El Centro de Estudios UIA (CEU) dio a conocer los resultados de su tercera encuesta del año, realizada sobre una muestra de más de 600 empresas, que reflejó una profundización en el deterioro de la actividad industrial durante el mes de julio.
La contracción del consumo local se mantiene como el obstáculo central para el desarrollo del sector productivo, se indicó luego del cruce que la UIA protagonizó con el Gobierno la semana pasada en el marco del Día de la Industria.
De acuerdo con el relevamiento, “la debilidad de la demanda interna” impactó de manera directa en los indicadores operativos de la industria:
El 50% de las empresas encuestadas registró caídas en sus ventas en el mercado local, mientras que el 42,9% redujo su producción respecto a mediciones previas.
El escenario resultó sensiblemente más complejo para las micro y pequeñas empresas, donde las caídas en las ventas alcanzaron al 54,8% de los establecimientos y la baja en los niveles de producción afectó al 47,8%.
A la desaceleración del volumen de actividad se sumó un incremento continuado en los costos operativos, con un protagonismo creciente de los servicios energéticos.
Compromiso financiero, perspectivas de empleo y competencia desleal
El estudio de la UIA señaló que el estancamiento de la actividad comercial comenzó a erosionar la salud financiera del entramado industrial y sus proyecciones de inversión.
El 47,6% de las industrias enfrentó complicaciones para afrontar al menos uno de sus compromisos financieros habituales, mientras que un 9,2% de las firmas registró dificultades simultáneas para cubrir la totalidad de sus pagos.
De cara al próximo año, solo el 16,9% de las empresas proyecta incrementar su plantilla de personal, en contraste con un 27,5% que prevé reducir su nómina de trabajadores, se indicó en el informe.
En un bloque especial incluido en el estudio, el 60% de los industriales (6 de cada 10) afirmó que la competencia desleal genera un impacto “alto o muy alto” en su negocio, afectando severamente los márgenes de rentabilidad y la cuota de mercado.
Por Isidro Guardarucci / FIEL – La discusión fiscal empieza a moverse desde la administración cotidiana de la caja hacia las reglas que deberían ordenar los próximos años. En pocas semanas confluyeron tres iniciativas de distinto alcance: una reforma que busca facilitar la formalización de ahorros y contribuyentes, otra que intenta cerrar el financiamiento monetario del Tesoro y un Presupuesto 2027 que deberá regir durante el año electoral. En conjunto, plantean una pregunta más ambiciosa que la de sostener un superávit mensual: qué instituciones necesita la Argentina para dejar atrás un régimen de impuestos altos, informalidad y emisión recurrente para financiar al fisco.
La apuesta tiene una lógica. Una base tributaria más amplia podría permitir que el Estado recaude sin descansar tanto en alícuotas elevadas y tributos distorsivos. Un Banco Central impedido de financiar directamente al Tesoro reduciría el riesgo de que el desequilibrio fiscal vuelva a convertirse en emisión e imposición del poco deseable impuesto inflacionario. Y un presupuesto aprobado debería transformar esos principios en decisiones concretas de ingresos, gastos y financiamiento. El desafío es que las tres piezas se sostengan entre sí: formalizar sin controlar el gasto no garantiza menos impuestos; prohibir la emisión sin equilibrio fiscal no elimina la necesidad de financiamiento; y un presupuesto que no sea creíble puede vaciar de contenido a las otras reformas.
La ejecución acumulada a julio ayuda a entender por qué este debate aparece ahora. El Gobierno mantiene el superávit, pero con menos holgura que en 2025. Los ingresos caen más que el gasto y el resultado financiero se redujo más de 50% en términos reales.
La agenda legislativa
Inocencia Fiscal II: formalizar para ampliar la base
El proyecto obtuvo media sanción de Diputados el 26 de agosto y ahora espera tratamiento en el Senado. Para entender qué está en juego conviene separar el nombre del mecanismo. No es un blanqueo tradicional que cobre un impuesto especial para regularizar cualquier patrimonio. La Ley 27.799 vigente permite que una persona acepte la declaración simplificada de Ganancias preparada por ARCA, pague y obtenga una presunción de que sus declaraciones de Ganancias e IVA de años no prescriptos eran correctas. En términos cotidianos, funciona como un “tapón fiscal”: el organismo no puede reabrir el pasado sólo porque el contribuyente incorpore ahorros al circuito formal; debe demostrar una discrepancia relevante. Es una protección tributaria que no vuelve lícito un fondo de origen ilegal ni elimina los controles antilavado.
Inocencia Fiscal II busca que ese mecanismo alcance a más personas y genere menos temor a una fiscalización retrospectiva. Elimina los topes de ingresos y patrimonio, a la vez que combina topes de calificación para evitar inconsistencias. También reduce ciertas multas formales para personas humanas, MiPyMEs y entidades sin fines de lucro. Los grandes contribuyentes y determinados funcionarios pueden usar la presentación simplificada, pero quedan afuera del “tapón” y de los beneficios sustantivos. La apuesta económica es indirecta: que una mayor seguridad jurídica lleve ahorros hacia bancos, inversiones, inmuebles o consumo formal y, con el tiempo, amplíe la base sobre la cual recauda el Estado. Una base más ancha podría abrir espacio para una economía con menos impuestos o con alícuotas más bajas. No es un resultado automático, pero busca cerrar décadas de incentivos que atentaban contra la formalidad. Dependerá de la confianza en la estabilidad de la regla los resultados en el largo plazo.
Carta Orgánica del BCRA: cerrar la puerta a la dominancia fiscal
El proyecto también obtuvo media sanción en Diputados el 26 de agosto y pasó al Senado. Su núcleo fiscal puede resumirse de manera directa: si al Tesoro no le cierran las cuentas, el Banco Central no debería poder cubrir la diferencia. La reforma elimina los adelantos transitorios del artículo 20 de la Carta Orgánica, prohíbe los préstamos a los gobiernos y la compra de títulos públicos en el mercado primario, y suprime la posibilidad de adelantar recursos para atender servicios de deuda. Busca transformar la decisión actual de no emitir para financiar al fisco en una restricción legal también para futuras administraciones.
Lo que se intenta romper es la dominancia fiscal sobre la política monetaria: la situación en la cual las necesidades de financiamiento del Tesoro terminan condicionando cuánto dinero debe emitir el Banco Central, aun cuando eso contradiga el objetivo de estabilidad de precios. Cuando esa emisión se traduce en inflación, aparece el impuesto inflacionario, una pérdida de poder adquisitivo sobre los pesos que mantiene la población y que no necesita ser votada por el Congreso. La reforma conserva operaciones con títulos públicos en el mercado secundario cuando respondan a objetivos monetarios, cambiarios o financieros y se realicen a precios de mercado. También limita las utilidades transferibles al Tesoro a ganancias realizadas y líquidas, excluyendo revaluaciones puramente contables.
Presupuesto 2027: el examen del año electoral
El Presupuesto 2027 todavía no está en trámite parlamentario. La legislación exige que el proyecto ingrese por la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre y el Gobierno anunció su presentación para esa fecha. Hasta entonces no hay números finales ni artículos para votar. Hay una orientación fiscal, pero no un presupuesto que el Congreso pueda modificar o aprobar.
Su importancia excede la habitual discusión de planillas. Será el presupuesto que regirá durante el año electoral y, por lo tanto, una prueba de la capacidad de sostener el orden fiscal cuando aumentan las presiones para reducir impuestos, recomponer ingresos, ampliar transferencias o acelerar obra pública. Allí deberán convivir la meta de resultado primario con los supuestos sobre el desempeño de la macro el año venidero. En ese sentido, las reformas de Inocencia Fiscal y del BCRA fijan reglas de comportamiento.
La ejecución que llega al debate
Entre enero y julio, el Sector Público Nacional No Financiero acumuló un superávit primario de $10,3 billones y un superávit financiero de $1,7 billones, medidos a precios de 2026. El signo positivo sigue siendo relevante, después de años de déficit ignorando el concepto de restricción presupuestaria. Sin embargo, la comparación real con 2025 muestra que el margen es menor.
Los ingresos totales cayeron 4,6% real y el gasto primario se redujo 2,7%. La diferencia hizo que el resultado primario bajara 18,1%. Como los intereses se mantuvieron prácticamente estables, casi todo ese deterioro se trasladó al resultado financiero, que cayó 56,3%. En valores constantes, el saldo después de intereses pasó de $3,9 billones a $1,7 billones.
La caída de los recursos se concentra en los ingresos tributarios, que retrocedieron 5,9% real. El mayor faltante provino de los Derechos de Exportación: disminuyeron 36,6% y dejaron alrededor de $2,6 billones menos que en los primeros siete meses de 2025. Aportes y contribuciones a la seguridad social cayeron 3,8%, con una pérdida de $1,4 billones, mientras que el IVA se redujo 6,6% y restó una magnitud similar. Los Derechos de Importación bajaron 20,9% y explicaron cerca de $0,8 billones adicionales.
Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía.
Ganancias aumentó 4,7% real, Bienes Personales 8,6% y el resto de los tributos 9,1%. Los ingresos no tributarios crecieron 12,8%. Estas mejoras amortiguaron la caída, pero no la revirtieron: los recursos totales fueron aproximadamente $4,7 billones inferiores a los de 2025, a precios comparables. La composición refuerza el vínculo con la agenda legislativa. Derechos de Exportación depende de alícuotas, precios, cantidades y tipo de cambio; IVA refleja más de cerca el consumo y la actividad; contribuciones sigue la masa salarial formal.
Por su parte, el gasto primario acumulado se redujo 2,7% real. Las transferencias corrientes a provincias bajaron 33,3% y las de capital 13,0%. También cayeron el resto de las prestaciones sociales, 12,5%, con un fuerte impacto en términos absolutos por su magnitud; el funcionamiento no salarial, 11,0%; el gasto de capital nacional, 8,8%; y las remuneraciones, 6,5%. Son partidas sobre las que el Ejecutivo conserva algún margen de administración y que todavía aportan buena parte del ahorro.
En sentido contrario, varias líneas relevantes crecieron. Las jubilaciones y pensiones contributivas aumentaron 1,9% real, la AUH 3,8% (en línea con lo observado desde el primer momento de la actual gestión) y las transferencias a universidades 10,1%. Los subsidios económicos subieron 16,4%. Dentro de estos últimos, la serie mensual complementaria muestra que los energéticos acumularon un aumento real de 48,3% entre enero y julio, mientras que los destinados al transporte cayeron 5,6%. Julio moderó la tendencia en el rubro energético, pero no alcanzó para compensar el arrastre del primer semestre.
Esta heterogeneidad anticipa el problema del Presupuesto 2027. El ajuste inicial podía apoyarse en licuación, freno de transferencias e inversión y recortes sobre partidas administrables. A medida que la inflación baja y algunos gastos recuperan poder de compra, sostener el superávit exige definir prioridades más permanentes. El año electoral hará más visible esa tensión.
Algunas conclusiones
El superávit a julio ofrece un punto de partida mejor que el de muchos años anteriores. Su reducción frente a 2025 también deja una advertencia: las nuevas reglas se discutirán con una caja positiva, pero menos holgada. El verdadero cambio de régimen no se medirá sólo por la sanción de las leyes, sino por la capacidad de sostenerlas cuando formalizar lleve tiempo, financiarse tenga límites y gastar resulte políticamente atractivo.
El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora de agosto muestra una sociedad que empieza a ordenar su voto de 2027 alrededor de una sola pregunta: continuidad o cambio del modelo económico. El 38,7% se inclina por sostenerlo, un piso que resiste, pero que está delimitado con precisión por la clase social. En paralelo, Milei mejora levemente su imagen y su aprobación, aunque esa recuperación no altera la estructura del rechazo ni le abre espacio de crecimiento.
Frente a las próximas elecciones presidenciales, el 38,7% de los argentinos quiere que el mismo modelo económico continúe y el 59,8% pide un cambio de rumbo. La cifra global, sin embargo, esconde el dato verdaderamente relevante: ese respaldo no está repartido de manera uniforme, sino que se ordena casi linealmente por posición social. Entre la clase alta, seis de cada diez quieren continuidad; en la clase baja, apenas uno de cada cuatro. La demanda de cambio, en tanto, trepa a más de siete de cada diez en la base de la pirámide.
Lo que ese contraste revela es que la discusión sobre el rumbo económico dejó de ser ideológica para volverse posicional: no se defiende o se rechaza el modelo por convicción doctrinaria, sino según cuánto se haya ganado o perdido con él. Quienes lo respaldan son quienes ya atravesaron el costo del ajuste sin comprometer su nivel de vida; quienes piden cambio son los que lo sintieron en su bolsillo. Ese dato tiene una consecuencia electoral directa: el oficialismo tiene un electorado sólido, pero numéricamente acotado, y su crecimiento depende de convencer justamente al segmento donde su gestión produjo más deterioro.
La edad, en cambio, no explica nada. Jóvenes, adultos y mayores respaldan la continuidad en proporciones casi idénticas —entre 37,7% y 39,4%—, lo que desarma cualquier lectura generacional del fenómeno. En la Argentina de 2026 no hay una juventud libertaria enfrentada a mayores opositores: hay una estructura social que divide al país por arriba y por abajo, no por edad.
Sobre ese piso de apoyo pesa, además, un límite temporal. El 53,2% afirma que ya se le acabó la paciencia para esperar resultados económicos y solo el 22,9% dice estar viéndolos. La impaciencia es transversal y prácticamente idéntica en los tres tramos etarios. Es decir, incluso parte de quienes respaldan la continuidad del modelo lo hacen sin margen de espera. El Gobierno conserva convicción de fondo, pero perdió el crédito temporal que la sostenía, y esa combinación es más frágil de lo que sugiere el número de apoyo aislado.
La gestión mejora, pero la brecha no se mueve
La aprobación de Milei subió al 32,2% en agosto frente al 31,4% de julio, interrumpiendo la caída de los meses previos, aunque la desaprobación sigue en el 54,1%. La imagen personal acompaña ese leve repunte: la positiva pasó del 30,9% al 32,7%.
El movimiento, sin embargo, es de amplitud y no de estructura. La brecha social se mantiene intacta: la gestión cosecha casi un 60% de aprobación en la clase alta y apenas un 22,4% en la clase baja. El oficialismo recuperó algo de terreno dentro de su propio territorio, sin conquistar nada fuera de él. Lo que mejoró es la intensidad del respaldo, no su alcance.
La segmentación de imagen confirma el mismo perfil de siempre: Milei rinde mejor entre varones, jóvenes y clase alta, y toca su piso entre mujeres —donde el rechazo llega al 65,8%— y en la clase baja, donde la negativa alcanza el 69,3%. Es un electorado nítido y fiel, pero encapsulado.
El desafío del oficialismo es puertas adentro
Aquí aparece uno de los datos más importantes del relevamiento en clave estratégica. Victoria Villarruel registra una imagen positiva del 18,9% contra el 55,3% de negativa, y el rechazo electoral es el más alto del tablero: el 62,8% jamás la votaría. Pero su distribución interna es la que importa. Su mejor imagen positiva está en la clase alta (28,6%), exactamente el mismo estrato donde Milei tiene su núcleo duro, y allí también concentra su mayor potencial de expansión: el 34,2% de ese segmento declara que “podría votarla”.
Villarruel, en otras palabras, no crece en el territorio opositor, sino dentro del propio electorado que respalda la continuidad del modelo económico. No representa una alternativa al oficialismo: representa una competencia por su misma base. En un escenario donde el apoyo al modelo tiene un techo estructural del orden del 38%, una eventual candidatura de la vicepresidenta de la Nación no ampliaría el caudal oficialista, sino que lo fragmentaría, dividiendo el voto de continuidad entre dos ofertas que abrevan del mismo espacio. El riesgo para el Gobierno, entonces, no está en la oposición, sino en su propia interna.
En tanto, Patricia Bullrich completa el cuadro interno con un perfil distinto. Con el 37,2% de imagen positiva contra el 49,8% de negativa, reproduce la estructura del oficialismo con menor intensidad que el Presidente: mejor en clases altas y medias, mejor entre varones, y con caída marcada en el estrato bajo, donde su positiva baja al 25,6% y el rechazo trepa al 62,4%. Su particularidad está en la proyección electoral: con el 19,3% de voto seguro exhibe el mayor potencial de expansión del tablero, ya que un 27,7% adicional declara que podría votarla. A diferencia de Villarruel, su margen de crecimiento no depende exclusivamente del núcleo duro presidencial, lo que la posiciona como la figura oficialista con más recorrido teórico por delante. Nuevamente, el riesgo para el Gobierno no está en la oposición, sino en cómo ordene su propia interna.
El resto del arco político tampoco despega
Axel Kicillof es el reflejo invertido de Milei: su imagen positiva es apenas del 24,7% en la clase alta y de casi el doble —48,9%— en la clase baja. A su vez, rinde claramente mejor entre mujeres y mayores. Esa simetría confirma que ambas figuras no compiten por el mismo votante, sino que expresan los dos polos del mismo clivaje social. El problema del gobernador es que ese anclaje, que le garantiza un piso, también le impone un techo: la mitad del electorado jamás lo votaría.
En cambio, Myriam Bregman registra el 41,3% de imagen positiva contra el 44,2% de negativa: el diferencial menos adverso de todo el relevamiento, apenas tres puntos, aunque igualmente negativo que el del resto del tablero. Su fortaleza se concentra entre mujeres (50,4% de positiva) y, a contramano de la oposición tradicional, su mejor registro está en la clase baja (53,5%), mientras que en la alta el rechazo trepa al 60,2%. Pero repite la paradoja de siempre: es la mejor valorada en términos relativos y a la vez la menos votada, con apenas el 11,9% de voto duro y un 51,7% que jamás la votaría.
Rumbo a 2027: nadie perfora su techo
La proyección electoral describe un tablero congelado. Todas las figuras superan el 50% de rechazo absoluto y ninguna alcanza siquiera el 30% de voto seguro. Milei y Kicillof encabezan ese indicador prácticamente en un empate —26,5% y 25,9%, respectivamente—, un dato que resume el momento político: los dos polos del clivaje social conservan su núcleo, ninguno logra expandirse.
El escenario que deja agosto no es el de una transferencia de poder en marcha, sino el de un empate estructural. El modelo económico conserva una base de apoyo real, delimitada por clase social y sin margen de paciencia. Así, el oficialismo mejora sin ampliarse, la oposición no capitaliza y la principal amenaza al caudal de votos del Gobierno no proviene de sus adversarios, sino de una eventual fractura dentro de su propio electorado. Con techos de rechazo tan altos y márgenes de crecimiento tan estrechos, la elección de 2027 puede terminar definiéndose más por quien logre mantener la unidad que por quien logre ampliar su base.
Entramos en el cierre del tercer trimestre y la economía real no da señales claras de recomposición. En abril, el ministro de Economía, Luis Caputo afirmó que “los próximos 18 meses serán los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”, pero ya transcurrieron mayo, junio, julio y agosto sin que se registren mejoras significativas. Mientras la economía continúa transitando un escenario de fuerte heterogeneidad sectorial, las cajas provinciales siguen sangrando.
Si se observan las tres principales fuentes de financiamiento de Misiones, la situación muestra comportamientos dispares entre sus componentes, aunque el resultado general es claramente negativo. Los fondos provenientes de transferencias automáticas (principalmente coparticipación) dejaron de caer, pero tampoco exhiben una recuperación sostenida: cerraron agosto con una variación real interanual del 0,0%. A su vez, las transferencias no automáticas nacionales crecieron 388% interanual, aunque ese salto constituye, en buena medida, un espejismo estadístico debido a una base de comparación históricamente baja y no representa una mejora sustancial para las cuentas provinciales.
Por su parte, y aquí aparece quizás el dato más grave de la situación fiscal, la recaudación propia de Misiones cayó 21,4% real en el octavo mes del año, acumulando dieciocho meses consecutivos de bajas. De ellas, trece fueron de doble dígito y cinco de los últimos ocho meses superaron el -20,0%. Si se agrupan esas tres fuentes de financiamiento, Misiones recibió en agosto un total de $ 315.285 millones, una cifra que se ubicó 6,3% por debajo, en términos reales, de igual mes del año anterior.
Agosto refleja, en parte, una dinámica que atraviesa todo el año y que no se limita a ese mes puntual. Si el análisis se extiende al acumulado de los primeros ocho meses de 2026, el panorama no sólo no mejora, sino que se profundiza. Entre enero y agosto, Misiones recibió por los tres conceptos mencionados un total de $ 2.399.132 millones que, medidos en moneda constante, representan una caída del 6,6% respecto de igual período de 2025.
Ese descenso equivale a una pérdida de $ 180.501 millones en lo que va del año. Pero lo más relevante es su composición: las transferencias automáticas registran una baja del 1,1%, con una pérdida cercana a los $ 19.000 millones; los envíos no automáticos crecen lo suficiente como para recuperar poco más de $ 38.000 millones, mientras que la recaudación propia se desploma 20,6%, provocando una pérdida de $ 200.300 millones.
Si 2026 muestra un desempeño negativo respecto de 2025, la comparación con los años anteriores permite dimensionar aún más la magnitud del deterioro. Frente a 2024, los recursos caen 5,5%, explicado en su totalidad por el descenso de la recaudación propia. Pero contra 2023, la merma alcanza el 20,4%: las transferencias automáticas retroceden 11,0%, las no automáticas se desploman 65,4% y la recaudación propia cae 30,9%. ¿El resultado? Una pérdida de recursos que asciende a $ 659.212 millones a precios actuales. Poco más de la mitad de ese deterioro (52%) se explica por la caída de la recaudación local, mientras que el 48% restante corresponde al descenso de los fondos nacionales.
Para comprender mejor la situación actual, resulta útil observar el ingreso total promedio mensual de los tres componentes agrupados, siempre medidos en moneda constante. En 2023 alcanzaba los $ 404.250 millones; cayó a $ 340.603 millones en 2024, mostró una leve recuperación hasta los $ 344.411 millones en 2025 y volvió a descender a $ 321.848 millones en lo que va de 2026. Es decir, los recursos vuelven a caer incluso después de la tenue recuperación observada el año pasado.
Sin embargo, existen diferencias importantes entre los distintos componentes. Las transferencias automáticas replican el patrón general, aunque con menor intensidad: pasaron de un promedio mensual de $ 246.011 millones en 2023 a $ 211.945 millones en 2024; luego mostraron una recuperación parcial hasta los $ 221.172 millones en 2025 y volvieron a descender a $ 218.837 millones en 2026.
La recaudación propia, en cambio, no dejó de perder terreno en ningún tramo. Pasó de $ 139.846 millones mensuales en 2023 a $ 125.000 millones en 2024; luego descendió a $ 121.692 millones en 2025 y apenas alcanza los $ 96.646 millones en lo que va de 2026. Se trata de una caída ininterrumpida año tras año y de un deterioro que todavía no encuentra piso.
Las transferencias no automáticas constituyen el capítulo más drástico en términos relativos. De un promedio mensual de $ 18.392 millones en 2023 se hundieron por debajo de los $ 4.000 millones desde 2024 en adelante, aunque en 2026 alcanzan los $ 6.365 millones debido a ciertos desembolsos puntuales. Aun así, permanecen muy lejos de los niveles registrados en 2023.
Esta distinción entre los tres conceptos no es un detalle técnico, sino una de las claves para comprender qué está ocurriendo en Misiones. Las transferencias automáticas y la recaudación propia dependen, en última instancia, del nivel de actividad económica. Las primeras se nutren de impuestos nacionales como IVA y Ganancias, cuyos niveles están vinculados a la evolución del consumo y la producción; la segunda tiene como principal pilar a Ingresos Brutos, un impuesto directamente asociado al desempeño del comercio, la industria y los servicios locales.
El programa económico nacional, centrado desde diciembre de 2023 en el ajuste fiscal y el objetivo de déficit cero, provocó primero una severa recesión en 2024 que hundió ambos conceptos. Desde 2025, en tanto, convive con una recuperación de la actividad que el propio INDEC describe como heterogénea: los sectores que más traccionan el crecimiento agregado (como minería, agro e intermediación financiera) generan una menor base imponible provincial y tienen menor impacto sobre el empleo, mientras que la industria, el comercio minorista y la construcción, actividades con mayor peso en la generación de recursos para una provincia como Misiones, continúan rezagadas o directamente en retroceso. Por eso la recaudación propia no logra siquiera estabilizarse y continúa sin encontrar un piso.
Las transferencias no automáticas, en cambio, responden a otra lógica. No dependen directamente del ciclo económico, sino fundamentalmente de una decisión política. Fueron uno de los instrumentos más rápidos y directos utilizados por el gobierno nacional para reducir el gasto y, por esa razón, su derrumbe es el más pronunciado y estructural de los tres componentes, sin señales de una reversión sostenida.
Puesto en números concretos, el costo acumulado de esta dinámica es contundente. Desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2026, la provincia registra una pérdida acumulada de $ 970.509 millones en moneda constante, equivalente a un promedio de $ 29.409 millones perdidos por mes. De ese total, la recaudación propia explica la mayor porción: $ 468.038 millones, casi la mitad de la pérdida acumulada. Las transferencias automáticas representan otros $ 286.123 millones de pérdida y las no automáticas, $ 216.348 millones.
Esa distribución confirma el diagnóstico: el 77% del golpe que recibe la provincia se explica por un modelo económico que no logra reactivar de manera suficiente el consumo, la producción y los sectores con mayor impacto territorial, mientras que el 23% restante responde al fuerte recorte de las transferencias discrecionales decidido por la Nación como parte de su estrategia de ajuste fiscal.
El resultado, a casi mil días del inicio del gobierno libertario, es una provincia que administra $ 970.500 millones menos de recursos, en moneda constante, de los que hubiera dispuesto de sostenerse la trayectoria previa. Así, la dinámica reciente demuestra que, lejos de cerrarse, esa brecha continúa abierta.
La reducción de la inflación es un logro que se sigue consolidando. Despejar riesgos de una nueva crisis y recuperar previsibilidad es una fuente de alivio, pero también genera el contexto propicio para que ganen terreno otras aspiraciones. Dentro de ellas, mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo se viene instalando como el objetivo más prioritario y urgente.
Las evidencias muestran que el deterioro del empleo y las remuneraciones es un fenómeno de muy larga data. El último ciclo negativo arranca asociado con la aceleración de la inflación en 2018. En lo que va del gobierno de Milei, el proceso no se detuvo. El deterioro se manifiesta, por un lado, a través de una caída en los empleos y las remuneraciones de los asalariados formales, parcialmente compensada por aumentos en el empleo por cuenta propia formal (monotributo). Por el otro, porque los componentes más dinámicos del mercado de trabajo son el empleo asalariado informal y, fundamentalmente, el empleo por cuenta propia informal. Es decir, el fenómeno no se exterioriza cuantitativamente en aumentos del desempleo, sino cualitativamente en una nueva caída en la calidad de los empleos.
La debilidad en materia laboral introduce un factor de incertidumbre en el plano político. Planteada de manera simplificada, la incógnita es dilucidar cómo la población pondera los contundentes logros en materia de estabilidad frente a la falta de resultados a la hora de revertir el deterioro del mercado de trabajo.
Es obvio que la inflación continúa ocupando un lugar importante entre las preocupaciones de la población, pero también que ya no tiene el peso excluyente que tuvo durante los momentos más críticos. La incógnita es dimensionar la tolerancia frente a la degradación del mercado de trabajo. No tanto porque sea considerada un fenómeno nuevo, sino porque no se perciben síntomas de reversión.
Es imposible formular pronósticos sobre la lectura que hará la población de esta situación y cómo puede llegar a plasmarse en sus preferencias frente a las elecciones del año próximo. Pero la posibilidad de que se esté sobreestimando la valoración de la estabilidad y subestimando el malestar que genera la falta de resolución de los problemas laborales introduce un factor de incertidumbre y perturbación en la transición electoral.
Los riesgos de que esto pueda derivar en una derrota del oficialismo y, a partir de ella, en una reversión del rumbo económico tienen impactos crecientes sobre los mercados financieros. Un indicio de cómo las decisiones incorporan este riesgo es la sostenida y vigorosa demanda de dólares por parte de las personas humanas. Si, a medida que avance el cronograma electoral, las incertidumbres sobre el resultado se acentúan, sus impactos financieros, especialmente sobre el mercado cambiario, van a generar desafíos difíciles de administrar.
Se achica la caja de herramientas
Para revertir el largo y profundo deterioro del mercado de trabajo se necesita acelerar el proceso de reformas estructurales y disponer de tiempo para avanzar en su implementación y hacer visibles sus resultados. Además, la mayoría de las reformas pendientes son técnicamente complejas y políticamente sensibles. Esto colisiona con el hecho de que, cuanto más avance el calendario electoral, mayores serán los incentivos para postergar decisiones cuyos beneficios no son inmediatos.
Mucho de lo pendiente depende de procesos políticos complejos que atraviesan simultáneamente las finanzas nacionales y provinciales. Por eso, la relación con los gobernadores tiene una importancia especial. La eliminación de los impuestos más distorsivos, la corrección de ineficiencias derivadas de superposiciones de funciones entre niveles de gobierno y la resolución de la crisis del sistema previsional difícilmente puedan resolverse de manera consistente mediante decisiones unilaterales. Es imprescindible la construcción de complejos acuerdos entre niveles de gobierno.
El desafío es aprovechar el tiempo que queda antes de que la competencia electoral ocupe definitivamente el centro de la escena. Presentar agendas y construir acuerdos ahora puede permitir avanzar en algunas cuestiones y, sobre todo, dar una señal de que se está dejando mejor preparado el terreno para retomar con más vigor el proceso transformador una vez superadas las elecciones.
El crédito como puente
No haber terminado de configurar el régimen monetario, cambiario y financiero es también un factor muy limitante de los instrumentos disponibles. Si se hubiese institucionalizado el bimonetarismo con un esquema “a la peruana”, la expansión del crédito estaría jugando un rol crucial tanto como apoyo a las empresas en proceso de reconversión —que son la mayoría— como factor dinamizador de la inversión y el consumo.
En este tema, el calendario también introduce crecientes presiones. A medida que se avanza en el cronograma electoral aumentan las probabilidades de que se difieran para el próximo gobierno la completa y definitiva eliminación del cepo y de las restricciones a los movimientos de capitales, el otorgamiento de curso legal al dólar y el establecimiento de la plena convertibilidad del peso.
Aun con estas limitaciones, hay márgenes de acción y recientes decisiones van en el sentido de darle impulso a la recuperación del crédito. Flexibilizar prudencialmente las normas que restringen el uso de los depósitos en dólares para otorgar préstamos en la misma moneda es un paso importante en este sentido. Con la misma orientación opera la decisión de usar una pequeña fracción de los recursos administrados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para fondear a los bancos que ofrezcan créditos hipotecarios. Esta es una vía efectiva para aprovechar la capacidad que tiene el sistema bancario para administrar este tipo de créditos, que permitirán dinamizar un sector con capacidad ociosa y que es intensivo en mano de obra.
Pero, para dar consistencia y potencia a esta estrategia, es imprescindible tomar acciones tendientes a que baje el nivel y la volatilidad de la tasa de interés, aun cuando esto impacte en el tipo de cambio y eventualmente en los índices de precios. En otras palabras, adoptar una política financiera que priorice la estabilidad y moderación de las tasas de interés por sobre el objetivo de mantener bajo control el tipo de cambio.
El calendario electoral comenzó a presionar. Dado lo mucho que se juega en las elecciones del año próximo, es previsible que lo siga haciendo con creciente intensidad. La mejor estrategia para abordar el desafío combina pragmatismo para lograr una ajustada ponderación entre los objetivos de estabilización y de recuperación del empleo y las remuneraciones, y habilidad política para formar alianzas que permitan sostener el proceso de reformas.
