Javier Milei

Hidrovía privatizada: el Gobierno adjudicó la Vía Navegable Troncal y promete una baja del 13,5% en los costos logísticos

Compartí esta noticia !

El Gobierno nacional anunció la adjudicación definitiva de la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), la principal autopista fluvial del país, y dio por concluido el proceso de privatización de la infraestructura por donde se transporta cerca del 80% de las exportaciones argentinas.

Según informó el Ministerio de Economía, la licitación fue adjudicada a la firma Jan de Nul-Servimagnus, que presentó la oferta considerada más conveniente por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). La formalización se realizó mediante la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC.

La administración de Javier Milei presentó la decisión como un hito para el comercio exterior y sostuvo que permitirá reducir en un 13,5% los costos logísticos una vez firmado el contrato, previsto para los próximos 30 días.

El corazón exportador del país

La Vía Navegable Troncal constituye uno de los activos estratégicos más importantes de la economía argentina. A través de este corredor circulan granos, aceites, harinas, combustibles y una amplia variedad de productos industriales destinados a los mercados internacionales.

El Gobierno sostiene que la nueva concesión permitirá avanzar en obras de profundización del canal, mejorar la seguridad de la navegación e incorporar tecnología para fortalecer los controles y combatir actividades ilícitas, incluido el narcotráfico.

Según el comunicado oficial, la reducción de costos se originará en una mayor eficiencia operativa y en la posibilidad de que los buques completen cargas más importantes en los puertos de origen, disminuyendo escalas y optimizando la logística exportadora.

La expectativa oficial es que esas mejoras impacten directamente sobre la competitividad de las cadenas productivas, especialmente las vinculadas al complejo agroindustrial, principal generador de divisas de la Argentina.

Sin impugnaciones y con respaldo empresario

El Ministerio de Economía destacó que la etapa final del proceso licitatorio concluyó sin impugnaciones de las empresas participantes, un dato que considera una validación de los dictámenes técnicos elaborados por la comisión evaluadora.

Además, remarcó el respaldo de entidades empresariales como la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), el Centro Exportador de Cereales (CEC), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas.

El comunicado también menciona el acompañamiento de los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones durante el proceso.

Otro aspecto que el Ejecutivo destacó fue la participación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo que auditó distintas etapas de la licitación para verificar el cumplimiento de estándares internacionales de transparencia y calidad técnica.

Fin de una etapa estatal

La adjudicación marca el cierre de un largo proceso de debate sobre el futuro de la hidrovía y consolida uno de los objetivos centrales de la política económica del Gobierno: trasladar la gestión de infraestructura estratégica al sector privado.

En esa línea, el comunicado sostiene que comienza una nueva etapa de inversión privada, mientras que el Estado conservará funciones regulatorias y de control, pero sin participación directa en la operación.

La decisión tiene relevancia para las economías regionales del NEA y el Litoral, que dependen en gran medida de la competitividad logística para colocar producción agroindustrial en los mercados externos. En provincias como Misiones, donde la yerba mate, la madera, el té y otras actividades exportadoras enfrentan elevados costos de transporte, cualquier reducción en la cadena logística puede traducirse en mejoras de competitividad, aunque el impacto concreto dependerá de la implementación efectiva de las obras prometidas y de la evolución de los costos internos.

Compartí esta noticia !

El Gobierno avaló la compra de Telefónica por Telecom, con condiciones para evitar una posición dominante

Compartí esta noticia !

El Gobierno nacional dio un paso decisivo en una de las operaciones más relevantes del mercado de las telecomunicaciones argentino, al autorizar la adquisición de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom, aunque condicionó la aprobación al cumplimiento de una serie de medidas destinadas a preservar la competencia. La resolución, emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), establece que la empresa controlada por el Grupo Clarín solo podrá concretar la fusión si reduce significativamente su participación en el mercado mediante la cesión de millones de usuarios, infraestructura y espectro radioeléctrico.

La decisión fue adoptada por la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) sobre la base de un informe técnico elaborado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que advirtió que la operación, tal como fue presentada originalmente, podía derivar en una concentración cercana al 70% del mercado de las telecomunicaciones, con riesgos para la libre competencia y para los consumidores.

El principal requisito: ceder 6 millones de usuarios

La condición más relevante impuesta por el organismo consiste en el desprendimiento de aproximadamente seis millones de clientes de telefonía móvil, junto con la infraestructura necesaria para garantizar la continuidad del servicio.

Esos usuarios deberán ser transferidos a un nuevo operador que competirá con la empresa fusionada en distintas regiones del país, incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Norte y el Sur argentino. El objetivo es evitar que la nueva Telecom concentre una porción excesiva del mercado y asegurar la existencia de un competidor con escala suficiente para disputar participación.

Como complemento de esa medida, la empresa deberá facilitar durante un período de dos años el acceso del nuevo operador a infraestructura crítica, espectro radioeléctrico, sistemas de interconexión y demás recursos técnicos indispensables para sostener la prestación del servicio mientras desarrolla su propia red.

Devolución de espectro y cambios en internet fija

La resolución también obliga a Telecom a devolver 130 MHz de espectro radioeléctrico, un activo considerado estratégico para la prestación de servicios móviles.

El esquema contempla una restitución inmediata de 60 MHz de alcance nacional, devoluciones adicionales en zonas donde la concentración resulte elevada y la incorporación del espectro remanente al mercado secundario, con el propósito de que pueda ser reasignado a otros operadores.

En paralelo, la Autoridad Nacional de la Competencia dispuso condiciones específicas para el negocio de internet fija. Allí, Telecom deberá desprenderse de clientes en aquellas localidades donde la empresa resultante supere una participación de mercado del 50%, con el objetivo de preservar niveles adecuados de competencia también en ese segmento.

El Gobierno busca evitar una concentración dominante

Según la evaluación oficial, la aplicación de estos condicionamientos reduciría la participación de mercado de la empresa fusionada desde un potencial cercano al 70% hasta aproximadamente el 50% del negocio de las telecomunicaciones.

Desde la Autoridad Nacional de la Competencia sostuvieron que las medidas combinan obligaciones estructurales y conductuales para impedir la consolidación de posiciones dominantes y garantizar que los consumidores continúen disponiendo de alternativas de elección.

La resolución deja en claro que la autorización no es automática: la adquisición solo podrá concretarse una vez que Telecom implemente todas las condiciones impuestas por el organismo.

Una operación estratégica para el mercado argentino

La compra de Telefónica por parte de Telecom constituye una de las mayores operaciones corporativas registradas en el sector de las telecomunicaciones en Argentina y redefine el mapa competitivo de telefonía móvil, internet fija y servicios convergentes.

La decisión del Gobierno intenta compatibilizar el proceso de consolidación empresarial con la preservación de la competencia, en un mercado donde la escala resulta determinante para afrontar las inversiones que demanda el despliegue de redes de fibra óptica, 5G y nuevos servicios digitales.

El cumplimiento efectivo de las exigencias impuestas por la Autoridad Nacional de la Competencia será ahora el factor que determinará si la operación puede avanzar en los términos previstos o si deberá sufrir nuevas modificaciones antes de su implementación definitiva.

Compartí esta noticia !

Milei recibió a las autoridades del Banco Mundial tras la aprobación de una garantía por US$ 2.000 millones

Compartí esta noticia !

El presidente Javier Milei recibió este miércoles en la Quinta de Olivos a una delegación de alto nivel del Banco Mundial, en un encuentro que tuvo como eje el reciente paquete de garantías por US$ 2.000 millones aprobado por el organismo para respaldar el acceso de la Argentina a financiamiento internacional en mejores condiciones. La reunión se produjo apenas horas después de que el Banco Mundial oficializara la operación, considerada un paso estratégico para reducir el costo del endeudamiento y fortalecer el programa financiero del Gobierno.

Del encuentro participaron la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra; el director para Argentina, Paraguay y Uruguay, Peter Siegenthaler; el director ejecutivo alterno, Daniel Pierini; y la gerente de Operaciones para Argentina, Paraguay y Uruguay, Cristina Panasco Santos. Acompañaron al mandatario el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno.

La reunión se desarrolló luego de una jornada de trabajo en el Palacio de Hacienda, donde las autoridades del organismo mantuvieron conversaciones con Caputo, el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, para avanzar en los detalles del esquema de asistencia financiera.

Un respaldo para refinanciar deuda en mejores condiciones

El paquete aprobado por el Banco Mundial contempla garantías destinadas a facilitar la obtención de un préstamo comercial por hasta US$ 2.000 millones. La estructura permitirá cubrir el 95% del servicio de esa deuda, reduciendo significativamente el riesgo para los acreedores y, en consecuencia, el costo financiero que enfrentará la Argentina.

El objetivo oficial es utilizar este instrumento para refinanciar vencimientos en moneda extranjera y consolidar la estrategia de acceso gradual a los mercados internacionales de crédito, uno de los principales desafíos del programa económico impulsado por el Gobierno.

Tras la reunión, Caputo destacó el alcance del acuerdo a través de sus redes sociales y afirmó que la garantía permitirá acceder a financiamiento “a una tasa de interés sustancialmente más baja que la vigente en el mercado”, lo que, según sostuvo, implicará “un ahorro muy significativo para todos los argentinos”.

El ministro también agradeció el respaldo institucional del presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; de la vicepresidenta regional Susana Cordeiro Guerra; y del director gerente de MIGA, Tsutomu Yamamoto, organismo que participa junto al Banco Mundial en la operación.

Señal de respaldo al programa económico

La visita de las autoridades del Banco Mundial se interpreta como una nueva señal de apoyo de los organismos multilaterales al programa de estabilización económica de la administración de Javier Milei.

La garantía aprobada forma parte de una estrategia más amplia para mejorar el perfil financiero del país, reducir el costo del endeudamiento y generar condiciones que faciliten el regreso de la Argentina a los mercados internacionales de capitales.

En paralelo, el Gobierno continúa negociando nuevas líneas de financiamiento con otros organismos multilaterales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con el objetivo de reforzar el programa financiero previsto para los próximos años y consolidar la acumulación de reservas internacionales.

Compartí esta noticia !

El Gobierno volvió a cerrar mayo con superávit financiero y acumula saldo positivo equivalente al 0,2% del PBI

Compartí esta noticia !

El Sector Público Nacional registró en mayo un superávit financiero de $478.613 millones y un resultado primario positivo de $1,92 billones. En los primeros cinco meses de 2026, el Gobierno acumuló un superávit financiero del 0,2% del PBI y reafirmó el equilibrio fiscal como principal ancla del programa económico.

El Gobierno nacional volvió a exhibir un resultado positivo en las cuentas públicas durante mayo y consolidó el superávit fiscal como uno de los pilares de su estrategia macroeconómica. De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Economía, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $1.924.367 millones y un superávit financiero de $478.613 millones, incluso después de afrontar pagos de intereses de deuda por $1.445.754 millones, netos de las tenencias intra sector público.

Con este desempeño, el resultado acumulado de los primeros cinco meses de 2026 alcanza un superávit primario equivalente al 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit financiero cercano al 0,2% del PBI, un dato que el Ejecutivo presenta como una ratificación de la política de equilibrio fiscal implementada desde el inicio de la gestión.

Los ingresos totales del Sector Público Nacional ascendieron durante mayo a $14,53 billones, con un incremento interanual nominal del 27,8%. Dentro de ese desempeño, los recursos tributarios crecieron un 30% respecto del mismo mes del año anterior.

El principal impulso provino del Impuesto a las Ganancias, cuya recaudación aumentó un 72,5% interanual, compensando parcialmente la caída observada en los Derechos de Exportación, que retrocedieron 17,4% como consecuencia de una menor recaudación por retenciones.

Desde el Palacio de Hacienda destacan que la evolución de los ingresos continúa respaldando el objetivo de sostener el equilibrio fiscal sin recurrir al financiamiento monetario del déficit.

El gasto primario cayó en términos reales, aunque crecieron las prestaciones sociales

Durante mayo, el gasto primario alcanzó los $12,61 billones, con un incremento nominal del 30,3% interanual. No obstante, descontando la inflación, el Gobierno sostiene que el gasto primario registró una reducción real del 2,2%.

Dentro de la estructura del gasto sobresale el comportamiento de las prestaciones sociales, que totalizaron $8,38 billones y crecieron 33,2% en términos nominales.

El informe oficial remarca que algunas partidas continuaron expandiéndose en términos reales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) mostró un crecimiento real del 8,6%, mientras que las jubilaciones y pensiones contributivas registraron una mejora del 1,2%.

Las remuneraciones del sector público, por su parte, ascendieron a $1,62 billones, con una variación nominal del 26,9%.

Universidades, energía y transporte explicaron buena parte de las transferencias

Las transferencias corrientes totalizaron $4,49 billones durante mayo.

Dentro de ese universo, las destinadas al sector público crecieron 47,4% interanual, impulsadas principalmente por un incremento del 89,1% en las partidas asignadas a las universidades nacionales.

En materia de subsidios económicos, el Estado destinó $784.178 millones, con un aumento del 6,8% respecto del mismo período del año anterior.

La mayor parte de esos recursos correspondió al sector energético, que recibió $523.417 millones, mientras que el transporte absorbió otros $258.687 millones.

En paralelo, el gasto de capital se ubicó en $183.519 millones, manteniéndose prácticamente estable respecto del mes previo y reflejando la continuidad del criterio de fuerte contención de la inversión pública.

Transferencia extraordinaria del Banco Central para reducir deuda del Tesoro

Uno de los datos relevantes del informe fiscal fue la transferencia de utilidades realizada por el Banco Central correspondiente a los resultados del ejercicio 2025.

El monto alcanzó los $24,4 billones y, según precisó el Ministerio de Economía, esos recursos fueron destinados principalmente a cancelar deuda que el Tesoro mantenía con la autoridad monetaria, una estrategia orientada a mejorar la composición del balance del sector público sin incrementar el gasto corriente.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que el resultado de mayo vuelve a confirmar la vigencia del denominado “ancla fiscal”, considerada por el Gobierno como la principal herramienta para sostener la desaceleración de la inflación y fortalecer la estabilidad macroeconómica.

La administración de Javier Milei argumenta que el mantenimiento del superávit permite avanzar gradualmente en la reducción de la presión tributaria y devolver recursos al sector privado, en línea con la estrategia oficial de consolidación fiscal y menor intervención del Estado en la economía.

Con cinco meses consecutivos de resultados acumulados positivos, el Gobierno busca consolidar una señal de disciplina fiscal en un contexto donde la evolución de la actividad económica, la recaudación y el financiamiento seguirán siendo variables determinantes para sostener el equilibrio de las cuentas públicas durante el resto del año.

Compartí esta noticia !

Cavallo reclamó un rumbo económico más claro, cuestionó los beneficios del RIGI y pidió eliminar impuestos distorsivos

Compartí esta noticia !

El exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a fijar posición sobre el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei con una serie de definiciones que combinan respaldo a los objetivos macroeconómicos con fuertes cuestionamientos a la estrategia política y tributaria de la administración nacional. Durante una entrevista en el programa de streaming Economía de Quincho, el exfuncionario sostuvo que el programa económico necesita ser “más entendible” para generar previsibilidad, criticó los beneficios diferenciales que contempla el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y propuso avanzar en una reforma impositiva que elimine gravámenes considerados distorsivos.

Cavallo planteó que uno de los principales desafíos del Gobierno no pasa únicamente por la consistencia técnica del programa económico, sino también por la forma en que comunica sus objetivos y construye confianza entre los agentes económicos. Según explicó, la actual conducción genera incertidumbre porque resulta difícil comprender la lógica de algunas decisiones de corto plazo, situación que, a su juicio, debilita la previsibilidad necesaria para consolidar inversiones.

El exministro recordó además sus diferencias con el presidente Javier Milei durante 2024, cuando advirtió sobre los riesgos de sostener un tipo de cambio apreciado sin una adecuada acumulación de reservas internacionales. Según relató, aquellas observaciones provocaron un distanciamiento con el mandatario. No obstante, insistió en que el programa económico debería complementarse con una conducción política “más defendible” y comprensible para reducir los niveles de incertidumbre.

Uno de los ejes centrales de sus críticas estuvo dirigido al RIGI, el esquema diseñado para atraer grandes inversiones mediante beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios. Para Cavallo, el régimen introduce privilegios sectoriales que contradicen el principio de igualdad de condiciones para toda la economía.

En ese sentido, sostuvo que los incentivos extraordinarios otorgados a grandes proyectos deberían extenderse progresivamente al conjunto del aparato productivo. Reveló incluso que trasladó esa inquietud al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien —según su relato— le respondió que el propio Milei considera que esos beneficios deberían generalizarse en el plazo de dos años.

Desde su perspectiva, la competitividad no debe construirse mediante regímenes especiales sino a través de reglas permanentes y homogéneas que permitan invertir bajo las mismas condiciones, independientemente del tamaño de cada empresa o del sector al que pertenezca.

En materia fiscal, Cavallo sostuvo que el principal objetivo del Gobierno debería ser eliminar gradualmente los impuestos que encarecen la producción y reducen la competitividad de las exportaciones. Afirmó que, mientras se mantenga el control sobre el gasto público, una eventual reducción transitoria de la recaudación no pondría en riesgo el equilibrio fiscal.

Entre las reformas prioritarias ubicó la eliminación progresiva de las retenciones agropecuarias, a las que calificó como una “aberración”, y propuso reemplazar gravámenes distorsivos por tributos más neutrales como el IVA, el Impuesto a las Ganancias y los impuestos inmobiliarios.

También cuestionó la carga tributaria que soporta la producción industrial a través de impuestos acumulativos como Ingresos Brutos y reclamó un esquema más amplio de reintegros para los exportadores. Respecto del impuesto al cheque, propuso transformarlo íntegramente en un pago a cuenta del IVA para reducir su impacto sobre los costos de las empresas formalizadas.

Otro de los puntos sobre los que hizo foco fue la fuerte reducción de la inversión pública en infraestructura. Cavallo consideró que la paralización de obras estratégicas representa un factor que deteriora la competitividad del país al incrementar los costos logísticos y de transporte.

En ese contexto defendió un esquema mixto de financiamiento basado en concesiones privadas, iniciativas público-privadas y el apoyo de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A su entender, abandonar la inversión en infraestructura termina afectando directamente la productividad del sistema económico.

Durante la entrevista también analizó el escenario político y advirtió sobre la fragilidad institucional de las reformas económicas cuando dependen exclusivamente del resultado electoral. Señaló que un eventual cambio de signo político podría modificar nuevamente las reglas de juego, generando incertidumbre para inversores locales y extranjeros.

Por ello propuso construir acuerdos de largo plazo con gobernadores y distintos sectores políticos para consolidar reformas tributarias, laborales y regulatorias que trasciendan a una administración específica y otorguen mayor estabilidad al marco económico argentino.

Finalmente, Cavallo ratificó uno de los principios que ha sostenido desde la década de 1990: rechazó la utilización de devaluaciones como herramienta para mejorar la competitividad. Argumentó que la depreciación del tipo de cambio termina trasladándose rápidamente a los precios internos, anulando cualquier ventaja exportadora y deteriorando el poder adquisitivo de la población.

En su visión, la verdadera competitividad debe construirse mediante una combinación de menor presión tributaria, reducción del riesgo país, reglas estables para la inversión y una infraestructura eficiente que reduzca los costos logísticos. Bajo esa lógica, insistió en que la consolidación del programa económico dependerá tanto de su consistencia técnica como de la capacidad política para generar confianza y previsibilidad en el largo plazo.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin