Lo que se encontraron funcionarios judiciales y escribanos del Gobierno provincial durante el segundo día de “auditoría” de las pensiones por invalidez que se hizo en San Ignacio, marca a las claras el desdén de la Nación para con los derechos y el impacto de la motosierra en la vida de las personas.
La Provincia decidió ir a la Justicia en defensa de esos derechos segados en el altar del ajuste. El vicegobernador Lucas Romero Spinelli fue el encargado de instruir a la Fiscalía de Estado, que mandó a certificar el operativo montado por Nación: el equipo “auditor” estaba compuesto por jóvenes veinteañeros, algunos militantes libertarios, ninguno de ellos médicos, ninguno perteneciente directamente a Capital Humano o algún ministerio nacional.
Se contrató una empresa para realizar los controles y los “auditores” tenían en su poder formularios pre firmados por médicos que nunca vieron a los pacientes misioneros. Lo mismo sucedió en otras partes del país.
En Misiones se estima que perdieron sus pensiones más de 10 mil personas. Muchas no recibieron ni una explicación. Ni carta documento ni pedido de presentarse en algún lugar para confirmar que efectivamente se movilizan en una silla de ruedas o son ciegos o padecen alguna malformación. Otros recibieron las cartas documento en domicilios equivocados.
Las pensiones no se actualizaron en los últimos dos años y valían 280 mil pesos hasta el mes pasado. Ese monto, obviamente no cubre necesidades. Pero al perder la pensión, también pierden obra social, medicamentos caros e insumos.
El ajuste fue ordenado por Diego Spagnuolo, el ex funcionario que desató un tsunami de consecuencias impredecibles al conocerse grabaciones en las que reveló una trama de corrupción, retornos y sobreprecios que encabezan la mesa chica presidencial: Karina y Lule Menem.
Las revelaciones de Spagnuolo irrumpieron en el escenario electoral que parecía calmo para el Gobierno. La calma mutó en desesperación en las últimas horas, cuando se conocieron otras grabaciones, esta vez de la propia Karina Milei.
La última encuesta de Zuban & Córdoba confirma un repudio mayoritario hacia los funcionarios señalados: 65,5% de los argentinos cree que Karina Milei y los hermanos Menem deberían renunciar y ponerse a disposición de la justicia.
El dato adquiere mayor peso al observar que el reclamo no proviene solo de la oposición, sino que también atraviesa al círculo de poder económico y mediático. En paralelo, 69,9% de la población afirma que no pondría “las manos en el fuego” por los involucrados, marcando distancia de la reacción presidencial de blindaje político. El 56 por ciento cree que Milei debería ser sometido a un juicio político y el 60 cree que el Gobierno quedó debilitado.
El deterioro de la reputación ya se traduce en fuga de apoyo electoral. Un 12,8% de los votantes que acompañaron a Milei en el ballotage de 2023 asegura que ya no lo volverá a votar tras el escándalo, cifra que se suma a otro 13% que había roto con el oficialismo antes del caso. En un año electoral, incluso un 3% de fuga puede definir un resultado.
La erosión se cristaliza en otro indicador: 47,4% de los encuestados percibe al gobierno de Milei como más corrupto que los anteriores, contra apenas un 22% que lo considera libre de corrupción.
Con la eyección de Spagnuolo, el operativo de contención de daños ha sido inútil para despegar al Presidente del escándalo. Se busca desprestigiar al ex funcionario -uno de los visitantes más asiduos de Casa Rosada y la Residencia de Olivos- y negar la autenticidad de las grabaciones. Pero el vocero Javier Adorni cometió un desliz: “Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, tuiteó. Dos detalles pasados por alto. El vocero considera que el escándalo es que se haya grabado a un funcionario y no la trama de corrupción. Segundo, revela que las grabaciones falsas ocurrieron dentro de las oficinas presidenciales. No aclares que oscurece.
El Gobierno buscó despegarse y desprestigiar a Spagnuolo. Una auditoría interna reconoce que hubo “errores” en el paso de la motosierra por el sistema de pensiones por invalidez. Las cifras oficiales muestran que el proceso de citación presenta dificultades significativas. De las 997.654 citaciones emitidas, 504.802 no fueron entregadas, lo que representa un 50,59 % del total. En Chaco, el 79,08 % de las citaciones no llegó a destino, mientras que en Buenos Aires el porcentaje fue del 38,26%. Otras provincias, como Formosa y Misiones, también registraron tasas elevadas de notificaciones fallidas, con 73,91% y 73,57% respectivamente.
Pero no hay “error” de un funcionario, sino una práctica deliberada. Misiones sufrió una fuerte merma en los fondos nacionales destinados a programas sanitarios sensibles. El caso más crítico es el del Programa Incluir Salud, que financia tratamientos para personas con discapacidad:
- En 2022, Nación giraba $1.234 por afiliado. Ese monto nunca se actualizó y hoy, con inflación acumulada y la disparada de costos, representa una caída abismal en términos reales.
- En diálisis, Misiones pasó de recibir $83 millones mensuales a solo $58 millones, pese a que la demanda de pacientes se mantiene en 128 personas en diálisis tres veces por semana.
La diferencia la cubre la Provincia: una diálisis cuesta $75.500 por sesión. Un módulo mensual con 13 sesiones ronda el millón de pesos por paciente, mientras que en casos pediátricos el costo escala a 2 millones de pesos. “Si estas familias tuvieran que pagar en el sector privado, sería imposible”, señalan en el área de Salud de la Provincia, que absorbió todo el impacto sin resignar atención. Si el paciente no se somete a diálisis, su vida corre peligro. El ajuste intempestivo mata.
Misiones está absorbiendo el impacto del ajuste nacional. Con fondos propios está cubriendo las ausencias y particularmente en salud, la demanda crece, con personas que dejaron de pagar la prepaga o perdieron su obra social. Se acaba de poner en funcionamiento el PET, que estará a disposición de los pacientes en el hospital Escuela y se invirtieron otros 450 millones en un tomógrafo pediátrico de última generación.
De todos modos, el médico Oscar Herrera Ahuad, presidente de la Legislatura y candidato a diputado nacional, advirtió que sobre el riesgo latente sobre los recursos. “Hicimos un cambio importantísimo en nuestra provincia, en materia económica, sanitaria, productiva, en innovación, ciencia, tecnología, salud, cultura. Pero tengamos cuidado, porque todas estas construcciones… después simplemente por una medida tomada por un gobierno, pasa la motosierra, corta todo lo que hay para cortar”, describió.
Ejemplificó esa situación con sectores estratégicos: “Fíjense lo que pasa con el sector yerbatero… le pasó la motosierra y se la cortó completa la planta. En seis años se funden todo”.
El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) actualizó la matriz de costos de producción de la hoja verde, que arrojó un valor de $411,46 por kilo puesto en secadero. A ese monto, hay que sumarle un 30 por ciento adicional necesario para garantizar la rentabilidad del productor, lo que eleva el precio de referencia a $534,9 por kilo. Sin embargo, la realidad del mercado muestra una distancia alarmante: la industria está pagando actualmente entre $250 y $304 por kilo, muy por debajo del nivel calculado como necesario para sostener la actividad. Y en algunos casos extremos, como en la zona centro de Misiones, entre Oberá y Campo Grande, los productores reciben apenas $180 por kilo, el valor más bajo registrado en la provincia.
En un encuentro con concejales de la provincia, Herrera Ahuad también habló del sector maderero y de la salud pública: “Hoy discutimos la tuberculosis. Porque se eliminan las agencias reguladoras que no son caprichosas… Acá pasó la motosierra por el ANMAT y empezamos a tener cien muertos”.
El exgobernador también advirtió sobre los efectos de la desregulación: “La gente no se da cuenta de esto hasta que tiene una víctima por el fentanilo contaminado. ¿Y por qué está contaminado? Porque nadie lo controla”.
Herrera también se preguntó sobre la validez de los datos sobre la pobreza que celebró el Gobierno de Milei. “¿Dicen que la pobreza bajó 20 puntos? Este índice de pobreza es el mismo índice de pobreza que tenía Alberto Fernández en noviembre del año 2023, es el mismo”.
“Pero ¿cómo se entiende que hoy tengas un 20% menos de pobres y no hayas creado un puesto de trabajo? Sin trabajo, bajamos la pobreza. Es magia eso. Cuéntenme cómo se hace sin que el Estado ponga plata”, reflexionó.
En Misiones la obsesión es sostener el empleo. Es la única provincia con más de cien mil empleos privados y la Provincia se sostiene como aliada del sector privado para que no se pierda ninguno. El gobernador Hugo Passalacqua renovó una línea de créditos de cien mil millones con el Banco Nación y la Provincia subsidiará entre 7 y 14 puntos la tasa para facilitar inversiones en el sector forestal, yerbatero y financiamiento de exportaciones. El mismo día también se selló un acuerdo por el cuál Misiones recupera conexión aérea internacional, entre Puerto Iguazú y el aeropuerto de Lima, en Perú, por donde transitan 30 millones de pasajeros anuales y se puede conectar con 23 países y 70 destinos turísticos. Desde diciembre habrá cuatro vuelos semanales con Flybondi y a un costo low cost, de solo 180 dólares.
En medio del trayecto hacia las elecciones de octubre, ninguna de las oposiciones se expresó sobre el escándalo de las coimas y los sobreprecios. El ex tenista libertario Diego Hartfield, tuitea sobre Djokovic y celebra el festival de importaciones de Shein en medio del cierre de fábricas textiles en todo el país.
Según datos oficiales, las importaciones a través de couriers alcanzaron en julio de 2025 un total de USD 98 millones, y en los primeros siete meses del año acumularon USD 408 millones, casi el doble de lo registrado en todo 2024. Esta avalancha de productos asiáticos, principalmente indumentaria, se apalancó en los cambios normativos que abarataron las compras en el exterior y en la facilidad logística para ingresar mercadería al país. La Fundación ProTejer alertó que entre enero y julio las importaciones textiles crecieron un 97% en volumen respecto del año anterior. En el rubro indumentaria el salto fue aún más dramático: 123%, mientras que los productos textiles para el hogar treparon un 195%. Un informe de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) reveló que el 33% de las compras internacionales digitales proviene de plataformas chinas, con Shein concentrando cerca del 10% del total. Este fenómeno, conocido ya como “efecto Shein”, no solo genera un cambio cultural en los hábitos de consumo, sino que está erosionando la estructura productiva nacional. Con ventas locales en caída, fábricas textiles advierten sobre el riesgo para 400 mil empleos.
El impacto es aún más severo en Misiones, donde el comercio local enfrenta una doble competencia: por un lado, la irrupción de las plataformas digitales; y por otro, la cercanía con Paraguay y Brasil, mercados donde los precios de la indumentaria suelen ser más bajos.
En la actualidad, el tipo de cambio favorece a los compradores misioneros que cruzan la frontera para adquirir ropa a menor costo, lo que profundiza la caída de ventas en los comercios locales. Para los empresarios textiles y comerciantes de la provincia, esta combinación es letal: deben sostener costos impositivos y laborales argentinos, mientras compiten con productos importados ultra baratos y con el atractivo adicional del turismo de compras en las ciudades vecinas.
El resto de los opositores también juega al silencio. Ramón Puerta juega a seducir a los desencantados del PRO y a captar el voto del viejo peronismo. De Ramón Amarilla, ahora enrolado en el partido FE, poco se sabe por estas horas, salvo que uno de sus laderos, también expulsado de la Policía por sedición,. cayó preso por un robo a mano armada de 50 millones.
