económica y social.
En ese contexto, la presencia de figuras como Peter Thiel en Argentina, el impulso a nuevas formas de regulación económica y el creciente protagonismo de herramientas tecnológicas en la gestión pública invitan a formular una pregunta que todavía no tiene respuesta.
¿Estamos frente a una estrategia para atraer inversiones y modernizar la economía o ante los primeros pasos de una transformación más profunda en la relación entre Estado, mercado y soberanía?
La experiencia hondureña muestra que esa discusión, lejos de ser futurista, ya comenzó.
La NDC, que es el documento mediante el cual el país presenta sus metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero – una acción prevista en el Acuerdo de París, en el que las naciones se comprometen a frenar el calentamiento global -, promete reducir emisiones, restaurar bosques y avanzar hacia un desarrollo resiliente.
El análisis de la NDC es la carta de presentación hondureña para la 30 Conferencia de las Partes (COP30) sobre cambio climático, que hospedará la ciudad amazónica de Belém do Pará, en el norte de Brasil, desde el lunes 10 y hasta el día 21.
Sin embargo, la gran pregunta es si este compromiso es compatible con la realidad estructural de este país centroamericano.
Con instituciones débiles, limitaciones financieras y una implementación lenta de políticas climáticas, la ambición de la NDC no parece realista, ya que el país no señaló medidas que indiquen un plan de acción concreto. Mientras, el territorio paga cada año – con vidas y pérdidas millonarias – el precio del cambio climático.
En Cedeño, una comunidad costera al sur de Honduras, el avance implacable del mar ha convertido sus calles y viviendas en escombros; hoy, sus habitantes representan el rostro humano del cambio climático, resistiendo mientras la playa y sus medios de vida desaparecen cada año bajo la amenaza de la erosión costera. Imagen: Jorge Burgos / Criterio
El documento, elaborado por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), mantiene la meta de reducir un 16% de las emisiones proyectadas para 2030, además de incorporar por primera vez el sector de Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (Utcuts), en busca de mayor cobertura de fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero.
Aunque el documento oficial, presentado en abril de 2025, busca mostrar compromiso con el Acuerdo de París, los especialistas consultados por el reportaje coinciden en que la falta de financiamiento, la débil institucionalidad y la ausencia de voluntad política amenazan su cumplimiento real.
José Ramón Ávila, de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (Asonog) y voz crítica del sector social, señala que, aunque Honduras asumió trece objetivos estratégicos de mitigación y adaptación en la NDC de 2021, “la agenda climática sufre un grave retroceso porque no se están abordando los problemas fundamentales para una gestión climática favorable al país”.
Para José Ramón Ávila, la falta de voluntad política profundiza la deforestación y el avance de industrias extractivas en Honduras, quedando en deuda con la población y el ambiente. Imagen: Jorge Burgos / Criterio
Destaca la falta de acciones efectivas en temas clave como desarrollo rural sostenible, transición energética y control de la deforestación, donde predominan los anuncios sobre la implementación real.
Una ambición más metodológica que política
Toda la ambición climática nacional sigue siendo condicionada al financiamiento internacional. Según el documento oficial, el cumplimiento dependerá de la llegada de fondos externos bajo el Acuerdo de París, que cumple ahora 10 años. Esto implica que, sin recursos extranjeros, la mitigación y adaptación no avanzarán.
Ana Rosario Velásquez, cofundadora de la Coalición Ambiental de Honduras, considera que se trata de “un plan sin músculo financiero ni capacidad institucional para ejecutarse”, subrayando la falta de una cartera de proyectos bancables, cronogramas de ejecución o mecanismos de monitoreo y transparencia.
Ana Velásquez advierte que, aunque la nueva NDC de Honduras reconoce los impactos de los eventos extremos y la necesidad de adaptación, aún no integra un enfoque operativo de ‘pérdidas y daños’, elemento fundamental en los debates internacionales sobre justicia climática. Imagen: Criterio
El incumplimiento de los compromisos financieros por parte de los países desarrollados vuelve a poner en evidencia la brecha entre las promesas y la acción climática.
Aunque existía la expectativa, por parte de la sociedad civil y de los países en vías de desarrollo, de que la nueva meta global de financiamiento (NCQG) alcanzará los 1,3 billones de dólares anuales (a partir de una estimación de cuánto dinero sería necesario para acelerar la transición energética y hacer frente a los impactos del cambio climático), el acuerdo de la última COP apenas alcanzó los 300 000 millones para 2035.
Quedó pendiente la elaboración de una hoja de ruta que, según lo pactado, deberá indicar los caminos para alcanzar los 1,3 billones (millones de millones) de dólares de financiamiento, aunque no se trata de un nuevo acuerdo oficial.
Además, esta segunda actualización de la NDC de Honduras incorpora por primera vez el sector de Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura, lo que permite contabilizar sumideros y remociones de gases bajo las directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
Según la Serna, esta inclusión fortalece la integridad ambiental y hace la NDC más “integral y transparente”.
Ávila señala que incluir este cambio puede tener impacto dependiendo de cómo se aplique la regulación: si hay mayor control sobre la tala y mejor gestión forestal, la emisión de gases puede reducirse, pero advierte que esto requiere voluntad política y acciones concretas que no están ocurriendo actualmente en el país.
En la Moskitia hondureña, la deforestación avanza a pesar del programa de reforestación de 900 millones de lempiras. La tala ilegal, la expansión ganadera y el narcotráfico continúan devastando bosques protegidos, como en la biosfera del río Plátano, desplazando a comunidades indígenas y poniendo en riesgo ecosistemas únicos del país. Imagen: Criterio
Por su parte, Ricardo Pineda, director de Sustenta Honduras, advierte que la actualización de la NDC aumenta artificialmente la línea base de emisiones; explica que tiene que ver con que la meta de reducción de emisiones es con base a una duplicación de las emisiones actuales.
“Es como querer vender una reducción de emisiones en porcentaje, pero en números reales, se está anticipando un incremento de emisiones. Como que muestra que hacen las cosas por el compromiso y no por voluntad en acción climática”, dice.
Esta “ambición metodológica” cumple con las demandas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), pero carece de una traducción práctica en políticas energéticas, agrícolas o forestales. En lugar de consolidar una visión estratégica con resultados cuantificables, la actualización convierte el ejercicio de mitigación en un cálculo contable, sin efectos reales sobre la descarbonización del país.
Para los especialistas consultados, el problema radica en que la NDC hondureña fue construida como un documento técnico más que político, sin anclaje en planes operativos ni respaldo presupuestario que garantice su aplicación.
Velásquez advierte que Honduras “pinta de verde el fracaso” porque depende casi por completo del financiamiento internacional, sin generar recursos nacionales ni fortalecer sus propias instituciones.
Pineda añade que, con este enfoque, Honduras se autoexcluye del acceso al financiamiento climático internacional porque “no está demostrando voluntad ni claridad en sus compromisos de mitigación”, mientras que Ávila subraya que “el problema no es técnico sino político: el país carece de voluntad para transformar su modelo extractivo y energético”.
A pesar de las promesas del gobierno de Xiomara Castro y su discurso contra el extractivismo, Honduras sigue en deuda con la defensa territorial y ambiental. En Azacualpa, Copán, se otorgó un plan de salvamento en zonas de amortiguamiento de la mina San Andrés, beneficiando a filiales extranjeras como Aura Minerals. Imagen: Criterio
Adaptación: el talón de Aquiles climático
Laadaptación climática se ha consolidado como uno de los pilares más urgentes de la acción ambiental en Honduras. En la segunda actualización de su NDC, el gobierno reafirma que la meta no solo es reducir emisiones, sino también fortalecer la resiliencia de comunidades y ecosistemas ante la crisis climática.
Además, busca fortalecer la resiliencia en sectores críticos como el agrícola, marino-costero, hídrico, infraestructura y biodiversidad, alineándose con los ejes del Plan Nacional de Adaptación (PNA).
Según la Primera Comunicación Nacional de Adaptación (2023), las prioridades incluyen aumentar la capacidad de almacenamiento de agua, proteger ecosistemas degradados, restaurar manglares y humedales, e incorporar criterios de adaptación en la planificación territorial y de infraestructura.
Sin embargo, a pesar de contar con un marco técnico robusto y estrategias como la Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE), la implementación enfrenta limitaciones de recursos, ausencia de coordinación interinstitucional y un acceso desigual a los mecanismos de financiamiento climático.
César Quintanilla, especialista en cambio climático, señala que Honduras “está desnuda ante los impactos climáticos”, con comunidades costeras y agrícolas que siguen perdiendo hogares y medios de vida por inundaciones, erosión y aumento del nivel del mar.
Aunque la NDC menciona la alta vulnerabilidad del país, no incorpora medidas operativas de adaptación, como planes territoriales, sistemas de alerta temprana o financiamiento para ciudades y comunidades rurales.
Un ejemplo de ello es la comunidad costera de Cedeño, donde en las últimas cuatro décadas, el avance sostenido del mar hacia tierra firme ha provocado una severa erosión costera en el golfo de Fonseca, al sur de Honduras. El fenómeno ha reducido considerablemente la franja de playa y destruido viviendas, negocios y restaurantes en antiguas zonas turísticas en el municipio de Marcovia.
Este retroceso del litoral, causado por el aumento del nivel del mar y las marejadas más intensas, ha transformado el paisaje y obligado a decenas de familias a desplazarse, dejando tras de sí comunidades fragmentadas y una economía local cada vez más golpeada por los efectos del cambio climático.
Rosa María Pastrana, de 68 años y mujer pescadora, ha visto cómo el mar ha arrasado con casas –incluida la suya— y cómo el medio de vida –los peces—se está escaseando producto del cambio climático.
Pese a la vulnerabilidad que están experimentando, Pastrana lamenta que las autoridades municipales y del gobierno central no se han preocupado por implementar planes de mitigación ni mucho menos de adaptación. “Nosotros hemos aprendido a vivir con el avance del mar, aquí nos han dejado solos”.
En el pasado, Rosa María salía al mar para faenar junto a su familia. Hoy, aguarda al atardecer la llegada de las lanchas para limpiar los escasos pescados que logran capturar, reflejo de cómo el cambio climático y la migración de especies han transformado el sustento de los pescadores artesanales. Imagen: Jorge Burgos / Criterio
La casa de Rosa María está bajo el mar, al igual que la de muchos lugareños y aunque las afectaciones son desde hace años, en Marcovia aún no se ha implementado un plan de ordenamiento territorial. De acuerdo con las autoridades municipales, la falta de recursos ha impedido concretar el estudio de ordenamiento territorial elaborado junto a la Embajada de la República de China (Taiwán).
En las palabras de Quintanilla, Honduras “no ha logrado traducir su vulnerabilidad en acción”, ya que las comunidades más expuestas —especialmente las rurales y costeras— siguen sin apoyo para responder ante sequías, huracanes e intrusión y erosión marina. Este desfase entre planificación y ejecución convierte la adaptación en una deuda ambiental y social urgente dentro de la agenda climática nacional.
¿Cómo se presentará Honduras en la COP30?
De cara a la COP30 en Belém, los entrevistados consideran que Honduras llega con discursos verdes y manos vacías, con una agenda débil y sin una estrategia climática concreta.
Para Pineda, la delegación hondureña asistirá “fragmentada y sin preparación”, centrada más en el contexto electoral del país que en la urgencia climática.
Honduras decidirá quién será su próximo presidente o presidenta el 30 de noviembre, solo una semana después de celebrada la COP30, y el secretario de Estado de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina, es el jefe de campaña de la candidata del partido Libertad y Refundación, actualmente en el poder.
Pineda advierte que la falta de coordinación institucional y de representación de la sociedad civil refuerza la exclusión de comunidades, mujeres y jóvenes de los espacios de negociación internacional.
Además, sostiene que “será la COP más importante para la región, pero Honduras llega con la menor preparación”, sin proyectos listos ni una posición alineada con los objetivos globales de mitigación y adaptación.
Esta situación, según Pineda, no solo debilita la credibilidad del país dentro del proceso de la CMNUCC, sino que también limita el acceso a fondos climáticos internacionales, en particular los destinados a pérdidas y daños.
Desde la sociedad civil, voces como la de Velásquez y Ávila lamentan que el gobierno llegue a Belém “con las manos vacías”, llevando un discurso que promete acción climática, pero sin sustento técnico ni financiero.
Ávila considera que Honduras “asistirá en deuda con su población y con sus compromisos internacionales”, debido a la falta de voluntad política, poca investigación aplicada y escasa articulación entre academia, sector público y comunidades.
Quintanilla es aún más crítico: asegura que el país repetirá el mismo patrón de años anteriores, con delegaciones numerosas, pero poco técnicas, que no participan en las mesas de negociación ni aportan propuestas concretas.
Para recuperar credibilidad y viabilidad, los especialistas recomiendan adoptar un Plan Operativo NDC 2025–2030 con metas medibles, presupuestos asignados y participación ciudadana real. Solo entonces, Honduras podría dejar de ser percibida como un país con fracasos en la gestión climática en Centroamérica y avanzar hacia un enfoque más justo, coherente y resiliente frente a la crisis.
Este reportaje se elaboró con el apoyo de Climate Tracker América Latina y el respaldo de Oxfam.
Por Peter S. Goodman. Fotografías por Alejandro Cegarra. Peter Goodman visitó plantaciones de café, comerciantes y molinos de procesamiento en toda Honduras. New York Times. Deberían ser tiempos maravillosos en la Finca El Puente, una plantación de café en las montañas del suroeste de Honduras. En los mercados mundiales, el precio del café ordinario se ha más que duplicado en el último año. Las variedades especiales de café cosechadas en la finca llevan mucho tiempo cobrando una prima considerable, lo que refleja su condición de fuente de brebajes aromáticos que se saborean como un buen vino desde Seattle hasta Seúl. Una tarde reciente, un comprador de Malasia estaba de visita para probar las últimas ofertas.
Sin embargo, los propietarios de la plantación —Marysabel Caballero, caficultora de cuarta generación, y su marido, Moisés Herrera— están cada vez más preocupados. Los costos de producción se han disparado. Deben pagar salarios extra para atraer a los escasos trabajadores; el fertilizante se ha encarecido. Las lluvias inoportunas y las temperaturas volátiles han devastado sus cultivos. Incluso tras el aumento de los precios, es probable que este año ganen menos que el anterior.
Ellos le dan vueltas a la posibilidad de que los altos precios lleven a algunos consumidores de café a limitar su consumo, sustituyéndolo por productos más baratos como refrescos y bebidas energéticas para satisfacer parte de su ansia de cafeína.
Cuanto más contemplan el futuro, mayor es su preocupación. Más que nada, les preocupa lo que está impulsando los precios al alza: el cambio climático, que ha disminuido la oferta de café en todo el planeta por el aumento de las temperaturas, las sequías y las lluvias excesivas, más recientemente en Brasil y Vietnam, los dos mayores productores de café del mundo.
Esto es lo que genera ansiedad en las plantaciones de café de todo el planeta. Quien hoy se beneficia de la subida de los precios, mañana puede ser destruido por la próxima calamidad.
La cosecha de la Finca El Puente se vio dañada por una ola de frío en diciembre y enero, seguida de lluvias tardías que disuadieron a sus trabajadores de aventurarse a las plantaciones para recoger frutos maduros. Por ello, ven los precios récord no tanto como una ganancia inesperada, sino como una manifestación de los problemas que se avecinan.
Las plantaciones de café enclavadas en las montañas cerca de la Finca El Puente, en el suroeste de Honduras.
El cambio climático ha disminuido el suministro de café en todo el mundo debido al aumento de las temperaturas, las sequías y el exceso de lluvias.
“Para nosotros, producir café es nuestra vida”, dijo Herrera, de 58 años, mientras los trabajadores levantaban sacos de unos 45 kilos de granos de café recién cosechados y los apilaban en montones en su molino para procesarlos. “Muchos productores están empezando a perder la esperanza”.
Algunos ven el café más caro como un correctivo a un sistema internacional que durante mucho tiempo ha pagado mal a los productores, y que tiene el potencial de rectificar generaciones de injusticia y destrucción medioambiental.
“Los antiguos métodos de producción han mermado la salud y la fertilidad del suelo, y no permiten resistir el cambio climático”, dijo Amanda Archila, directora ejecutiva de Fairtrade America, una organización sin fines de lucro con sede en Washington que establece normas medioambientales y sociales para los productores de café, certifica a los que las cumplen y los conecta con los mercados mundiales a precios mínimos garantizados. “A precios más altos es adonde tenemos que ir, precios que permitan a estos agricultores invertir en el futuro del café”.
El 60 por ciento del café mundial lo producen unos 12,5 millones de personas que trabajan en plantaciones de poco más de 20 hectáreas —y la mayoría mucho más pequeñas—, según World Coffee Research, organización sin fines de lucro que promueve prácticas agrícolas sostenibles. Alrededor del 44 por ciento de estos llamados pequeños agricultores viven por debajo del umbral de pobreza establecido por el Banco Mundial.
Si los agricultores ganan más, la idea es que pueden cambiar a variedades de café resistentes al aumento de las temperaturas y a la variabilidad de las precipitaciones. Podrán plantar árboles de sombra para proteger sus suelos.
Así, estarán mejor posicionados para resistir las salvajes oscilaciones de los precios que durante siglos han regido los mercados internacionales de materias primas, gestionando sus plantaciones a largo plazo.
Del mismo modo que la pandemia perturbó el comercio mundial, provocando el escrutinio de las cadenas de suministro de artículos cruciales como los productos farmacéuticos y los chips informáticos, los elevados precios del café han agudizado la atención sobre las condiciones que determinan su producción.
La cuestión es si esta renovada atención se traducirá en un cambio.
Caos en el mercado
La historia del café es, en gran medida, la historia de la explotación para aumentar la oferta y bajar los precios.
Los imperios coloniales establecieron plantaciones en Asia y Sudamérica para satisfacer la demanda de Europa y Norteamérica. Esclavizaron a trabajadores africanos y arrebataron tierras a las comunidades indígenas. Destrozaron los bosques para despejar el terreno y plantar más árboles de café. La miseria humana y la devastación medioambiental demostraron el costo de convertir el café de un bien de lujo en un producto básico.
Incluso en los tiempos modernos, la empresa ha girado en gran medida en torno a la escala y la abundancia. El café cosechado y procesado en granos verdes desde Colombia a Kenia se ha enviado a tostadores boutique y a vastos conglomerados agroindustriales de los países más ricos. Es una cadena que conecta a trabajadores que ganan tan solo 2 dólares al día en América Latina, Asia y África con personas que pagan más del doble por un capuchino en Copenhague, Dubai y Boston.
Tradicionalmente, la mayor parte de las ganancias las han obtenido los grandes tostadores de café. Sus ganancias han crecido junto con el precio de los granos de café, a pesar de que muchos cultivadores no han conseguido hacerse con una parte de la cosecha extra.
JM Smucker Company, cuyas marcas incluyen Folgers y Cafe Bustelo, vio aumentar sus ventas estadounidenses al por menor de café un 3 por ciento entre agosto y octubre, con un margen de ganancia superior al 28 por ciento. Los directivos de la empresa dijeron a los analistas bursátiles que habían conseguido traspasar a los clientes los costos adicionales de sus granos. (El precio medio de venta al por menor de café tostado molido ha aumentado un 15 por ciento en las ciudades estadounidenses en el último año, superando los 7 dólares por casi medio kilo, según datos federales, y los expertos prevén ampliamente que se producirán mayores aumentos).
“El café, como todos sabemos, es una categoría de traspaso”, dijo el director ejecutivo de la empresa, Mark Smucker, lo que significa que estos costos adicionales pueden repercutirse fácilmente en los consumidores sin perder ventas, normalmente porque un producto se considera esencial. “Estamos muy satisfechos con nuestros resultados del trimestre, a pesar de que seguimos observando una inflación significativa”.
Los acontecimientos de los últimos años han puesto de manifiesto las vulnerabilidades del sistema, al tiempo que han introducido otras nuevas. Las sequías de Brasil y Vietnam, combinadas con las interrupciones del transporte marítimo internacional, han hecho que los granos de café escaseen.
Los cambios en la normativa también han aumentado la incertidumbre. Una nueva ley europea destinada a limitar la deforestación ha obligado a los productores de muchas materias primas —incluido el café— a demostrar que no talan árboles, lo que añade burocracia e incertidumbre en el comercio.
Ante la perspectiva del caos, los productores de materias primas presionaron con éxito a la Unión Europea para que retrasara la ley hasta el año que viene. Algunos tostadores han hecho acopio de café antes de que la ley entre en vigor, lo que ha aumentado la demanda de granos de todo el mundo y ha hecho subir los precios.
Algunas plantaciones de Vietnam, especializadas en café robusta de calidad inferior, se han dedicado al durian, una fruta singularmente acre (algunos dicen que apesta), para aprovechar el aumento de la demanda en China. Esto también ha limitado la oferta de café, haciendo subir los precios. Como los precios del robusta han subido, los tostadores que tradicionalmente compraban cafés más baratos se han decantado por variedades de arábica de mayor calidad, haciendo subir esos precios.
Las dificultades de los actores financieros clave en el comercio del café también han generado un círculo vicioso de subida de precios.
La cosecha de la Finca El Puente se vio afectada por una ola de frío y lluvias tardías que impidieron a los trabajadores recoger la fruta madura.Moisés Herrera, a la izquierda, con trabajadores de la Finca El Puente. Esta es la preocupación del caficultor: que quien hoy se beneficie de la subida de precios, mañana pueda ser destruido por la próxima calamidad.Los trabajadores levantan sacos de unos 45 kilos de granos de café, apilándolos para su procesamiento. “Muchos productores están empezando a perder la esperanza”, dijo Moisés Herrera, quien es propietario de la Finca El Puente junto con su esposa.Unos trabajadores descargan una camioneta llena de sacos de granos de café para procesarlas.
En todo el mundo, los comerciantes que compran granos de café a los agricultores y los exportan a los tostadores suelen cerrar su suministro con meses e incluso años de antelación mediante los llamados contratos de futuros. Si el precio mundial baja, pueden recibir de sus clientes una cantidad inferior a la que están obligados a pagar a los agricultores por los granos de café. Para protegerse, compran las llamadas posiciones cortas en los mercados de futuros, es decir, apuestas a que los precios bajarán. Si los precios bajan, las ganancias de estas posiciones cortas compensan parte de las pérdidas de sus ventas.
Pero en los últimos meses, el precio del café ha subido tanto que las posiciones cortas se han convertido en grandes perdedoras. Los intermediarios financieros que gestionan estas operaciones han exigido a los exportadores que entreguen más dinero para compensar sus pérdidas: un ajuste de márgenes, en lenguaje financiero.
Desde Brasil hasta Nicaragua, los ajustes de márgenes han llevado a algunos exportadores a la quiebra. Incluso los que sobreviven tienden ahora a proteger celosamente su efectivo, limitando sus compras de café. Eso ha disminuido la oferta disponible de granos para los tostadores, empujando los precios al alza y provocando más peticiones de márgenes.
“Se trata de un gran problema para la mayoría de los exportadores del mundo”, dijo Luiz Paulo Pereira, fundador y director ejecutivo de CarmoCoffees, un exportador de Brasil.
“Ante la amenaza perpetua de que las empresas financieras exijan más dinero para cubrir sus posiciones cortas, él y otros comerciantes se aferran al efectivo que tienen”.
Eso los hace reacios a comprar café. En lugar de sus habituales acuerdos a largo plazo, están intermediando en transacciones solo cuando un agricultor tiene granos inmediatamente listos para la venta a un tostador dispuesto a comprarlos sin demora. Así evitan inmovilizar su efectivo mientras esperan a cobrar. Pero hace que el café sea aun más escaso, lo que eleva los precios. Y muchas plantaciones retienen sus cosechas a la espera de que los precios suban aun más: una profecía que se autocumple.
“El precio alto es como una linterna en la oscuridad”, dijo Vern Long, director ejecutivo de World Coffee Research. “‘Miren, amigos, tenemos un problema’. ¿Cómo utilizamos esto para asegurarnos de que los agricultores tengan una producción estable y sostenible?”.
¿Un modelo sostenible?
Durante las dos últimas décadas, Sergio Romero ha dado forma a una respuesta a esa pregunta.
Agricultor de café de cuarta generación en la ciudad de Corquín, Honduras, había visto la devastación que el cambio climático había causado en las plantaciones circundantes. Los cafetos estaban expuestos al sol. El aumento de las temperaturas estresaba a las plantas y disminuía el rendimiento. Las lluvias torrenciales eliminaban los nutrientes y agotaban los suelos.
Romero, ingeniero agrónomo de formación, empezó a estudiar cómo proteger su propio cultivo de los elementos. Propuso añadir un dosel de árboles altos, como pinos y caobas, para dar sombra a su café. Eso mantendría la humedad en el suelo y preservaría la salud de las raíces, permitiéndoles absorber más agua y nutrientes. Hizo planes para intercalar árboles frutales —mangos, naranjas, limones y plátanos— diversificando su cosecha y añadiendo raíces adicionales para preservar el suelo.
En 2009, Romero convenció a su mujer, a sus padres y a su hermano para que unieran sus tierras, convirtiendo sus más de 56 hectáreas en una plantación colectiva que se dedicaría a este nuevo modo de funcionamiento, con la sostenibilidad como objetivo principal.
Romero organizó a otras dos decenas de plantaciones en una cooperativa llamada Cafico. Los miembros podían compartir técnicas y gestionar un vivero para producir variedades adecuadas de plantas de café y árboles de sombra. Financiaron la construcción de un molino para secar y procesar su cosecha y venderla. Evitaron los fertilizantes y pesticidas químicos, dedicándose a la producción orgánica.
Su propuesta encontró resistencia inicial por parte de los miembros potenciales, dada la aritmética: 20 por ciento más de costos de plantación y un 25 por ciento menos de rendimiento del café. Pero los árboles durarían el doble, quizá un cuarto de siglo. Y el café sería de mayor calidad.
“Todo el mundo decía que estábamos locos”, dijo Romero, de 45 años. “Ahora están copiando el modelo”.
Cafico siguió adelante con la idea de Romero. Más tarde, se unió a Fairtrade, obteniendo el derecho a incluir el logotipo del organismo de certificación en sus bolsas de granos de café, un útil marcador de aceptabilidad social, especialmente en Europa, y fuente de mayores beneficios.
“Es el sello que nos garantiza un precio justo”, dijo Romero.
Según el modelo de Fairtrade, las ventas de la cooperativa incluyen el pago de una prima en reconocimiento de los salarios más altos que paga a sus trabajadores y de las prácticas agrícolas sostenibles que emplea. Globalmente, dichas primas alcanzaron unos 64 millones de dólares en 2023.
Cafico ha financiado proyectos comunitarios, como la renovación de una escuela local y una clínica, centrada en la salud maternoinfantil, con una sala de urgencias 24 horas, una rareza en las zonas rurales de Centroamérica.
Una mañana reciente, Romero estaba de pie en una ladera bañada por el sol, mirando hileras de cafetos de gruesas hojas verdes, con las ramas rebosantes de frutos. Las cerezas, como se las conoce, contienen los granos.
Señaló hacia el suelo, a una capa de material que cubría la tierra, las cáscaras secas de las cerezas. Antes, el molino extraía los granos y luego desechaba las cáscaras en un río cercano, contaminando el suministro local de agua potable de algunos. Ahora la cooperativa las convierte en compost y lo distribuye gratuitamente a las granjas asociadas.
“Es como una esponja que retiene el agua”, dijo Romero.
Sacó su teléfono y chequeó el precio de los futuros del café en la bolsa de materias primas de Nueva York. Ese día había subido más del 16 por ciento, casi 4 dólares el medio kilo. Parecía atónito.
Cafico produce café especial que se vende con un considerable margen sobre el precio de mercado. La cooperativa iba camino de aumentar sus beneficios al menos un 25 por ciento este año, dijo Romero.
Pero, ¿qué significaba la subida de los precios para la misión de hacer el café más sostenible? Si los agricultores con escaso capital podían seguir con sus prácticas tradicionales y vender a precios impensables, ¿dónde estaba el incentivo para que plantaran sus propios árboles de sombra y limitaran el rendimiento?
Romero desestimó tales preocupaciones. Cafico tenía 80 nuevas solicitudes de adhesión.
Sin embargo, a medida que los exportadores se apresuran a conseguir granos, ponen a prueba los vínculos de la estructura cooperativa.
En su granja cercana a Corquín, Esperanza Torres Melgar, de 59 años, se ha acostumbrado a que los comerciantes se presenten y le ofrezcan dinero inmediato por sus granos recién cosechados, en lugar de tener que esperar a que los procese otra cooperativa certificada por Fairtrade, Proexo.
Dijo que siempre declinaba la oferta.
Pero otros agricultores están cediendo a la tentación del dinero en mano sin demora, vendiendo discretamente fuera de la estructura cooperativa.
Solo alrededor de un tercio del café cosechado por las cooperativas certificadas por Fairtrade se vende en condiciones de comercio justo, con la prima aplicable. El resto cambia de manos a precios ordinarios. Incluso en los países más ricos, quienes están dispuestos a pagar más por un café cuya producción aparentemente no se realiza a expensas de los bosques o de los trabajadores vulnerables son muy superiores en número a quienes solo quieren un precio mejor.
Fairtrade dedica gran parte de su tiempo a intentar que sus productos lleguen a las estanterías de más tiendas. Pero el aumento del precio del café hace que este sea más difícil de vender. Entre esto y el infinito hay un punto en el que incluso los bebedores de café más preocupados —los ecologistas más acérrimos y los más sensibles a las condiciones de trabajo en las plantaciones— pueden resistirse a tener que pagar más por el sello oficial de la naturaleza saludable de su consumo.
De una forma directa, la subida de los precios del café está resultando, al menos, beneficiosa: poniendo más dinero en manos de las personas que se dedican a producirlo.
Nicolás Perez Perez, de 45 años y padre de cinco hijos, lleva recogiendo café desde que tenía 10 años. Una mañana reciente, se apoyaba en un tronco de café de una finca de Proexo, utilizando sus curtidos dedos para separar las cerezas de las ramas y depositarlas en un cubo de plástico.
Trabajador migrante, Perez vive a cinco horas de distancia. Dormía en un bloque de dormitorios durante la temporada de cosecha y ganaba 60 lempiras hondureñas (unos 2,34 dólares) por galón, un 20 por ciento más que el año pasado.
El dinero extra era bienvenido, pero no cambiaba los hechos básicos de su existencia. En casa, su familia come carne una vez a la semana.
“Nunca pasamos hambre, pero nunca avanzamos”, dijo. “No hay salida para nosotros. No hay camino hacia delante”.
Para quienes controlan la tierra, las mayores recompensas de los precios más altos vienen acompañadas de riesgos crecientes pero incalculables.
Josefina Lopez, de 57 años, posee una granja de unas dos hectáreas en un pueblo de las escarpadas tierras altas de la ciudad de Marcala. Utiliza una pequeña parte de su tierra para cultivar maíz y frijoles para su familia: ella y sus cuatro nietos. El resto está dedicado al café, y los árboles dan a un campo abierto y a una cresta irregular que forma la frontera con El Salvador.
Lopez recoge su propio café y vende los granos en sacos de unos 45 kilos a una cooperativa local que los transporta a un molino para su procesamiento. Desde que empezó a recoger su cosecha a mediados de noviembre, ha estado recibiendo 1080 lempiras hondureñas (unos 42 dólares) por saco, más del triple que en la cosecha anterior.
Pero el año pasado Lopez vendió 86 sacos. Este año, va camino de vender solo 26, debido al hongo conocido localmente como “la roya”, que lleva décadas devastando las plantaciones de Centroamérica. La plaga se ve favorecida por el cambio climático. Las lluvias irregulares y el aumento de las temperaturas han permitido que se extienda a zonas más elevadas, llegando incluso a fincas como la de Lopez, situada a más de 1800 metros sobre el nivel del mar.
Una mañana reciente, justo después de que el sol se filtrara por la cresta, ella y dos de sus nietos —que estaban de vacaciones escolares— inclinaron con las manos los esbeltos troncos de los cafetos hacia el suelo, poniendo a su alcance los frutos agrupados en la parte superior. Arrancaron los rojos y los depositaron en sacos de plástico. Dejaron madurar los verdes. Desechaban los marrones, los que estaban marchitos por el hongo.
En muchos árboles predominaban las marrones.
“Tenemos miedo de perderlo todo”, dijo Lopez.
Está ahorrando para comprar un retrete interior que sustituya a su letrina. Espera poder mantener a sus nietos en la escuela hasta la universidad, pero no cuenta con ello.
Ha pensado en ampliar su plantación para aprovechar los altos precios. Pero un cafeto recién plantado tarda tres años en dar su primera cosecha. No confía en que los precios se mantengan. Las condiciones que determinan sus ingresos están rodeadas de misterio.
“Los precios vienen de fuera”, dijo. “Siempre espero que los precios sean más altos, pero solo Dios lo sabe”.
En la Finca El Puente han alcanzado el éxito internacional. Su preciado café se vende en tiendas de alta gama de todo el mundo, como Intelligentsia y Stumptown en Estados Unidos. Sin embargo, ahora están considerando una posibilidad antes impensable: reducir su superficie.
Tantos habitantes de la zona se han dirigido al norte, hacia Estados Unidos, en busca de trabajo, que tienen dificultades para contratar a los trabajadores necesarios, incluso con salarios muy superiores. En respuesta, han mecanizado gran parte de su molino. Pero no hay maquinaria que aguante los embates del frío y el calor feroces.
”Este es el peor año”, dijo Caballero, consciente de lo extraño de tal afirmación en una época de precios récord.
Ella y su marido aprecian la vida que pasan al aire libre, fuera del alcance de internet y sus frenéticas aplicaciones.
Incluso dentro del molino, bajo los gigantescos tambores de acero que giran lentamente secando los granos, se detienen para oler la fragancia dulce y ahumada que impregna la fábrica.
“Nos encanta el café”, dijo Caballero. “Siempre hemos pensado que vamos a morir cultivando café. Así somos felices”.
La ONU alertó hoy sobre la “grave situación de violencia” que enfrentan las mujeres en Honduras, donde solo el año pasado fueron asesinadas 380, mientras que al menos 11 lo fueron en lo que va de 2024, e instó a las autoridades a tomar medidas “contundentes” ante una situación “preocupante”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “insta a la acción contundente del Estado para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, expresó el organismo en un comunicado difundido por su delegación en Tegucigalpa.
Honduras fue sacudida el domingo por la desaparición de tres jóvenes en la turística isla caribeña de Roatán, cuyos cuerpos fueron hallados después perforados a tiros dentro de un vehículo. Un estadounidense que huyó a su país es el principal sospechoso.
La agencia de la ONU expresó “su preocupación” porque en 2023 fueron asesinadas 380 mujeres en Honduras, 24,2% más que en 2022. Además, “el sistema 911 ha registrado 78.214 denuncias de violencia contra las mujeres entre enero y noviembre del 2023”, lamentó.
“De igual preocupación resulta” que “al menos 11 mujeres habrían sido asesinadas en los primeros diez días del 2024”, expuso el organismo, citado por la agencia de noticias AFP.
Destacó que la muerte violenta de las tres jóvenes en Roatán “evidencia la urgencia de implementar, de manera urgente, una estrategia integral del Estado para el abordaje de la violencia por razón de género”.
Recomendó “acelerar la aprobación de marcos legales” para fortalecer la protección de las mujeres, como casas de refugio, así como avanzar en la investigación de casos emblemáticos de asesinatos de mujeres y reiteró “su disposición para asistir técnicamente al Estado” hondureño.
Asimismo, reconoció que la tasa general de homicidios mostró una tendencia a la baja de 17% en 2023 con relación al 2022, cuando fue de 38 por cada 100.000 habitantes, según datos del Ministerio de Seguridad hondureño.
Por Daniel Scarímbolo – El presidente Alberto Fernández mantuvo hoy una reunión trilateral con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, actual titular de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
El encuentro se realizó en la sede del Consejo Europeo, en Bruselas, antes del inicio de la III Cumbre entre la Unión Europea-Celac, informaron fuentes de la Presidencia argentina.
La reunión se basó “en el trabajo que actualmente se está realizando en la Celac y de los pasos a seguir” antes de la llegada de Castro a la titularidad temporaria del organismo, que se concretará a principios del año próximo.
Además, Fernández “contó su experiencia al frente de la Celac”, añadió la fuente, mandato que concluyó el 24 de enero pasado, cuando traspasó la presidencia pro témpore a Gonsalves, en la cumbre realizada en Buenos Aires.
Mañana a las 15.40, el mandatario argentino mantendrá un encuentro bilateral con su par ecuatoriano Guillermo Lasso, confirmaron esta tarde en Bruselas fuentes del Gobierno nacional.
