El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó a la baja la proyección de la economía de Argentina para este año y ahora estima que caerá un 2,8%, para luego crecer un 5% en 2025, según el informe de Perspectivas Económicas publicado hoy por el organismo con sede en Washington.
En el anterior informe de octubre, el FMI proyectaba un crecimiento de 2,8% para este año.
La revisión a la baja responde al “significativo ajuste de política” realizado por el gobierno de Javier Milei para “restaurar la estabilidad macroeconómica”.
Con esta caída, el país será el que más retrocederá en 2024 entre los 30 países seleccionados por el Fondo para sus proyecciones globales, aunque será el tercero que más crecerá –detrás de India y Kazakstán- en 2025.
En cuanto a 2023, el organismo proyecta que la economía argentina cayó un 1,1%, una mejoría respecto al descenso de 2,5% que el Fondo estimaba en su informe de octubre.
Respecto de la inflación, el FMI no precisó las proyecciones para el país, pero afirmó que habrá una suba “en el corto plazo” por el “realineamiento de los precios relativos y la eliminación de controles de precios, depreciación de la moneda y el pasaje hacia los precios”.
En la región, el FMI proyecta un crecimiento promedio del 1,9%, con un avance de 1,7% en Brasil (2 puntos porcentuales más que en la anterior estimación) y 1,5% en México (0,6 puntos más).
El Directorio del FMI analizará mañana el acuerdo técnico alcanzado con la Argentina en el marco de la séptima revisión del Programa de Facilidades Extendidas.
La aprobación del Directorio permitirá liberar de manera inmediata el desembolso de parte del organismo de US$$ 4.700 millones, que serán utilizados por la Argentina para el pago de los compromisos de diciembre, enero y abril próximo.
El 10 de enero pasado, el ministro de Economía, Luís Caputo, anunció que se logró “reflotar el Acuerdo de Facilidades Ampliadas, que estaba caído, con el Fondo Monetario Internacional”.
En ese marco, la vocera del FMI, Julie Kozack, a través de un comunicado de prensa, destacó que la Argentina comenzó a aplicar “un plan de estabilización ambicioso” y que el organismo confiaba en que el gobierno de Javier Milei siga “generando apoyo político” para poder avanzar en “aspectos clave” del proyecto de ley Bases que se debate en el Congreso.
El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, viajó anoche a Washington, Estados Unidos, con el objetivo de “fortalecer” la relación con ese país, y prevé reunirse allí con la subdirectora del FMI, Gita Gopinath.
El Gobierno retiró el proyecto que estipulaba una suba en el Impuesto a las Ganancias como consecuencia de la decisión de apartar la cuestión fiscal de la discusión que realiza el Congreso de la ley bases, conocida popularmente como ómnibus.
“Había algunas dudas sobre lo que iba a pasar con la ley de ingresos personales, lo que se conoce popularmente como la nueva ley de Ganancias, también se retira del debate. Está dentro del paquete de modificaciones en el área económica”, informó el vocero Manuel Adorni.
La semana pasada, el Poder Ejecutivo había girado al parlamento un texto que reinstauraba el Impuesto a las Ganancias para los trabajadores que tienen ingresos brutos mensuales superiores a 1.250.000 pesos. Ésa barrera se encuentra en 15 salarios mínimos (actualmente $2.340.000) a partir de la última modificación sancionada el año pasado en medio de la campaña electoral, que contó con el voto positivo del entonces diputado Javier Milei.
El dato de la suspensión de los cambios en Ganancias había sido anticipado por el propio ministro Luis Caputo en la conferencia del viernes pasado, pero durante el fin de semana surgieron nuevas versiones que indicaban lo contrario.
Adorni confirmó además que como consecuencia del retiro del paquete fiscal de la Ley Ómnibus, que podría ser debatida mañana en la Cámara baja (aún no se pidió formalmente la sesión), habrá un ajuste mayor a las provincias.
Adorni reconoció que el anuncio de Caputo incluye una poda de las facultades delegadas que preveía el proyecto para el Presidente en materia fiscal y previsional.
De los 664 artículos que originalmente tenía la Ley Ómnibus que el presidente Milei envió a fines de diciembre al Congreso, quedaron finalmente 386. La última poda fue el resultado de la negociación in extremis que los bloques dialoguistas tuvieron entre el viernes y el fin de semana, que buscó despejar los últimos obstáculos que quedaban para garantizarse que mañana haya sesión. El recorte final se hizo sobre los 525 artículos del dictamen que a las apuradas se aprobó en Diputados la semana pasada y que terminó sin conformar a nadie.
Es un cambio en un trámite burocrático: las escuelas privadas ya no tendrán que informar a la Secretaría de Comercio de la Nación cada vez que aumenten el valor de sus cuotas. Ni a nivel anual ni mes a mes, cuando modifiquen los valores, como ocurrió casi todos los mese del último año. Así se informó en el Boletín Oficial, por decisión del Gobierno Nacional, con la derogación de una resolución que así lo establecía.
En el mundo de los colegios privados esta noticia fue celebrada, no solo porque no tendrán que realizar cada mes ese trámite, sino porque consideran que este es el primer paso para avanzan hacia la desregulación de las cuotas de los colegios.
El objetivo es más ambicioso: lograr la derogación del decreto presidencial de 1993, que las obliga a informar a los padres en septiembre u octubre de cada año (según si tienen o no subvención) cuál será la cuota del año siguiente y que limita los aumentos del año próximo al 50% del aumento de costos que surja de las paritarias docentes. Ese decreto, el número 2417/93, no permite trasladar otros aumentos o costos, como alquileres o servicios y es la razón por la que los colegios subieron tanto sus cuotas de un año a otro, como forma de estar prevenidos y no quedarse cortos ante la inflación.
Es el mismo texto que establece que si el colegio no logra la firma de más del 50% de los padres de los alumnos en el acuerdo escolar, al año siguiente tendría que mantener la cuota del año anterior. El acuerdo escolar es ese documento en el que se informa antes de que termine septiembre u octubre, los valores del año siguiente y que los padres deben devolver firmado para garantizarse la matrícula el año siguiente.
El Gobierno derogó una norma que regía desde 2019 por la cual los colegios privados debían comunicar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio y en función de un análisis de esta dependencia se permitían los aumentos.
“Que, entre los objetivos asignados a la citada Secretaría, se encuentra la implementación de políticas y marcos normativos necesarios para afianzar los derechos del consumidor, correspondiendo a su respecto la aplicación de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias” decía la norma derogada.
Añadía que “la relación entre escuelas privadas y educandos reviste características típicas de los contratos de adhesión, en los cuales el establecimiento dispone las condiciones generales a las que las alumnas y los alumnos se hallan sujetos”.
En consecuencia, los colegios y universidades privadas podrán implementar los ajustes que crean convenientes y establecer las condiciones de acceso a sus servicios sin mayores restricciones.
La Cámara de Diputados convocó para el miércoles a las 10 a una sesión especial para el debate de la ley Bases, en un contexto en que el oficialismo y los bloques dialoguistas anunciaron que alcanzaron consensos sobre el contenido general de la iniciativa, aunque aún hay diferencias en torno a puntos vinculados con las privatizaciones de empresas públicas, biocombustibles y pesca, entre otros. En lo que fue una victoria clave de las provincias y los gobernadores, se eliminaron varios artículos polémicos y en materia económica, se blindaron recursos federales.
El Secretario Parlamentario del cuerpo, Tomas Figueroa, oficializó la citación a una sesión especial solicitada por el bloque de La Libertad Avanza, que se estima que demandará unas cuarenta horas de debate, debido a que expondrán más de 200 legisladores en el análisis en general y habrá una extensa discusión en particular.
El cronograma de la sesión se definirá en una reunión de Labor Parlamentaria que se realizará este martes a las 19 y que será encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, con los jefes de bloques parlamentarios.
Allí definirán si habrá un cuarto intermedio en la sesión o se hará sin ninguna interrupción.
Mientras tanto, el oficialismo continuó las conversaciones con los llamados bloques dialoguistas para terminar de consensuar los puntos en los que aún hay diferencias, luego del anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de retirar del proyecto el paquete fiscal que planteaba aumentos de retenciones y un sistema nuevo de ajuste de las jubilaciones, entre otros puntos.
Los temas en los que se mantienen disidencias están vinculados con la cantidad de materias de la emergencia pública, el sistema de privatizaciones, las leyes de pesca, de biocombustibles, reformas al Código Civil y Comercial.
Por ese motivo Menem, junto a funcionarios del Gobierno, mantuvo reuniones con la UCR, el Pro, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, para ordenar el tratamiento y superar las diferencias en los puntos donde hay aún desacuerdos.
Los que acompañaron el dictamen sin disidencias, los 20 diputados, 18 de la Libertad Avanza, José Luis Espert y Álvaro Martinez de Unión Mendocina. En disidencia sellaron el acuerdo 35 diputados, 17 del PRO, ocho de la UCR, entre los que está el misionero Martín Arjol, los tres de Innovación Federal, con Carlos Fernández y Yamila Ruiz, entre otros.
En primer término, el titular del cuerpo mantuvo una reunión con la diputada radical María Soledad Carrizo junto Alejandro Cacace -asesor del bloque de la UCR-, luego con el jefe de la bancada del Pro, Cristian Ritondo, y posteriormente con el presidente de Hacemos, Miguel Pichetto.
A la tarde también hubo otra reunión para acordar los puntos en disidencia entre el ministro del Interior, gobernadores de Juntos por el Cambio, el mandatario de Córdoba Martín Llaryora, el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, y Pichetto, en el Consejo de Inversiones Federal de Inversiones.
En ese marco, los gobernadores pidieron la coparticipación del impuesto País, que en la actualidad deriva los recursos a rentas generales, según indicaron fuentes parlamentarias.
El misionero Carlos Fernández fue parte de las negociaciones con el oficialismo.
El acuerdo con los bloques dialoguistas es clave, ya que la LLA tiene 38 legisladores y puede sumar unos 7 votos de bancadas menores, con lo cual requiere del consenso de otros bloques para tener el quórum de 129 para habilitar la sesión y luego una mayoría para aprobar el proyecto en general y cada uno de sus artículos.
En cuanto al tema de las facultades, el Gobierno aceptó limitar la emergencia pública de once a siete materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, aunque aun había un pedido de Hacemos y la UCR de eliminar la energética, tarifaria y de seguridad.
Otro punto donde aun persistía el desacuerdo es el artículo que propone la privatización de unas 40 empresas, ya que en el caso de las empresas públicas Nucleoeléctrica, Banco Nación y Arsat se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.
Ahí el radicalismo quiere que haya un compromiso para que el Gobierno envíe un proyecto por cada empresa que quiera privatizar, y Hacemos quiere eliminar de esa lista al Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica.
En cambio, sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) hay un principio de acuerdo para que acciones de empresas privadas queden en manos del FGS y el Gobierno podrá avanzar en la consolidación de la deuda.
Otro punto que se acordó dejar afuera del proyecto y tratarlo en sesiones ordinarias con la reforma política son los cambios al sistema de financiamiento de partidos políticos, ya que la nueva norma busca habilitar el aporte privado, que es rechazado por la UCR, y Hacemos.
La Libertad Avanza armó un sistema de semáforos donde marco con violeta los temas ya acordados y en amarillos aquellos que podrían ser eliminados si finalmente no están los votos para aprobar esos artículos.
Para el oficialismo había acuerdos sobre Ios capítulos referidos a la emergencia y reorganización administrativa, la Oficina anticorrupción, las modificaciones a la ley nacional de procedimientos administrativos, la desregulación económica, la ley de entidades de seguros, la ley orgánica de asociaciones mutuales, Jubilaciones y pensiones de privilegio.
También sobre los capítulos del impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas, Régimen de transparencia fiscal al consumidor, y Promoción registrado, financiamiento de la educación, y sobre el Incaa, Instituto nacional de la música, Instituto nacional del teatro y Fondo nacional de las artes.
En cambio, en La Libertad Avanzan reconocen que se mantienen los desacuerdos sobre impuestos internos, en los regímenes de biocombustibles, Régimen Federal de Pesca, Biocombustibles, divorcios no contencioso para que no se requiera un abogado.
También se modificó el capitulo que se refiere una reorganización de la administración pública nacional y se allí se elimino la facultad para poder disolver las empresas públicas, universidades, y entidades del inciso c del artículo 8 de la Ley 24156 como INTA y CONICET, entre otros.
Si se mantiene el pase a disponibilidad de los empleados estatales cuyos cargos sean eliminados por la reestructuración del Estado y se les pagará el sueldo durante 12 meses hasta su desvinculación.
El dictamen mantiene su propuesta para regular la protesta, al establecer que se prohíbe el corte del tránsito y de rutas, y se establece que se deberá pedir autorización para cualquier manifestación mayor de 30 personas en un espacio público, en lugar de las tres personas que establecía la iniciativa original.
También se mantiene la propuesta de permitir la legitima defensa cuando una persona fuera atacada en un caso de agresión ilegítima.
El procurador general de la Nación interino Eduardo Casal dictaminó hoy que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenir en la demanda que presentó la provincia de La Rioja para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica del Gobierno de Javier Milei.
“A mi modo de ver, en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte”, sostuvo el procurador Casal en el dictamen no vinculante que firmó hoy, al que accedió Télam.
“En efecto, toda vez que la provincia de La Rioja -a la que le corresponde la competencia originaria de la Corte, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Nacional- demanda al Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Fundamental, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esa instancia, cualquiera sea la materia del pleito. En consecuencia, opino que el proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal”, concluyó Casal.
El Gobierno de La Rioja se presentó ante la Corte el 29 de diciembre pasado y le pidió que dicte una medida cautelar que suspenda de inmediato la aplicación del DNU y que asuma la “competencia originaria” para entender en el asunto, pero el máximo tribunal dio vista al procurador interino y denegó abrir la feria.
La Rioja hizo su presentación a través de una “acción declarativa de certeza” presentada por el gobernador Ricardo Quintela, con el patrocinio como abogados del exministro de la Corte Raúl Zaffaroni y de Raúl Ferreyra, según el escrito al que accedió esta agencia.
En la “acción declarativa de certeza” La Rioja pidió que se declare “la nulidad absoluta e insanable del decreto n°70/2023 por resultar manifiestamente contrario a la Constitución” y que de manera inmediata “se dicte una medida cautelar que disponga la suspensión total de los efectos”.
También se solicita a la Corte que ordene al Poder Ejecutivo “no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la presente causa”.
La competencia originaria del máximo tribunal se justifica en que en la causa es parte una provincia que demanda al Gobierno nacional.
“Se ha definido que también corresponde a la instancia originaria las causas que se susciten entre una provincia y el Estado federal, en todo tipo de asuntos”, argumentaron los abogados.
El DNU “tiene malignidad para hacer crujir los fundamentos del Estado. Por dicho motivo, en el entendimiento que se concurre a un ámbito para la armonía del federalismo y la paz, queda debidamente asentada la competencia originaria para entablar esta demanda por la naturaleza del demandante y el objeto enteramente federal de la cuestión que se problematiza y deduce con expectativa de reparación inmediata”, se argumentó.
Cuando reclamó la aplicación de una medida cautelar, la provincia de La Rioja aseveró que “el decreto nº70/2023 corrompe la gradación jerárquica del orden jurídico de la Argentina y no ha dejado dolosamente pieza de la Constitución sin mancillar”.
“Este mal desempeño del Poder Ejecutivo, como se ha referido, ocasiona gravedad institucional en toda la comunidad, porque al autoasignarse la atribución para la configuración legislativa desdice más de 170 años de la vigencia constitucional que la censura, como regla general y a rajatabla para ese órgano”, sostuvieron los abogados en el escrito que presentaron en nombre del gobernador de la provincia.
“En pocas palabras, pues, queda acreditado que el cumplimiento parcial o total del DNU al atentar contra el orden institucional y el sistema democrático, produce un perjuicio irreparable para toda la Argentina, su orden jurídico y sus ciudadanos que por cierto son el fundamento mismo del Estado. El Poder Ejecutivo actúa fuera de los protocolos contemplados por la Constitución sin posibilidad de exculpación racional”, aseguraron.
