MILEI

Consensos precarios: el 58% de los argentinos rechaza que el ajuste lo paguen las provincias y 64% tiene un perfil opuesto a la ley Ómnibus

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El último estudio de la consultora Zuban&Córdoba conocido este domingo, a poco más de un mes y medio de la asunción de Javier Milei y pocas horas después del primer paro de la CGT, marca varios contrastes y consensos precarios: mientras que la imagen del Presidente se mantiene estable, sus políticas cosechan cada vez más rechazo. 

“El proceso político durante el primer mes y medio de gobierno de Javier Milei ha sido extremadamente vertiginoso, incluso desde la óptica de los consensos precarios”, describe el documento. 

La imagen personal de Javier Milei y la de su gobierno han sufrido una caída desde su asunción hasta fines de diciembre con el impacto de las primeras medidas económicas. Sin embargo, entre diciembre y enero no han mostrado grandes variaciones, sosteniendo un  44,3% (la imagen de Milei) y 45,7% (la aprobación del gobierno nacional) de positividad

Estos datos cobran sentido a pesar de la pérdida de poder adquisitivo entre en este mes y medio de mandato, al considerar que casi la mitad de argentinos (45,9%) cree que la mala situación económica que atravesamos hoy es responsabilidad del gobierno de Alberto Fernández.

Por otro lado, el “frame opositor” parece haber crecido a un ritmo moderado pero saludable. El paro nacional de la CGT cuenta con un margen de diferencial positivo es una señal en ese sentido, sobre todo tomando en cuenta que los gremios eran de los actores públicos con peor valoración hasta hace meses. 

Sin embargo, enfrentado a una oposición que aún carece de un liderazgo claro capaz de capitalizar los errores del Gobierno, las propuestas y dichos de Milei parecen gozar de un piso de 30% a 35% de aprobación – el famoso tercio “núcleo duro”- con un techo aproximado del 45%, dependiendo de los distintos temas. 

Este estudio fue realizado en medio del proceso de confrontación entre el gobierno nacional y las provincias, por lo que probablemente no haya llegado a detectar gran parte de las consecuencias de esa confrontación en la opinión pública. Pero las señales son preocupantes para el oficialismo: un 58% está en desacuerdo con la idea de que el ajuste lo paguen las provincias.

La confrontación con las provincias sea probablemente, uno de los errores políticos más costosos para el gobierno de Javier Milei, señala el análisis de Zuban&Córdoba.

La inmensa mayoría de los gobernadores en Argentina cuentan con grandes márgenes de imagen positiva en sus territorios. La legitimidad que tienen los gobiernos provinciales suele superar en creces a la legitimidad de las gestiones nacionales. 

“Pensar que es buena idea confrontar con esas figuras, poniéndolas en la misma categoría de “casta” que sirvió para confrontar con figuras nacionales mucho más desgastadas, es una maniobra peligrosa que puede poner al gobierno en una situación de debilidad inédita y les da a los gobernadores un halo de guerreros en defensa de sus provincias. Regalar capital político a los gobernadores no parece ser una buena estrategia”, remarca el estudio.

Sobre la denominada “Ley Ómnibus”, el sondeo apunta que solo un 34% de las personas que respondieron esta encuesta, está de acuerdo con la idea de aprobar sin más trámite el contenido de la ley enviada por el gobierno de Milei al Congreso. 

Pero si se suma el 17,5% de quienes afirman que diputados y senadores deberían ponerle límites a Milei con el 46,7% de quienes piden rechazar la ley, hay más de un 64% de personas que hoy tienen un perfil opuesto a la aprobación de la ley

“Todo un panorama político que debe leerse en su verdadera magnitud. ¿Tiene Milei su tercio núcleo duro intacto? Lo tiene. ¿Tiene una oposición fragmentada y con mucha responsabilidad de la crisis económica? También tiene eso. Pero también tiene una sociedad con derechos adquiridos sobre el papel del Estado en salud, educación, cultura, ambiente, DDHH, etc. No obstante, es una sociedad fragmentada, dividida. Sigue tensionada por la polarización político/ideológica en la que las posiciones frente a uno u otro tema son extremas. Así las cosas, una de cal y una de arena para un gobierno que quizás deba ver sus propias limitaciones al momento de analizar y construir estrategias. Y seguiremos insistiendo, el camino es el consenso político y social”, apuntan los consultores.

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Postales de la era Milei

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La fotografía que ilustra esta columna fue tomada por José Luis Tulumaris y es una metáfora de la Argentina de las últimas horas. Instituciones valladas, policías tratando de contener las manifestaciones y un villano haciendo de las suyas ante los ojos del mundo. 

El paro convocado por la CGT y la enorme movilización en todo el país mostraron el nivel de descontento acumulado en el primer tramo de la gestión del presidente Javier Milei, que profundizó la crisis y la pérdida de poder adquisitivo atando todo a una serie de reformas sin ninguna medida -ni una sola- direccionada a mitigar el impacto en el bolsillo. La Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella lanzó un nuevo informe sobre la gestión Milei y reveló que el índice de Confianza en el Gobierno por parte de la sociedad bajó un 8,7% respecto a diciembre.

La contundencia de la protesta excedió los límites de una convocatoria sindical. Los intentos por minimizar sus efectos fueron vanos. La primera consecuencia fue el retiro del capítulo fiscal de la ley Ómnibus, que el Gobierno defiende como único plan, ante la imposibilidad de contar con los votos para validarla. 

En el medio pasó de todo. Un dictamen de mayoría conseguido con los números justos, un texto cambiado fuera del Congreso en una maniobra que es mucho más que una desprolijidad y que se parece mucho al escándalo de la Banelco de la primera alianza allá por 2000. Ambos momentos tienen un hilo conductor: Federico Sturzenegger le puso su firma al megacanje que marcó el epílogo del gobierno de De la Rúa y ahora es el redactor de la mega ley que quiere cambiar de un plumazo todo el andamiaje jurídico, económico, político y social de la Argentina. 

Todas las reformas atacan a leyes que se lograron en base a discusiones públicas en las que participó la sociedad civil. Este cambio impuesto, rompe con todas las formas: no hubo evaluación ni consultas a los sectores, que se enteraron de estaban alcanzados al leer un proyecto que no se sabe a ciencia cierta por quien fue redactado. Aprobar el paquete promueve la inseguridad jurídica, ya que vastos sectores buscarán lo antes posible su reivindicación. ¿Quién invertirá en un país sin reglas sólidas?

Gobernar no es imponer. Gestionar es mucho más que ordenar. Y nadie debe estar por encima de la ley. Pero la gestión de Milei ya suma varios capítulos de “desprolijidades”. Un informe oficial reveló que no existieron dictámenes e informes previos al dictado del DNU, tal como está previsto en la ley, lo que podría implicar su nulidad. También que Sturzenegger no es funcionario, por lo que tenía prohibido intervenir en su redacción. El ex presidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri no sólo diseñó el DNU sino también los cambios introducidos en el dictamen fuera de las oficinas del Congreso. 

Según trascendió, en una reunión en una oficina de Recoleta, Miguel Pichetto, el diputado que más hizo por la aprobación de la ley, estalló de furia contra Sturzenegger, quien no tiene ningún cargo oficial en el gobierno a pesar de su momento estelar cuando Milei anunció el decretazo. Pichetto exigió que se retirara del lugar y comenzó a referirse al economista como “este tarado”. “Si está este tarado acá, yo me voy. Este tarado destruyó el país, nos metió en un caos institucional con el DNU“, les dijo a los otros diputados y negociadores. Consciente de que no era bienvenido en la reunión, Sturzenegger tuvo que partir.

No es menor que el dictamen por el oficialismo tenga apenas 21 firmas a favor, mientras que el resto de los diputados marcó su disidencia, como el bloque misionerista, que cumple la premisa de dar gobernabilidad, sin resignar posiciones ni avalar libros cerrados. 

Solo 21 convencidos de 257 diputados, muestra el “consenso” que no supo construir el Gobierno, que es el encargado de conseguir los votos para aprobar su ley madre, para la que parece no tener plan B. Sin embargo, el propio Presidente se dedicó a dinamitar posibles acuerdos en defensa de su resistido plan.  “Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos”, amenazó Milei a los gobernadores, según reveló el diario Clarín. La nota provocó la primera eyección en la primera línea del Gobierno, con el despido del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. No hubo desmentidas. 

A la promesa de Milei se sumó después el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aclaró que el recorte masivo a las provincias “no es una amenaza“, sino “la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico”. Caputo no fue votado por nadie. Y pertenece al espacio que en las elecciones generales salió tercero. Lejos de la mayoría. Pero aún si formara parte de una “mayoría”, el plan de Gobierno no es un simple cambio de modelo económico, sino que arrasa con derechos conquistados y leyes largamente trabajadas con la participación de diversos sectores. El plan de ajuste destruye por igual normativas ambientales como la red de contención cultural en pos de un libre mercado que sólo favorece a los sectores más concentrados de la economía. Baja impuestos a los más ricos al mismo tiempo que reimplanta el impuesto a las Ganancias y sube impuestos a los exportadores. 

Por eso no debe sorprender la reacción política y social. No es de la oposición, sino que la resistencia la supera, impulsada incluso por sectores que posiblemente hayan votado por Milei.

La eliminación del capítulo fiscal de la ley Ómnibus es un poco de sensatez en medio de tanto desatino. Pero es apenas una mínima porción de un proyecto que tiene un artículo clave: las facultades delegadas, un cheque en blanco con el que Milei puede hacer lo que quiera por uno o más años -el jefe del bloque de la Libertad Avanza, Oscar Zago admitió que Milei pedirá a cambio del capítulo económico, facultades delegadas por dos años prorrogables por otros dos- y que sepulta la idea de una república y determina el cierre del Congreso. 

El dictamen “que quedó” incluye enormes cambios. Elimina el financiamiento público de los partidos políticos, incluyendo todo aporte para boletas y espacio en medios audiovisuales, no pone límite al gasto en campaña y multiplica por diez el máximo de aportes privados por persona

Mantiene la posibilidad de vender la mayoría de las empresas públicas, incluidos los medios de comunicación y Aerolíneas Argentinas; la reventa de entradas deportivas y las sanciones a los piqueteros y para quienes organizan cortes de calle, aunque no participen de la protesta.

En el ámbito educativo, se mantienen los exámenes periódicos para alumnos y docentes y el arancelamiento universitario para extranjeros que no tengan residencia permanente. También permanece la iniciativa para transferir los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro Nacional -la plata de los jubilados-, todo lo referido con bioeconomía, la ley de pesca (con las modificaciones que se hicieron a la hora del dictamen) y las modificaciones para la legislación de los hidrocarburos. Desaparece el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

No es por falta de voluntad de la oposición que el Gobierno no avanza. El PRO y el radicalismo están decididos a darle todas las herramientas, incluso las facultades delegadas -raro caso el de los diputados de la UCR que en las provincias cuestionan esas herramientas pero las aceptan, dóciles, en la Nación-. 

Pero nadie está dispuesto a votar alegremente una licuación de jubilaciones, ajuste de salarios, privatizaciones y apertura de importaciones. Esos votos se castigan después en los territorios

En contraste, la oposición ofreció alternativas para conseguir recursos sin que el ajuste sea tan brutal. Revisar exenciones impositivas que van desde Bienes Personales hasta el IVA que recae sobre los honorarios de directores de sociedades, impuesto a las Ganancias en el Poder Judicial y exenciones de Bienes Personales sobre depósitos de entidades financieras. Entre todos, suman casi 2,5% del PBI, cerca de la mitad de lo que el Gobierno pretende ajustar. Pero Caputo ni quiso oir hablar del tema. ¿Será porque lo había propuesto Sergio Massa en su campaña?

Dos opciones: es nula la capacidad negociadora del Gobierno o, en última instancia, se pretende tener, en el rechazo opositor, un chivo expiatorio al eventual fracaso del plan económico. Si no hay ley, puede haber DNUs. 

Los otros espacios políticos también sumaron volumen de debate en las comisiones. Los casos más claros son los de Tucumán, que armaron un bloque propio y el misionerismo de Innovación Federal, que con perfil bajo pero una consigna clara, buscó la protección de las economías regionales, particularmente el sector forestal y el tabacalero, que iban a sufrir un aumento de retenciones -del cero al 15 en la madera y del 12 al 15 por ciento en el tabaco-. Por ahora, las economías regionales de Misiones, están custodiadas. Fueron las que mejor soportaron la caída exportadora del último año y son vitales para sostener el empleo en la provincia. 

La firma en disidencia del dictamen por parte del bloque misionerista marca eso: gobernabilidad sin resignar posiciones. Misiones coincide con el objetivo de equilibrar las cuentas y es ejemplo de ello en las últimas dos décadas, a pesar de la herencia recibida de los 90. Pasó de ser una provincia sobreendeudada y con pésimos indicadores sociales, a una con equilibrio financiero, autonomía económica y mejor plantada ante las crisis. Pero lo logró con un camino distinto al que propone Milei, con una diferencia sustancial: en el proceso no cargó de sufrimiento a la sociedad. No hubo promesas utópicas de un futuro inalcanzable, sino construcción en presente

Misiones puede plantar banderas porque predica con el ejemplo. Cuentas saneadas, el gasto público controlado, empleo privado mucho más alto que en el sector público, al que no se le cargó un impuesto a los sueldos, como hubo en los 90. En la mesa de negociaciones, no se le puede reprochar a la provincia nada que no haya hecho.

Por eso Misiones también negocia la supervivencia del Instituto Nacional de la Yerba Mate, incluido en el DNU de desregulación económica de Milei. Aunque el fallo de la jueza Adriana Fiori mantuvo el status quo del organismo yerbatero, la Nación ya apeló su decisión y ahora será la Justicia Federal la que deba dar la próxima respuesta. Indudablemente, de mantenerse las posturas, el conflicto terminará en la Corte Suprema. Mientras tanto, los productores de la zona norte decidieron paralizar la cosecha y reclamar un precio mínimo de 505 pesos -más del doble que los valores vigentes-.

Los valores exigidos por los productores representan 110,42 por ciento más que los precios vigentes hasta el nuevo acuerdo -si se mantiene el status quo del INYM- y se ubicarían en 0,61 dólares (oficial), el promedio ideal buscado por la Provincia. 

En la producción se saben vulnerables: las resoluciones que tome el INYM son pasibles de cuestionamientos legales y, en última instancia, la industria tiene el poder de veto en las negociaciones por los precios. Si hay laudo, en estas condiciones, no será a favor del productor. 

Por eso la Provincia busca blindar al INYM y guarda algunas cartas de negociación con la Nación. La creación de un organismo propio llevará tiempo, pero la decisión política es cuidar a toda la cadena productiva, como se venía haciendo en los últimos años. La industria también está expectante por los costos disparados por suba de combustibles y energía, además de las demandas salariales que son acuciantes por la inflación desbordada.

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El caso Misiones y el ajuste para todos que promete Milei

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“Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos”. La frase atribuida al presidente Javier Milei describe su modo de ver la relación con los gobernadores. No fue desmentida y terminó con la eyección del ministro de Infraestructura, Guillermo Francos. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la misma visión al revelar que si no se aprueba la ley Ómnibus exigida por el Gobierno, ya tiene en análisis “todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”. “No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos”, escribió Caputo, pese a que el espacio al que pertenece salió tercero en las elecciones. 

Básicamente el Gobierno quiere recortes para todos, que alcanzan a los jubilados y, en última instancia, a las provincias. Pero ¿son las provincias las responsables del deterioro de las cuentas públicas?

Ya desde finales de diciembre, cuando se inició el ajuste del Gobierno nacional sobre la economía argentina, y más aún ya transcurriendo el mes de enero con constantes amenazas a las provincias respecto a la continuidad del financiamiento vía recursos de origen nacional, un foco de análisis estuvo centrado en la solvencia de las cuentas públicas provinciales y sus capacidades para resistir no sólo un proceso de estanflación sino también de desfinanciamiento de recursos que venían de la Nación por fuera de la coparticipación. 

Esta situación volvió a ponerse en el primer plano de la agenda política con la -innecesaria y perversa- amenaza que esgrimió el presidente Milei con su frase “vamos a fundir a las provincias”, que se sitúa en línea con las constantes declaraciones del ministro Caputo que hasta llegó a culpar a las provincias de ser una parte importante de explicación del déficit del Estado nacional, cuando es bien sabido que, en general, los desempeños fiscales subsoberanos son mejores a los de la administración central. 

En ese marco, cabe evaluar cual es el desempeño fiscal de Misiones pero esta vez, en una perspectiva comparada con el resto de la región. En estas columnas hemos analizado los resultados fiscales de Misiones y destacado su buena performance per se; pero en este contexto, es relevante señalar su posicionamiento en el plano regional para poder determinar si las fortalezas misioneras se verifican sólo fronteras adentro o también en un análisis comparado. 

Previo al análisis, cabe señalar que los datos corresponden al cierre del tercer trimestre 2023, dado el desfasaje de este tipo de información que es frecuente para todas las jurisdicciones subnacionales; de hecho, a la fecha ningún distrito presentó sus cuentas para el cierre de año. 

Esta aclaración toma relevancia dado que justamente fue en el cuarto trimestre del año pasado cuando la situación ya deteriorada de la economía nacional se agravó, con alza fortísima de la inflación, caída de la recaudación y desequilibrio profundizado de las condiciones macro, devaluación incluida. Pero justamente en ese contexto es vital conocer cómo llegaron las administraciones provinciales de la región de manera tal de poder prever en qué medida pueden soportar los embates de las nuevas condiciones económicas, mucho más deterioradas que hace algunos meses atrás. 

Para realizar este análisis comparativo se tomarán ciertas variables para las cuatro provincias del NEA que incluyen análisis de los ingresos, gastos y resultados fiscales y sus pesos específicos en la estructura presupuestaria de las provincias. Comencemos del lado de los ingresos y su diferenciación en materia del origen de los mismos. 

Es ya sabido que Misiones se destaca en el NEA por tener un nivel de recaudación propia altamente superior al resto de la región, situación que se dio históricamente pero que fue profundizada fuertemente en los últimos cuatro años. Si se toman los ingresos de origen provincial tanto tributarios como no tributarios y otros vinculados a herramientas financieras generadas por las administraciones locales (pero excluyendo de este conteo a los recursos generados por la seguridad social) estos representaron en Misiones el 30,4% de los ingresos totales, mientras que el promedio del NEA estuvo en torno al 17,5% con brechas muy marcadas: en el Chaco representaron el 14,6%, en Corrientes el 13,3% y en Formosa apenas el 9,5%. 

Por el contrario, los recursos de origen nacionales (transferencias automáticas y no automáticas consolidadas) representan en promedio el 71,2% en el NEA, teniendo a Formosa en un extremo con el 80% y a Misiones en el otro con apenas el 58,4%

Así, se observa un primer indicador altamente relevante en contextos de amenazas: Misiones ratifica y profundiza su posición como la provincia con mayor autonomía financiera de la región y por ende, con menor dependencia de los recursos de origen nacional que, aún siendo fundamentales e imprescindibles para cualquier distrito, tienen un peso menor en Misiones producto de tener un esquema recaudatorio local altamente fortalecido. 

Los ingresos por contribuciones a la seguridad social también tienen un peso importante: son del 11,3% en Misiones, el mismo nivel que el promedio NEA y con brechas respecto a las otras provincias mucho más pequeñas: en el Chaco equivalen al 11,6% de sus ingresos, en Corrientes al 12% y en Formosa al 10,3%. 

Vamos al análisis de la estructura del gasto. En Misiones, el 37,7% del gasto total corresponde a Gasto en Personal; es decir, salarios públicos. Dicho nivel es inferior al promedio del NEA, que es del 39,1%, y echa así por tierra una crítica recurrente de que en las provincias del norte la mayor parte del gasto se destina a pagar sueldos. 

Otro punto fundamental de análisis refiere a los servicios de deuda pública: en Misiones representaron apenas el 0,5%, cuando el promedio regional es del 0,9%. A su vez, los gastos de consumo, entendidos como los típicos gastos de funcionamiento del Estado, representaron en Misiones solo el 4,1% del total de las erogaciones, cuando el promedio del NEA es del 7,1%. 

En estos tres puntos, se observa como Misiones cuenta con una política más austera de gasto, considerando que se trata de erogaciones que no inciden en los programas concretos de desarrollo local. 

Pero hay otros puntos del gasto donde Misiones se destaca del resto de la región pero no por tener niveles menores al promedio, sino mayores. 

El apoyo al sector privado es uno de ellos: las transferencias (tanto corrientes como de capital) al sector privado representaron en Misiones el 13,9% del gasto, cuando el promedio de NEA es de solo el 8,2%. Ergo, la provincia sostiene una política de fuerte apoyo al sector privado para su desarrollo endógeno pero también con financiamiento que hace al desarrollo privado en línea con, por ejemplo, programas de fomento al consumo y a la inversión, situación que genera que el apoyo al privado redunde también en beneficio de la sociedad. 

Por otro lado, el apoyo al sector público (transferencias corrientes y de capital), principalmente a municipios, es también superior: 19,1% en Misiones contra 15,2% de promedio NEA. Esto implica que existe una mayor contención (regulada por legislación pero también por voluntad política) a los gobiernos comunales a partir de una mayor participación en el gasto provincial que se destina a ellos. 

Finalmente, en lo que refiere al gasto de capital, entendido como la inversión real directa y la inversión financiera (excluyendo transferencias de capital que se las agrupó en la categoría anterior), Misiones está en línea con el promedio regional, con el 15% del gasto total. 

Si agrupamos en dos grandes categorías al gasto, vemos la diferenciación misionera. Podemos clasificar por un lado al gasto de funcionamiento del Estado que incluye salarios (activos y pasivos), deuda y gastos de consumo; y por el otro al gasto de desarrollo, donde se incluyen las transferencias al sector público, privado y gasto de capital. 

En Misiones, el gasto de funcionamiento del Estado alcanza al 53% de las erogaciones totales mientras que el gasto para el desarrollo concentra el 47%; en el Chaco, el 61% corresponde a funcionamiento y el 39% a desarrollo; en Corrientes es 70% para funcionamiento y 30% para desarrollo; y en Formosa es 63% para funcionamiento y 37% para desarrollo.

Así, nuevamente podemos verificar cómo la estructura presupuestaria misionera tiene un foco orientado al desarrollo mucho más marcado que en el resto de las provincias de la región.  

Previo al detalle de los resultados, vamos a un breve resumen: en materia de ingresos, Misiones sostiene la mayor autonomía fiscal de la región y por ende, si bien no la exime de sufrir los embates nacionales, la hace menos susceptible que en las demás provincias. En materia del gasto, Misiones mantuvo una política equilibrada en función de objetivos presupuestarios: es austera en gastos del Estado y deuda (donde además sostiene un claro proceso de desendeudamiento en términos reales), y es expansiva en erogaciones para el desarrollo, como el apoyo al sector privado y la inversión pública. 

Ahora sí, dicho eso, evaluamos cómo terminaron dando los resultados fiscales en este marco de consideraciones. El contar con una política austera en materia de funcionamiento del Estado para poder expandirse en materia de desarrollo le permitió a Misiones, nuevamente, cerrar el período con superávit. Si bien es leve (0,1% de los ingresos) es altamente relevante por el contexto. En el resto de las provincias de la región hubo resultados dispares: Corrientes y Formosa cerraron el período con superávit por el 0,4% de sus ingresos, un buen dato aunque con la particularidad de que tuvieron contracciones en materia de inversión; por su parte, el Chaco sufrió la caída de recursos nacionales y dada su alta estructura de gastos, cerró con un rojo financiero por el 9% de sus ingresos. 

Estas caracterizaciones permiten evaluar la manera en la que las provincias pueden soportar una coyuntura altamente negativa, pero también la manera en que aprovecharon épocas más “tranquilas”, visto ahora con el diario del lunes. 
En vista de lo detallado, queda claro que las consideraciones que realizan desde el gobierno de Milei no aplican a todas las provincias: hay algunas altamente ineficientes, y hay otras, aún con condiciones estructurales perjudiciales, que sostienen un camino de estabilidad y equilibrio. Es el caso de Misiones.

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Anatomía de las transferencias automáticas y discrecionales a provincias en 2023

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Escriben Marcelo Capello y Nicolás Cámpoli, Fundación Mediterránea. Las transferencias automáticas a provincias son aquellas en que existe una ley que determina que un determinado porcentaje de un impuesto nacional (o varios de ellos), se participan a provincias, determinando también qué % le corresponde a cada provincia, si los recursos girados son para un fin determinado o de libre disponibilidad, y en la temporalidad de los envíos (generalmente diarios, a medida que entra la recaudación de los impuestos involucrados).

La transferencia automática más importante es la de coparticipación federal de impuestos (actualmente Ley 23.548), que envía diariamente recursos de libre disponibilidad a provincias, pero existen otras, generalmente con asignación a fines específicos, como la distribución de la recaudación de los impuestos a los combustibles, la distribución de un 1% del IVA, etc.

Si se consideran sólo las transferencias automáticas, Buenos Aires (BA) recibe un 22,5% de los envíos a
provincias, y en el otro extremo Tierra del Fuego un 1,2%.

Como referencia, se presenta la participación de cada provincia en la población nacional total.

Si se analiza en términos per cápita, CABA es la que recibe menor monto ($100 mil), seguida por BA ($185 mil) y Mendoza ($277 mil).Las provincias con más transferencias automáticas per cápita son Tierra del Fuego ($894 mil), Catamarca ($856 mil), Formosa ($814 mil), La Rioja ($725 mil) y La Pampa ($712 mil).

Si bien es teóricamente lógico que provincias menos densamente pobladas (tienen deseconomías de escala) y/o más rezagadas económicamente (más necesidades sociales y para acortar distancia de desarrollo con las jurisdicciones más avanzadas) reciban mayores transferencias fiscales, desde la evidencia empírica de Argentina no se puede explicar razonablemente por qué algunas jurisdicciones ricas reciben altas transferencias por habitante (algunas patagónicas), o por qué existe trato tan disímil entre jurisdicciones similares (Catamarca o La Rioja mucho más altas que Salta, Formosa mucho más altas que Corrientes o Misiones, Tierra del Fuego y Santa Cruz mucho más altas que Chubut, Santa Fe mayor que Mendoza, etc.)

Transferencias discrecionales a provincias
Las transferencias que suelen resultar más discrecionales (en contraposición a las automáticas, como la coparticipación federal de impuestos), pueden serlas llamadas Transferencias Corrientes o de Capital, las
primeras dirigidas a financiar gastos ordinarios, que se repiten mensualmente, mientras las segundas financian erogaciones que significan inversiones, como compra de bienes de capital o ejecución de obras
públicas. Dichas transferencias discrecionales pueden estar dirigidas, entre otros destinos, a provincias y
a municipios.

Los principales 6 subprogramas de transferencias corrientes a provincias, que el año pasado explicaron
cerca del 80% del total de envíos a provincias por esta vía, se presentan en la siguiente tabla.

Participación de cada provincia e las transferencias corrientes totales a provincias
La provincia de Buenos Aires (BA) prácticamente recibió la mitad de las transferencias corrientes en 202
(49,5%), muy por arriba de su participación en la población (38%). BA recibe una alta participación en el
Fondo de Fortalecimiento Fiscal (100%), en la Asistencia Financiera a Provincias y en las transferencias con destino a las Cajas de Jubilaciones provinciales.
En el caso de CABA, su alta participación (10%) se debe a que por dicha vía se canalizan las transferencias para financiar el traspaso de la Policía Federal a la Policía Metropolitana.

En cambio, si se mide en términos per cápita, BA se ubica en el noveno lugar (aunque mucho más adelante que Santa Fe, Córdoba o Mendoza), y en los primeros puestos se puede ver a Santa Cruz, La
Rioja y Tierra del Fuego.

Participación de cada provincia en la transferencia de capital totales a provincia
En el caso de las Transferencias de Capital, se destaca la participación de La Rioja (16%), por cuanto allí
se canalizan transferencias que dicha provincia reclama hace años como compensación por supuesta coparticipación perdida en el pasado.

Si se mide per cápita, La Rioja recibe 4 veces lo que Formosa, que se ubica en el segundo lugar, y Córdoba se ubica en el último puesto.

En lo que respecta a transferencias corrientes con destino en municipios, aquí resulta más evidente la
elevada participación de los municipios de Buenos Aires en el total provincial (65%). Medido por habitante, BA se ubica en el cuarto lugar, después de Chubut, Tierra del Fuego y Chaco.

Algo similar a lo anterior ocurre con las transferencias de Capital a municipios, pues un 63% del total recae en la provincia de Buenos Aires, pero en términos per cápita, pasa a ocupar el cuarto lugar entre
los que más reciben.

Si se consolidan transferencias corrientes recibidas por cada provincia y sus municipios, se concluye que
un 49,6% es receptado por la provincia de BA, lo que le permite ubicarse en el 8vo lugar entre las provincias que más reciben este tipo de recursos, cuando se mide por habitante En los primeros lugares quedan Santa Cruz, La Rioja, Tierra del Fuego y Neuquén, y Córdoba. Corrientes y Mendoza en las últimas tres posiciones.

Si se consolidan transferencias de capital recibidas por cada provincia y sus municipios, se concluye que
un 26% del total es receptado por BA, seguido por La Rioja (11,2%), Chaco (5,8%) y Santiago (5,6%) Per
cápita, el primer lugar es para La Rioja, seguido por Tierra del Fuego, Formosa y La Pampa.

Consolidando tanto transferencias corrientes como de capital recibidas por cada provincia y sus municipios, se concluye que un 43,8%% del total es receptado por la provincia de BA, seguido por CABA
(7,9%), Santa Fe (4,4%), La Rioja (3,8%) y Chaco (3,7%). En el otro extremo, Chubut y Río negro sólo reciben un 0,8% del total.

Por habitante, BA queda en el 11mo lugar, y los primeros tres son ocupados por La Rioja, Santa Cruz y
Tierra del Fuego.

Así, las provincias que reciben transferencias discrecionales por arriba de su participación en la población, excluyendo a CABA por el motivo antes señalado, son: Buenos Aires, La Rioja, Chaco, Santiago, Neuquén, Formosa, Santa Cruz, Catamarca, La Pampa y Tierra del Fuego.

Finalmente, pueden analizarse las transferencias totales a provincias en 2023, tanto automáticas como discrecionales, incluyendo el dinero que va a municipios. En este caso, BA recibe el 25% de las transferencias totales, aunque si se mide per cápita, se trata de la segunda provincia con menos recursos
recibidos.

En términos per cápita, los mayores envíos totales son para Tierra del Fuego, Catamarca, La Rioja y Formosa, y los menores para CABA, BA, Mendoza y Córdoba.

Si se analiza la participación de BA en el total de transferencias a provincias (automáticas discrecionales), desde la vigencia de la Ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos (1989) hasta el año 2023, se observa que entre 1989 y 1995 dicha participación pasó de 19,5% a 26%, cuando se creó el Fondo del Conurbano Bonaerense en los primeros años de la Gobernación de Duhalde, y que tras imponerse un “techo” a dicho fondo, la participación de BA comienza a caer, hasta un mínimo de 18,5% en 2014 (Gobernador Scioli, Ministro de Economía Nacional Kicillof). A partir de 2016, por envío de más recursos discrecionales y luego con la eliminación del Fondo del Conurbano (que había pasado a perjudicar a BA), dicha provincia comienza a mejorar su participación en el total de envíos a provincias, llegando en el primer período del actual Gobernador Kicillof a participaciones similares a las que había tenido Duhalde en 1994 – 1996.

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El exceso de deuda de importadores sería menos de la mitad de lo estimado por el Gobierno

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A través de la publicación de su Informe sobre Deuda Externa Privada el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó un stock de deuda comercial de importadores de bienes y servicios de USD 53.365 millones, al 30 de septiembre de 2023 basado en el Relevamiento de Activos y Pasivos Externos (RAyPE) del BCRA.

Incorporando a este stock la diferencia entre lo importado y lo pagado en el mercado de cambios hasta el 12 de diciembre, la deuda de importadores de bienes y servicios habría alcanzado un total de USD 57.800 millones a esa fecha. De esta manera, desde el 31 de diciembre 2021 hasta el 12 de diciembre de 2023 se registró un incremento del stock de deuda de los importadores por USD 27.400 millones.

El 25 de enero 2024, el Ministerio de Economía dio a conocer los resultados del Padrón de Deuda Comercial por importaciones con Proveedores del Exterior en un comunicado conjunto con el BCRA. El Padrón registró un total de deudas netas por USD 42.600 millones, luego de descontar cerca de USD 8.500 millones que fueron declaradas canceladas sin acceso al mercado de cambios. Dicha medición refleja las deudas declaradas al 12 de diciembre 2023, previo al inicio de la actual gestión del Ejecutivo Nacional.

La mayor trasparencia y actualización de información provista por la Secretaría de Comercio sobre los montos de deuda externa comercial de los importadores son una noticia positiva en sí misma. El análisis de esta información representa otra buena noticia a fin de dimensionar los desafíos de la coyuntura económica y planear las respuestas adecuadas de política económica.

• En comparación con las estimaciones de deuda comercial basadas en los registros del BCRA (USD 57.800 millones al 12 de diciembre de 2023), el monto de deuda comercial registrada en el padrón de la Secretaría de Comercio (USD 42.600 millones al12 de diciembre 2023) sugiere que la carga financiera actual de deuda por importaciones de bienes y servicios sería de USD 15.200 millones menos de lo estimado en base a las fuentes disponibles con anterioridad.

• A su vez, se hace notar que del informe de BCRA se desprende que la deuda comercial de importadores normalmente oscila en torno a [USD 29.000 millones] (promedio para 2017-2021). Por lo tanto, la información actualizada obtenida a través del padrón de la Secretaría de Comercio (USD 42.600 millones) sugiere que la deuda comercial de importadores que excede el monto habitual con el cual opera la economía seria de aproximadamente USD 13.600 millones.

• Es decir, la demanda por moneda extranjera necesaria para normalizar la carga de deuda comercial de importadores resulta ser menos de la mitad (el 47%) de la que se estimaba (unos USD 28.800 millones) en base a las fuentes disponibles previas al padrón de la Secretaría de Comercio. Hacia adelante, la carga que representa el proceso de normalizar ese endeudamiento pesará fuertemente sobre los resultados de la balanza de pagos del país, pero la nueva estimación de la dimensión de la misma es una noticia positiva.

El problema del aumento en el endeudamiento externo comercial entre 2022-23 y su resolución a futuro

El aumento de deuda comercial durante 2022 y hasta 12 diciembre 2023 de USD 27.400 millones informado por el BCRA equivale a un alza de 90% en menos de dos años, y desconoce precedente histórico. Ese ritmo de endeudamiento se originó a partir de los incentivos desalineados del régimen cambiario vigente en ese periodo que, a través de la venta de reservas internacionales del BCRA, se orientó a preservar un tipo de cambio visiblemente atrasado en términos reales. Ante la demanda excesiva de importaciones por parte del sector privado la autoridad monetaria recurrió a la creciente imposición de restricciones de acceso al mercado libre de cambios para los importadores, impulsando de esta manera el incremento de la deuda comercial mencionado.

Este estado de deuda comercial del sector privado implica una potencial demanda extraordinaria de divisas hacia adelante y, por lo tanto, presenta un desafío de dimensiones extraordinarias para los objetivos del BCRA en el periodo actual. La situación constituye una amenaza a la estabilidad de pagos externos e internos del país. Ante la escasez de divisas, el BCRA ha establecido como prioridad avanzar decididamente en la resolución de esta situación por medio de subastas de nuevos instrumentos, BOPREAL. Estos instrumentos permiten a los importadores realizar, en un contexto de escasez de reservas internacionales del BCRA, una operación de cambios (al tipo de cambio hoy vigente) por el monto de su deuda con proveedores externos. Los importadores inscriptos en el padrón de deuda comercial de la Secretaría de Comercio han sido habilitados para suscribir las licitaciones de dichos instrumentos.

Implicancias del Padrón de Deuda Comercial para la interpretación de las estadísticas del Informe Trimestral de Deuda Externa Privada (BCRA)

En el caso de la deuda de importaciones, a pesar de estar ambos registros apuntando a recolectar información respecto al mismo tipo de operación pasiva con el exterior, surgen diferencias entre ellos que se reflejan en los montos totales finalmente relevados y publicados. En particular, y ante la visible disminución que sugiere la comparación del stock de deuda comercial de bienes y servicios reportado por la Secretaría de Comercio (USD 42.600 millones) y la actualización de los datos informados trimestralmente a través del RAyPE (USD 53.365 millones), el BCRA considera conveniente hacer las siguientes aclaraciones:

Explicaciones técnicas y metodológicas

1- Diferentes fechas de corte: el informe que publica el BCRA en el día de la fecha muestra estimaciones de la Deuda Externa Privada al cierre del tercer trimestre (30/09/2023), la cual difiere de la fecha de corte de la deuda declarada en el marco del Padrón de Deuda Comercial por Importaciones con Proveedores del Exterior, que corresponde a deudas por importaciones de bienes o servicios al 12 de diciembre de 2023.

2- Diferentes fechas de origen de la deuda: en caso de los bienes, en el Padrón de la Secretaría de Comercio se incluyen aquellas operaciones con fecha de oficialización anterior al 13 de diciembre de 2023, es decir, que los bienes deben haber tenido el registro de ingreso al país a esa fecha. En el informe de BCRA, la deuda externa se origina en base a la fecha en que se cumple la condición de compra pactada con el proveedor o la entidad que financie la importación, que en la mayoría de los casos es anterior a la oficialización del despacho.

3- Diferentes tipos de deuda incluida en ambos relevamientos: en el Padrón de Secretaría de Comercio se incluyen únicamente las deudas con proveedores del exterior. Por su parte, cuando se habla de deuda comercial, el informe de BCRA incluye no sólo la deuda con proveedores del exterior, sino también cualquier otro tipo de financiamiento de importaciones de bienes o servicios otorgado por un tercero ajeno a la relación comercial (por ejemplo, una entidad financiera del exterior, Organismo Internacional, etc.).

4- Estimaciones de deuda por no declaración: en la deuda externa estimada por el BCRA, las omisiones de declaraciones por parte de los sujetos alcanzados son tratadas de manera específica y se estiman en base al último dato disponible del declarante y otras variables asociadas al tipo de deuda específico. Es decir, si una empresa no declara, no se da de baja su deuda, sino que se estima con una metodología concreta para la misma (para el caso de la deuda por importaciones de bienes, el porcentaje del monto estimado representa alrededor de un 5% de la deuda total de este tipo).

5- Diferencias en el seguimiento de las deudas: las estimaciones realizadas por el BCRA han contado con el seguimiento trimestral de las deudas de los declarantes, a fin de obtener las regularizaciones necesarias en los casos que correspondiese, a lo largo de los últimos 6 años sobre la base de relevamientos anteriores. Esta situación supondría un universo mayor de informantes del que haya registrado, por primera y única vez, su deuda comercial en el Padrón de la Secretaría de Comercio creado oportuna y específicamente para atender el problema actual del stock de este tipo de endeudamiento. Debe destacarse que cerca de 15.000 empresas reportaron información en el Padrón de la Secretaría de Comercio.

6- Diferencias en el grado de cruce de datos con otras fuentes y organismos: El Padrón de la Secretaría de Comercio se basa en la declaración de las personas y empresas importadoras. En cambio, las estimaciones del BCRA no sólo cuentan con la información declarada por las empresas, sino que, a modo de complemento y control de los registros declarados, trimestralmente se realiza un cruce de datos con otras fuentes. Entre ellas, se validan datos con el INDEC en base a información aduanera y con el Régimen Informativo de Operaciones de Cambios. Asimismo, se corrobora la consistencia de las estimaciones de la deuda externa por importaciones de bienes con la que surge del Seguimiento de Pagos de Importaciones de Bienes del BCRA (SEPAIMPO).

Explicaciones económicas y cambiarias

2- Diferencias por incentivos a la declaración de cancelaciones de deudas: Las crecientes restricciones a los pagos de importaciones de bienes a través del mercado oficial de cambios que se registraron en los últimos años, junto con la necesidad de los importadores de tener que cancelar las deudas con sus proveedores a fines de no cortar su cadena de suministros, pudieron haber motivado las cancelaciones de estas deudas con fondos propios. Estas cancelaciones pueden haberse cursado a través del mercado de títulos valores y/o otras vías de cancelación, especialmente entre octubre y noviembre de 2023 cuando el mercado de cambios se encontraba más estresado. Es factible que los importadores no informaran estas cancelaciones de deuda al BCRA o que sean informadas en la siguiente declaración con fecha de corte 31/12/23. Estas cancelaciones no declaradas de deuda pueden reducir el stock estimado por BCRA. La motivación para no informar la cancelación al BCRA seguramente haya estado relacionada con la expectativa de poder acceder a un tipo de cambio que se encontraba muy bajo hasta el cambio de gestión del Ejecutivo Nacional, a mediados de diciembre.

3- Diferencias por necesidad de capitalizar deudas: Algunas empresas podrían haber negociado las capitalizaciones de sus deudas, con lo cual no las declararían en el Padrón de la Secretaría de Comercio y esta situación aún no fue informada al BCRA.

4- Diferencias por la capacidad para suscribir el BOPREAL: Las empresas podrían no contar con la liquidez suficiente para la suscripción de BOPREAL, propósito para el cual fue confeccionado el Padrón de Secretaría de Comercio sería menor. Con lo cual el incentivo a declarar sus deudas en el mismo podría ser menor.

Cabe aclarar que, las estadísticas trimestrales de Deuda Externa Privada del BCRA se seguirán publicando en línea con los estándares internacionales, apuntando a una mejora continua de los procesos y metodologías. En consecuencia, se aprovechará esta nueva fuente de información, el Padrón de la Secretaría de Comercio, para hacer más eficiente el cruce de datos como se ha venido haciendo con todas las fuentes disponibles, a los efectos de mejorar la calidad de las estadísticas del sector externo de nuestro país.

Por último, el BCRA considera que un régimen cambiario simplificado, transparente, libre de distorsiones por sí solo contribuye a corregir los incentivos que llevaron a la actual situación extraordinaria de endeudamiento comercial. Velar por un régimen cambiario sin distorsiones constituye la vía disuasiva principal por la cual el BCRA puede influenciar al sector privado para que en el futuro no comprometa, vía través de un endeudamiento excesivo, el equilibrio macroeconómico y la estabilidad de pagos internos y externos. En la medida que las acciones de las actuales autoridades de política económica permitan recuperar la estabilidad, el BCRA considerará medidas que permitan encauzar la economía del país en dicha dirección.

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