Javier Milei

El empleo formal volvió a caer en marzo y el comercio marcó su peor nivel en casi dos años

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La recuperación del mercado laboral volvió a mostrar señales de fragilidad durante marzo. Luego de dos meses de relativa estabilidad, el empleo asalariado formal retomó la senda descendente y arrastró también al monotributo, una categoría que hasta ahora había mostrado mayor capacidad de resistencia. Los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reflejan que se perdieron 10.728 puestos de trabajo registrados respecto de febrero, mientras que la cantidad de monotributistas disminuyó en 6.322 personas en términos desestacionalizados.

El deterioro del empleo se da en un contexto de reconfiguración del mercado laboral impulsado por el ajuste económico y la desaceleración de distintos sectores productivos. Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, el número de empleos asalariados destruidos supera los 300.000, mientras que también desaparecieron 26.448 empresas empleadoras, equivalente al 5,2% del total registrado, según estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

El economista y especialista en mercado laboral Luis Campos advirtió que la actual fase contractiva comenzó en agosto de 2023 y ya acumula una pérdida de 252.129 trabajadores asalariados, un nivel que se aproxima a la destrucción de empleo registrada durante la crisis de 2018-2019.

En marzo, el sector privado eliminó 7.603 puestos de trabajo (-0,12%), el sector público perdió 2.364 empleos (-0,07%) y el empleo en casas particulares retrocedió en 761 puestos (-0,17%). También continuó la caída entre los trabajadores independientes: los autónomos disminuyeron en 5.275 personas (-1,32%), el monotributo cayó en 6.322 contribuyentes (-0,3%) y el monotributo social volvió a retroceder con una baja de 5.188 inscriptos (-2,1%).

Comercio e industria concentran la mayor destrucción de empleo

Entre las principales actividades económicas, el comercio volvió a consolidarse como uno de los sectores más afectados. Durante marzo perdió 2.147 puestos registrados respecto del mes anterior y acumuló una caída interanual de 24.275 empleos (-1,9%), alcanzando 1.229.599 trabajadores registrados, el nivel más bajo desde julio de 2024.

El dato adquiere especial relevancia porque el comercio continúa siendo el principal empleador privado del país. Junto con la industria manufacturera, el transporte y la intermediación financiera concentró la mayor parte de la destrucción de empleo formal durante el tercer mes del año.

La industria manufacturera también profundizó su deterioro. Perdió 5.043 puestos de trabajo en marzo (-0,5%) y acumula una baja interanual de 47.647 empleos (-4,1%), reflejando las dificultades que aún enfrenta la actividad fabril pese a la desaceleración inflacionaria.

En contrapartida, los sectores considerados ganadores del actual modelo económico —como minería, petróleo y agro— continúan mostrando incrementos porcentuales en el empleo, aunque con escasa incidencia sobre el mercado laboral total. Durante marzo, ambas actividades incorporaron apenas 1.305 nuevos puestos de trabajo.

Según destacó Campos, estos sectores representan apenas el 7% del empleo registrado del país, mientras que las actividades que hoy muestran retrocesos concentran casi la mitad de los trabajadores formales.

La evolución territorial también muestra un comportamiento dispar. Durante marzo, Neuquén, Río Negro, San Juan y La Rioja registraron aumentos en el empleo privado formal, impulsados principalmente por actividades vinculadas a la energía, la minería y algunos proyectos de inversión específicos.

Sin embargo, si se toma como referencia el inicio de la actual administración nacional, únicamente Neuquén y Río Negro conservan un saldo positivo sostenido, con 9.501 y 3.294 puestos adicionales, respectivamente. San Juan logró recuperar en marzo el nivel de empleo que tenía en noviembre de 2023, mientras que el resto de las provincias continúa por debajo de esos registros.

El monotributo pierde dinamismo por primera vez en cinco meses

Uno de los datos más significativos del informe fue la caída del monotributo, que interrumpió una secuencia de cinco meses consecutivos de crecimiento.

En marzo se registraron 6.322 monotributistas menos respecto de febrero, mientras que el conjunto de trabajadores independientes disminuyó en 16.785 personas debido al retroceso simultáneo del monotributo, el trabajo autónomo y el monotributo social.

En términos interanuales, el régimen todavía mantiene un saldo positivo de 75.344 nuevos inscriptos (+2,7%). No obstante, desde el comienzo de la actual gestión nacional el monotributo social perdió 225.527 contribuyentes producto de las recategorizaciones y modificaciones implementadas sobre ese régimen. Si se excluye esta categoría, el universo conformado por monotributistas y autónomos muestra un crecimiento acumulado de 167.356 personas.

Salarios reales mejoran, pero no compensan la debilidad del mercado laboral

En contraste con la evolución del empleo, los salarios registrados continúan mostrando una recuperación en términos reales.

De acuerdo con la Secretaría de Trabajo, la remuneración bruta promedio del sector privado alcanzó en marzo los $2,2 millones, con un incremento interanual del 31,6%, mientras que la remuneración mediana llegó a $1,54 millones, un 28,1% superior a la de un año atrás.

Los datos preliminares de abril también muestran una mejora del poder adquisitivo. El salario medio del empleo registrado privado avanzó 1,3% respecto de marzo y se ubicó por encima del nivel observado a fines de 2023. Sin embargo, la evolución de los salarios negociados en los convenios colectivos continúa rezagada: el salario conformado promedio de los principales convenios apenas creció 0,3% en abril y todavía acumula una pérdida real cercana a seis puntos porcentuales frente a noviembre de 2023.

El panorama que dejan las estadísticas oficiales muestra así una economía donde los ingresos comienzan a recuperarse, pero con un mercado laboral que aún no logra consolidar una etapa de creación sostenida de empleo. La persistente caída del comercio, el retroceso industrial y la desaceleración del trabajo independiente plantean nuevos interrogantes sobre la capacidad de la recuperación económica para traducirse en mayores niveles de ocupación formal.

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¿Paraguay es un espejo en el que mirarse?: la informalidad llega al 20,5% del PIB y alcanza al 60,1% del empleo

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Paraguay se convirtió en una de las referencias más citadas por el presidente Javier Milei cuando habla de competitividad, disciplina fiscal y crecimiento económico. Con una presión tributaria reducida, estabilidad monetaria y una economía que mantuvo dinamismo durante los últimos años, el país vecino aparece como uno de los modelos que la administración libertaria observa con atención.

Sin embargo, detrás de los indicadores macroeconómicos positivos persiste una realidad que condiciona el desarrollo paraguayo: la elevada informalidad laboral y empresarial.

Según estimaciones basadas en cuentas nacionales, la economía informal representa alrededor del 20,5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Paraguay. Al mismo tiempo, el 60,1% de los trabajadores se desempeña en condiciones de informalidad, una proporción que se mantiene entre las más altas de la región.

El economista Rodrigo Ibarrola, investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), sostiene que la informalidad no puede explicarse únicamente por la presión impositiva o la burocracia estatal. Se trata de un fenómeno multicausal y estructural, vinculado a factores productivos, educativos e institucionales.

“La informalidad es una parte fundamental del funcionamiento económico paraguayo”, señala en un reportaje del diario Última Hora. Está presente en el comercio callejero, la construcción, el transporte, los servicios domésticos, las actividades agrícolas y miles de pequeños emprendimientos familiares.

Ibarrola advierte que la informalidad no constituye una categoría homogénea. Incluye desde trabajadores de subsistencia que no pueden afrontar los costos de la formalización hasta profesionales y empresarios que optan por permanecer fuera del sistema para aprovechar ventajas tributarias o mayores márgenes de flexibilidad.

Por esa razón, considera que medir exclusivamente la cantidad de trabajadores informales puede conducir a diagnósticos incompletos. Dos países pueden exhibir tasas similares y enfrentar problemas completamente diferentes.

Un modelo que crece pese a la informalidad

Uno de los aspectos más llamativos del caso paraguayo es que el crecimiento económico convive con altos niveles de informalidad.

La experiencia paraguaya contradice parcialmente la idea de que la formalización debe preceder necesariamente al crecimiento. Durante la última década, el país logró consolidar estabilidad macroeconómica, atraer inversiones y expandir sectores como la agroindustria, la energía y los servicios, aun con una importante porción de la economía funcionando fuera de los registros oficiales.

Para Milei y sus equipos económicos, Paraguay suele representar un ejemplo de competitividad regional. Su esquema tributario simple, el impuesto corporativo reducido, la estabilidad fiscal y el bajo nivel de endeudamiento son frecuentemente mencionados como ventajas frente al modelo argentino.

Sin embargo, los especialistas paraguayos advierten que la informalidad sigue generando costos significativos. Reduce la recaudación fiscal, limita el acceso a la protección social, restringe la productividad y dificulta la construcción de empresas de mayor escala.

Para Ibarrola, la clave de una reducción sostenible de la informalidad no pasa por endurecer sanciones ni multiplicar controles.

La evidencia muestra que los trabajadores con mayor nivel educativo tienen más probabilidades de acceder a empleos registrados, cobertura médica, aportes jubilatorios y contratos laborales formales. Además, suelen insertarse en empresas más grandes y productivas.

“La educación incrementa la productividad individual y facilita el acceso a mejores empleos. Los mejores empleos generan mayores ingresos y favorecen la inserción formal”, explica.

En esa lógica, la formalización aparece como una consecuencia del desarrollo económico más que como una condición previa.

El economista también cuestiona las estrategias basadas exclusivamente en fiscalización y castigos.

Paraguay enfrenta una paradoja: posee una alta intención regulatoria, pero limitada capacidad para controlar efectivamente el cumplimiento de las normas. Como resultado, muchos programas de formalización terminan mostrando impactos modestos.

Además, una formalización abrupta podría provocar efectos contraproducentes, como cierres de microempresas, aumento del desempleo o caída de ingresos familiares.

Por eso propone políticas centradas en incentivos, reducción de costos administrativos y mejoras concretas en los servicios públicos que reciben quienes ingresan al sistema formal.

El desafío pendiente del modelo paraguayo

La experiencia paraguaya muestra que es posible sostener crecimiento económico, estabilidad fiscal y competitividad aun con elevados niveles de informalidad. Pero también evidencia los límites de ese modelo cuando se busca avanzar hacia mayores niveles de productividad, innovación y desarrollo social.

Mientras Milei señala a Paraguay como una referencia para la economía argentina, el debate en el país vecino gira precisamente sobre cómo resolver una de sus principales asignaturas pendientes.

La informalidad ya no aparece como una anomalía transitoria. Es un fenómeno estructural que representa una quinta parte de la economía paraguaya y más de la mitad de su mercado laboral.

El desafío para Paraguay será mantener las fortalezas que hoy despiertan admiración en parte de la dirigencia argentina sin resignar el objetivo de construir una economía más integrada, productiva y formal.

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Adorni admitió que ocultó ingresos en sus declaraciones juradas por medio millón de dólares

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El tuiter del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el 26 de diciembre del año pasado, cobra ahora una dimensión distinta. Acosado por el escándalo de la investigación por enriquecimiento ilícito, el funcionario mileísta presentó sus declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en las que incorporó activos que hasta ahora no figuraban en sus registros oficiales. Entre ellos sobresalen más de 500.000 dólares atribuidos a operaciones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018.

La presentación se produjo después de varias semanas de cuestionamientos públicos sobre la evolución de su patrimonio y en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Según la reconstrucción presentada por el funcionario, él y su esposa habrían invertido alrededor de 200.000 dólares en criptomonedas y, tras distintas operaciones realizadas durante varios años, ese capital se habría valorizado hasta alcanzar aproximadamente 513.000 dólares.

La explicación oficial sostiene que las operaciones pueden ser verificadas mediante registros de ocho billeteras virtuales utilizadas por el matrimonio durante ese período. Sin embargo, la revelación generó interrogantes políticos y judiciales debido a que esos activos no habían sido incluidos en declaraciones anteriores.

En una entrevista televisiva posterior a la presentación, Adorni reconoció que mantuvo durante años ahorros no declarados. “Esto era un ahorro nuestro en negro”, afirmó, al tiempo que atribuyó la omisión a un error que habría arrastrado en sucesivas presentaciones patrimoniales. También sostuvo que regularizará su situación fiscal y abonará los impuestos, intereses y sanciones que correspondan.

“Pensé en renunciar”, dijo Adorni en una nota que le hicieron este miércoles en LN+. “Pero sí yo renunciaba siendo un tipo honesto, después iban a ir por otros”, dijo el ex vocero, que admitió que ahorró 25 años en negro y confirmó de esa manera que, aún siendo funcionario, evadió impuestos.

Pero no sólo admitió ser evasor, sino que implícitamente reveló que mintió ante el Congreso cuando afirmó: “Respecto de todos los bienes que componen mi patrimonio no existió nunca ocultación alguna”, afirmó.

“Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error”, prometió como si fuera algo optativo. El jefe de Gabinete negó además ser un “chorro”.

 La nueva estrategia tiene sentido, si se considera que es preferible una investigación por evasión que por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la Justicia deberá continuar su recorrido y analizar las denuncias por presunta corrupción, viajes al exterior y, contra su esposa, por supuestos contratos irregulares con el Estado. 

Las rectificaciones no se limitaron a las tenencias en criptomonedas. La documentación incorporó además bienes heredados tras el fallecimiento de su padre, incluyendo un inmueble en La Plata y un terreno en Daireaux, operaciones que, según la reconstrucción patrimonial, le reportaron ingresos por unos 79.000 dólares.

La revisión también alcanzó adquisiciones inmobiliarias realizadas durante su paso por la función pública. Entre ellas figura una vivienda en el country Indio Cuá, adquirida en 2025, y un departamento en el barrio porteño de Caballito, operación que se encuentra bajo análisis judicial. Sobre este último caso, Adorni afirmó que se trató de una transacción realizada con un amigo y negó la existencia de maniobras irregulares.

Uno de los aspectos más sensibles del caso es la contradicción entre estas nuevas declaraciones y las manifestaciones realizadas por el propio funcionario ante el Congreso a fines de abril, cuando aseguró que no había existido ocultamiento patrimonial. Las modificaciones introducidas ahora reabrieron cuestionamientos sobre la consistencia de sus declaraciones previas y el alcance de las omisiones reconocidas.

Desde el entorno del jefe de Gabinete sostienen que la revisión demuestra que el patrimonio familiar tiene origen previo a su ingreso al Gobierno nacional y que las inconsistencias detectadas responden a errores de registración y no a ingresos obtenidos durante la función pública.

La presentación ante la Oficina Anticorrupción y ARCA no cierra, sin embargo, el frente judicial. La documentación pasará a integrar el expediente que analiza la evolución patrimonial del funcionario, mientras la Justicia deberá determinar si las rectificaciones alcanzan para justificar el origen y la evolución de los bienes declarados o si persisten elementos que ameriten profundizar la investigación.

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Bajo la lupa judicial, Adorni se sumó al régimen de Inocencia Fiscal

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La adhesión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al Régimen Simplificado de Ganancias volvió a poner en el centro de la escena a la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una de las herramientas tributarias impulsadas por el gobierno de Javier Milei para facilitar la regularización fiscal de contribuyentes.

Según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Adorni solicitó este miércoles su incorporación al esquema simplificado para el período fiscal 2025. El trámite se concretó apenas diez días después de que su esposa, Bettina Angeletti, realizara el mismo procedimiento.

La decisión adquiere relevancia política porque ocurre en momentos en que la situación patrimonial del funcionario es observada por la Justicia Federal. Además, se produce antes de la presentación de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción.

Qué implica el régimen simplificado

El Régimen Simplificado de Ganancias fue incorporado por la Ley 27.799, conocida como Ley de Inocencia Fiscal.

El mecanismo permite presentar declaraciones juradas con menos exigencias formales y simplifica la relación entre el contribuyente y el organismo recaudador.

Su principal atractivo es el denominado “tapón fiscal”. Se trata de una presunción de exactitud sobre las declaraciones presentadas bajo este esquema.

En la práctica, el beneficio limita futuras revisiones sobre períodos fiscales anteriores, siempre que la información declarada resulte consistente y no existan diferencias relevantes detectadas por la administración tributaria.

La adhesión no implica un blanqueo de capitales. Tampoco supone la exteriorización automática de activos no declarados.

Además, el régimen no impide investigaciones por otros delitos. Entre ellos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o corrupción.

La situación de Adorni

Los registros oficiales muestran que Adorni desarrolla actividades económicas desde 2013.

Su actividad principal figura como prestación de servicios personales. También registra actividades vinculadas al asesoramiento empresarial, contabilidad, auditoría y servicios de información.

El funcionario se encontraba inscripto en el Impuesto a las Ganancias desde enero de 2020. Ahora optó por migrar al esquema simplificado para el ejercicio fiscal 2025.

La decisión generó preguntas sobre las razones del cambio. Distintas fuentes judiciales señalan que el movimiento será analizado junto con otros elementos patrimoniales y fiscales que actualmente forman parte de investigaciones en curso.

Desde el entorno oficial remarcan que se trata de una herramienta legal disponible para cualquier contribuyente que cumpla los requisitos establecidos por la normativa.

Otros funcionarios que ingresaron al régimen

La adhesión de Adorni no es un caso aislado. A partir de registros de ARCA, se estableció que varios funcionarios nacionales también optaron por el esquema simplificado. Entre ellos aparece el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien se incorporó en abril.

También figura Felipe Núñez, director del BICE y asesor del Ministerio de Economía.

La nómina incluye además a Santiago Oría, responsable audiovisual de la Presidencia; Aime Ayelén Vázquez, jefa de Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete; y el exjefe de Gabinete Guillermo Francos.

También se registró la adhesión de Juan Alberto Pazo, uno de los impulsores de la reglamentación del régimen.

A ellos se sumó recientemente José Luis Espert, eyectado del oficialismo en medio del escándalo por financiamiento narco, quien realizó el trámite un día antes que Adorni.

Transparencia y costo político

El caso de Adorni tiene una dimensión política adicional. Como principal vocero del Gobierno durante gran parte de la gestión y actual jefe de Gabinete, fue una de las figuras encargadas de defender el discurso oficial de transparencia, austeridad fiscal y control del gasto público.

Por eso, su incorporación al régimen simplificado genera debate político. Mientras el oficialismo sostiene que se trata de una herramienta legal y abierta a todos los contribuyentes, sectores críticos señalan que la decisión ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre la evolución patrimonial de funcionarios nacionales.

En los próximos meses, la adhesión será evaluada junto con la documentación fiscal, patrimonial y financiera que distintas áreas del Estado y la Justicia analizan sobre el funcionario y su entorno familiar.

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Economía a dos velocidades: el BCRA apuesta al “eslabonamiento” mientras persisten dudas sobre empleo y consumo

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La economía argentina exhibe una paradoja cada vez más evidente. Mientras algunos sectores vinculados a la exportación, los recursos naturales y las finanzas muestran tasas de crecimiento que superan ampliamente el promedio nacional, amplias ramas de la actividad continúan atravesando un escenario de estancamiento, caída de ventas y pérdida de empleo. Frente a esta realidad, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó una interpretación que busca explicar cómo la recuperación podría extenderse al conjunto de la economía: el denominado “eslabonamiento” productivo.

El concepto fue expuesto por el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, durante la presentación de un informe en el que el organismo reconoce explícitamente que la actividad económica avanza a distintas velocidades. Sin embargo, lejos de considerar esta situación como un problema estructural, el BCRA sostiene que los sectores más dinámicos terminarán generando una demanda indirecta de bienes y servicios capaz de impulsar a las actividades más rezagadas.

La apuesta oficial se apoya en el desempeño de los principales ganadores del actual esquema económico. Con una proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno cercana al 3,5% para 2026, actividades como la minería, la energía y el agro muestran una expansión significativamente superior al promedio de la economía. Según la visión del Gobierno, estos sectores no funcionan de manera aislada, sino que requieren infraestructura, transporte, logística, servicios urbanos, construcción especializada y una amplia red de proveedores que podrían convertirse en motores secundarios del crecimiento.

“Su eslabonamiento con otros sectores contribuirá a la creación de oportunidades de empleo”, sostiene el documento difundido por la autoridad monetaria. La idea remite a una lógica económica conocida: los sectores más competitivos generan una cadena de demanda que termina irradiando actividad hacia otras ramas productivas.

Sin embargo, detrás de esa explicación aparece un debate que excede lo académico y se instala en el terreno político. Para muchos analistas, el concepto de “eslabonamiento” se acerca a una versión actualizada de la histórica teoría del “derrame”, según la cual el crecimiento de determinados sectores termina beneficiando al conjunto de la economía. La diferencia es que, en este caso, el Gobierno evita utilizar ese término y pone el foco en los vínculos productivos que podrían surgir alrededor de los sectores exportadores.

Los datos más recientes parecen reforzar la existencia de esa economía dual. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la producción minera creció 9,5% interanual en abril. Dentro de ese resultado sobresalen el aumento de casi 20% en la extracción de petróleo crudo, el crecimiento de 12,5% en minerales metalíferos y un salto de 45,5% en los minerales no metalíferos. Son actividades intensivas en capital, orientadas a la exportación y beneficiadas por medidas de promoción como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

La energía, la minería, el agro y el sector financiero explican buena parte de los indicadores positivos que exhibe actualmente la macroeconomía. Sin embargo, el panorama es muy distinto en sectores históricamente vinculados al empleo masivo y al mercado interno.

La industria manufacturera, el comercio y la construcción continúan mostrando dificultades para recuperar los niveles de actividad previos al ajuste económico. La caída del salario real, la retracción del consumo, la paralización de gran parte de la obra pública y la mayor competencia derivada de la apertura de importaciones impactaron directamente sobre estos sectores, provocando cierres de empresas, reducción de planteles y una creciente presión sobre el mercado laboral.

La principal incógnita es si el crecimiento liderado por sectores extractivos y exportadores puede traducirse efectivamente en una recuperación amplia del empleo formal. A diferencia de la industria o la construcción, la minería y la explotación hidrocarburífera demandan una menor cantidad de trabajadores en relación con el volumen de inversión que movilizan. Por eso, aun cuando generan divisas y aumentan la actividad agregada, su capacidad para absorber mano de obra es considerablemente más limitada.

En paralelo, el Banco Central identifica a la inversión privada como el tercer motor de la recuperación económica, junto con las exportaciones y la estabilización macroeconómica. El informe destaca una reactivación del financiamiento corporativo, tanto en el mercado local como en el exterior, impulsada por la reducción del riesgo país y la mejora en las condiciones financieras.

No obstante, el organismo también advierte que las empresas deberán adaptarse a un escenario diferente al que predominó durante los años de alta inflación. Según el diagnóstico oficial, los márgenes extraordinarios obtenidos mediante la remarcación constante de precios tenderán a desaparecer. En una economía con inflación descendente, la rentabilidad dependerá cada vez más de la productividad, la eficiencia operativa, la innovación tecnológica y la capacidad de aumentar volúmenes de venta.

En ese contexto, el consumo aparece como una de las variables más sensibles. Aunque el BCRA proyecta una recuperación gradual, reconoce que el sector privado deberá redefinir estrategias comerciales y adaptarse a cambios acelerados en los canales de comercialización y en los hábitos de compra de los consumidores.

El optimismo oficial también se apoya en el proceso de desinflación. Tras registros cercanos al 2% mensual, el Banco Central considera posible que el índice de precios perforé ese umbral durante los próximos meses, consolidando uno de los principales objetivos económicos de la administración de Javier Milei.

Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo temporal. El informe del BCRA plantea una expectativa de convergencia entre sectores dinámicos y rezagados, pero no establece plazos concretos ni cuantifica cuándo ese efecto de arrastre comenzaría a reflejarse en el empleo, el consumo y la actividad de las economías regionales.

Para provincias como Misiones, donde el comercio, la construcción, la industria forestal, la producción yerbatera y el turismo tienen una fuerte incidencia sobre el empleo, la discusión adquiere una dimensión particular. El desafío no pasa únicamente por sostener el crecimiento agregado de la economía, sino por determinar si los beneficios de los sectores exportadores terminarán llegando al entramado productivo que genera trabajo y movimiento económico en el interior del país.

La apuesta oficial está hecha. El interrogante que sigue abierto es si el “eslabonamiento” llegará a tiempo para compensar las dificultades de los sectores que todavía esperan señales concretas de recuperación.

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