Pasar el invierno

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Hay que pasar el invierno. La frase quedó eternizada como sinónimo de ajuste y políticas en contra de los trabajadores. La pronunció Alvaro Alsogaray, recién ungido ministro de Economía de Arturo Frondizi para poner en marcha un feroz plan de ajuste en medio de una escalada inflacionaria y las primeras privatizaciones. El discurso de Alsogaray del 28 de junio de 1959, tiene enorme “actualidad”: “Muchos años de desatino y errores nos han conducido a una situación muy crítica. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. […]. Todavía seguiremos por algún tiempo la pendiente descendiente que recorremos desde hace ya más de diez años. […]. Las medidas en curso permiten que podamos hoy lanzar una nueva fórmula: ‘Hay que pasar el invierno”.
El “Plan de Estabilidad y Desarrollo” hizo que el salario real cayese 24 por ciento en 1959, hubo miles de despidos en el Estado y se puso en marcha un plan de flexibilización laboral que se profundizó años después y que sobrevuela el presente.
A lo lejos, en tiempo y distancia, la frase del economista radical liberal cobra otro significado en Misiones, donde el Estado, lejos de batirse en retirada, asume protagonismo para pasar el invierno, entendido como estación del año y de la economía.
Ante el frenesí de los aumentos de precios, la corrida financiera y el Gobierno nacional cada vez más volcado al ajuste para cumplir con su programa y las pautas de ajuste impuestas por el Fondo Monetario Internacional, Misiones toma pequeñas medidas de aliento a la economía y de protección al bolsillo. Primero fueron subsidios a la energía de industrias y comercios, después un creativo programa de financiación de compras bautizado Ahora Misiones, que parió al tiempo el Ahora Papá, el Ahora Pan y esta semana el Ahora Gas.
El Ahora Misiones fue una eficaz herramienta para sostener el consumo dentro de la provincia, agobiada por una sangría permanente de recursos hacia Paraguay y Brasil en busca de precios más bajos. El Ahora Pan congeló durante 90 días el precio del francés, emblema del consumo en la mesa familiar que estaba sintiendo los efectos de una inflación que doblegó todas las proyecciones oficiales, incluso las recalibradas por el mejor equipo. El Ahora Gas va en el mismo camino: cuidar el bolsillo de cientos de familias con el mango justo para parar la olla.

El gobernador Hugo Passalacqua intuye que sin una mano del Estado, la situación de cientos de familias misioneras sería muy compleja, pese a que Misiones es de las pocas provincias que todavía soportan el embate de la crisis, con una economía privada que se mantiene a flote, bajo desempleo y con finanzas en orden. Las fronteras, especialmente Paraguay, más allá de las quejas de los comerciantes por las asimetrías, funcionan como una válvula de escape para hacer rendir un poder adquisitivo deprimido.
En el Gobierno provincial advierten que “si no se revierte la tendencia económica nacional tendremos que profundizar medidas como el Ahora Misiones”, aunque si el tipo de cambio real se sigue manteniendo alto habrá un microclima económico favorable.
La preocupación por el estado de la economía recorre todos los estamentos. El Gobierno lo expresa en sus acciones, los empresarios marcan cada vez más distancia con el cambio que les había seducido.

En la Legislatura también comienza a alzarse la voz para advertir que los problemas se están profundizando. El jueves, el presidente del bloque Renovador, Marcelo Rodríguez, presentó una iniciativa que pretende instruir a los legisladores nacionales a que generen herramientas para el financiamiento de las pymes de todo el país, pero especialmente de Misiones.

El texto fue en realidad una excusa. El mensaje, estructurado con el conductor de la Renovación, Carlos Rovira, estaba en la argumentación. Rodríguez utiliza la palabra “estanflación”, para referirse al momento económico: “Un fenómeno que se caracteriza por un elevado índice de inflación (la inflación semestral del 15% ya ha consumado la meta anual), recesión y estancamiento o enfriamiento de la economía, y pérdida del poder adquisitivo de la moneda que se traduce en una pérdida en el poder de compra de la gente”.
“A esto debemos sumarle una devaluación de nuestra moneda en el primer semestre superior al 40%, una caída del consumo masivo y de las ventas en el mismo periodo (caída de la venta minorista que en junio fue del 4,2 % interanual); gravitando en torno a incrementos permanentes en el precio de los combustibles y en el costo de las  tarifas de los Servicios Públicos”, explicó el legislador.
La preocupación de Rodríguez no es exagerada. “Todo indica que el presente año se caracterizará por un proceso de estanflación; esto es: la combinación de estancamiento con inflación”, señala el último reporte del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano, titulado “El regreso de la estanflación”. Sería el tercer episodio del Gobierno de Macri.
“Las Pymes necesitamos pasar URGENTE, del reconocimiento que tenemos en la economía nacional  a disponer de herramientas laborales, financieras e impositivas que nos permitan seguir sosteniendo empleo formal. Es importante y necesario para las Pymes, bajar el “costo laboral”, no el salarial, necesitamos consumo para retroalimentar la actividad”, advirtió el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el misionero Gerardo Díaz Beltrán. El presidente de la Confederación Económica de Misiones, Alejandro Haene, recordó que la provincia está reclamando medidas especiales para recuperar competitividad más allá de los vaivenes de las asimetrías.
Lejos de atender la demanda de los empresarios que generan trabajo, el Banco Central mantiene una política que solo encuentra ganadores en la especulación financiera. Ahora es Luis Caputo en lugar de Federico Sturzenegger, pero la tasa de interés se mantiene por encima del 40 por ciento. Es la más alta del mundo.
“El BCRA mantendrá el actual sesgo contractivo de la política monetaria hasta que la trayectoria de la inflación, así como la inflación esperada, se alineen con la meta de diciembre 2019”, dijo el banco en el comunicado que acompañaba la decisión. Pero la inflación, lejos de disminuir volverá a estar por encima del 30 por ciento annual, como consecuencia de la devaluación.
La complejidad del momento económico preocupa a otros gobernadores, pero no todos cuentan con recursos y una relación aceitada con los actores económicos como para poner en marcha medidas similares.
La situación económica es muy mala”, admitió el jujeño Gerardo Morales, apenas unas horas después de cenar con el presidente Mauricio Macrio. El radical es uno de los ultraoficialistas de Cambiemos, pero advirtió que “los dos o tres meses que vienen serán difíciles y el desafío central del Gobierno nacional, me parece, es que los que tenemos responsabilidades en las provincias evitemos que caiga la economía”.
¿Fuego amigo? No fue el único. La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y el intendente porteño, Horacio Rodríguez Larreta, coincidieron en reconocer la “difícil situación económica”. Ambos son puntales de la alianza gobernante, pero actúan como si fueran espectadores.
La misma actitud tienen los referentes de Cambiemos en Misiones. La crisis es algo que está pasando allá a lo lejos, de la que no se sienten responsables ni obligados a dar cuentas, pese a que sus vaticinios y promesas hasta ahora no se han cumplido, como el famoso artículo 10 de la ley Pymes. Ya sin timbreos, las reuniones políticas son escasas, porque es difícil explicar que estamos mal pero vamos bien. Las redes sociales son casi el único refugio.  
Cuanta será la preocupación que el propio Macri reconoció “temas de la propia gestión” como disparadores de la crisis que tiene en vilo a la sociedad. Sin embargo, el Presidente ratificó que el remedio será profundizar el modelo. Cómo hará el mismo modelo para mutar es una incógnita.
Como en aquel invierno de Alsogaray, la receta es más ajuste y volver a privatizar los activos del país. Eso es lo que aparece en la letra chica del acuerdo firmado con el FMI, que se conoce recién ahora. Las exigencias serán extenuantes. Profundizar la baja de subsidios a la energía y el transporte, reducir salarios en el Estado y las transferencias a las provincias, demorar hasta 2020 la implementación de algunas disposiciones establecidas en la reforma tributaria (la reducción de cargas laborales para los empleadores y la posibilidad de deducir impuesto al cheque del impuesto a las Ganancias), bajar 15 por ciento el gasto público en bienes y servicios, durante el año que viene, son los principales puntos del acuerdo. Se estima un ajuste de 300 mil millones para el 2019 y que la mitad de ese recorte sea absorbido por las provincias.
También se sugiere “recortar empleados no prioritarios” en 2018 y congelar las contrataciones en el sector público en 2019 y 2020, excluyendo a las universidades, además de limitar la suba nominal de los salarios del sector público (incluyendo pagos no remunerativos) al 8% entre junio de 2018 y junio de 2019.
En cuanto al Presupuesto 2019, que comienza a delinearse, se pretende “reducir las transferencias a las provincias un 1,2% del PBI en 2019, y asegurar que esa reducción se complete con recortes en los gastos provinciales en bienes, servicios y salarios”. De esta manera, se impulsa que la reducción del déficit fiscal se refuerce a nivel provincial.
Y, por último, una medida intrínseca del modelo: privatizar. El Fondo sugiere “vender tierras e inmuebles públicos y amortizar los activos en fondos de pensión (el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES) para financiar parcialmente el gasto público en antiguos litigios judiciales por jubilaciones”.
Esta parte del acuerdo se elaboró luego de que concluyeran las negociaciones  del auxilio por US$50.000 millones, que pidió la Argentina. Si estas cláusulas se hubieran conocido antes, quizás no hubiese sido tan sencillo para el Gobierno argumentar sobre las bondades del acuerdo que, impone condiciones gravosas para millones de argentinos, que son, en definitiva, quienes pagan las consecuencias, con intereses.
Lo que va a quedar ahora va a ser un país peor que el que dejó Menem“, definió, con crudeza, la pensadora Beatriz Sarlo, hasta hace no demasiado tiempo una entusiasta  del cambio.
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Falleció la funcionaria menemista María Julia Alsogaray

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La ex secretaria de Medio Ambiente del gobierno de Carlos Menem, María Julia Alsogaray, murió en la madrugada de hoy a los 74 años, informaron a Télam allegados a la familia.
María Julia Alsogaray, que en octubre hubiera cumplido 75 años, había estado internada semanas atrás en el sanatorio Los Arcos a raíz de un cáncer de páncreas y había vuelto a su casa donde compartió sus últimos días con su familia y sus amigos, indicaron las fuentes.

Era hija de Alvaro Alsogaray, fundador de la Unión del Centro Democrático (Ucedé), ex ministro de Industria y de Economía y máximo defensor del liberalismo ortodoxo en el país durante buena parte del siglo XX. María Julia Alsogaray había enfrentado siete juicios por su desempeño en la función pública, que ejerció durante las presidencias de Carlos Menem (1989-1999), y se encontraba en medio del octavo proceso cuando a principios de agosto debió ser internada luego de una larga dolencia. 

Poco después el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 suspendió -por razones médicas- el juicio que llevaba contra la ex funcionaria cuando fue interventora de la empresa telefónica estatal Entel, a raíz del presunto pago ilegítimo de una deuda a la empresa Meller S.A durante la liquidación de la firma. Alsogaray enfrentaba ese proceso en libertad condicional, condición que obtuvo a finales de 2016 al cumplir los dos tercios de la condena unificada por las causas en las que fue hallada culpable. 

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Confirmaron la pena de 7 años de prisión para Menem por la venta ilegal de armas

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La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a siete años de prisión y 14 de inhabilitación para desempeñar cargos públicos al ex presidente Carlos Menem por el contrabando de material bélico a Croacia y Ecuador. Si bien la pena es de cumplimiento efectivo, no quedará detenido porque tiene la posibilidad de apelar a la Corte Suprema y además posee fueros, ya que es senador nacional por la “Alianza Frente Popular Riojano”.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles (21/06) la condena de siete años de prisión y 14 de inhabilitación para desempeñar cargos públicos al ex presidente y actual senador Carlos Menem por el contrabando de material bélico a Croacia y Ecuador.

Al rechazar los recursos de las defensas, la Sala I del máximo tribunal penal ratificó también las condenas impuestas al resto de los procesados por esos hechos, ocurridos durante el gobierno de Menem.

Si bien la pena es de cumplimiento efectivo, Menem no quedará detenido porque tiene la posibilidad de apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y además tiene fueros, ya que es senador nacional por la “Alianza Frente Popular Riojano”. Su mandato vence el 9 de diciembre próximo y el ex presidente anunció que se presentará en las elecciones legislativas de octubre para renovar su banca.

Si la Corte ratifica la condena, en esa instancia quedará firme y se le deberá pedir al Senado el desafuero de Menem si continúa en el cargo. El ex presidente cumple 87 años en dos semanas y existe la posibilidad de pedir eventualmente la prisión domiciliaria.

En tanto, la Cámara declaró abstracta la situación del fallecido ex ministro de Defensa Oscar Camilión.

Cabe recordar que en septiembre de 2011, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 había absuelto a Menem y a los otros 17 acusados. La causa llegó a Casación tras los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la Aduana contra esa absolución. Luego, en abril de 2013, la Cámara Federal de Casación Penal revocó la absolución del ex presidente y lo condenó como coautor de contrabando a Croacia y Ecuador.

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Renuncia abogada del Estado en la causa Amia porque no la dejaban acusar

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En el juicio por el desvío de las pistas en el caso AMIA se producirá hoy un verdadero escándalo: se va a anunciar la renuncia de la abogada designada por el Ministerio de Justicia de la Nación, Mariana Stilman. La letrada le envió una carta informando de la renuncia al Tribunal Oral que juzga a Carlos Menem, al ex juez Juan José Galeano, a los jefes de la SIDE, los fiscales, al ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, al ex jefe policial, Jorge “El Fino” Palacios y a Carlos Telleldín, todos acusados por sembrar pistas falsas. La abogada Stilman le envió una segunda carta al ministro Germán Garavano explicándole que su renuncia se debe a diferencias que llegan a lo ético y moral: ella considera que tienen que tener un papel activo para buscar la verdad de las graves irregularidades cometidas por funcionarios del gobierno y judiciales hace 20 años. Sin embargo, por expresa orden de Garavano, al lado de Stilman pusieron a un nuevo abogado que se opone a tener un papel activo como querellante y como acusadores. “Esto podría generar la defensa de intereses opuestos”, dice Stilman, dando a entender que en lugar de acusar a Menem, Galeano, Beraja, Palacios y compañía, más bien se pretende ayudar a sus defensas. Stilman llegó al cargo de la mano de Elisa Carrió y es de confianza de la diputada, al punto que fue su abogada personal y candidata de la Coalición Cívica en 2015.

La renuncia de Stilman va a producir hoy durísimos planteos en el juicio oral por encubrimiento, que tiene audiencias los lunes y jueves. Ante los jueces, los familiares de las víctimas en todas sus vertientes –Memoria Activa, Familiares, Apemia– dejarán constancia de que una querella que estaba trabajando en la acusación de las irregularidades del caso AMIA recibió instrucciones del ministro de Justicia de no actuar tan activamente contra los imputados. Habrá planteos furibundos también ante el ministro Garavano y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que Néstor Kirchner firmó en su momento un decreto comprometiendo al Estado argentino a juzgar a los que sembraron pistas falsas. Desde esa óptica es un hecho grave que el Estado instruya a su representante que no acuse con la fuerza que debería. 

Texto

Según revela el diario Página 12, Stilman podría haber renunciado argumentando motivos personales o sin argumento alguno. Sin embargo quiso dejar constancia de que lo que motiva su paso al costado es una orden que va contra sus criterios éticos y morales. El texto tiene cinco páginas. “Los cambios ordenados en nuestra querella –señala la letrada– están directamente relacionados con el criterio disímil que se me ha planteado en cuanto al rol y la actividad que debe tener esta parte acusadora. Considerando la suscripta que dicho rol debe ser suficientemente activo como para llegar a la verdad de los hechos investigados, plagados de numerosas irregularidades cometidas –20 años atrás– por funcionarios de gobierno y judiciales. Entiendo que de lo contrario podría generarse la defensa de intereses opuestos”. En otras palabras, Stilman está diciendo que se le pidió no actuar activamente en la acusación y que semejante conducta va contra sus principios éticos y morales y la pondría del lado de los intereses de Menem, Galeano, Beraja, Palacios y las ex autoridades de la SIDE.

Cambios

La querella que representa al Estado, es decir que acusa a los imputados en nombre del Poder Ejecutivo, fue cambiando de manos. Durante la última etapa del kirchnerismo quien se ocupaba de la acusación era Luciano Hazan, ex abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo y en ese momento subsecretario de Justicia. Al asumir Mauricio Macri, Hazan presentó la renuncia y quedó en la primera fila Elizabet Gómez Alcorta, que hoy es defensora de Milagro Sala. Sin embargo, ante la realidad de que le iban debilitando su equipo, también Gómez Alcorta presentó la renuncia. La querella quedó en manos de Stilman, quien en su renuncia menciona que “oportunamente acepté intervenir en este juicio por pedido de la diputada Elisa Carrió”. Junto a ella trabajó el joven abogado Ezequiel Strajman, quien vivía a una cuadra de la AMIA y vivió el atentado muy de cerca: siendo un niño estallaron los vidrios de su casa cuando él jugueteaba allí. Hace tres semanas Strajman fue sancionado y le impidieron continuar en el juicio con el argumento de que “perdió objetividad”.

Desde hace varios meses, el ministerio de Justicia envió para intervenir en el juicio a un nuevo funcionario, Miguel Inchausti. El abogado fue designado por el propio Garavano con el argumento de que es el ministro el que tiene que tener el control de lo que estaba pasando. Inchausti empezó sentándose atrás y fue comentando que la orden era diferenciarse de los familiares de las víctimas. Los gestos fueron advertidos por los abogados de Memoria Activa, Familiares y Apemia: ni siquiera los saludaba. Con el tiempo fue adquiriendo cada vez más protagonismo, pese a que nunca tomó la palabra en las audiencias. 

Micrófono

En una de las últimas audiencias del juicio oral las cosas derivaron en un virtual escándalo. Estaba a punto de declarar un testigo clave, el ex secretario del entonces juez Galeano, Claudio Lifschitz. La defensa de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia se opuso a que Lifschitz declare argumentando razones procesales. Es decir que trataron de impedir que dé su testimonio el hombre que contó los desvíos, las maniobras del juez, el gobierno y la SIDE. Las querellas –la Unidad Fiscal AMIA, los familiares de las víctimas– pusieron el grito en el cielo considerando que se trataba de evitar una declaración clave. Cuando le tocó el turno a la querella, Stilman iba a tomar la palabra, pero se percibió una puja con Inchausti por el micrófono. Este quería apoyar el planteo de la defensa de Mullen y Barbaccia y Stilman se negaba. Se escuchó la frase de la abogada hacia Inchausti: “en ese caso, decilo vos”. Hubo algo bastante parecido a un forcejeo por el micrófono

Finalmente los jueces –Néstor Costabel, Jorge Gorini y Karina Perill– permitieron que declare Lifschitz quien relató, paso a paso, los vínculos del juzgado con el Poder Ejecutivo en tiempos de Menem. Lifschitz fue testigo de la decisión de abandonar otras pistas y apuntar contra los policías bonaerenses como cómplices del atentado. Todo indica que esa movida –decisiva en el encubrimiento– tuvo como objetivo adjudicarle cierta responsabilidad a una fuerza de Eduardo Duhalde, archienemigo de Menem en la época y, además, entregar algún culpable a la sociedad ante el fracaso de la investigación. El ex secretario describió desde adentro la jugada clave que consistió en pagarle 400.000 dólares a Telleldín para que declarara contra los policías. Lifschitz expuso también una de sus principales hipótesis: la SIDE tenía localizada la célula que cometería el atentado, encabezada por un tal Khalil Ghatea, pero los espías fallaron en evitar el ataque.  Como se ve, era un testimonio de máxima importancia. 

En ese marco de tensión por la envergadura del testigo, el incidente entre Stilman e Inchausti terminó entre lágrimas de la letrada y la sensación de que el cruce derivaba en su renuncia. Es que era conocido que Stilman había trabajado mucho las preguntas para hacerle a Lifschitz, por lo tanto la situación se percibió como intolerable para ella. Incluso si Stilman no daba un paso al costado con sus dos renuncias por escrito –a los jueces y al ministro Garavano–, algunos de los querellantes iban a plantear la cuestión en la audiencia de hoy. Advertirían a los miembros del tribunal de la existencia de la puja y el peligro de que una querella se iba a convertir en defensa de los acusados: lo que Stilman menciona en su carta de renuncia como “la defensa de intereses opuestos”.

Ordenes

En la carta de renuncia a Garavano, Stilman deja en claro que Inchausti actúa por directas órdenes del ministro de Justicia. “Conforme a las últimas disposiciones del señor ministro  –dice Stilman en su texto–, (Inchausti) es quien tiene su real aval para tomar las resoluciones en el día a día del juicio, en tanto goza de una mayor confianza del jefe de ese Ministerio e invoca sus órdenes expresas”. Por lo tanto, la letrada señala que no puede traicionar su “conciencia jurídica” aceptando lo que en el fútbol se llamaría ir para atrás.   

Stilman ratifica que llegó a encabezar la querella del Ministerio de Justicia por pedido de Carrió “y se me está impidiendo ejercer mi función con libertad y probidad, máxime tratándose de una causa que me genera un superlativo compromiso moral y una alta sensibilidad social ante el reclamo de los familiares de las víctimas”. 

Clave

El paso al costado de Stilman es de fuerte impacto:

  •  No es casual que se haya producido alrededor del testimonio de Lifschitz, una pieza importante en la acusación. La querella del Ministerio de Justicia intentó mostrarse al lado de las defensas y de la querella de AMIA y DAIA, que parece alineada en la idea de tratar de salvar a Beraja. 
  •  La implosión de la querella del Ministerio de Justicia se produce a un mes del momento en el que se producirán los alegatos. Iba a ser muy distinto el alegato acusatorio de Stilman. En la renuncia, la letrada tiene una definición: menciona que, cuidando la objetividad, se perciben las graves irregularidades de los funcionarios del gobierno y judiciales. Es decir que la abogada ya deja claro en su texto que acusaría con dureza a los imputados en el juicio. 

Coalición

El escándalo de la renuncia de Stilman deja secuelas en varios terrenos:

  •  Hay un nivel en el que habrá, tarde o temprano, denuncias judiciales contra Garavano e incluso contra Inchausti. Por incumplimiento de los deberes de funcionario público pero también por aspectos que tienen que ver con un fraude procesal. 
  •  Habrá indefectiblemente una denuncia ante la CIDH. La delegación que viene en mayo tiene el tema en su agenda, a raíz del acuerdo que se firmó en Washington en el que la Argentina se comprometió, entre otras cosas, a juzgar las maniobras que se hicieron en AMIA. El ir para atrás –opinan algunos de los querellantes– va directamente en contra de lo firmado. 
  •  Y está el aspecto político. Como en otros casos, la administración Macri aparece en coalición con la AMIA, la DAIA, la derecha norteamericana e israelí. Y mirado desde este ángulo, Menem, Beraja, y casi todos los imputados formaron –o forman– parte de ese alineamiento. 

El problema es que salir en defensa de los acusados es impedir que sean condenados por desviar la investigación AMIA. E 2 de septiembre de 2004, el Tribunal Oral que juzgó a los imputados de integrar la conexión local del atentado –los policías bonaerenses y Telleldín– dictaminó que la investigación “fue un armado al servicio de políticos inescrupulosos”. Los responsables de ese armado falso –Menem, Galeano, la SIDE, los fiscales, Palacios, Beraja– son los que están sentados hoy en el banquillo de los acusados y por los que se le pidió a Stilman que no acuse de manera tan activa. Se trata de otra estafa contra las víctimas del atentado y sus familiares.

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