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El consumo de carne vacuna cayó a un mínimo en más de dos décadas

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De acuerdo con el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo aparente per cápita se ubicó en 47,3 kilos anuales, lo que representa una caída del 2,5% interanual y el nivel más bajo de los últimos 21 años.

En paralelo, la industria frigorífica atravesó uno de los febreros de menor actividad en casi medio siglo. La faena alcanzó las 924,3 mil cabezas de hacienda vacuna, con una leve suba del 1,5% frente a enero —ajustada por días hábiles— pero con una caída del 10,7% en la comparación interanual, equivalente a unas 110 mil cabezas menos.

La menor actividad se reflejó también en la producción. En el primer bimestre de 2026 se generaron 457 mil toneladas res con hueso, lo que implica una contracción del 9,1% frente al mismo período del año pasado. En términos absolutos, la caída fue de 45,5 mil toneladas.

En el mercado interno, el consumo total mostró un deterioro aún más marcado. Según CICCRA, el consumo aparente descendió a un ritmo del 13,8% interanual en el acumulado del primer bimestre, con un volumen total de 332,7 mil toneladas. El promedio móvil de los últimos doce meses se mantuvo en 47,3 kilos por habitante al año, 1,2 kilos por debajo del nivel registrado un año atrás.

Precios en alza

La caída del consumo se da en un escenario de fuerte presión sobre los precios. Según datos del INDEC, en febrero el precio de los cortes vacunos aumentó 7,4% mensual, muy por encima de la inflación general, que se ubicó en 2,9%.

Entre los principales cortes, la paleta lideró las subas con un 8,1%, seguida por el cuadril y la nalga (ambos con 8,0%). La carne picada común registró un incremento del 7,1%, mientras que el asado subió 5,7%.

En valores absolutos, el kilo de asado promedió los $16.852,4, el cuadril alcanzó los $19.792,7 y la nalga llegó a $20.527,5. La paleta se ubicó en $15.817,9 y la carne picada en $9.521,4.

Exportaciones en crecimiento

A contramano del mercado interno, las exportaciones continúan mostrando dinamismo. En el primer bimestre del año, los envíos al exterior habrían alcanzado las 124 mil toneladas res con hueso, con un crecimiento del 6,6% interanual.

En enero, en tanto, se certificaron exportaciones por 43,6 mil toneladas peso producto, lo que implicó una suba del 13,5% respecto al mismo mes de 2025. La caída en los embarques hacia China fue compensada por mayores ventas a Estados Unidos, Israel, Alemania y Países Bajos.

El precio promedio de exportación también mostró una fuerte mejora: la tonelada se ubicó en 7.362 dólares, un 30% por encima del valor registrado un año atrás. Según CICCRA, esta suba fue generalizada entre los principales destinos, impulsada en parte por la depreciación del dólar a nivel internacional, aunque con distinta intensidad según el mercado.

En este escenario, la cadena cárnica refleja una creciente dualidad: mientras el frente externo tracciona con mejores precios y volúmenes, el consumo interno continúa debilitándose, presionado por la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento sostenido de los alimentos.

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Precios mayoristas: suben 1% en febrero y el Gobierno enfrenta una señal clave en la cadena de costos

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El proceso de desaceleración inflacionaria sumó un nuevo capítulo con matices: el índice de precios mayoristas registró una suba de 1% en febrero de 2026 y acumuló 25,6% interanual, según informó el INDEC el 17 de marzo. El dato, en apariencia contenido, adquiere relevancia política porque mide el pulso de la cadena de formación de precios antes de su traslado al consumidor. En ese punto se abre una pregunta inevitable: ¿la baja en la nominalidad mayorista consolida la estrategia del Gobierno o anticipa tensiones futuras en márgenes y abastecimiento?

Lejos de ser un indicador técnico más, el índice funciona como termómetro adelantado de la inflación minorista y como referencia para sectores productivos que ajustan contratos, listas de precios y expectativas.

Una desaceleración con composición heterogénea

El informe oficial muestra que la variación mensual se explicó por el aumento de 1% en los productos nacionales, mientras que los productos importados registraron una leve baja de -0,3%. Esa diferencia introduce un dato clave: la presión inflacionaria se sostiene más en factores internos que en el componente externo.

Al interior de los productos nacionales, el comportamiento no fue uniforme. Los productos primarios subieron 1,2%, los manufacturados 1% y la energía eléctrica avanzó 0,5%. Esta estructura sugiere que la dinámica de costos sigue atravesada por variables productivas locales, incluso en un contexto de menor volatilidad cambiaria.

La baja en importados, en tanto, aparece como un factor de contención, aunque con impacto acotado en la estructura general del índice. No alcanza por sí sola para compensar la inercia de los precios domésticos.

Un indicador clave para la política económica

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) no solo mide variaciones. También anticipa decisiones. Su evolución incide en la política de precios, en la negociación entre proveedores y empresas, y en la construcción de expectativas inflacionarias.

Para el Gobierno, el dato de febrero puede leerse como una señal de estabilización relativa en la cadena de costos. Sin embargo, también expone una limitación: la inflación no desaparece, se redistribuye. Y en ese movimiento, los precios mayoristas siguen mostrando una inercia que condiciona la velocidad de desaceleración general.

En términos institucionales, el índice no tiene impacto directo en normas o contratos como otros indicadores, pero sí influye en la toma de decisiones del sector privado y en la calibración de políticas públicas.

Correlación de fuerzas: márgenes en disputa

El comportamiento de los precios mayoristas también refleja una tensión silenciosa entre sectores productivos. Cuando los costos suben, aunque sea de forma moderada, se activa una disputa por los márgenes a lo largo de la cadena.

El dato de febrero sugiere que esa tensión no desapareció. Se reconfiguró. La estabilidad relativa puede aliviar presiones en el corto plazo, pero no elimina la puja entre productores, distribuidores y comercializadores.

En ese escenario, la política económica queda en una posición delicada: necesita sostener la desaceleración sin generar un estrangulamiento en sectores que dependen de la recomposición de precios para sostener actividad.

Un equilibrio todavía inestable

El registro de 1% mensual marca una desaceleración respecto de períodos anteriores, pero no define una tendencia irreversible. La clave estará en observar si este nivel se consolida o si responde a factores transitorios.

Las próximas mediciones permitirán evaluar si la baja en productos importados se sostiene y si los componentes internos logran moderarse sin intervención adicional. También será relevante analizar cómo impacta esta dinámica en la inflación minorista.

Por ahora, el dato deja una señal ambivalente. La nominalidad cede, pero no se apaga. Y en ese margen, la política económica sigue jugando una partida donde cada punto porcentual redefine el equilibrio.

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Construcción: el costo subió 1,9% en febrero y acumula 24,5% interanual, con presión salarial y tarifaria

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El costo de la construcción volvió a moverse por encima de la inflación núcleo en febrero y dejó una señal política y económica que el Gobierno no puede ignorar: según el INDEC, el índice subió 1,9% mensual y 24,5% interanual en el Gran Buenos Aires. El dato, difundido el 17 de marzo de 2026, combina dos vectores sensibles —salarios y tarifas— y reabre una pregunta de fondo: ¿la desaceleración inflacionaria puede sostenerse sin tensionar costos estructurales en sectores intensivos como la construcción?

La cifra no es neutra. Llega en un momento donde la obra pública, la inversión privada y la dinámica del empleo en la construcción funcionan como termómetro de gobernabilidad económica. Y donde cada variación de costos impacta directamente en contratos, presupuestos y decisiones de inversión.

Salarios, tarifas y costos: el triángulo que explica la suba

El aumento del índice no responde a un único factor. Según el informe oficial , el alza de febrero se explicó por incrementos de 1,5% en materiales, 1,6% en mano de obra y un salto más marcado de 4,4% en gastos generales.

Detrás de esos números hay decisiones concretas. Por un lado, la suba en mano de obra refleja el impacto del acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina firmado el 12 de enero y homologado días después, que comenzó a regir en febrero. No se trata solo de una recomposición salarial: el ajuste también incluye asignaciones extraordinarias que se trasladan de forma directa al costo de cada obra.

Por otro lado, los gastos generales incorporan actualizaciones tarifarias en servicios clave. El informe detalla que se trasladaron los nuevos cuadros eléctricos aprobados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad para distribuidoras como Edenor y Edesur, junto con ajustes en agua y cloacas autorizados por la Secretaría de Obras Públicas.

En paralelo, algunos insumos mostraron aumentos puntuales relevantes: maderas (4,5%), metales como cobre y plomo (4,2%) y vidrios (4,0%). La dispersión en los materiales —con bajas en rubros como ascensores (-1,6%)— muestra que el fenómeno no es homogéneo, pero sí consistente.

Un índice técnico con impacto político

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) mide la evolución de los costos en viviendas en el Gran Buenos Aires, sin incluir el valor del terreno ni impuestos como el IVA. Sin embargo, su influencia excede lo estadístico.

El dato funciona como referencia directa para la actualización de contratos de obra pública —en el marco del Decreto 1.295/02— y como señal para desarrolladores privados. Cada variación mensual redefine presupuestos, licitaciones y márgenes.

En ese contexto, la combinación de salarios en alza y tarifas actualizadas introduce un componente de rigidez en los costos. A diferencia de los precios de algunos materiales, estos factores tienen menor elasticidad a la baja en el corto plazo.

Correlación de fuerzas: sindicatos firmes y costos que condicionan

El dato también deja una lectura política sobre la mesa. El traslado del acuerdo salarial de la UOCRA al índice confirma la capacidad del sector sindical para sostener recomposiciones en un contexto de ajuste más amplio.

Al mismo tiempo, la incidencia de tarifas reguladas muestra que las decisiones del Gobierno en materia de precios relativos —particularmente energía y servicios— tienen impacto inmediato en sectores productivos.

Para el oficialismo, el desafío es doble: contener la inflación sin desarticular la actividad en un rubro que genera empleo y dinamiza economías regionales. Para el sector privado, el escenario obliga a recalcular costos y márgenes en proyectos que ya venían ajustados.

Señales mixtas hacia adelante

El comportamiento del índice en febrero no marca un quiebre, pero sí consolida una tendencia: los costos de la construcción siguen creciendo, aunque con una dinámica más moderada que en períodos anteriores.

La clave estará en observar cómo evolucionan dos variables sensibles en los próximos meses: las paritarias del sector y el sendero de tarifas. También será relevante seguir la dispersión en materiales, que podría amortiguar o amplificar futuras subas.

En un escenario donde la política económica busca anclar expectativas, el ICC se mantiene como un indicador incómodo: no define la inflación, pero sí expone sus tensiones más estructurales.

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Sturzenegger aseguró que se crearon 400.000 empleos informales o independientes pese a la caída del trabajo formal

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En medio del debate sobre el impacto social del programa económico, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a defender el balance laboral de la gestión de Javier Milei y sostuvo que la economía generó unos 400.000 nuevos puestos de trabajo en los dos primeros años de gobierno.

El dato, difundido por el funcionario al analizar estadísticas oficiales, apunta a responder una de las críticas más persistentes hacia el rumbo económico: la idea de que la actividad puede recuperarse sin una mejora real en el empleo. Para Sturzenegger, ese diagnóstico no se sostiene frente a los números de crecimiento y a la evolución del mercado laboral.

Según su planteo, la economía registró una expansión del 6,6% en el primer año de gestión y del 3,5% en el segundo, mientras que el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) proyecta un crecimiento trimestral cercano al 1% hacia adelante. En ese marco, el ministro afirmó que el país podría alcanzar un aumento acumulado del producto cercano al 20% al final del mandato presidencial.

“Es implausible que con tanto crecimiento tengamos un problema de empleo”, planteó.

La intervención del funcionario no fue casual: busca instalar la lectura oficial de que el mercado laboral está atravesando una reconfiguración estructural más que una crisis de destrucción de empleo.

Un mercado laboral en transición: más trabajo independiente y menos empleo formal

El análisis del Gobierno se apoya principalmente en los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. Según esa medición, la tasa de actividad —que mide la proporción de personas que trabajan o buscan empleo— subió del 48,2% en el tercer trimestre de 2023 al 48,6% en el mismo período de 2025.

Ese aumento implicó una expansión de la población económicamente activa: pasó de 14.210.000 a 14.554.000 personas.

Dentro de ese universo, el número de ocupados creció de 13.396.000 a 13.606.000, lo que el ministro interpreta como una señal de dinamismo laboral durante el actual gobierno.

Sin embargo, el cambio más relevante aparece al observar la composición del empleo. De acuerdo con la Cuenta de Generación del Ingreso, que permite estimar el total nacional, el país pasó de 22.260.000 puestos de trabajo en el tercer trimestre de 2023 a 22.668.000 en igual período de 2025.

La diferencia equivale a unos 408.000 empleos adicionales, pero con una característica central: el crecimiento se explica mayormente por modalidades informales o independientes.

Según el detalle presentado por Sturzenegger, en ese período se registró: +630.000 empleos informales o independientes, –222.000 puestos de trabajo formales

El ministro describió ese movimiento como un cambio en la estructura del mercado laboral vinculado a formas de trabajo más flexibles, donde el monotributo y las tareas independientes adquieren mayor peso.

La Ley Bases y la apuesta oficial por la flexibilización laboral

Dentro de la explicación oficial, el Gobierno vincula esa transformación con las reformas económicas impulsadas durante la gestión. En particular, Sturzenegger mencionó el impacto de la Ley Bases, que según su interpretación facilitó la expansión del monotributo al reducir cargas impositivas.

Para el ministro, la discusión sobre la calidad del empleo requiere mirar no solo la formalidad del vínculo laboral, sino también el nivel de ingresos.

En ese sentido, señaló que en 2025 el ingreso promedio de un trabajador independiente alcanzó los $1.460.000 mensuales, mientras que el salario promedio de un trabajador asalariado se ubicó en $1.300.000.

“No hay una relación directa entre trabajo independiente y trabajo de mala calidad”, sostuvo.

La comparación busca reforzar el argumento de que el crecimiento del empleo autónomo no necesariamente implica precarización, sino que puede reflejar una reorganización del mercado laboral hacia esquemas menos dependientes del empleo asalariado tradicional.

Sectores en expansión y la construcción como foco de la caída

El análisis sectorial también muestra un panorama heterogéneo. De acuerdo con los datos citados por el ministro, el empleo creció en la mayoría de los 17 sectores productivos relevados, aunque con algunas excepciones.

Las caídas se concentraron en: Construcción, Pesca, Minería, Intermediación financiera, y Servicio doméstico

El caso más significativo es el de la construcción, que explicó alrededor del 80% de las bajas laborales registradas en el período analizado.

El dato resulta relevante porque ese sector fue uno de los más afectados por el ajuste fiscal y la paralización de la obra pública durante la primera etapa del programa económico.

En contraste, el ministro destacó que la industria manufacturera sumó 40.000 nuevos puestos de trabajo en los dos años analizados, un dato que el oficialismo utiliza para responder a las críticas sobre un eventual deterioro del empleo industrial.

El debate por la caída del empleo registrado

Uno de los puntos más sensibles del diagnóstico laboral es la caída del empleo formal registrada por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Según esos registros, la cantidad de trabajadores registrados pasó de 13.287.000 a 12.852.000 en un año.

Sturzenegger sostuvo que esa disminución responde casi por completo a un factor específico: la reducción del monotributo social.

De acuerdo con su explicación, ese régimen había sido ampliado en el pasado al eliminarse el costo de la prestación, lo que llevó a una inscripción masiva. Cuando el Gobierno restableció el pago parcial del sistema de salud, la cantidad de inscriptos cayó con fuerza.

El número pasó de 653.400 a 248.900, lo que el ministro considera suficiente para explicar prácticamente la totalidad de la baja en los trabajadores registrados.

La disputa política por la narrativa del empleo

Más allá de los datos, el mensaje del ministro tiene una dimensión política clara. El Gobierno busca instalar la idea de que la recuperación económica ya se refleja en el mercado laboral, aunque con nuevas modalidades de inserción laboral.

Ese enfoque choca con otra interpretación presente en el debate público, que señala la pérdida de empleo formal y la expansión del trabajo independiente como señales de precarización.

En ese cruce de diagnósticos se juega parte de la discusión sobre la agenda laboral futura, especialmente en torno a la modernización de las regulaciones laborales que el Ejecutivo impulsa como parte de su programa de reformas.

Un mercado laboral que todavía redefine su equilibrio

Los datos expuestos por el ministro muestran un mercado laboral que crece en cantidad de puestos pero cambia en su estructura.

El interrogante político y económico es si esa transformación se consolidará como una nueva normalidad laboral, basada en mayor autonomía y flexibilidad, o si representa una etapa transitoria dentro de un proceso de reacomodamiento más amplio de la economía argentina.

Las próximas mediciones de actividad, empleo formal y evolución salarial serán claves para determinar si el crecimiento económico proyectado logra traducirse en un sistema laboral más estable o si el debate sobre la calidad del empleo seguirá siendo uno de los ejes centrales de la discusión política.

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Los accesos a internet volvieron a crecer en Argentina: conexiones fijas subieron 4,1% y las móviles 3,8% en 2025

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El acceso a internet en Argentina volvió a expandirse durante el cierre de 2025. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, los accesos fijos crecieron 4,1% interanual y los accesos móviles aumentaron 3,8% durante el cuarto trimestre de 2025, consolidando una tendencia de expansión de la conectividad digital en el país.

El dato, difundido el 11 de marzo de 2026, se inscribe en un momento en el que la infraestructura digital se consolida como un insumo estratégico para la economía, la educación y el funcionamiento del Estado. La pregunta que subyace detrás del crecimiento es política y económica a la vez: ¿se trata de una expansión sostenida del acceso digital o de un crecimiento impulsado por la mayor dependencia tecnológica de hogares y empresas?

Los números muestran un aumento en ambas modalidades de conexión, aunque con dinámicas distintas entre usuarios residenciales y organizaciones.

Un indicador que mide la infraestructura digital del país

El informe releva el comportamiento de los accesos a internet a partir de la Encuesta de Proveedores del Servicio de Accesos a Internet, que el organismo estadístico realiza a empresas del sector en todo el territorio nacional. La medición contempla dos grandes categorías: accesos fijos —como fibra óptica, cable o redes inalámbricas domiciliarias— y accesos móviles, asociados a conexiones mediante redes celulares y dispositivos portátiles.

En el cuarto trimestre de 2025, el país registró en promedio 8.516.515 accesos fijos, lo que implicó un incremento del 4,1% respecto al mismo período de 2024.

Dentro de esa categoría, el crecimiento se apoyó principalmente en el segmento residencial. Los hogares concentraron 8.054.330 conexiones, con una suba interanual de 3,9%, mientras que los accesos de organizaciones alcanzaron 462.185, con un incremento de 6,5%.

El universo móvil continúa siendo significativamente mayor. En el mismo trimestre se registraron 40.419.638 accesos móviles, con un aumento de 3,8% interanual.

En este segmento, las conexiones residenciales llegaron a 36.130.157, con una suba de 3,4%, mientras que los accesos de organizaciones alcanzaron 4.289.481, con un crecimiento más acelerado del 7,2%.

La diferencia entre ambos universos refleja la estructura actual del ecosistema digital: el acceso móvil domina ampliamente el mercado de conectividad.

Conectividad, economía y poder regulatorio

Más allá del dato estadístico, el crecimiento de los accesos a internet tiene implicancias que exceden el plano tecnológico.

La expansión de la conectividad impacta en servicios digitales, comercio electrónico, trabajo remoto, educación virtual y plataformas de comunicación, sectores que se volvieron centrales en la economía contemporánea. Cada aumento en la cantidad de accesos amplía la base de usuarios del sistema digital y modifica la escala de operación de empresas tecnológicas y operadores de telecomunicaciones.

También redefine el terreno de discusión pública sobre infraestructura, regulación del sector y políticas de conectividad. La expansión del acceso —especialmente en el universo móvil— fortalece el papel de los operadores de telecomunicaciones y coloca a la conectividad como una pieza clave en la agenda económica.

El dato adicional que aparece en el informe es el crecimiento más acelerado en las conexiones de organizaciones, tanto en accesos fijos como móviles. Esa dinámica sugiere que empresas, instituciones y organismos públicos incrementaron su dependencia de redes digitales para operar.

En otras palabras, la conectividad dejó de ser sólo un servicio para hogares: es cada vez más parte de la infraestructura productiva del país.

El mapa digital que empieza a consolidarse

El informe también confirma una tendencia que se observa desde hace varios años: la expansión simultánea de las conexiones fijas y móviles.

Las redes domiciliarias, especialmente las vinculadas a fibra óptica y cable, continúan creciendo de manera sostenida. Al mismo tiempo, el acceso móvil sigue ampliando su alcance gracias a la masificación de dispositivos y planes de datos.

La combinación de ambas modalidades configura un sistema híbrido de conectividad en el que los hogares utilizan redes fijas para consumo intensivo de datos y redes móviles para conectividad cotidiana.

Ese patrón se refleja en las cifras: el universo móvil supera ampliamente al fijo, pero ambos muestran crecimiento interanual.

Lo que habrá que observar en la próxima etapa

El crecimiento de los accesos a internet no necesariamente implica que el sistema digital haya alcanzado un punto de equilibrio.

En los próximos meses, la evolución del sector dependerá de factores múltiples: la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, la expansión de redes de alta velocidad, la evolución del consumo digital y la capacidad de las empresas proveedoras para sostener el ritmo de crecimiento.

El dato del cuarto trimestre de 2025 confirma que la conectividad sigue ampliándose en Argentina. Pero también abre un interrogante más amplio sobre el futuro del ecosistema digital: si la expansión continuará impulsada por el crecimiento del consumo tecnológico o si comenzará una etapa en la que el debate se traslade hacia la calidad, la velocidad y la regulación de las redes.

Ese escenario todavía está en construcción.

internet_03_26 INDEC by CristianMilciades

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