(Centro de Economía Política Argentina) En abril, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit fiscal de $264.952 millones antes de cubrir los intereses de la deuda, que descendió a $17.409 millones después de saldar dichos compromisos (equivalentes a $247.543 millones). El ajuste del gasto se sigue profundizando, lo cual está impactando en los ingresos públicos. En abril, estos últimos experimentaron una caída de 6,5%, convirtiéndolo en el tercer mes consecutivo de caída real mayor a 6%.
Al analizar con mayor detenimiento los números, se observa que los ingresos de abril alcanzaron los $6,7 billones, representando un aumento de 263% interanual. Sin embargo, este incremento se traduce en una disminución de 6,5% al ajustarlo por inflación. Por otro lado, los gastos ascendieron a $6,5 billones, registrando un incremento de apenas 197% interanual. Al ajustarlos por inflación, se evidencia una
reducción de 23,7%.
Es importante señalar que, dentro de este proceso de ajuste, si bien todas las partidas de gasto disminuyen, el componente principal es la reducción de las jubilaciones y las obras de infraestructura, las cuales explicaron el 37% y el 27% del total del ajuste, respectivamente. Además, cabe destacar que otra parte del ajuste se centra en la postergación de los pagos a CAMMESA, la empresa generadora de energía, que se observa en la ejecución de los subsidios a la energía.
Por último, se observa que los ingresos se están sosteniendo gracias al aumento del Impuesto PAIS, que ha crecido 210% en términos reales. Si se quitara este tributo, el déficit fiscal hubiera sido de $245 mil millones.
El comercio exterior no compensa la crisis de la actividad económica y los ingresos caen 6,5%
Durante abril, el Sector Público Nacional (SPN) obtuvo ingresos por un total de $6,8 billones, reflejando una caída de 6,5% ajustado por inflación. Esta disminución se debe principalmente a la baja en el IVA, impuesto a las ganancias y los aportes a la seguridad social, tributos ligados a la actividad económica y los salarios.
La recesión se profundiza y en abril se registró por segundo mes consecutivo una reducción en términos reales de IVA. A su vez, la recaudación del impuesto a las ganancias se vio afectada no sólo por la caída de la actividad económica y los salarios, también experimentó cambios regulatorios -la implementación del impuesto con un mínimo no imponible equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles y una nueva escala- y la disminución de la demanda de moneda extranjera para viajes y gastos en el exterior. En el caso del Impuesto a los Bienes Personales, la reducción se dio principalmente por la modificación normativa: ya no se cobra la percepción correspondiente a la compra de moneda extranjera.
Es necesario distinguir entre dos conjuntos de tributos con comportamientos claramente diferenciados. En primer lugar, se encuentran aquellos relacionados con el comercio exterior, los cuales experimentaron un notable crecimiento real. Las retenciones aumentaron un 33%, mientras que el “resto tributario”, entre los que se destaca el impuesto PAIS, creció un 75%. Estos aumentos se explican principalmente por la depreciación abrupta de la moneda, además de dos factores adicionales: en primer lugar, la base de comparación (2023) es relativamente baja en retenciones debido a los efectos de la sequía; en segundo lugar, la ampliación y el aumento en la alícuota del impuesto PAIS, que creció 210% según los datos de recaudación de la Secretaría de Hacienda y AFIP.
Es importante destacar que este es el segundo mes consecutivo en el que los Derechos de Importación registran una reducción en términos reales, explicada principalmente por el impacto del freno de la actividad económica, que según el último dato disponible de febrero de este año registró una caída de 3,2% interanual (INDEC). La recesión repercute sobre las importaciones: en el primer trimestre del año se redujeron 24% interanual en dólares.
Un segundo grupo comprende los tributos asociados a la actividad económica local, entre los que se destaca la significativa reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con una caída de 8%. En la misma línea, el impuesto a los débitos y créditos presentó una reducción de 16% en términos reales. Por su parte, los aportes y contribuciones a la seguridad social registraron una baja de 18%, afectados no sólo por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios sino también por la destrucción de puestos de trabajo.
Esta reducción de los ingresos por tercer mes consecutivo no es un fenómeno aislado, sino que se debe al efecto de la caída del gasto. Este fenómeno ya se observó en los años 90 y durante el gobierno de Macri, cuando se aplicaron modelos de ajuste del gasto que resultaron en una disminución de la recaudación. Esto, a su vez, llevó a la necesidad de realizar recortes presupuestarios aún más profundos para mantener los niveles de equilibrio fiscal.
Durante abril, los gastos totales del Sector Público Nacional (SPN) ascendieron a $6,5 billones, marcando un incremento nominal de tan sólo 197%. Sin embargo, este aumento nominal se tradujo en una disminución real de 23,7% una vez descontada la inflación.
El derrumbe interanual de los egresos se atribuye principalmente a la licuación de los haberes de los jubilados (-26% en términos reales), la falta de ejecución de obras por parte del nuevo gobierno (-78%) y los recortes en los subsidios energéticos (-13%). Casi todas las partidas muestran reducciones en términos reales, la mayoría con caídas de dos dígitos, siendo la más significativa, por su peso relativo en el total del gasto, aquella relacionada con jubilaciones.
Otra área afectada significativamente son los subsidios al transporte (-17% interanual), por la eliminación del Fondo Compensador del Interior y por recortes en el AMBA, que impactaron sobre el precio del boleto, si bien en el caso de los colectivos se mantiene congelado desde febrero. En el sector energético, el recorte de transferencias a CAMMESA ha causado problemas en la cadena de pagos y tensiones con el gobierno, que ofreció pagar la deuda acumulada en diciembre y enero con un bono al 2038.
En abril, el Gobierno Nacional tuvo que liberar fondos, resultando en un incremento de $470 mil millones en este rubro respecto al mes pasado.
Las transferencias a universidades en el mes de abril experimentaron una disminución de 27% interanual en términos reales. Estas transferencias representaron el 4% del ajuste, creciendo su participación ya que el mes pasaron constituyeron el 2% del mismo.
En lo que refiere a las provincias, las transferencias no automáticas se redujeron 73% en términos reales en comparación con abril de 2023, explicando un 9,2% del ajuste total. El principal componente del recorte es producto de la decisión de discontinuar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), afectando de manera directa el salario de los docentes de todo el país, y de la suspensión del pago a las provincias por las cajas previsionales no
transferidas a la Nación.
De cada 100 pesos ajustados en abril, 36,6% correspondieron a recortes en jubilaciones. Esta tendencia, que se arrastra desde enero, muestra la crueldad del gobierno de Milei, que basa el superávit fiscal en la licuación de los haberes jubilatorios.
Los gastos de capital destinados a la obra pública constituyen el segundo mayor aporte al ajuste con un 26,5%. Durante este mes, en línea con la decisión política que tomó el gobierno desde su asunción, la ejecución de la obra pública fue nula. Es importante destacar que todas las partidas presupuestarias de obras de infraestructura se vieron afectadas tanto en términos nominales como reales.
El gasto en intereses de deuda no se registra dentro de los gastos primarios, pero este mes fueron de $247.543 millones. Este gasto viene bajando en el año, pero continúa por encima de ciertas partidas de gasto: se destina un 15% más a los intereses de deuda que a las universidades, y un 265% más que lo que se transfiere a las provincias.
Si el sendero de superávit fiscal se sostiene, la meta fiscal de junio será cumplida
En el primer cuatrimestre de 2024, se acumula un superávit fiscal de $ 4,1 billones y un superávit financiero de $1,2 billones, alcanzado a través de un ajuste significativo en el gasto, y no por aumento en la recaudación.
En marzo, la meta fiscal con el fondo se cumplió por encima de lo esperado (abril va en la misma línea), emitiendo una señal positiva para los mercados. Sin embargo, también se pone en evidencia la crueldad y la falta de voluntad de gestión. Teniendo margen para gastar más, el ejecutivo podría haber optado, por ejemplo, por aumentar los ingresos de los jubilados o reactivar la obra pública. Es crucial equilibrar este cumplimiento de metas con la sostenibilidad a largo plazo, pero a su vez asegurando que el peso del ajuste no recaiga de manera desproporcionada sobre los sectores más vulnerables de la población. Incluso el mismo FMI alertó al gobierno sobre esta cuestión: “El programa seguirá enfocado en mejorar la calidad y la equidad de la consolidación fiscal (…)”.
Con un superávit fiscal acumulado de $4,1 billones en el primer cuatrimestre del 2024, el gobierno está sobrecumpliendo las metas con el FMI, sin considerar los costos sociales que esto implica. Es crucial equilibrar este cumplimiento de metas con la sostenibilidad a largo plazo, pero a su vez asegurando que el peso del ajuste no recaiga de manera desproporcionada sobre los sectores más vulnerables de la población.
