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Gobierno autoriza suba del gas y redefine tarifas con nuevos criterios regulatorios desde mayo

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El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento en las tarifas de gas que comenzará a regir desde el 1 de mayo, en el marco del esquema de actualización mensual del sistema energético. La medida, instrumentada mediante la Resolución 463/2026 del ENARGAS, establece nuevos cuadros tarifarios para el AMBA e introduce cambios estructurales en la formación de precios, en un contexto de emergencia energética vigente desde 2023.

Tarifas en transición y costo real

La decisión se inscribe en una política de recomposición tarifaria impulsada por la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía. El objetivo, según lo informado, es trasladar progresivamente a los usuarios el costo real del servicio, reduciendo el peso de los subsidios generalizados.

El nuevo esquema incorpora tres elementos centrales: el Precio Anual Uniforme (PAU), que define el valor del gas en el punto de ingreso al sistema; la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) para el período 2025-2030; y el traslado de Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), vinculadas a desfasajes previos.

En términos concretos, esto implica una mayor vinculación entre tarifas y costos del sistema energético, con ajustes periódicos.

Nuevos cuadros y segmentación

Los nuevos cuadros tarifarios impactan directamente en los usuarios residenciales. Para quienes no cuentan con subsidios, el cargo fijo mensual en la categoría más baja (R1) se ubica en $3976,22 en la Ciudad de Buenos Aires y en $4591,88 en la provincia. En los segmentos de mayor consumo (R4), los valores alcanzan hasta $94.995,74 en Capital Federal.

El costo del gas por consumo también fue actualizado: se fijó en $281,33 por metro cúbico para la mayoría de los usuarios, con valores más altos en categorías superiores.

El sistema mantiene el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que limita las bonificaciones a usuarios residenciales considerados vulnerables y únicamente sobre el componente del precio del gas.

Ajuste gradual, pero con efecto acumulativo

Aunque la normativa no establece un porcentaje uniforme, el incremento esperado se ubicaría entre 1% y 3%, en línea con los ajustes recientes. Sin embargo, el impacto final dependerá de variables como el nivel de consumo, el tipo de cambio aplicado al PAU y el acceso a subsidios.

A esto se suma un factor estacional: la llegada del invierno. Aun con subas moderadas, el aumento en el consumo de gas tiende a elevar el monto total de las facturas.

Tarifas, subsidios y sostenibilidad

La política tarifaria se consolida como una de las herramientas centrales del Gobierno para ordenar el frente fiscal. La reducción de subsidios y el traslado de costos a los usuarios buscan sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

En este esquema, el Ejecutivo refuerza su alineamiento con una lógica de mercado en los servicios públicos, mientras intenta contener el impacto social a través de subsidios segmentados.

El desafío político radica en sostener ese equilibrio sin erosionar el nivel de consumo ni amplificar tensiones sociales.

Presión sobre hogares y consumo

El aumento de tarifas tiene un efecto directo sobre el ingreso disponible de los hogares. En términos concretos, implica una mayor proporción del gasto destinada a servicios básicos, especialmente en los meses de mayor demanda.

Esto puede traducirse en un ajuste del consumo en otros rubros, con impacto indirecto en la actividad económica.

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El Gobierno aplica una nueva suba de impuestos a los combustibles

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El Gobierno nacional activó un nuevo movimiento en su estrategia fiscal sobre los combustibles: mediante el Decreto 302/2026, firmado el 29 de abril, dispuso aplicar solo una parte de los incrementos pendientes en los impuestos a la nafta y el gasoil durante mayo, mientras difiere el resto hasta el 1° de junio.

La decisión introduce un ajuste acotado —con montos específicos por litro— y vuelve a patear hacia adelante el impacto completo de actualizaciones acumuladas de 2024 y 2025. En un contexto de tensión entre inflación, recaudación y actividad económica, la medida abre una pregunta central: ¿se trata de una señal de prudencia macroeconómica o de una administración política de los precios sensibles?

Un esquema legal que acumula atrasos y parches

El impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se rige por la Ley 23.966, que fija montos en pesos actualizables trimestralmente según el IPC del INDEC. Ese mecanismo, reglamentado por el Decreto 501/2018, establece ajustes automáticos en enero, abril, julio y octubre, con impacto diferido en el tiempo.

Sin embargo, desde 2024 en adelante, el Poder Ejecutivo optó por intervenir esa dinámica: una serie de decretos —entre ellos el 617/2025 y sus sucesivas modificaciones— fueron postergando la aplicación plena de esos incrementos. El resultado es un “stock” de subas acumuladas que no se trasladaron completamente al precio final.

El nuevo decreto se inscribe en esa lógica. Por un lado, fija incrementos parciales para mayo de 2026: en naftas, $10,398 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y $0,637 en el tributo al dióxido de carbono; en gasoil, $9,269 y $1,056 respectivamente, más un adicional diferencial de $5,019 en determinadas regiones. Por otro, desplaza al 1° de junio la entrada en vigencia del resto de los aumentos pendientes.

En términos técnicos, no se altera el esquema legal, pero sí su timing efectivo. La actualización automática sigue existiendo en la norma, pero su aplicación real queda sujeta a decisiones discrecionales del Ejecutivo.

Equilibrio fiscal versus ancla inflacionaria

La medida impacta en dos planos simultáneos. Por un lado, sostiene parcialmente la recaudación tributaria en un rubro clave, en línea con el objetivo de consolidación fiscal. Por otro, modera el traslado inmediato a precios en un insumo altamente sensible para la inflación y la estructura de costos de la economía.

El Gobierno explicita ese equilibrio en los considerandos: “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. La fórmula sintetiza una tensión conocida: aumentar impuestos mejora ingresos, pero presiona sobre precios; diferirlos alivia la inflación de corto plazo, pero posterga recursos fiscales.

En ese marco, la decisión de fragmentar los aumentos sugiere una administración fina del calendario económico. Mayo aparece como un mes de transición, con subas parciales que evitan un salto brusco, mientras junio queda marcado como el punto en el que podría materializarse el ajuste completo.

Aunque se trata de una norma técnica, el trasfondo es político. El manejo de los impuestos a los combustibles incide directamente en variables sensibles: inflación, tarifas implícitas y costos logísticos. Por eso, cada postergación o aplicación parcial redefine equilibrios entre el Ministerio de Economía, la política energética y la estrategia general del Gobierno.

El esquema adoptado evita un shock inmediato que podría tensionar expectativas inflacionarias o generar costos políticos en el corto plazo. Al mismo tiempo, mantiene la señal de que los aumentos no se eliminan, sino que se administran.

En términos de correlación de fuerzas, el Ejecutivo retiene control pleno sobre el ritmo de actualización, desplazando en la práctica la automaticidad prevista por la ley. No hay intervención del Congreso en esta dinámica, lo que refuerza el carácter centralizado de la decisión.

Un calendario abierto y sin resolución definitiva

El decreto no cierra el problema de fondo: solo reprograma su impacto. El traslado de los incrementos pendientes a junio deja abierta la incógnita sobre si ese plazo será definitivo o volverá a modificarse.

En las próximas semanas, el foco estará puesto en dos variables: la evolución de la inflación y la necesidad fiscal. Si la presión sobre los precios se mantiene, el Gobierno podría verse tentado a extender nuevamente los diferimientos. Si, en cambio, prioriza la recaudación, junio podría marcar un ajuste más pleno.

En esa tensión se juega algo más que un impuesto: la consistencia entre el discurso de disciplina fiscal y la gestión política de precios clave. Por ahora, la decisión no resuelve esa disyuntiva. La posterga.

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Las curiosidades del informe de gestión de Adorni en el Congreso

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este martes su informe de gestión ante la Cámara de Diputados con el respaldo directo del presidente Javier Milei y la cúpula del Gobierno nacional. La sesión, que comenzó pasadas las 10.40, combinó una exposición sin interrupciones formales con episodios de tensión política, expresados en gritos, gestos irónicos y una oposición que optó mayormente por el silencio mientras el oficialismo defendía variables económicas como la baja de la inflación y la estabilidad del dólar.

Informe de gestión bajo respaldo político pleno

La presentación del jefe de Gabinete se realizó en el marco de las obligaciones institucionales de rendición ante el Congreso. Sin embargo, el contexto político estuvo marcado por una fuerte escenificación de apoyo del Poder Ejecutivo.

En los palcos del recinto se ubicó la plana mayor del Gobierno, encabezada por Milei y la secretaria general Karina Milei, junto a ministros clave como Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Pablo Quirno (Cancillería). También participaron otros funcionarios y dirigentes del oficialismo, consolidando una señal de respaldo político explícito al funcionario expositor.

La presencia del Presidente dentro del recinto, incluso durante la entonación del himno nacional, fue acompañada por manifestaciones de apoyo de legisladores oficialistas y militantes en los balcones.

Durante su intervención inicial, Adorni centró su discurso en indicadores macroeconómicos, destacando la baja de la inflación, la estabilidad cambiaria y las inversiones en sectores como minería y energía. Según lo expuesto, estos datos formaron parte del eje argumental del Gobierno para sostener su programa económico.

El funcionario evitó referirse a cuestionamientos sobre su patrimonio o viajes al exterior, temas que habían generado expectativas en la previa de la sesión.

Mientras tanto, la oposición adoptó una estrategia de bajo perfil durante la exposición. Legisladores de Unión por la Patria y otros bloques optaron por no interrumpir, limitándose en su mayoría a conversaciones internas o a seguir la sesión desde sus bancas sin intervenir.

Gestos simbólicos y disputa de narrativa

La sesión dejó una serie de episodios que reflejan el clima político dentro del recinto. El diputado Esteban Paulón llevó pochoclos como gesto irónico ante la expectativa de una sesión “picante”. Desde la izquierda, Nicolás del Caño y Myriam Bregman protagonizaron gritos dirigidos al oficialismo, mientras que Romina del Pla cuestionó al Presidente durante un tramo del debate.

También se registró un cruce cuando el diputado Aldo Leiva intentó entregar un mensaje crítico a Adorni, lo que derivó en una intervención de la diputada Lilia Lemoine.

El oficialismo respondió con aplausos en momentos clave del discurso, especialmente cuando el jefe de Gabinete hizo referencia a la condena de la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. En contraste, el peronismo mantuvo una postura contenida, en línea con una estrategia previa de no confrontar directamente durante la exposición.

La escena general mostró un oficialismo cohesionado en torno a la figura del jefe de Gabinete, con respaldo visible del Presidente y su equipo. Esta puesta en escena refuerza la centralidad del Ejecutivo en la agenda política y busca consolidar su narrativa económica dentro del Congreso.

Por otro lado, la decisión de la oposición de evitar interrupciones durante la exposición sugiere una estrategia de espera, orientada a trasladar el debate a instancias posteriores o a cuestionamientos más estructurados.

Los cruces aislados y gestos simbólicos funcionaron como expresión de disenso, pero sin alterar el desarrollo formal del informe.

El Gobierno sostiene su narrativa macro

El eje económico del discurso se apoyó en variables como la desaceleración inflacionaria y la estabilidad del dólar. También se mencionaron inversiones en sectores estratégicos, lo que el oficialismo utiliza como respaldo a su programa económico.

Sin anuncios concretos durante la sesión, el impacto inmediato se ubica en el plano discursivo, como parte de la construcción de expectativas en torno a la evolución de la economía.

Aunque la exposición no incluyó referencias específicas a Misiones o al NEA, la mención de inversiones en minería y energía podría tener implicancias indirectas para las economías regionales, en función de cómo se distribuyan esos proyectos y flujos de capital.

La estabilidad macroeconómica señalada por el Gobierno también aparece como un factor transversal que impacta en las provincias, especialmente en variables como precios, consumo y financiamiento.

Del discurso a la confrontación política

El desarrollo de la sesión deja abierto el interrogante sobre cómo evolucionará la relación entre el Gobierno y la oposición en el Congreso. La estrategia de bajo perfil opositor durante el informe podría modificarse en futuras instancias legislativas.

También quedará bajo observación la consistencia entre las variables económicas destacadas por el Ejecutivo y su evolución en el corto plazo, así como la capacidad del Gobierno para sostener respaldo político en el ámbito parlamentario.

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Milei en la Fundación Libertad ratificó el rumbo económico pese a críticas

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El presidente Javier Milei encabezó este 27 de abril la cena anual de la Fundación Libertad, donde desplegó un discurso confrontativo para defender su programa económico, rechazar críticas y sostener que la economía atraviesa una etapa de recuperación. En ese marco, aseguró que “lo peor ya pasó” y que no modificará el rumbo de su gestión.

La exposición, que contó con la presencia del expresidente Mauricio Macri y referentes políticos, combinó definiciones económicas con cuestionamientos directos a economistas, empresarios, periodistas y dirigentes opositores, en un tono que volvió a marcar el clima político del oficialismo.

Defensa del ajuste y del equilibrio fiscal

Milei centró parte de su intervención en justificar el ordenamiento de las cuentas públicas. Afirmó que su administración logró equilibrar el sector público mediante un ajuste de cinco puntos del PBI impulsado por el ministro de Economía.

En esa línea, reiteró su postura crítica sobre el endeudamiento estatal, al calificarlo como “inmoral”, aunque al mismo tiempo sostuvo que el Gobierno cumplirá con los compromisos asumidos y que el riesgo país tenderá a bajar.

El planteo refuerza el eje central de la política económica oficial: equilibrio fiscal, reducción del gasto y sostenimiento de la solvencia como base de la estabilidad.

Durante su discurso, el Presidente trazó una lectura sobre las principales variables económicas. Señaló que la inflación “va a ceder”, aunque reconoció un dato reciente del 33%, que vinculó a tensiones políticas posteriores a elecciones. Afirmó que la economía generó cerca de 400 mil empleos, en su mayoría informales, y defendió la Ley de Modernización Laboral como vía para formalizarlos.

También sostuvo que el consumo no cayó sino que cambió su composición, con mayor peso de plataformas digitales como Mercado Libre. Rechazó la idea de atraso cambiario y proyectó un escenario de aumento de exportaciones.

En paralelo, el mandatario defendió que el crédito comenzó a recuperarse y que los indicadores económicos muestran señales de mejora hacia abril, tras un período de contracción.

Confrontación como estrategia política

El discurso consolidó una estrategia de confrontación directa con múltiples actores. Milei cuestionó a economistas críticos, periodistas y empresarios, a quienes acusó de intentar desestabilizar el programa económico.

También apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y sectores de la oposición, a los que responsabilizó por impulsar medidas para “destruir el equilibrio fiscal”.

En el plano empresarial, volvió a criticar a grandes grupos industriales, planteando que no corresponde sostener precios elevados en productos como neumáticos o acero.

La combinación de defensa técnica del programa con ataques políticos expone una lógica de polarización que el oficialismo sostiene como parte de su construcción de poder.

El mensaje presidencial reconoce tensiones en el mercado laboral: mientras destaca la creación de empleo, admite que el crecimiento se concentra en el segmento informal.

Asimismo, el diagnóstico sobre consumo y actividad sugiere un proceso de reconfiguración más que de expansión plena, con cambios en los hábitos de gasto y una recuperación incipiente.

En ese marco, la insistencia en mantener la “ortodoxia” económica indica que no habrá cambios de rumbo en el corto plazo, aun frente a indicadores sociales sensibles.

Economía en transición y clima político tenso

El planteo oficial abre un escenario donde conviven señales de recuperación con tensiones persistentes. Entre las variables a observar aparecen: la evolución de la inflación y su impacto en el poder adquisitivo. La capacidad de formalizar empleo en un contexto de crecimiento informal. Y la reacción de actores económicos frente a la continuidad del ajuste.

El Gobierno apuesta a consolidar su programa sin modificaciones, mientras el contexto político y económico mantiene niveles de conflicto que pueden influir en su desarrollo.

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El BCRA flexibiliza el ingreso de divisas para el RIGI mientras caen reservas y sube el dólar

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanzó con una flexibilización clave en el ingreso de divisas para proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en simultáneo con una jornada marcada por la caída de reservas internacionales y una nueva suba del dólar en todas sus variantes.

A través de la Comunicación “A” 8426, el organismo permitió que socios o accionistas de empresas adheridas al régimen puedan ingresar y liquidar dólares que luego serán computados como fondos propios de los proyectos. La medida apunta a destrabar la operatoria financiera de grandes inversiones, en un escenario donde el flujo de divisas y la estabilidad cambiaria vuelven a estar bajo tensión.

Flexibilización para sostener inversiones

La decisión del BCRA modifica una restricción operativa relevante: hasta ahora, los fondos destinados a proyectos del RIGI debían ingresar de manera directa a través del vehículo de inversión. Con el nuevo esquema, se habilita que esos dólares sean canalizados por los socios y luego transferidos.

El mecanismo incorpora condiciones específicas: Los fondos deben transferirse al Vehículo de Proyecto Único (VPU) dentro de los cinco días hábiles posteriores a su liquidación. Deben quedar registrados contablemente como destinados al proyecto. Se exige una declaración jurada que certifique el origen y destino de los fondos.

Además, la norma introduce una cláusula de retroactividad, permitiendo regularizar ingresos ya realizados bajo estas condiciones.

La flexibilización también alcanza a la importación de bienes de capital: si un socio obtiene financiamiento externo para adquirir maquinaria, esa operación podrá ser computada dentro del esquema del RIGI.

Más margen operativo para el flujo de dólares

La medida redefine la dinámica de financiamiento de grandes proyectos. En términos concretos: Amplía las vías para el ingreso de divisas. Reduce trabas administrativas. Permite mayor flexibilidad en la estructuración financiera de inversiones.

El BCRA también garantizó que la repatriación de capitales o devolución de aportes mantendrá las mismas condiciones que si los fondos hubieran ingresado directamente, lo que busca dar previsibilidad a los inversores.

Sube el dólar y caen reservas

La decisión se da en un contexto financiero más exigente. En la última jornada: Las reservas internacionales brutas cayeron u$s96 millones, hasta u$s46.088 millones. El BCRA, pese a comprar u$s54 millones en el mercado, no logró evitar la baja. La caída se explicó principalmente por la baja en la cotización del oro (impacto estimado en u$s70 millones) y pagos de deuda por unos u$s30 millones.

En paralelo, el tipo de cambio mostró una tendencia alcista: El dólar mayorista subió por cuarta rueda consecutiva, superando los $1.400. El dólar minorista alcanzó los $1.440 en el Banco Nación. También se registraron subas en las cotizaciones financieras y el mercado informal.

Equilibrio entre atracción de dólares y estabilidad

El movimiento del BCRA revela una doble estrategia. Por un lado, busca garantizar el ingreso de divisas para sostener inversiones de gran escala bajo el RIGI. Por otro, enfrenta un mercado cambiario que comienza a mostrar señales de tensión.

El contexto combina varios factores: Tasas en pesos menos atractivas, lo que debilita el incentivo al carry trade. Reacomodamiento del tipo de cambio tras meses de atraso relativo. Mayor demanda de divisas por cierre de posiciones y cobertura de balances.

En este escenario, la flexibilización del acceso al mercado de cambios aparece como una herramienta para fortalecer el frente de dólares financieros, aunque sin resolver las presiones estructurales sobre el tipo de cambio.

Inversión vs. volatilidad

En términos económicos, la medida apunta a: Facilitar la ejecución de grandes proyectos de inversión. Asegurar el financiamiento externo. Evitar demoras operativas que frenen el ingreso de capital.

Sin embargo, convive con un escenario de mayor volatilidad cambiaria, que puede incidir en decisiones de inversión, costos de importación y expectativas inflacionarias.

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