Luis Caputo

El dólar superó los $1.500 por tercera jornada consecutiva y el Banco Central intensifica su intervención

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El mercado cambiario volvió a enviar una señal de tensión al Gobierno. Por tercera rueda consecutiva, el dólar oficial registró una suba y consolidó su cotización por encima de los $1.500, mientras el Banco Central reforzó su estrategia de intervención indirecta mediante ventas de contratos de dólar futuro y títulos dollar-linked para evitar que el movimiento derive en una mayor volatilidad y, eventualmente, en un traslado a los precios.

La cotización minorista del Banco Nación cerró en $1.510 para la venta, con un incremento diario de $10, mientras que el dólar mayorista avanzó hasta los $1.489, apenas tres pesos por debajo del máximo nominal alcanzado el 24 de octubre pasado. El dólar blue también acompañó la tendencia y finalizó en $1.525, mientras que el contado con liquidación se ubicó en torno a los $1.577, su valor más elevado desde fines de octubre.

El movimiento estuvo acompañado por un elevado volumen de operaciones. En el mercado mayorista se negociaron más de USD 820 millones, confirmando una demanda sostenida de divisas que comenzó a intensificarse en las últimas jornadas y que coincide con una menor oferta proveniente del sector exportador.

Aunque el tipo de cambio continúa lejos del techo de la banda cambiaria fijado por el Gobierno —que actualmente supera los $1.800—, la velocidad del ajuste comenzó a generar inquietud en el equipo económico, que busca preservar el proceso de desaceleración inflacionaria.

El Banco Central intervino con futuros y bonos atados al dólar

A diferencia de otros episodios de tensión cambiaria, la autoridad monetaria evitó vender reservas de manera directa en el mercado spot. En cambio, desplegó una estrategia basada en instrumentos financieros para moderar las expectativas de devaluación.

Operadores del mercado señalaron que el Banco Central incrementó significativamente la venta de contratos de dólar futuro, principalmente en los vencimientos de julio, al tiempo que ofreció importantes cantidades de letras dollar-linked, títulos emitidos por el Tesoro que ajustan según la evolución del tipo de cambio oficial.

La operatoria alcanzó volúmenes inusuales. Solo en el mercado de futuros se negociaron contratos equivalentes a unos USD 1.700 millones, mientras que las operaciones con instrumentos atados al dólar superaron los USD 500 millones diarios, muy por encima del promedio habitual.

La lógica detrás de esta estrategia consiste en ofrecer cobertura cambiaria sin necesidad de desprenderse de reservas internacionales, retirando al mismo tiempo pesos del mercado y reduciendo la presión sobre la demanda de dólares.

Analistas coinciden en que el objetivo oficial no es defender un valor específico del tipo de cambio, sino evitar movimientos bruscos que puedan alterar las expectativas inflacionarias.

Menor liquidación del agro y mayor demanda privada

La suba del dólar encuentra explicación en una combinación de factores estacionales y financieros.

Por un lado, comenzó a reducirse la liquidación de divisas del complejo agroexportador luego del pico registrado durante la cosecha gruesa. Si bien durante junio las cerealeras liquidaron más de USD 3.000 millones, esa cifra representó una caída del 18% respecto del mismo mes del año anterior.

Además, distintos informes privados detectaron una mayor retención de granos por parte de los productores, que esperan mejores condiciones de precios antes de desprenderse de sus exportaciones.

Al mismo tiempo, la demanda privada de divisas ganó protagonismo. Portfolio Personal Inversiones (PPI) sostuvo que el agro mantuvo prácticamente estable su ritmo de liquidación diaria respecto de mayo, por lo que la menor capacidad compradora del Banco Central obedeció principalmente a un incremento en la demanda de dólares por parte de empresas, bancos e inversores.

También influyeron mayores giros de utilidades al exterior y una menor oferta proveniente de la cuenta financiera, luego del fuerte ingreso de capitales registrado durante mayo.

En paralelo, operadores detectaron un cambio en la estrategia de los bancos comerciales. Varias entidades pasaron de mantener posiciones vendidas en dólares a incrementar sus compras para abastecer una mayor demanda minorista, impulsada en parte por el cobro del medio aguinaldo.

Reservas arriba de los USD 47.000 millones, pero con compras moderadas

En ese contexto, el Banco Central volvió a comprar divisas, aunque en un volumen considerablemente inferior al observado durante abril y mayo.

La autoridad monetaria adquirió apenas USD 25 millones durante la primera rueda de julio, equivalente a cerca del 3% del volumen total operado en el mercado oficial.

Pese a ello, las reservas internacionales brutas mostraron una fuerte recuperación y cerraron por encima de los USD 47.000 millones, tras aumentar más de USD 2.180 millones.

El rebote respondió, fundamentalmente, a la reversión de movimientos contables y de encajes registrados en el cierre de junio, por lo que los analistas no interpretan la mejora como un cambio estructural en la capacidad de acumulación de reservas.

Las compras netas del Banco Central durante 2026 ya superan los USD 11.000 millones, aunque el ritmo de incorporación de divisas comenzó a desacelerarse desde junio.

El mercado descarta una devaluación abrupta

Pese al repunte del dólar, el consenso entre economistas y operadores continúa descartando un salto discreto del tipo de cambio.

La expectativa predominante es la de un proceso de depreciación gradual, acompañado por una menor oferta de divisas estacional y por un escenario internacional menos favorable para los mercados emergentes.

Sin embargo, la preocupación comenzó a trasladarse hacia otro frente: el posible impacto que esta aceleración del dólar pueda tener sobre la inflación durante el segundo semestre.

Ese riesgo también explica el fuerte protagonismo del Banco Central en los mercados de futuros y de deuda indexada al tipo de cambio. El Gobierno procura evitar que un movimiento más acelerado del dólar termine alterando las expectativas de precios y reduzca uno de los principales activos políticos de la administración de Javier Milei: la desaceleración de la inflación.

Mientras tanto, el mercado seguirá observando dos variables centrales durante julio: la capacidad del Banco Central para recomponer reservas sin aumentar significativamente su intervención y la evolución de la demanda privada de divisas, que comenzó a convertirse en el principal factor de presión sobre el mercado cambiario.

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La recaudación tributaria en junio fue de $20 billones y el retroceso real fue de casi 8%

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La recaudación tributaria nacional volvió a mostrar señales de desaceleración en junio, luego del alivio transitorio registrado en mayo por el impacto del vencimiento del Impuesto a las Ganancias de las empresas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó ingresos por $20,017 billones, un aumento nominal interanual del 23,7%, aunque ese incremento quedó muy por debajo de la inflación, lo que implica una caída real cercana al 8%, según estimaciones privadas.

El dato confirma que el proceso de reducción de impuestos impulsado por el Gobierno nacional, junto con modificaciones en el calendario fiscal y un menor dinamismo del comercio exterior, continúa impactando sobre los ingresos del Estado. Para el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), bajo el supuesto de una inflación mensual del 1,9%, la recaudación tributaria nacional registró una baja real interanual del 7,4%.

ARCA explicó que el principal factor detrás del resultado fue la fuerte caída de los recursos provenientes del comercio exterior. En particular, los derechos de exportación disminuyeron por dos motivos: la elevada base de comparación de junio de 2025, cuando los exportadores adelantaron liquidaciones por el vencimiento del esquema transitorio de retenciones, y la reducción de las alícuotas vigentes para los principales cultivos agrícolas durante este año. También incidió la desaceleración de las importaciones respecto del fuerte crecimiento registrado un año atrás.

A ello se sumó un factor administrativo. El organismo recordó que el vencimiento para la presentación y el pago del saldo de las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de personas humanas fue prorrogado hacia julio de 2026, desplazando ingresos que el año pasado habían impactado en junio.

La mayor contracción se observó en los derechos de exportación. ARCA informó una recaudación de $881.128 millones, equivalente a una caída nominal interanual del 27,8%, mientras que el IARAF estima un desplome real del 45,9%. El organismo atribuyó el resultado tanto a la reducción de las retenciones sobre soja, trigo, maíz, cebada y girasol como a la comparación con un mes excepcionalmente elevado en 2025.

El Impuesto a las Ganancias también mostró un desempeño moderado. La recaudación alcanzó los $3,21 billones, con un incremento nominal del 11,3%, uno de los más bajos entre los principales tributos. Si bien el ingreso del primer anticipo correspondiente a sociedades con cierre diciembre impulsó parcialmente los recursos, el efecto fue compensado por la postergación del vencimiento para personas humanas y por un mayor uso de saldos a favor acumulados por los contribuyentes.

El IVA, principal fuente de recursos tributarios, recaudó $6,55 billones y creció 28,2% nominal interanual. Sin embargo, descontando la inflación, el IARAF calcula que registró una caída real del 4%, reflejando una actividad económica que continúa recuperándose de manera heterogénea y un consumo aún por debajo de los niveles necesarios para sostener una expansión de la base tributaria.

Los aportes y contribuciones a la Seguridad Social alcanzaron $4,59 billones, con una suba nominal del 29,6%. Según ARCA, el incremento respondió al crecimiento de la remuneración bruta promedio, aunque fue parcialmente compensado por una mayor adhesión a planes de facilidades de pago. El IARAF estima que, en términos reales, este rubro cayó 2,9%, influido por la evolución del empleo registrado y de los salarios reales.

Entre los pocos tributos que exhibieron mejoras reales sobresalen el Impuesto a los Combustibles y Bienes Personales. El primero recaudó $674.831 millones, con un incremento nominal del 70,4%, explicado principalmente por las actualizaciones del gravamen. Bienes Personales, por su parte, alcanzó $1,71 billones y creció 46,2% interanual, favorecido por el vencimiento correspondiente a acciones y participaciones societarias, aunque también afectado parcialmente por la prórroga para personas humanas.

El desempeño de junio refleja, además, uno de los principales desafíos del programa económico. La estrategia oficial de reducir la presión tributaria sobre el sector exportador y estimular la actividad productiva tiene un costo inmediato sobre la caja fiscal, mientras el Gobierno apuesta a compensarlo mediante un mayor crecimiento económico, mejoras en la formalización y un incremento de la base imponible.

Con ingresos acumulados por $109,57 billones durante el primer semestre, equivalentes a un crecimiento nominal del 25,9% respecto del mismo período del año pasado, la evolución de la recaudación durante la segunda mitad del año será un indicador clave para evaluar si la expansión de la actividad logra reemplazar el efecto de la reducción de impuestos sin comprometer el objetivo oficial de equilibrio fiscal.

Informe Recaudación Argentina Junio ARCA by CristianMilciades

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Morosidad: casi 7 millones de argentinos quedaron fuera del crédito y los jóvenes son los más afectados

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La recuperación del crédito, uno de los principales motores que el Gobierno exhibió durante la segunda mitad de 2024 y los primeros meses de 2025, comienza a mostrar signos de agotamiento. Mientras la administración de Javier Milei insiste en que la estabilidad macroeconómica permitirá sostener el crecimiento, los indicadores financieros revelan un deterioro persistente en la capacidad de pago de las familias. La morosidad volvió a aumentar en mayo y ya acumula 19 meses consecutivos de suba, un fenómeno que deja a casi siete millones de argentinos fuera del mercado formal de crédito.

Según un informe de la consultora 1816, elaborado sobre la base de datos de la Central de Deudores (Cendeu) del Banco Central, más del 27% de las personas que tomaron préstamos dejaron de ser consideradas “sujetos de crédito” por registrar incumplimientos en sus obligaciones financieras. La estimación implica que alrededor de siete millones de personas quedaron excluidas tanto del financiamiento bancario como del extrabancario.

El reporte advierte que esta situación reduce significativamente la posibilidad de que el crédito vuelva a impulsar el nivel de actividad en el corto plazo. “De acá a las elecciones del año que viene difícilmente el crédito a familias sea un motor muy relevante de la actividad económica, como lo fue en el segundo semestre de 2024 y primer semestre de 2025”, sostuvo la consultora.

No obstante, el informe aclara que el impacto macroeconómico podría ser limitado debido al todavía reducido peso del crédito dentro de la economía argentina. “El bajo nivel de intermediación financiera hace que el PBI pueda seguir creciendo aun cuando el financiamiento a las familias permanezca estancado”, señala el estudio.

La mora alcanzó el nivel más alto desde la salida de la Convertibilidad

Los datos muestran un deterioro continuo. La mora de los créditos otorgados a familias pasó del 12,1% en abril al 12,7% en mayo, mientras que en el segmento empresarial aumentó de 3,3% a 3,5%. Considerando la totalidad del sector privado no financiero, la irregularidad avanzó de 7,3% a 7,7%.

La magnitud del deterioro resulta significativa si se observa la evolución de los últimos dos años. En octubre de 2024 la morosidad de los hogares rondaba apenas el 2,5%. En menos de veinte meses se multiplicó por más de cinco, alcanzando niveles que no se registraban desde la crisis posterior al colapso de la Convertibilidad.

El informe explica que para revertir esa tendencia sería necesario que el stock total de préstamos creciera más rápidamente que el volumen de créditos en mora. Sin embargo, aunque desde mayo el crédito en pesos dejó de caer en términos reales, prácticamente no mostró expansión.

La consultora también detectó un cambio de estrategia dentro del sistema financiero. Mientras los bancos públicos sostuvieron relativamente estable la oferta crediticia, las entidades privadas redujeron considerablemente el otorgamiento de nuevos préstamos durante los primeros meses del año, limitando la renovación del financiamiento.

Las billeteras virtuales concentran el mayor deterioro

El problema aparece con mayor intensidad fuera del sistema bancario tradicional.

En las entidades financieras no bancarias —segmento que incluye billeteras virtuales y empresas de crédito— la morosidad alcanzó el 32,2% en mayo. Hace apenas un año y medio ese indicador se ubicaba por debajo del 10%.

La diferencia no es menor. Este tipo de financiamiento suele ofrecer requisitos más flexibles para acceder al crédito, aunque a cambio aplica tasas de interés considerablemente superiores a las del sistema bancario, incrementando el riesgo de incumplimiento cuando los ingresos familiares pierden capacidad de compra.

La consultora remarca que, sumando bancos y entidades no financieras, el deterioro refleja una pérdida sostenida de la capacidad de pago de los hogares argentinos.

Los menores de 35 años concentran el mayor nivel de incumplimiento

Uno de los datos más preocupantes del informe es el fuerte impacto sobre la población joven.

Casi cuatro de cada diez personas menores de 35 años que mantienen créditos vigentes presentan al menos una obligación impaga. Entre quienes tienen entre 18 y 25 años, la irregularidad alcanza el 42,8%, mientras que en el segmento de 26 a 35 años llega al 39,3%.

A partir de los 36 años los porcentajes comienzan a descender. Entre quienes tienen entre 36 y 45 años, el 31% registra al menos un crédito en mora, mientras que entre 46 y 55 años el indicador baja al 23,5%.

El informe interpreta que la combinación de ingresos más inestables, mayor utilización del crédito para consumo y financiamiento mediante plataformas digitales explica buena parte del deterioro observado en los segmentos etarios más jóvenes.

Caputo había atribuido el fenómeno al sobreendeudamiento

La evolución de los indicadores contrasta con el diagnóstico que el Gobierno había realizado meses atrás.

En mayo, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el aumento de la morosidad respondía principalmente al sobreendeudamiento de las familias y a que muchos bancos expandieron agresivamente el crédito luego de la desaceleración inflacionaria.

Según el funcionario, muchas personas tomaron préstamos esperando que la inflación continuara licuando sus deudas, mientras que las entidades financieras no estaban preparadas para administrar ese crecimiento.

Sin embargo, los datos de mayo muestran que la tendencia aún no logró revertirse y que el deterioro continúa extendiéndose tanto en bancos como en el sistema financiero no bancario.

Más allá de la estabilización cambiaria y de la desaceleración de la inflación, el incremento sostenido de la mora introduce un nuevo desafío para la economía.

Con una porción creciente de la población excluida del crédito formal, el consumo financiado pierde capacidad para sostener la demanda interna, especialmente en rubros de bienes durables y consumo masivo.

Los próximos informes oficiales del Banco Central, correspondientes a junio y julio, serán determinantes para evaluar si el pago del aguinaldo logra aliviar parcialmente la situación o si la tendencia ascendente de la morosidad termina consolidándose como uno de los principales límites para la recuperación del mercado interno durante la segunda mitad de 2026.

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Milei acelera la reforma del Banco Central: busca blindar por ley la prohibición de financiar al Tesoro

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El presidente Javier Milei reunió este miércoles en Casa Rosada a los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza para definir la hoja de ruta legislativa del segundo semestre y anunció uno de los proyectos económicos más ambiciosos de su gestión: una reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de impedir que la autoridad monetaria vuelva a financiar al Tesoro mediante emisión de dinero.

La iniciativa, que el mandatario elabora junto a equipos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, apunta a consolidar institucionalmente uno de los pilares del programa económico libertario: eliminar la asistencia monetaria al déficit fiscal y restringir las funciones del Banco Central a la preservación del valor de la moneda.

La propuesta retoma conceptos que Milei expuso recientemente en la Fundación Faro, donde cuestionó el rol que adquirió el BCRA tras la reforma impulsada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Según la visión del Presidente, aquella modificación transformó a la entidad en un instrumento de política económica al ampliar sus objetivos y flexibilizar los mecanismos para asistir financieramente al Estado.

El cambio más relevante de aquella reforma fue la modificación del artículo 3 de la Carta Orgánica. Hasta entonces, la misión primaria del Banco Central era “preservar el valor de la moneda”. Desde 2012, ese mandato fue reemplazado por un esquema de objetivos múltiples que incorporó la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, ampliando el margen de intervención de la autoridad monetaria.

Para el oficialismo, esa redefinición institucional terminó habilitando un uso recurrente de la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento del gasto público. En particular, cuestiona la flexibilización de los Adelantos Transitorios previstos en el artículo 20, herramienta mediante la cual el Banco Central pudo transferir recursos al Tesoro cuando éste enfrentaba restricciones de financiamiento.

Desde la óptica del Gobierno, esa dinámica fue uno de los factores estructurales que alimentaron décadas de inflación crónica, pérdida del poder adquisitivo y deterioro de la moneda nacional. “Por cualquier motivo podía emitirse dinero”, sostuvo Milei en su exposición, donde además insistió en que el Banco Central debe recuperar exclusivamente la función de defender el valor del peso.

La reforma buscará, en consecuencia, restringir severamente la capacidad del BCRA para financiar al sector público y reforzar su misión como autoridad monetaria independiente. Aunque el Gobierno aún no difundió el texto definitivo del proyecto, en la Casa Rosada admiten que la intención es revertir buena parte de las modificaciones introducidas hace catorce años y otorgar un marco legal permanente al esquema de disciplina monetaria que actualmente aplica el Ministerio de Economía.

Una agenda legislativa que combina reformas económicas y políticas

El encuentro fue convocado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien además presentó las prioridades parlamentarias para los próximos meses y agradeció a los legisladores oficialistas por el respaldo a las iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo.

Además de la reforma del Banco Central, el Gobierno buscará avanzar con una amplia reforma política, modificaciones al régimen de Zona Fría y cambios al proyecto de Inocencia Fiscal elaborado por el Ministerio de Economía.

En materia electoral, el oficialismo pretende eliminar las PASO obligatorias, incorporar definitivamente el criterio de Ficha Limpia, flexibilizar el financiamiento privado de campañas, modificar aspectos de la boleta única y eliminar la obligatoriedad del debate presidencial.

Respecto del régimen de Zona Fría, la intención oficial es focalizar los subsidios al gas natural únicamente en los hogares vulnerables de las provincias incorporadas en 2021, mientras que la Patagonia, la Puna y Malargüe conservarían el beneficio pleno.

En paralelo, Economía impulsa modificaciones al régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias para ampliar el universo de contribuyentes alcanzados y facilitar la formalización patrimonial.

Consolidar el programa económico por vía legislativa

La decisión de avanzar sobre la Carta Orgánica del Banco Central refleja la intención del Gobierno de transformar en legislación permanente los principales ejes de su programa económico. Si durante el primer año y medio de gestión el ajuste fiscal, la eliminación del financiamiento monetario y la desaceleración inflacionaria se apoyaron principalmente en decisiones administrativas y de política económica, ahora la estrategia apunta a blindar esos cambios mediante reformas legales que dificulten una eventual reversión por futuras administraciones.

En ese marco, la modificación del funcionamiento del BCRA aparece como una de las reformas institucionales más profundas que buscará impulsar el oficialismo en el Congreso, junto con los cambios políticos y tributarios que integran la agenda legislativa para el segundo semestre. La apuesta de Milei es convertir el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria en principios permanentes del sistema económico argentino, limitando por ley la utilización de la emisión como herramienta de financiamiento del Estado.

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Crucero del Norte asegura por otra década sus rutas internacionales con Paraguay

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El Gobierno nacional prorrogó por otros diez años el permiso de explotación de Crucero del Norte para operar servicios públicos de transporte automotor internacional de pasajeros entre Argentina y Paraguay. La medida, oficializada mediante la Resolución 879/2026 del Ministerio de Economía, garantiza la continuidad de una de las principales conexiones terrestres del Mercosur y aporta previsibilidad a una empresa con fuerte presencia en Misiones, provincia estratégica para la integración regional.

La decisión extiende, desde el 28 de junio de 2026, la autorización originalmente otorgada en 2006 y renovada en 2015, consolidando la permanencia de la compañía en corredores internacionales de alta demanda. La prórroga se enmarca en el régimen establecido por el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT), que regula los servicios de pasajeros entre los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

La resolución destaca que la empresa acreditó el cumplimiento de los requisitos técnicos y regulatorios exigidos por la normativa vigente. La Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros verificó que Crucero del Norte mantiene su inscripción en el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros, mientras que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) certificó las condiciones del parque móvil habilitado para prestar estos servicios.

El acto administrativo también refleja la continuidad del esquema regulatorio impulsado tras la reforma del sistema de transporte interjurisdiccional instrumentada mediante el Decreto 883/2024, que unificó los registros nacionales del sector y reorganizó las competencias de control sin modificar el marco internacional previsto por el ATIT.

La autorización renovada comprende tres servicios regulares entre Buenos Aires y Asunción, todos atravesando el Paso Internacional San Ignacio de Loyola, con distintas modalidades operativas y frecuencias semanales. Según el anexo de la resolución, Crucero del Norte continuará explotando una línea de servicio convencional económico con tres frecuencias semanales, una línea ejecutiva con cuatro frecuencias y otra diferencial también con tres servicios por semana.

Para Misiones, donde Crucero del Norte tiene su base operativa y una fuerte inserción en el transporte regional, la renovación representa un respaldo institucional para una empresa que históricamente desempeñó un rol clave en la conectividad del Nordeste argentino con Paraguay y el resto del Mercosur. La continuidad de estas rutas resulta relevante tanto para el movimiento de pasajeros como para la actividad turística, comercial y laboral entre ambos países.

La resolución mantiene, además, las obligaciones ya previstas para la empresa en materia de seguros internacionales y presentación de declaraciones juradas de horarios, conforme a las normas que regulan el transporte internacional por carretera.

Desde el punto de vista regulatorio, la medida no implica una nueva adjudicación sino la extensión de un permiso previamente otorgado, luego de que los organismos técnicos verificaran la capacidad operativa de la firma y el cumplimiento de las exigencias establecidas para este tipo de servicios.

Con esta decisión, el Ministerio de Economía busca asegurar la continuidad de corredores internacionales considerados estratégicos para la integración regional, al tiempo que brinda previsibilidad a las empresas que operan bajo el régimen del transporte terrestre internacional.

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