Vicegobernadores y vicegobernadoras opositores emitieron un documento titulado “En la Sociedad se invierte, no se gasta”, mediante el que reclamaron al presidente Javier Milei que “deje de tener de rehenes a los argentinos en sus batallas políticas” y remarcaron la preocupación por “la despiadada avanzada del Gobierno nacional en contra de los trabajadores”.
El documento firmado por 10 vicemandatarios provinciales acusa que “desde el Gobierno central se siguen promoviendo políticas e instrumentando medidas que en dos meses han empeorado una situación que era muy complicada, y que precisaba mesura, conocimientos, experiencia, responsabilidad y una gran empatía con los argentinos”.
“Con respeto y con firmeza, le pedimos al presidente Milei que deje de tener de rehenes a las y los argentinos en sus batallas políticas y que no atente contra su calidad de vida como lo está haciendo”, exigieron.
Firmaron el documento los vicegobernadores Verónica Magario (Buenos Aires), Rubén Dusso (Catamarca), Teresita Madera (La Rioja), Alicia Mayoral (La Pampa), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), Antonio Marocco (Salta), Pedro Pesatti (Río Negro), Eber Solís (Formosa), Lucas Romero Spinelli (Misiones) y Alberto Bernis (Jujuy).
En otro tramo expusieron que “el método elegido ha sido aumentar las dificultades, privar de derechos, aumentar la inflación, desproteger a quienes el Estado debe proteger y tomar venganzas políticas, como la decisión de no girar a las provincias los fondos para completar los salarios docentes y los subsidios para el transporte público”.
Además, destacaron que “el ataque hacia las familias de nuestras provincias, que se manifiesta en la vida cotidiana, también amenaza seriamente la educación de sus hijos con la decisión de Javier Milei de dejar de transferir los fondos que corresponden al Fondo del Incentivo Docente (FONID)”.
El documento, que fue difundido en la red X por Verónica Magario, explica que durante el mes de enero “el Ejecutivo solo transfirió a nuestras provincias menos del 1% del importe para el concepto de Educación”, de manera que “cuando se liquidaron los salarios de enero, los docentes hubieran visto en sus recibos de sueldo una disminución de sus ingresos, lo que no sucedió porque que los gobiernos provinciales compensaron ese adicional”.
Añadieron que “de persistir esta situación las provincias no podrán hacerse cargo de estos componentes salariales que son exclusiva responsabilidad y obligación del gobierno nacional. No puede de un momento al otro desaparecer. Se trata de más de 14.500 millones de pesos por mes”, aseguraron respecto al FONID, que tiene 26 años de vigencia.
También consideraron que en el mundo “los sistemas de transporte muy raramente funcionan sin ser subsidiados en un porcentaje significativo por el Estado” y cuestionaron que “aquí, en nuestro país, con argumentaciones difíciles de sostener con un mínimo de seriedad, se decide no hacer lo que en el mundo hacen países desarrollados o países en desarrollo que es subsidiar el transporte público” sobre la decisión de Milei de retirar los subsidios nacionales al transporte público urbano.
“La pregunta inevitable es: ¿en dónde piensa colocar los 104 mil millones de pesos que está recortando? ¿A qué los piensa dedicar?, no a la asistencia alimentaria, como estamos viendo que sucede con los comedores comunitarios; no a la salud pública, no a la educación pública, no a la generación de puestos de trabajo, no a la concreción de obra pública de infraestructura. ¿Entonces?”, argumentaron.
Por último señalaron: “La Argentina es la suma de las provincias que la componen. Reiteramos este concepto que es clave para entender como es un país para todos, sin centralismos, sin caprichos, y con sensibilidad social y responsabilidad total”.
La crisis se extiende por la impericia que demostró el gobierno nacional en estos dos meses de gestión, sin más programa que un brutal ajuste sobre la clase media y los jubilados. En ese escenario, Misiones intenta que el país vuelva a la racionalidad a través de la construcción de consensos.
La grieta no solo se consolidó, sino que se hizo más profunda y peligrosa en estos dos meses de presidencia de Milei. El presidente alienta profundamente la división y pone en riesgo la unidad nacional con su permanente desprecio y ataque a los que no piensan como él.
Esta semana presenciamos nuevamente un ataque frontal a las provincias y sus gobernadores, sin importar su color político, si no existe alineación total con Casa Rosada para el presidente los mandatarios provinciales y los distintos legisladores nacionales son “delincuentes”, “casta”, “corruptos” a los que se los debe “fundir”. El reciente despido del titular de Anses y de la secretaria de Minería es esclarecedor: sencillamente fueron echados por responder a gobernadores cuyos diputados no votaron a favor de un par de incisos en la Cámara baja.
El escenario que se está generando es uno de violencia política del que no se tiene registro en los últimos años del país.
La profunda crisis económica, que Nación acentúa con el desfinanciamiento de cuestiones fundamentales para el funcionamiento normal del país (suspensión de la obra pública, congelamiento salarial y de jubilaciones, nula transferencia de recursos hacia las provincias, aumento de impuestos) es el caldo de cultivo perfecto para que se materialice un abismo del que es difícil retornar.
Por ello es importante analizar el papel de la Renovación Neo en el debate de la Ley Ómnibus en el Congreso Nacional, donde los diputados misioneros fueron más allá de las disputas e hicieron un fuerte llamado a la racionalidad, que es el mandato que le fue concedido por los misioneros en mayo pasado, cuando el 75% del electorado le dio su voto de confianza al Frente Renovador.
La responsabilidad principal por el rumbo político y económico en un país como Argentina es del presidente. Milei tiene todas las facultades para llevar a cabo su programa de gobierno, que hasta el momento es uno de tintes ortodoxos con un ajuste clásico sin ningún plan de estabilización.
En estos dos meses Caputo logró una caída salarial del 13% solo en diciembre y una reducción del gasto interanual en enero en jubilaciones (-32%), asignaciones familiares (-36%), obra pública (-75%). Únicamente aumentaron los intereses de la deuda (+139%). Evidentemente, el Estado no se retira, solo cambia de prioridades.
Mientras el hombre de Macri se vanagloria por lograr superávit financiero en el primer mes del año a costa de empobrecer brutalmente a los argentinos, la comunicación oficial gira en torno a disputas personales, memes, insultos, agravios, listas negras, persecuciones. Entretener es la tarea.
Pese a tener todas las herramientas para gobernar según su programa, el presidente señaló que la Ley Ómnibus era fundamental para su gobierno. Su cruzada fue arriesgada dada que cuenta con solo 38 diputados sobre 257. El misionerismo tuvo una actitud destacable, apoyó el proyecto en general y luego exigió la corrección de artículos que decididamente perjudicaban a la provincia.
Los legisladores del FR no se comportaron con un seguidismo ciego ni tampoco obstruyeron desde el minuto 1 de debate, la actitud fue de madurez política para buscar consensos, incluso la posición de crítica constructiva llevó a que distintos bloques no oficialistas dialoguen con Misiones sobre que postura tomar y como encarar el debate en particular.
Al no haber ningún bloque que pueda sesionar por si mismo, ya sea para lograr quorum o aprobar proyectos, debe primar la construcción inteligente, como demostraron los diputados misioneros. La Renovación Neo tiene amplia experiencia y expertise en el manejo de este tipo de situaciones, por lo que acompañó en general lo que decidió el pueblo en noviembre, pero marcó diferencias especialmente en lo que concierne a Misiones.
Se pudo observar diferencias por ejemplo con el bloque mayoritario de la Cámara (UxP), que sigue actuando como si no haya sido protagonista de un fallido gobierno que posibilitó, en parte, que Milei sea presidente.
Una de las consecuencias del accionar misionerista en el Congreso de la Nación es la exaltación de la figura del gobernador Passalacqua, quien es el mandatario con mejor imagen positiva en todo el país. La estrategia prudente en la búsqueda del consenso, sin posturas altisonantes fue lo que lo destacó por sobre sus colegas.
Mate amargo
La insólita designación del puertista Daniel Notta como titular del Instituto Nacional de la Yerba Mate, luego matizada por el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, uan Alberto Pazo (señaló que no hay nombramiento formal), causó malestar en los productores misioneros.
Notta tiene el aval de los grandes molinos correntinos, por lo que su designación cayó muy mal en un sector como el agro misionero que había apoyado fuertemente a Milei, que comenzó a perder popularidad. Las protestas, los tractorazos de los últimos días no solo fueron para exigir un justo precio de la materia prima, sino para escenificar un apoyo unánime al INYM y el repudio a la intervención del organismo.
La conflictividad política, en medio de un altísimo deterioro de las ya débiles condiciones económicas del país, solo trajo en la semana que pasó más incertidumbre, pesimismo y tensión a la que ya existía.
Desde un plano estrictamente político, cuesta entender los pasos dados por el Gobierno nacional en su relación de poder no solo con el Congreso, sino también con las provincias. En una clara señal del más salvaje unitarismo, el presidente Javier Milei, paso a paso, busca llevar las relaciones políticas Nación-Provincias a los tiempos de 1820. Tácitamente niega la condición de preexistentes de las provincias argentinas y entiende al Poder Ejecutivo nacional como el órgano supremo que no requiere control, contrapeso ni negociaciones.
“Las provincias también tienen que hacer su esfuerzo”, afirman desde el Gobierno nacional, mientras Milei celebra en la red social X que “bajamos las transferencias discrecionales 98%”. Parece que ni el Presidente entiende de lo que habla. No están bajando el gasto político, están atacando directamente el bolsillo de los trabajadores, la posibilidad de desarrollo y el propio funcionamiento del Estado como ordenador de la sociedad.
Uno de los puntos centrales que resonó esta semana tiene que ver con el Fondo Compensador al Transporte del interior, un fondo cercano a los $ 100 mil millones que hace que los usuarios no deban pagar tarifa plena. Para Misiones en 2023 representó una asignación cercana a los $290 millones mensuales de promedio que en este 2024 no recibirá y obligará a redundar esfuerzos locales para contar con los recursos de modo tal de evitar el salto tarifario. En Posadas, los usuarios pagan hoy la mitad de lo que se paga en Corrientes.
Según estimaciones de cámaras empresariales del transporte, con la quita del Fondo Compensador más la liberalización de las tarifas, se corre el riesgo de que el boleto valga entre $ 1.000 y $ 2.000. Desde el Gobierno nacional afirman respecto a esto que se mantiene la tarifa social y por ende, el subsidio va directo al usuario. Perfecto en el concepto, horrible desde la aplicación. La tarifa social, que se aplica sólo mediante SUBE, corresponde a una parte de la población como ser jubilados, beneficiarios de AUH y otros, pero deja afuera a muchísimas personas. Un simple trabajador, que observa como su salario cayó estrepitosamente en el 2023 y continuará haciéndolo por lo menos durante el primer trimestre de este año, no goza de tarifa social y será quien deba pagar una eventual suba del 100% o más de la tarifa de colectivos.
¿El Gobierno castiga a los gobernadores díscolos, traidores a la patria y casta como tanto dice? Para nada, castiga al trabajador.
Otro punto que estuvo en debate estos días está vinculado al sector docente, específicamente con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Por este concepto, en enero no hubo transferencias desde el Estado nacional (a excepción de Chubut que recibió la casi simbólica suma de 12 millones), situación que generó que sean los gobernadores quienes paguen este concepto a los docentes de sus provincias, sin tener certeza alguna si recibirán estos fondos como compensación a la erogación realizada. Esto se agrava cuando se observa que por FONID, el Estado aún le debe fondos a las provincias. En 2023 se pagaron $290 mil millones pero se devengaron $333 mil millones; es decir, quedan casi $43 mil millones de deuda.
Si observamos la situación de Misiones, aún queda una deuda por cobrar por parte de la provincia de $1.450 millones, sumados a los $ 2.920 millones que corresponden a enero 2024 y tampoco se cobró. Es decir, hay $ 4.370 millones que Misiones aún no percibió por este fondo. Aún compensando esta deuda con fondos provinciales, es insostenible pensar en este desarrollo durante todo el año. Nuevamente el castigado no es la casta, los políticos ni el Estado: se está poniendo a los docentes bajo un marco de incertidumbre respecto a una parte importante de su salario, ni más ni menos. Se ataca directamente al docente.
La cuestión del FONID además cobra un nuevo capítulo: si Milei no firma un decreto de prórroga, ya no solo están amenazados los recursos, sino incluso la existencia del fondo. Si el Presidente decide no prorrogarlo, entramos en una escalada del conflicto que será político, social y también, con mucha seguridad, judicial. Se está comprando un problema que desgastará enormemente su capital político y que puede provocar además una escalada de conflictividad social.
Estos dos ejemplos, transporte público y docentes, muestran las verdaderas consecuencias de la filosofía política del Presidente en términos de poder: confrontar con actores políticos de la “casta” como fundamento final de toda acción política, o peor aún, acción gubernamental. No hay lógica alguna en creer que los argentinos estarán mejor con aumentos del boleto de transporte o reducción salarial por no pago del fondo docente en un contexto donde el índice de salarios se movió casi 60 puntos porcentuales por debajo de la inflación en 2023, agravado sobre todo por la caída real de casi 14 puntos solo en diciembre.
Es cierto que las administraciones están siendo fuertemente golpeadas no solo por las decisiones políticas del Presidente y su equipo económico, sino también por el propio contexto económico, como ya pasó también en el 2023, principalmente en el segundo semestre.
Inflación a la suba, recaudación a la baja, recorte de partidas no automáticas y capricho libertario de pegarle a la casta generó que el consolidado de provincias y CABA hayan perdido solo en enero un total de $ 431.293 millones, medidos a precios de hoy. Misiones perdió unos $15.133 millones solo en un mes; serían 90 mil millones si semestralizamos el dato hasta junio inclusive, sumado a otros $ 7 mil millones (a precios de hoy) que se perderían por subsidios al transporte.
“Que las provincias se dediquen a producir y vivir de lo recaudan”, expresan algunas de las más iluminadas mentes de los libertarios. Lo que omiten, o quizás ignoren, es que hay provincias que deberían tener muchos más recursos de los que efectivamente reciben del Estado nacional si la Argentina tuviese una estructura tributaria no centralizada en la ciudad autónoma. Los datos de AFIP que muestran la distribución geográfica del pago de impuestos nacionales reflejan una realidad que no es tal para todos los casos: solo en Misiones, de acuerdo con estimaciones privadas, se le computa a la provincia aproximadamente un 30% menos debido a que muchas empresas con actividad económica en la provincia tributan en la capital del país. Ello genera que no se vea reflejado en los excels del ente recaudación el real aporte de la provincia a la actividad y a la recaudación nacional.
Por todo esto, es imperiosa la necesidad de discutir una reforma integral de las relaciones Nación-Provincias, siempre bajo el paraguas de la Constitución Nacional. En toda nuestra democracia hemos sido testigos de cómo los Gobiernos nacionales han premiado a amigos y castigado a enemigos según las banderas políticas. En la actualidad, vemos un Gobierno nacional que rivaliza con todas las provincias sin distinguir color. En el fondo, se esconde un sistema altamente centralista que pone de rodillas a provincias como un explotador a un explotado. Pero lo novedoso de lo que estamos viviendo estos días es que Milei viene rompiendo todo, incluso los pocos consensos en términos de federalismo que existían.
En vista de los casi 60 días de presidencia de Milei, parece que este mandato presidencial no será el apropiado para esa discusión, pero si la Argentina quiere resolver sus problemas con predominio de valores democráticos y republicanos, la discusión es impostergable.
La debacle de la ley Ómnibus en el Congreso fue el epílogo de una crónica anunciada. El enorme paquete de reformas tenía destino de fracaso desde las primeras horas, ante la negativa incluso de la oposición más complaciente de votar un nuevo desguace nacional. Las alertas deberían haber saltado en el tablero del Gobierno, pero la tozudez de ir por todo o nada, diluyó cualquier intento de negociación para acercar posiciones. Por momentos pareció que el presidente Javier Milei no estaba muy interesado en un final distinto. El choque con el Congreso, con los gobernadores y con quien se ponga enfrente, le sirve en definitiva para construir el enemigo. Ganar tiempo. Fortalecer el relato de “ir contra la casta”. Aunque las consecuencias de su modelo económico tienen nulo impacto en el imaginario de “casta”. Los números son elocuentes: en enero el gasto primario cayó 36,9 por ciento, pero los mayores recortes, según Analytica Consultora, fueron en jubilaciones, con 43,2 por ciento, subsidios económicos, 163,1, asignaciones familiares y AUH, 19,8, obra pública, 70,5 por ciento y programas sociales, con 40,8 por ciento.
La casta hasta ahora son los que no pueden llegar a fin de mes, los que tienen que hacer colas para activar la SUBE, los que se sorprenden con la boleta de la luz y los que empiezan a caminar un poco más para ahorrar combustible.
En los días de Milei, todavía no se conoció una sola medida -ni una sola-, que alivie los problemas que ya eran severos en la herencia recibida. Por el contrario, su gestión los agravó. En diciembre, según el INDEC, en promedio los asalariados formales e informales -unos 13 millones- tuvieron un aumento promedio del 8,9% contra una inflación del 25,5%. Equivale a una pérdida del poder compra de los trabajadores del 13,2% en tan sólo un mes. La devaluación, reconoce el Gobierno, generó 2,5 millones de nuevos pobres, al mismo ritmo en que se licuan los salarios y jubilaciones.
La lógica presidencial de acusar de “traidores” a quienes cuestionaban los artículos de la ley choca con la historia reciente: en los 90, antes de que se privatizara YPF, nadie sabía muy bien dónde quedaba Cutral Có. Hoy el nombre del pueblo está grabado a fuego en la memoria.. Antes de la desregulación del mercado yerbatero, en Buenos Aires nadie conocía el rostro curtido de Hugo Sand. Entre 2001 y 2002, una década después, fue protagonista del tractorazo, una historia que ahora se quiere reescribir. Ambos conflictos fueron “locales”, pero emergentes de decisiones tomadas en alguna oficina porteña. Las soluciones, los reparos, las reivindicaciones, también fueron locales, en el “territorio”. Ese al que, en algún momento, deben volver los diputados que levantan la mano. Un poco de Realpolitik.
Tampoco se puede hablar de una “traición”. Un traidor es aquel que comete una falta quebrantando la fidelidad o lealtad. Milei tiene apenas siete senadores y 38 diputados . No tiene un solo gobernador. Los gobernadores responden a partidos o a sus provincias. Cada uno fue votado a partir de una realidad local. Premio a la gestión o confianza en corregir lo que había que corregir. Por algo la mayoría separó las elecciones provinciales de las nacionales. Hay que recordar las primeras palabras del gobernador Hugo Passalacqua, apenas juró en la Cámara de Diputados el último 10 de diciembre. Quien tiene hoy la mayor valoración entre los mandatarios de la Argentina, con 63,9 por ciento de imagen positiva, dijo: “Nunca esta lanza -por el bastón de mando de Andresito- va a intentar trabar la rueda del carro del que está gobernando en la Nación. Venimos a construir, no a ser famosos por destruir. Seguiremos con nuestros reclamos, sí, lo haríamos con cualquier presidente. Gobernabilidad con gobernabilidad se paga. No vamos a entorpecer, pero pedimos el debido respeto a la voluntad popular en Misiones”.
La elección presidencial fue otra cosa. Allí ganó Milei, pero por una unión de espantos. El Presidente sigue encaramado a esa foto del 56 por ciento, pero Milei, comienza el 2024 con una caída generalizada de su imagen positiva en todas las provincias del país. Su imagen positiva más alta la encuentra en Mendoza (67.8%) y la más baja en Formosa (41.7%). Pero la provincia donde más cayó comparado a la medición anterior fue Córdoba (-6%).
La realidad no es una foto. Es una película. De drama para millones de argentinos. Distópica para el Presidente, que se retrata a sí mismo como un Terminator listo para ¿liquidar? gremialistas, gobernadores, opositores. Juez y ejecutor. Listas negras. Una analogía que sintetiza la suma de todos los miedos republicanos.
Que el personaje icónico de Arnold Schwarzenegger sea un cyborg sin sentimientos diseñado como arma para someter a los humanos es apenas un detalle. La vicepresidenta Victoria Villarruel también se ve como un personaje fantástico, pero se representa como una mítica superheroína que viene a salvar a la humanidad con lazos y espadas. La elección no parece ser azarosa. La Mujer Maravilla se define bella como Afrodita, sabia como Atenea, tan fuerte como Hércules y tan rápida como Hermes. Y… contrapeso de Superman ¿el Presidente? Digresiones psicológicas en las que es mejor no ahondar. Como tampoco en qué se inspiró William Moulton Marston, el creador de la mítica Wonder Woman.
La confianza ciega en ambos protagonistas fue sellada en octubre por menos de un 30 por ciento de convencidos. El resto, macristas y radicales, tienen sus propias miradas. El peronismo, una opuesta y en este caso, de oposición intransigente, aún cuando muchos de los problemas por resolver parten de la ineficiencia del Gobierno anterior. Y los partidos provinciales son, justamente, provinciales. Obedecen a los mandatos locales.
Así y todo, hasta el más reacio aportó para que la ley avance. Los gobernadores de Cambiemos estaban todos alineados. Pero es responsabilidad del Gobierno acercar posiciones. Si no fuera por Miguel Pichetto, el permanente, la ley no salía de comisión. Desde el minuto cero el bloque misionerista dejó claro que iba a acompañar la sanción en general, pero iba a plantear disidencias en particular, en cada artículo que causara un daño en la provincia.
El radicalismo y los más díscolos del PRO tomaron esa misma postura. No hubo emboscadas ni sorpresas. Si una visible impericia en manejar una negociación. Ni el ministro del Interior, Guillermo Francos, ni el presidente del bloque oficialista, Oscar Zago, sabían que volviendo la ley a comisión se caía todo lo votado. Tuvieron que avisarles en la televisión en vivo.
Los mercados dieron su veredicto: “Este es un revés político importante para la Administración. Primero, esta ley fue su iniciativa de políticas más significativas. En segundo lugar, y más importante, la decisiva derrota política sufrida por el Gobierno en el Congreso da fe de su débil gobernabilidad y su falta de capacidad política”, afirmó Mauro Roca, director general de TCW Group, citado por la agencia Bloomberg.
Nadie baja al recinto una ley que no está discutida hasta el último detalle. Puede haber una o dos controversias. Pero esto era un paquete de más de 600 artículos al que se le fueron podando capítulos invotables. Y las controversias se sumaban por decenas. Una enorme pérdida de tiempo y ninguna solución a la vista. Pichetto recordó que Eduardo Duhalde, tras la crisis de 2001, para salir de la Convertibilidad y cambiar el sistema económico de la Argentina, planteó una emergencia con apenas 22 artículos. La última, la de diciembre de 2019, contenía once títulos y 88 artículos. No más de 600. Y ante la inminente derrota, en un alarde de experiencia, Pichetto chicaneó al oficialismo: “Le pedimos que tenga alguna cuota de flexibilidad, les encanta seguir perdiendo, traten de ver cómo, cómo tratan de receptar algunas propuestas y ganar, no hay que perder, hay que ganar.”
La caprichosa reacción presidencial ante el fracaso, los agravios a los gobernadores y diputados, enrarecen un clima social que ya es denso. Milei dice que no necesita la ley para imponer el ajuste que, dice, es innegociable. Pero ¿qué piensa la sociedad de un eventual gobierno por decreto? El 59,4 por ciento considera que es el camino incorrecto, según el último estudio de la consultora Zuban&Córdoba. El 58,1 por ciento rechaza el ajuste agresivo sobre las provincias.
El Presidente también deslizó que podría convocar a un plebiscito. Pero si lo hace, sería no vinculante y lo que se decida, debe volver a pasar por el Congreso y no puede hacer el llamado sobre cuestiones impositivas ni electorales, penales ni tributarios, todos los que están en el proyecto caído.
El “castigo” presidencial no afecta a los gobernadores. Daña a los argentinos.
La quita de subsidios al transporte público no hará más que encarecer el boleto que pagan millones de usuarios y profundizar las asimetrías internas, ya que el Estado seguirá subsidiando en el AMBA. Con el esquema anterior, el usuario pagaba aproximadamente el 10 por ciento del valor real del boleto, que advierten las empresas, es de 1,50 dólares. En Posadas, el municipio admite un costo técnico de 1.212 pesos. Lo que no llegue de Nación deberá ser cubierto por las provincias y municipios. Si no pueden -no todos podrán-, será inevitable un tarifazo. No es descabellado calcular que las tarifas actuales se triplicarán. De todos modos, todavía no hay ningún instrumento legal que aporte alguna certeza de cómo se materializará la quita, ya que los fondos están incluidos en el presupuesto 2023, que fue prorrogado por el Presidente.
No es la única duda. ¿Cuál es el fundamento administrativo de la decisión del Ejecutivo Nacional? En el comunicado distribuido por el Ejecutivo nacional, se sostiene que la medida de ajuste se basa en “el Pacto Fiscal que gobernadores provinciales y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018” (…) mediante el cual se “establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones”.
Ese pacto fue reemplazado por el Consenso Fiscal que suscribieron Nación y las provincias en septiembre de 2021, luego aprobado por el Congreso de la Nación y publicado como Ley N°27.687 en el Boletín Oficial el 4 de octubre de 2022.
Mientras se analiza el impacto del ajuste, Misiones ya anunció que el Boleto Estudiantil Gratuito, creado durante la primera gestión de Passalacqua, seguirá vigente.
Con los fondos docentes hay un escenario similar. El castigo no es para las provincias, aunque seguramente tendrá como consecuencia un comienzo de clases incierto -los gremios ya anticipan medidas de fuerza-. El freno a los envíos tiene un impacto directo en el salario de los docentes que no podrá ser cubierto por las provincias, ante la brutal poda de recursos federales. A eso se suma la parálisis en obras de infraestructura -solo en Misiones hay 37 obras paradas, con distintos porcentajes de avance y un atraso de fondos de Nación de más de 576 millones-. No es casual que los ministros de todas las provincias -incluida Caba-, hayan pedido precisiones al secretario de Educación, Carlos Horacio Torrendell, para delinear “seriamente” las políticas educativas en cada jurisdicción.
Los fondos nacionales tienen tres componentes: Fonid, 16.500 pesos por cargo, Conectividad, 12.250 y la diferencia entre el piso salarial provincial y el nacional. En el salario de un docente que recién se inicia, que en diciembre fue de 250 mil pesos, el aporte nacional era de 88.486,63 pesos por cargo.
La palabra seriedad en el manejo de la cosa pública, también aplica al mercado yerbatero. Al mismo tiempo que un tractorazo imponente se registraba en Andresito en reclamo de mejores precios para la materia prima, un selecto grupo de productores tuvo una visita guiada por el Senado después de una frustrada reunión con el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella. Ante el desplante, terminaron reunidos con un funcionario de tercera línea. Para salvar el viaje, el organizador del encuentro, el senador Martín Goerling los llevó a la oficina de la Vicepresidenta, con quien se sacaron una foto. No se habló de precios ni de la continuidad del INYM.
Pocas horas después, vino a Misiones por primera vez un funcionario de Javier Milei. Se trata de Juan Pazos, un ex Cambiemos que ahora es secretario de Industria y Desarrollo Productivo, en la órbita del ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo.
Pazos primero desautorizó a Vilella, el funcionario que hace una semana había anunciado a Daniel Notta como nuevo presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Ante la queja de la Provincia y de los productores, que identifican a Notta como un empleado de Ramón Puerta, el gobernador misionero durante la década desregulada, Pazos aseguró que no está firme su designación y que será revisada.
Después sorprendió con una posición que contradice a su propio Gobierno: el INYM tiene las facultades intactas para fijar los precios y seguir regulando el mercado, porque el DNU de Milei “todavía no fue reglamentado”.
En la misma línea, instó al directorio a fijar precio y prometió que si no hay acuerdo, la Nación emitirá el laudo correspondiente atendiendo las grillas de costos de productores e industrias. Los productores, directores del INYM y el ministro del Agro, se miraban desconcertados ante tamaña generosidad. Los más avezados siguen desconfiados. Si así fuera, tampoco rigen la desregulación del sistema de salud, las prepagas y otras tantas reformas impuestas.
En contraste, los juristas más especializados, se mostraron escépticos sobre los dichos de Pazos. “El DNU es una ley que entró en vigencia a los 8 días de su publicación. Ninguna acción judicial logró una cautelar que suspenda su vigencia, excepto la de la CGT en el capítulo laboral, que ya tiene sentencia sobre la cuestión de fondo y lo declaró inconstitucional y ya va camino a la Corte. La reglamentación de cualquier ley tiene que ver con la instrumentación, pero nunca puede desvirtuar el contenido de la ley, es decir que si se trata de una desregulación, la reglamentación no puede ir en contra”, precisó un abogado con larga trayectoria en litigios complejos. Hay excepciones, claro, como cuando Mauricio Macri incluyó a los familiares de funcionarios en el blanqueo, pese a que la ley los excluía expresamente.
Pero el ex presidente también quería imponer la desregulación del mercado yerbatero, así que es improbable que en este caso aconseje borrar lo escrito en el DNU. Sin embargo, su presencia será cada vez más imponente en el “rediseño” del Gobierno que se sacó de encima a los “traidores”: el director de la Anses, Osvaldo Giordano, esposo de una diputada cordobesa que votó en contra de la ley Ómnibus, y Flavia Royón, la directora de Minería, que responde al gobernador de Salta. El macrismo, tercera fuerza en el lejano en octubre, ganará así más volumen en el Gobierno. Se habla de María Eugenia Vidal a la Anses, Javier Iguacel a Infraestructura y Guillermo Dietrich en otro cargo clave. ¿El radicalismo? Afuera. A pesar de sus ganas de pertenecer.
En una semana envuelta por el ruido político-legislativo, las autoridades siguieron avanzando en su estrategia cambiaria-monetaria para la corrección de los desequilibrios heredados: 1) La primera licitación de la Serie 2 del BOPREAL mostró resultados aceptables; 2) La brecha cambiaria se mantuvo relativamente estable pese al revés sufrido por el Gobierno con la “Ley Ómnibus”, que impactó negativamente en el Merval y los bonos soberanos en USD; 3) El BCRA logró sostener su saldo comprador en el MULC pese a la normalización paulatina de la demanda de importadores; 4) Los futuros del dólar continuaron recortando sus devaluaciones mensuales implícitas, aunque aún sostienen el abandono del 2% mensual desde marzo.
¿Cuáles son los pilares para llevar adelante la estrategia monetaria? 1) La reducción de las fuentes de emisión, al cortar con el financiamiento monetario directo del déficit fiscal; 2) Una tasa de interés negativa del BCRA que permitiría “licuar” el stock de pasivos remunerados; 3) Una migración del stock de pesos hacia instrumentos de deuda del Tesoro; 4) Recompras de Títulos Públicos en poder del BCRA para sacar del sistema los pesos captados en licitaciones; y 5) Una contracción monetaria asociada a las licitaciones de los BOPREAL.
Si bien la reducción real del excedente de pesos heredado estaría encaminada, también se nota un cambio en la composición y liquidez de los agregados monetarios. ¿Cuál es el riesgo? Un stock de pesos que se encuentra expectante en depósitos a la vista podría redireccionarse hacia los dólares alternativos, impulsando así una suba en la brecha cambiaria. Dicha dinámica podría potenciarse aún más en un contexto de reversión estacional de la demanda de dinero.
En una semana envuelta por el ruido político-legislativo de fondo, las autoridades siguieron avanzando en su estrategia cambiaria-monetaria para la corrección de los desequilibrios heredados: 1) La primera licitación de la Serie 2 del BOPREAL mostró resultados aceptables (sólo participó el segmento MiPyME); 2) La brecha cambiaria se mantuvo relativamente estable pese a la caída de la Ley Ómnibus que impactó negativamente en el Merval y los bonos soberanos en USD; 3) El BCRA logró sostener su saldo comprador en el MULC pese a la normalización paulatina de la demanda de importadores; 4) Los futuros del dólar continuaron recortando sus implícitos, pero aún sostienen el abandono del 2% mensual desde marzo.
Haciendo foco en el aspecto monetario, frente a una elevada inercia inflacionaria y una aceleración en la velocidad de los precios producto de la devaluación y el ajuste de precios relativos, las autoridades optaron por una licuación de los stocks monetarios y un achicamiento del balance del BCRA para acotar los desequilibrios heredados sin la necesidad de un evento disruptivo (como podría ser un Plan BONEX), pero que claramente tendrá costos asociados para buena parte de los agentes (tanto bancos como inversores reducirán su rentabilidad o posibilidad de cobertura).
¿Cuáles son los pilares para llevar adelante dicha estrategia?1) La reducción de las fuentes de emisión al cortar con el financiamiento monetario directo del déficit fiscal; 2) Una tasa de interés negativa del BCRA que permitiría “licuar” el stock de pasivos remunerados; 3) Una migración del stock de pesos hacia instrumentos de deuda del Tesoro; 4) Recompras de Títulos Públicos en poder del BCRA para sacar del sistema los pesos captados en licitaciones; y 5) Una contracción monetaria asociada a las licitaciones de los BOPREAL.
Ahora bien, ya pasados casi 2 meses desde el cambio de mandato, podemos identificar claramente el origen y el destino de los pesos que circulan en el esquema actual, sostenido en parte por la vigencia del CEPO cambiario.
En tal sentido, desde el 11/12 al 5/2 encontramos dentro de los motores de expansión monetaria: la compra de USD en el MULC ($5,2 billones); el desarme de LELIQ ($4,4 bn); los intereses de los pasivos remunerados ($4,7 bn); el desarme de LEDIV ($2,5 bn); y la intervención del BCRA en el mercado secundario junto con la ejecución de los puts (opciones de venta) ofrecidos a bancos ($2,9 bn. Por su parte, dentro de los canales de absorción se destacan: los Pases Pasivos (-$11,3 bn); las licitaciones de BOPREAL (-$3,4 bn); y las operaciones del Tesoro Nacional (-$4,7 bn en términos netos, teniendo en cuenta compra de USD, licitaciones de deuda y recompra de títulos públicos).
En cuanto a las LEDIV, un punto no menor es que su desarme no se encuentra explicado en su totalidad por las licitaciones de BOPREAL (al menos no directamente). De hecho, antes de la primera licitación de la Serie 1 (liquidaban el 5/1), las LEDIV ya acumulaban un desarme de $1,6 bn.
Con todo, la Base Monetaria durante el periodo mencionado (11/12 al 5/2) mostró una expansión neta a precios corrientes de apenas $318.000 M. Dicho incremento representa apenas un 3% de su stock, lo cual implica una fuerte caída en términos reales frente a una inflación acumulada superior al 50% entre enero y diciembre.
En este contexto, si bien la reducción real del excedente de pesos heredado estaría encaminada, también se nota un cambio en la composición y liquidez de los agregados monetarios. En números, mientras los depósitos a plazo fijo en pesos acumularon una caída real de casi el 12% real entre el 11/12 y el 5/2, los depósitos a la vista (son más “líquidos” dado que se pueden retirar inmediatamente) en pesos se expandieron en una magnitud similar durante el mismo periodo.
¿Cuál es el riesgo? Las prácticamente nulas opciones de inversión para resguardarse frente a los mayores niveles de nominalidad, junto con la vigencia de una tasa de interés sumamente negativa en términos reales quitan incentivos a ahorrar en pesos. Por ende, un stock de pesos que se encuentra expectante en depósitos a la vista podría redireccionarse hacia los dólares alternativos, impulsando así una suba en la brecha cambiaria. Dicha dinámica podría potenciarse aún más en un contexto de reversión estacional de la demanda de dinero.
Adicionalmente, si bien los puts (seguros de liquidez) emitidos por el BCRA para ciertos títulos públicos ayudan al Tesoro a captar financiamiento en sus licitaciones, también podrían ser una fuente de inestabilidad: en caso de una caída en los precios de los instrumentos soberanos en pesos, la autoridad monetaria se vería obligada a intervenir en el mercado secundario para sostener las cotizaciones inyectando una suma considerable de pesos. Por tal motivo, el ancla fiscal es un elemento clave del programa económico para evitar turbulencias en el mercado de deuda local.
Repunte en ritmo de compras del BCRA
El BCRA compró más de USD 600 M esta semana, acumulando así USD 6.900 M desde el cambio de mandato. La autoridad monetaria logró incrementar su ritmo de compras diarias esta semana (pasó de comprar USD 80 M a USD 120 M), aunque por debajo del promedio que se evidenció desde la devaluación hasta finales de enero (USD 180 M), producto de un leve repunte en la demanda de divisas. Con todo, las Reservas Netas (considerando los DEG pero excluyendo el resto de los pasivos del BCRA) cerraron la semana en torno a los – USD 6.400 M.
Caídas generalizadas en los USD alternativos
La brecha cambiaria cayó por tercera semana consecutiva. Puntualmente, mientras el blue ($ 1.145) se redujo un 2,6% en la última semana, el MEP ($1.150), el CCL vía CEDEAR ($1.230) y el CCL vía GD30 ($1.212) mostraron mermas semanales de entre el 4,3% y el 6,5%, frente a un dólar oficial que avanzó un 0,5%. Como resultado, la brecha promedio mostró cayó del 48,6% el viernes pasado al 41,3% al cierre de esta semana.
Otra semana bajista en los futuros del dólar
Los futuros del dólar volvieron a mostrar un retroceso esta semana. Concretamente, los TC implícitos en los contratos con vencimiento entre febrero y mayo (los más representativos en cuanto a volumen) mostraron caídas semanales entre el 0,4% y 3,3%. Más allá de los recientes movimientos a la baja, el mercado continúa sin poner en precios la estrategia oficial de sostener el crawling peg al 2%, descontando que se abandonaría a partir de marzo (los contratos tienen implícitos una devaluación mensual del 4,1% para dicho mes), trepando a 9,9% en abril y 11,1% en mayo.
