“Hay una Argentina que, más allá de esta tormenta, se sigue moviendo, sigue siendo vital y no hay que creer que esta tormenta va a llevarnos a una crisis parecida a una que hayamos tenido en el pasado”. El presidente Mauricio Macri apeló en media hora diez veces a la “tormenta” para evitar la palabra “crisis”, que agobia a la economía Argentina.
Pero en la conferencia de prensa que convocó a mitad de la semana, no se mostró como un piloto avezado, sino como un espectador de una escena, de la que no se siente protagonista. Es algo que está pasando, pero en lo que no tiene responsabilidad.
Del “pasaron cosas” a una “tormenta”. Una tormenta es un fenómeno meteorológico cuyos efectos ni duración se pueden controlar. Pero la economía no es un fenómeno meteorológico. Es una ciencia que, no exacta, permite avizorar con tiempo qué puede suceder de acuerdo a las decisiones que se van tomando o dejando de tomar en el camino.
Cualquier economista más o menos serio advertía que una eventual suba de tasas de Estados Unidos podría complicar la estrategia de financiamiento vía deuda que tiene la Argentina por el aumento de los costos y la fuga de dólares hacia el país gobernado por Trump. Sucedió y se convirtió en “tormenta”.
La corrida cambiaria se convirtió en una tormenta que expulsó varios miles de millones de dólares, pero nadie atinó a abrir el paraguas hasta que el agua ya estaba al cuello.
Cualquier economista más o menos serio advertía que la inflación estaba lejos de ser controlada, pero cerró junio con 3,7 por ciento y anualizada ya superó el 29 por ciento. La suba de precios se convirtió en una tormenta, que abre las puertas para que el Fondo Monetario Internacional comience a imponer reglas en la economía argentina. Christine Lagarde o sus gerentes, serán nuevamente visitantes asiduos al país para comenzar a “monitorear” las variables de la política económica.
Macri volvió a hacer un relato de su propio gobierno al que le queda poco más de año y medio de mandato. “El objetivo es claramente bajar la inflación, y el plan que hemos presentado y que es parte del acuerdo con el Fondo va a en esa dirección: el año que viene va a bajar más de 10 puntos, y esperamos en el siguiente año ya estar cerca de la inflación de un dígito que es lo que todos queremos, y que es lo que tienen todos los países normales”. Se hizo largo el segundo semestre, tan largo que la expectativa del Presidente es terminar con una inflación en los mismos elevados valores que estaban cuando asumió.
Volvió a apelar al compromiso de “todos” para bajar el deficit fiscal y cuestionó a un Estado que “gasta más de lo que ingresa”. Pero los datos vuelven a demostrar que las promesas van a contramano de la realidad. El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), think thank que aportó numerosos funcionarios al Gobierno nacional y de Buenos Aires, emitió un lapidario informe en el que revela que desde la llegada de Macri a la Casa Rosada, aumentó el tamaño de la estructura del Ejecutivo al tiempo que se multiplicaron los nombramientos discrecionales de funcionarios.
Además del andamiaje formal dentro de la estructura estatal, también aumentaron los cargos extraescalafonarios, es decir, aquellos que son nombrados directamente por el Poder Ejecutivo Nacional pero que se encuentran excluidos del Sistema Nacional de Empleo Público. Estos cargos tienen un grado de jerarquía equivalente a niveles de secretarías, subsecretarías y coordinaciones, y son instrumentos para designar personal político fuera de la estructura formal, explica el informe.
Entre 2015 y 2017, se crearon 1.111 cargos políticos y solo 62 fueron en la estructura formal. Así, se crearon 1.049 cargos extraescalafonarios en toda la Administración Pública Nacional lo que significó un crecimiento porcentual del 50%. La Jefatura de Gabinete de Ministros explicó el 31% del aumento, la Presidencia el 22% y el ministerio de Modernización que explicó el 11% del total de los cargos extraescalafonarios creados. Esa ampliación de los cargos políticos contradice la ola de despidos de los trabajadores subalternos.
“Que a la crisis la vistan de tormenta, no le quita su esencia, sigue siendo una crisis”, definió el politólogo Mario Riorda después de escuchar al Presidente. “Macri habló como candidato a Presidente. Pura voluntad y esperanza. Un presidente aspiracional con un discurso esperanzador, coloquial y simple. Fue una colección de promesas. Si su problema es gestionar las expectativas, esta conferencia no ayuda en nada”, analizó.
La situación por la que pasa la Argentina dista demasiado de obedecer al clima. Las mismas causas deberían haber arrastrado a economías parecidas, pero el efecto no fue el mismo. Argentina es por lejos el país que más devaluó en el mundo y es, por lejos, el país que más deuda emitió en corto plazo. La recesión amenaza con estirar la tormenta hasta los primeros meses del año que viene.
Las encuestas comienzan a mostrar que el descontento se extiende más allá de las huestes opositoras. Ya no es el kirchnerismo ni la herencia, sino la escasez de resultados positivos en los últimos años. La reelección asegurada hasta hace unos meses, es puesta en duda hoy, aunque el Presidente insista en que “seguirá hasta que ustedes quieran”.
La “tormenta” también azota a la provincia de Buenos Aires, donde María Eugenia Vidal aparece salpicada por un escándalo mayúsculo, que surgió de una investigación periodística que reveló una enorme cantidad de aportantes truchos a la campaña de Cambiemos.
El PRO tomaba identidades y los anotaba como aportantes propios para justificar millones de pesos en la campaña. Incluso hay funcionarios y dirigentes de Cambiemos que niegan haber puesto plata de su bolsillo para la campaña. Más allá de la gravedad del robo de identidades, es tan o más relevante conocer el origen del dinero negro.
La Gobernadora obvió los alcances del escándalo hasta que aparecieron en los grandes diarios. Ahí echó a la contadora general bonaerense, María Fernanda Iza que había sido designada cinco días antes. Es decir, asumió en medio de la escalada de datos que la involucraban directamente. La Gobernadora amagó con enterarse recién con los diarios, pero la funcionaria desplazada era la contadora del partido que ella preside en Buenos Aires. Demasiado cerca. Echar la culpa al contador no es siquiera una estrategia inesperada. Lo mismo hizo hace poco Mariano Rajoy antes de ser obligado a dimitir en España por el escándalo de las cajas paralelas.
En medio del escándalo, Macri prometió una ley para bancarizar los aportes.
Fue tan escasa la condena del Presidente y de la propia Vidal que hasta los medios amigos hicieron notar su descontento. “Macri no dijo la verdad. Caramba señor Presidente, esto merece su condena. Porque usted lo hubiera hecho con otros partidos. Esto pone en duda su palabra de transparencia”, adoctrinó el doctor Nélson Castro desde la pantalla de Todo Noticias.
Cuando se entere el veterano columnista que la campaña de Cambiemos en 2017 se financió con 88 por ciento de aportes en efectivo, quizás monte en cólera.
“Que Cambiemos (desde la voz de su presidente) no condene la opacidad de la causa de los aportantes en Buenos Aires, es como mínimo el pase de Cambiemos a la categoría de partidos clásicos. Uno más del montón”, agrega Riorda con su habitual lucidez.
El escándalo de los aportes puede extenderse en varias provincias y sacude los cimientos de la alianza gobernante. En su breve paso por Misiones, Ricardo Alfonsín dejó trazos del discurso de su padre en contra de las políticas neoliberales que aplica el Gobierno. Aunque no saca los pies del plato, cada vez son más voces las que se animan a cuestionar la conducción política de Cambiemos, tanto en el ámbito nacional como en el provincial, donde reina el silencio sobre las medidas de ajuste que impactan en Misiones.
El hijo del ex presidente vino a Posadas en homenaje al senador Mario Losada, cuyo nombre distinguirá a una plaza de la Costanera. Allí se reunió con el economista Federico Villagra, uno de los que se animó a romper con la estructura vertical y analiza armar un nuevo espacio con los desencantados.
En el radicalismo causó cierto alivio la frustrada visita de Lilita Carrió a Posadas, porque se temía que la blonda reitere su diatriba contra los dirigentes de la UCR que prefieren quedarse al cobijo de los cargos.
Mientras el temporal sacude los cimientos de Cambiemos, el Gobierno sigue su curso. El debate está centrado en el monto del ajuste necesario para cumplir con las metas impuestas en la letra chica del préstamo del FMI.
En los primeros escarceos, el superministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el de Interior, Rogelio Frigerio, mostraron una mayor predisposición a que sea la Nación la que asuma la mayor parte de los recortes, estimada en 200 mil millones de pesos, mientras que las provincias deberían absorber otros cien mil millones, especialmente en transferencias no automáticas y obra pública.
En ese escenario, Misiones debería ceder poco más de tres mil millones de pesos en 2019, de acuerdo al índice de coparticipación. Después de escuchar los planteos de los ministros de Macri, Misiones volvió a insistir con la necesidad de medidas que compensen las asimetrías y el ajuste encubierto a través de las subas incesantes de la única fuente de energía que tiene la provincia. El combustible Premium ya roza los 40 pesos y la nafta común se acerca a esa marca. Por eso, los funcionarios provinciales remarcaron que Misiones debe volver a contar con el ITC diferenciado hasta que haya otra fuente energética que compense costos de logística y distancia.
Es que Misiones ya viene soportando con hidalguía el retroceso en los fondos que no se detiene. La Nación evalúa ponerle fin al Fondo Nacional de Incentivo Docente y liquidar el Fondo de la Soja, que sostiene la infraestructura de los municipios.
“Ya no vamos a discutir aumentos, sino sostener lo que tenemos”, alertó la secretaria general de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, Stella Maris Leverberg.
Es que por más esfuerzo que haga Misiones, si se confirma que la Nación deja de financiar el Incentivo, la Provincia debería hacerse cargo de 60 millones extra por mes solo para sostener el nivel de salario actual. Ni hablar de paritarias hacia arriba.
Y eso que la Educación es la prioridad del Gobierno misionero. Nuevamente, como en los últimos años, es el área que se lleva el 30 por ciento de los recursos proyectados para 2019.
Con una anticipación inusual, pero que responde a la previsibilidad en el manejo de las cuentas en Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua giró el proyecto de Presupuesto a la Legislatura.
Las áreas sociales en su conjunto contendrán el récord de 60 por ciento de la inversión del Estado, mientras que la obra pública se llevará otro 20 por ciento.
Nuevamente es Misiones la provincia que hace punta en el tratamiento de su presupuesto, aún sin contar con la proyección de los recursos federales. Pero está a tono con las metas de ajuste fiscal, con un crecimiento del gasto estimado en 16 por ciento, lo que marca un tácito ajuste por inflación. En total, se proyecta un presupuesto de 67.225.502.000 pesos.
“Sosteniendo nuestra concepción misionerista, tenemos un Estado provincial fuerte, responsable, organizado y con las cuentas equilibradas; y ello es así porque en lo fiscal seguimos el mandato de nuestro espacio político, como lo venimos haciendo desde 2003”, argumenta Passalacqua.
La Renovación, con la bandera del misionerismo, a diferencia de los percances de la alianza nacional, goza de buena salud. Una encuesta de Analía del Franco señala que Passalacqua presenta hoy un nivel de aprobación de gestión de 78 por ciento, con un promedio de evaluación positiva del 73%.
El alto nivel de aprobación del gobernador y su gobierno es pareja en todas las localidades de la provincia. En Posadas es de 71% positivo y en interior 75%. El apoyo de los Posadeños es altmente significativo dado que es una ciudad donde hace menos de un año en las elecciones legislativas ganó la oposición.
