la chacra

El INTA pierde 46 áreas: cómo impacta el Decreto 585 en la investigación agropecuaria

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En el boletín Oficial de este lunes se publicó un decreto de amplio alcance que complementa lo dispuesto por el decreto 462/25 publicado el 8 de julio cuando vencían las facultades delegadas. Allí la nueva normativa profundiza cambios en INTA que ya había perdido su autarquía y también su órgano de conducción con representación del sector privado.

El decreto publicado hoy representa un cambio en la organización institucional, definiendo una estructura más atomizada con cargos que serán designados políticamente y ya no por concurso como fueron históricamente. Ratifica que el actual presidente del organismo Nicolas Bronzovich es responsable de todas las tomas de decisiones del organismo, el mismo escenario se prevé que se pueda replicar para centros regionales, agencias, etc.

El Poder Ejecutivo nacional oficializó mediante el Decreto 585/2025 una profunda reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), eliminando 46 unidades organizativas y redefiniendo sus ejes estratégicos. La medida, publicada este 18 de agosto en el Boletín Oficial, busca “optimizar recursos” y priorizar funciones vinculadas a investigación, transferencia tecnológica y desarrollo agropecuario. Los cambios incluyen la supresión de coordinaciones administrativas y la consolidación de centros regionales, en línea con la política de ajuste del Ministerio de Economía.

El INTA, organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, era señalado por el Gobierno como una entidad con “superposición de funciones” y “estructura burocrática inflada”. La reforma se enmarca en una serie de decretos (como el 462/25 y 538/25) que disolvieron o transformaron organismos agroindustriales, incluyendo el INASE y el INAFCI.

Los anexos del decreto detallan que la reestructuración se basó en un diagnóstico de “ineficiencias presupuestarias” y en la necesidad de alinear el INTA con “prioridades productivas”. Según el artículo 24, se eliminaron áreas como la Coordinación Transversal de Ética, la Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento, y departamentos vinculados a agricultura familiar, cuyas funciones serán absorbidas por otras dependencias.

Cambios clave: nueva arquitectura organizativa

Los artículos 22 a 25 del decreto y sus anexos (VII a X) establecen:

  1. Nueva estructura operativa:
    • Se crean cinco direcciones nacionales asistentes (Investigación y Desarrollo, Transferencia y Extensión, Coordinación de Centros, entre otras) para centralizar la toma de decisiones (Anexo VII).
    • Los centros de investigación se agrupan en cinco unidades temáticas: Agronindustria, Ciencias Veterinarias, Recursos Naturales, Economía Agropecuaria y Agropecuarias (Anexos IX y X).
  2. Supresión de unidades:
    • Se eliminan 46 áreas, principalmente administrativas y de apoyo (Anexo 19), incluyendo la Coordinación de Ciberseguridad, la Gerencia de Diseño Organizacional y estaciones experimentales en Buenos Aires como las de San Vicente y Moreno.
  3. Facultades especiales:
    • El artículo 25 autoriza al Ministerio de Economía a modificar la estructura “sin incrementar partidas presupuestarias”, lo que anticipa futuros ajustes.

Sectores afectados:

  • Agricultura familiar: La eliminación de institutos regionales dedicados a pequeños productores (ej. Región NOA y Patagonia) podría debilitar programas de asistencia.
  • Investigación: Aunque se mantienen centros estratégicos (como el de Recursos Naturales), la fusión de áreas genera incertidumbre sobre proyectos en curso.

Asociaciones de técnicos del INTA ya habían advertido que los recortes “comprometerán la innovación agropecuaria” (ATE). Desde la Bolsa de Cereales destacaron que la reforma “simplifica la burocracia” para agilizar transferencia tecnológica.

El INTA tendrá 90 días para implementar los cambios. Se espera un informe de la SIGEN sobre el impacto financiero de la medida.

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Agroecología: Misiones y Tucumán sellan acuerdo para fortalecer la soberanía alimentaria

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En un paso hacia la construcción de redes federales de cooperación agroecológica, la Secretaría de Agricultura Familiar de Misiones y el municipio de Tafí Viejo (Tucumán) firmaron un convenio marco de colaboración institucional para el desarrollo de políticas públicas vinculadas a la agricultura familiar, la sustentabilidad y la soberanía alimentaria. El acuerdo fue anunciado por Juan Carlos Furlan, coordinador de Políticas Estratégicas del Ministerio misionero, tras una reunión con la secretaria de Gobierno de Tafí Viejo, Sofía Solórzano, y contó con el respaldo de la titular de la cartera agraria, Marta Ferreira.

“Unir los pueblos y sus luchas es una tarea inmensa pero fundamental a la hora de pensarnos como parte de una necesaria evolución y refundación política e institucional”, expresó Furlan en un mensaje público donde destacó el valor estratégico de Tafí Viejo como “un verdadero ejemplo de gestión ambiental y agroecológica” que puede aportar enseñanzas valiosas para los 26.000 productores minifundistas de Misiones.

El convenio establece acciones conjuntas en cinco áreas clave: agricultura familiar y agroecología; huertas urbanas y periurbanas; resguardo de semillas nativas y criollas; innovación tecnológica y social para enfrentar el cambio climático; y formación e investigación para promover prácticas sustentables.

El acuerdo fue rubricado por el intendente de Tafí Viejo, Javier Esteban Romero, y la secretaria de Agricultura Familiar de Misiones, Marta Ferreira, quienes destacaron el interés mutuo por desarrollar políticas públicas complementarias en línea con la Ley Nacional de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar.

Entre los compromisos asumidos, la provincia de Misiones aportará asistencia técnica, materiales educativos, acceso a la Red Misionera de Bancos de Semillas y capacitaciones en agroecología, manejo de semillas y economía social. Por su parte, el municipio tucumano adecuará espacios para huertas y viveros, facilitará la logística de ferias e intercambios y avanzará en normativas locales para la comercialización de productos agroecológicos.

El convenio no solo sella una alianza institucional, sino que traza un puente de saberes y prácticas entre regiones del norte argentino. “La experiencia de organización, sustentabilidad y conquistas del pueblo tucumano también nos fortalecen a nosotros los misioneros”, aseguró Furlan, quien valoró el trabajo sostenido de más de un año para lograr este acercamiento.

El acuerdo representa un paso más en la construcción de una política federal con raíces en los territorios, anclada en la defensa del ambiente, la seguridad alimentaria y los derechos de las familias productoras. En palabras del funcionario misionero, se trata de “seguir caminando hacia una agroecología con justicia social y sentido comunitario”.

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El glifosato se prohíbe solo (por precio)

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Sesenta señores hablan como si representaran a 26.000 familias campesinas. El bidón ya es impagable para el pequeño productor. La prohibición limita la fumigación a gran escala; abajo, la transición avanza por necesidad. En el medio, nombres, números y un proyecto: Pan sin veneno.

Hoy sería raro que, al preguntarle a alguien por la calle si sabe que los alimentos de su mesa tienen agrotóxicos, microplásticos o metales pesados, dijera que no. Ha habido y hay tantas campañas de concientización que prácticamente todo el mundo sabe lo que pasa, pero normalmente se siente sin margen para actuar o se limita a denunciar. Algo similar ocurre a pocos kilómetros de su heladera, en el campo, donde el pequeño productor sabe que lo que aplica en los cultivos afecta al consumidor, a él mismo y a su ecosistema. Sin embargo, aunque no desconoce las consecuencias de los agrotóxicos, queda limitado por la aparente falta de alternativas rentables. Esta es la postal del día a día del campesinado misionero.

¿Para qué protegerse tanto si después lo vas a esparcir en el aire? Se suelen atribuir las aberraciones del uso de herbicidas, fungicidas e insecticidas a la falta de protección de quienes los aplican. Pocos usan el equipo completo: dificulta el manejo y baja la eficacia. Pero incluso quienes sí lo usan saben que esos compuestos terminarán en su comida, en la tierra donde crecerán sus hijos y en el mismo aire que respiran. Entonces, ¿por qué lo siguen usando? ¿Por qué no buscan alternativas?

La respuesta más común es: “porque no hay opción”, “esta forma de agricultura es la que alimenta al mundo”. Esa postura afirma que, aun conociendo los daños, no habría alternativa. No compro.

Recientemente, en la Confederación Económica de Misiones (CEM), sesenta señores —técnicos, directivos PyME y cuadros de organismos— se arrogaron representar a las 26.000 familias campesinas que hay en Misiones para sostener que sin glifosato no se produce. No corresponde pedirle al campesinado que invente “la salida”: ese es el trabajo de quienes cobran por estudiar, ensayar y regular (INTA, SENASA y equipos técnicos que definen reglas y certificaciones). Mientras tanto, ocurre algo que casi no se dice: la transición ya avanza, pero no por una iluminación colectiva, sino porque los precios de glifosato, herbicidas, insecticidas y fungicidas se volvieron prohibitivos. En los hechos, el glifosato “se prohíbe solo” por precio. ¿Quiénes sí pueden pagarlo? Justamente esos sesenta. ¿Quiénes no pueden? Los que ya le están buscando la vuelta desde abajo, por necesidad y sin micrófonos. En este marco, la prohibición provincial y su prórroga por cinco años cumplen otra función: imponen un límite a la fumigación a gran escala; para el pequeño productor, en cambio, cambia poco porque el bidón ya era impagable.

El costo humano tiene nombres y números. Desde 1987, el cirujano infantil Hugo Gómez Demaio —Hospital de Pediatría de Posadas— registró picos de malformaciones del tubo neural y expuso señales de genotoxicidad asociadas a exposiciones crónicas en zonas rurales. En su servicio, estimó 0,5% de nacidos con mielomeningocele (5 por cada 1.000) y denunció, en Colonia Alicia, que el 86,6% de niños menores de dos años presentaba alteraciones del desarrollo en pruebas cognitivas simples; además, habló de alrededor de 60 nacimientos con malformaciones por año en Misiones. No son números cómodos.

Mirando la región, Chile: la organización de consumidores ODECU empuja una demanda colectiva contra Bayer/Monsanto por casos de cáncer asociados a Roundup, reclamando compensación por persona afectada. Mientras allá discuten reparación, acá todavía hay quien insiste en que el problema “no existe”. La comparación sola ya incomoda, y bien.

El costo humano también tiene rostros: Fabián Tomasi, banderillero de aviones fumigadores en Basavilbaso, símbolo del daño por exposición, fallecido en 2018; y Matías Sebastián Vázquez, de Aristóbulo del Valle, que atravesó una leucemia y hoy milita para visibilizar los riesgos en su comunidad. No son anécdotas: son señales que piden un cambio de rumbo.

Pan sin veneno. En Misiones ya se prueba otra lógica: trigo agroecológico (no transgénico) sembrado por productores locales, en suelo y clima misioneros, con acompañamiento técnico. Ya hubo pan elaborado con esa harina y este año el programa creció: semilla agroecológica distribuida, productores sumándose en distintos departamentos, primeras espigas en el campo y cosecha a la vista. No es consigna: es trabajo, acuerdos y trazabilidad.

Progreso y atraso. Se llenan la boca con “progreso”, pero aferrarse al glifosato es atraso. El futuro está más cerca de lo que sabían nuestros abuelos: suelos vivos, abonos orgánicos, rotar, cubrir, carpir… y hasta lo sencillo de aprovechar la ceniza de la cocina para proteger de plagas.  Para muchos pequeños productores, eso ya cierra mejor la cuenta que perseguir un insumo que no pueden pagar y que, cuando se paga, deja deuda en el cuerpo y en la cuenca.

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Productores nucleados por la CEM exigen derogar la Ley de Bioinsumos

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La asamblea convocada por la Confederación Económica de Misiones reunió a más de 60 referentes del agro, la industria y las cooperativas para definir una postura conjunta sobre la prohibición del glifosato. El sector productivo reclama la derogación del artículo 7 —y en algunos casos, de toda la Ley de Bioinsumos— al considerar que pone en riesgo la competitividad provincial.

Una asamblea con el arco productivo unido

En la sede de la Confederación Económica de Misiones (CEM), productores, cooperativistas, empresarios pymes y técnicos del INTA, SENASA y colegios profesionales debatieron sobre una problemática que atraviesa a toda la provincia: la prohibición del uso del glifosato. Entre los asistentes hubo representantes de sectores como la yerba, el té, el tabaco, la ganadería, la foresto-industria y la agricultura familiar, así como dirigentes de entidades empresarias y cooperativas.

El reclamo fue unánime: derogar el artículo 7 del capítulo 2 de la Ley de Bioinsumos —que regula el uso del glifosato mediante un registro limitado— o, en algunos casos, directamente eliminar toda la normativa. Los asistentes coincidieron en que la ley actual burocratiza y obstaculiza la producción, mientras que el herbicida sigue siendo una herramienta indispensable ante la ausencia de alternativas biológicas eficaces y accesibles.

Competitividad en riesgo y advertencia sobre el contrabando

El diagnóstico común de los productores es contundente: sin glifosato, los costos se disparan y la competitividad cae. Desde el sector yerbatero advirtieron que la prohibición genera conflictos con compradores internacionales, que exigen certificaciones sanitarias que hoy solo pueden cumplirse con herbicidas aprobados. En el sector tealero, empresarios señalaron que la prohibición encarece la producción y puede cerrar mercados externos.

Sergio Delapierre, productor yerbatero, lo sintetizó: “Prohibir el glifosato solo incentiva el contrabando desde países vecinos”. Otros referentes coincidieron en que la normativa, además de impracticable en un universo de 35.000 productores, expone al sector a multas millonarias, lo que agrava la ya crítica situación de las economías regionales.

Un reclamo con matices: producción responsable y transición hacia bioinsumos

Aunque el pedido es contundente, el sector productivo no desconoce la necesidad de avanzar hacia modelos más sostenibles. Todos los participantes coincidieron en la importancia de fomentar investigaciones en bioinsumos y capacitar a los productores en Buenas Prácticas Agrícolas, pero aclararon que el reemplazo debe ser realista, certificado y aplicable a las condiciones locales.

Matías Pamberger, presidente de la Sociedad Rural Misiones, sostuvo que el artículo 7 “genera discriminación entre productores que exportan y los que abastecen al mercado interno” y que la falta de herramientas viables para el control de malezas afecta directamente la producción. Para el ingeniero Jorge Pujato, “hay un mito sobre el glifosato: bien utilizado, no causa daño; el problema es la falta de capacitación”.

La vía política: el escenario en la Legislatura

Más allá de las acciones judiciales en curso, el sector sabe que la solución será política. Así lo expresó el legislador Miguel Núñez, quien adelantó que volverá a impulsar un proyecto de derogación en la Cámara de Diputados, pero reclamó “acompañamiento técnico y presión legislativa” para que la propuesta prospere.

Sin embargo, el debate interno también dejó expuestas tensiones: mientras algunos productores reclamaron mayor apertura y participación de legisladores y prensa, otros defendieron una asamblea cerrada. La presencia de diputados provinciales y nacionales —como Javier Mela, Cristian Castro y Martín Arjol— que debieron retirarse tras el pedido de sesión privada, evidenció las fricciones entre quienes buscan un diálogo político amplio y quienes priorizan definir primero una posición unificada del sector.

Entre la urgencia productiva y la transición ambiental

La discusión sobre la Ley de Bioinsumos refleja un conflicto mayor: cómo equilibrar la necesidad inmediata de competitividad de las economías regionales con la transición hacia modelos productivos más sostenibles. Para el agro misionero, el glifosato no es una bandera ideológica, sino una herramienta insustituible en el presente.

El desafío ahora recae en el Poder Legislativo provincial: ¿puede Misiones construir una política agropecuaria que combine la protección ambiental con la viabilidad económica de sus productores? La respuesta marcará el rumbo no solo de un insumo polémico, sino del futuro del sector productivo misionero.

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El Gobierno actualiza la regulación de bioinsumos y fortalece el comité asesor del sector

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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca actualizó la normativa que regula el desarrollo y aplicación de bioinsumos en la producción agropecuaria, con el objetivo de impulsar alternativas biológicas a los agroquímicos tradicionales. La Resolución 128/2025, publicada en el Boletín Oficial, redefine el concepto de bioinsumo y reestructura el funcionamiento del Comité Asesor en Bioinsumos de Uso Agropecuario (CABUA), integrando a entidades públicas, privadas y académicas vinculadas al sector.

Nueva definición y clasificación de los bioinsumos

La resolución establece que se consideran bioinsumos a los productos biológicos compuestos o producidos por microorganismos, macroorganismos, extractos o compuestos bioactivos, destinados a la producción agropecuaria, agroalimentaria, agroindustrial y agroenergética.
La normativa los clasifica en tres grandes grupos:

  • Bioinsumos de aptitud nutricional vegetal: como biofertilizantes y fitoestimulantes.
  • Bioinsumos para control de plagas y enfermedades: incluyendo agentes de control biológico, semioquímicos y estimulantes de defensas.
  • Otros usos agroindustriales y energéticos: como probióticos, polinizadores e inoculantes para ensilados.

Composición del nuevo Comité Asesor

El CABUA funcionará en el ámbito de la Coordinación de Innovación y Biotecnología de la Dirección Nacional de Bioeconomía e integrará representantes de organismos como el INTA, SENASA, INTI, CONICET, el Ministerio de Salud y cámaras del sector privado, entre ellas la Cámara Argentina de Bioinsumos y la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Los miembros desempeñarán sus funciones ad honorem.

Entre sus atribuciones, el comité podrá asesorar sobre políticas públicas, proponer normas técnicas y participar en la evaluación de proyectos para el otorgamiento del Sello Bioproducto Argentino, un distintivo que busca promover el reconocimiento de estos productos.

El Ministerio de Economía destacó que el desarrollo de bioinsumos responde a una tendencia global de reemplazo progresivo de los agroquímicos, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y mejorar la sostenibilidad de la producción. En el país, los bioinsumos ya abarcan desde biofertilizantes hasta biocontroladores y productos para el saneamiento de suelos.

La medida apunta a consolidar una red de innovación público-privada que favorezca la expansión de estos productos en la agroindustria y refuerce la competitividad de las economías regionales. Desde la cartera agropecuaria anticipan que el fortalecimiento del CABUA permitirá acelerar el desarrollo normativo y la adopción de biotecnologías aplicadas al agro.

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