MILEI

La exaltación de la fragilidad

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Sorpresivamente Estados Unidos anunció un acuerdo comercial con Argentina que tendrá un enorme impacto en la economía del país. El Gobierno lo celebró con entusiasmo, pero hay señales que obligan a ser cautelosos ante el riesgo de la asimetría que puede significar un golpe de gracia para diversos sectores de la industria nacional. Argentina asume compromisos estrictos en casi todos los frentes -aranceles, barreras no arancelarias, normas técnicas, propiedad intelectual, acceso agrícola, estándares regulatorios, comercio digital, empresas públicas y minerales crítico-  mientras que las contrapartidas de Estados Unidos se reducen a un puñado de promesas abiertas y condicionadas. Washington ofrece, en el mejor de los casos, evaluar reducciones arancelarias para recursos naturales y productos que no produce, analizar “positivamente” el impacto del acuerdo cuando invoque razones de seguridad nacional y considerar eventuales ampliaciones de cupos agrícolas. 

El agro aparece como un terreno sensible. El Gobierno celebró la posible ampliación del cupo de exportación de carne vacuna hacia Estados Unidos, de 20.000 a 80.000 toneladas. Pero un estudio del Centro de Economía Política Argentina sostiene que el aumento llevaría la participación del mercado estadounidense sobre el total de exportaciones argentinas de carne del 3% al 7%, y está condicionado a la aprobación del Congreso estadounidense, además de ser vulnerable a objeciones sanitarias. En paralelo, el acuerdo abre el mercado local a carne aviar, bovinos vivos, productos porcinos, lácteos y otras proteínas norteamericanas con estándares regulatorios de origen. Esto implica un doble riesgo: competencia creciente para la producción local y una presión alcista sobre los precios internos, que tenderían a alinearse con los valores exportables, asfixiando al mercado interno. 

Sin embargo, el Gobierno celebra el pacto como si hubiera encontrado un oasis en un desierto. Nuevamente Donald Trump al rescate de una frágil economía argentina que sigue sin encontrar un sendero de recuperación. Pero el apoyo del bueno de Donald no es simple generosidad, sino una veta de negocio, como con swap preelectoral que incluyó una amenaza a los argentinos si no ganaba Javier Milei y ganancias inmediatas, según reconoció el secretario del Tesoro, Scott Bessent. 

Lo cierto es que aún con el salvataje del país del norte, la economía argentina sigue con respirador artificial y una fragilidad ostensible. 

La dinámica empresaria ha sido un termómetro claro del clima económico de cada gestión. Si se observan los primeros 20 meses de mandato, los datos son elocuentes: Néstor Kirchner lidera con una creación neta de 68.391 empresas empleadoras, seguido a gran distancia por Cristina Kirchner con 12.684 en su primera gestión. En el resto de los gobiernos predomina el signo negativo: Fernando de la Rúa perdió 3.998 firmas en el epílogo de la década menemista, Eduardo Duhalde 7.785, Mauricio Macri 5.518, y Alberto Fernández, en medio de la pandemia, 20.068, mientras que Javier Milei acumula una caída de 19.376 empresas cerradas en su inicio de gestión. Este recorrido revela un patrón persistente: desde 2011 la creación de empresas -y, con ella, la creación de empleo- permanece estancada o en retroceso, exhibiendo la fragilidad estructural de un país que no logra recomponer su ecosistema productivo. 

Pese a que la construcción aparece como el sector más golpeado por la virtual paralización de la obra pública nacional, otra actividad que quedó en la línea de fuego es la industria textil. La fuerte desregulación de las importaciones -con Temu y Shein como protagonistas del boom de compras puerta a puerta- profundizó la crisis: la Federación de Industrias Textiles Argentinas  difundió su informe mensual que la actividad del sector textil cayó 18,1% en agosto respecto del mismo mes de 2024, una contracción muy superior al 4,4% que registró el promedio de la industria nacional en igual período. Por su parte, el uso de la capacidad instalada textil se ubicó en apenas 41,5%, casi nueve puntos porcentuales por debajo del año anterior. 

En materia laboral, los números confirman la tendencia negativa. En julio de 2025, los sectores de textiles, confección, cuero y calzado contabilizaron 108 mil empleos formales. La cifra representa una reducción de 5 mil puestos respecto al mismo mes de 2024, consolidando así una tendencia de contracción que se sostiene desde febrero del año pasado.

Sin embargo, el presidente Javier Milei no parece preocupado por nimiedades. “La macro es la suma de todas las micro”, dijo en Corrientes el Presidente. 

El proceso actual, lejos está de ser virtuoso. Por el contrario, el deterioro parece acelerarse. Según los datos oficiales, en agosto de 2025, perdieron el empleo registrado 11.229 personas, de acuerdo a la Secretaría de Trabajo. Y en septiembre, según la Encuesta de Información Laboral, el nivel de empleo privado registrado habría continuado con un retroceso (-0,1%), acumulando 8 meses de contracción (solo en junio se registró un valor positivo de 0,1%).

El empleo asalariado en el sector privado alcanzó las 6.204.252 personas: 10.600 trabajadores menos. Desde comienzos de 2025, son 27.000 trabajadores menos..En relación con noviembre de 2023 son 181.512 menos.

La caída atraviesa todos los sectores y provincias. Misiones no fue la excepción. Marcó la tercera caída consecutiva y registró 101.860 trabajadores, con una baja que fue del 0,3% contra el mes anterior. Ese descenso equivale a una pérdida de 269 empleos durante agosto. Durante la era Milei, Misiones perdió 6.886 empleos, lo que representa una baja de 6,3%. El 2023 había cerrado con 107.800 empleos, después de picos de 110 mil. 

Si la situación de las empresas y el empleo es crítica, la inflación, que fue el caballito de batalla de Milei en su primera etapa, ahora es una meseta agria. La de octubre fue de 2,3 por ciento en el país y desde mayo que no se registran descensos. En el NEA pegó un salto de 1,8 a 2,2 por ciento, lo que se refleja en un consumo cada vez más ralentizado. 

De todos modos, algunos insisten en celebrar la supuesta “estabilidad de precios” bajo el gobierno de Javier Milei. En contraste, la realidad es que la inflación acumulada en lo que va de su gestión alcanza el 241%, según datos oficiales del INDEC. 

La narrativa del éxito se apoya en que ahora los precios “suben poco”, pero omite un dato esencial: el salto inicial fue descomunal, y desde ese Everest inflacionario los valores siguieron escalando. 

Basta comparar productos básicos entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 para ver la magnitud del golpe: la sal fina aumentó 342%, el pan 316%, el aceite de girasol 294%, el jabón en pan 288%, la leche 248%, la carne picada 212% y los huevos 190%. El combustible en Misiones aumentó 217 por ciento desde diciembre de 2023. 

Argentina se volvió uno de los países más caros del mundo con salarios entre los más bajos de la región. Para ponerlo en perspectiva: el mismo nivel de inflación que Milei acumuló en 20 meses, Cristina Fernández lo acumuló en 71 meses y medio -casi seis años- según las mediciones de The Economist.

En Misiones, de acuerdo al semáforo de actividades que realiza Economis -el local, no el inglés-, el tablero está casi todo en rojo. Apenas se lucen en verde el patentamiento de autos y motos, las exportaciones de yerba y los préstamos al sector privado. El resto, carmesí. 

Pero incluso el verde esconde tonalidades. La producción primaria de la yerba mate está atravesando uno de sus peores momentos, con un precio que se ha desplomado tras la desregulación y costos que aumentaron en contraste -el gasoil aumentó 190 por ciento desde diciembre de 2023-. Sin embargo, la industria tampoco se siente “ganadora” en un sistema que dejó de tomarles el pulso. Los costos también han impactado en la rentabilidad y una rentabilidad de cinco por ciento no es la misma sobre un paquete a cinco mil pesos que sobre uno a tres mil. Nadie gana con la yerba barata. Pierden la provincia, los pueblos que no tienen inyección de dinero y las propias industrias, que deben competir por precios mediocres en un mercado que no crece demasiado. 

Algo parecido sucede con el té. “Para los que trabajamos la tierra este es el peor Gobierno que existe”, aseguró Fabián Laban, director por la producción en la Coproté. El productor advirtió que la actividad atraviesa una de las peores campañas de los últimos años, con precios atrasados, costos en alza y una pérdida de competitividad que deja al productor “sin margen para seguir invirtiendo”.

Laban explicó que los costos internos hacen inviable sostener precios internacionales: “Competimos con países como Sri Lanka o India, donde el jornal de un peón es mucho más bajo. Ellos cosechan a mano, sin costos de combustible. Nosotros trabajamos con maquinaria, combustible caro y una carga impositiva que nos deja fuera del mercado”.

El dirigente remarcó que los industriales argumentan que no pueden mantener el precio fijado en agosto -equivalente a 73 centavos de dólar-. “Si ajustáramos por la devaluación, hoy el kilo de brote verde debería rondar los 106 o 107 pesos. Pero seguimos en 95. Es una vergüenza, porque todo subió: el jornal, el combustible, el dólar, y el precio del té quedó congelado”, expresó.

La Provincia asiste con las herramientas que puede. En el caso del té se decidió la bonificación del 20% de la tarifa eléctrica para las empresas tealeras durante los meses de mayor actividad -de noviembre a abril- así como fortalecer una línea crediticia con el Banco Macro, que permite descontar cheques diferidos a 30, 60 y 90 días sin costo financiero. 

El cupo total disponible asciende a 10.000 millones de pesos, destinado a que el sector pueda acceder a liquidez inmediata para cumplir con el precio acordado con los productores. La Provincia asume el costo del financiamiento, equivalente a un 42% de interés, una carga imposible de afrontar en plena zafra. A la actualidad ya se han hecho operaciones por 180 millones de pesos. 

Misiones está decidida a afrontar el vacío dejado por la Nación con los recursos propios. Incluso a costa de tomar deuda para afrontar gastos que hasta ahora dependían del Gobierno nacional, pero que afectan la vida de los misioneros, como la falta de energía o el evidente deterioro de las rutas nacionales que recorren el territorio. 

Antes de jurar como diputado provincial y asumir la presidencia de la Legislatura en reemplazo de Oscar Herrera Ahuad que se irá al Congreso, Sebastián Macías confirmó que Misiones negocia un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo para conseguir financiamiento para mejorar la ruta 14, en accesos a pueblos y terceras trochas hoy inexistentes. La falta de mantenimiento y la paralización de obras en rutas nacionales que atraviesan Misiones obligaron a la Provincia a buscar financiamiento propio e internacional para evitar un deterioro mayor de la infraestructura vial. En las próximas horas llegará a la provincia una misión del BID para activar un crédito por más de 40 mil millones de pesos.

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Santilli anticipó los próximos pasos del Gobierno en la reforma laboral

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El ministro del Interior, Diego Santilli, anticipó los próximos pasos que dará el Gobierno en su objetivo de aprobar una reforma laboral en el Congreso.

“El gobierno trabaja en una reforma que ingresará próximamente. Esta semana la discutiremos en gabinete, para luego iniciar un camino de diálogo que apunte a una modernización laboral”, resaltó Santilli.

En declaraciones radiales en el marco de su viaje a Neuquén, Santilli puso como ejemplo de la reforma laboral a las modificaciones realizadas envrdhJQ Vaca Muerta.

“Acá se hizo una reforma muy importante y Vaca Muerta creció. Me tocó trabajar en la modernización laboral del convenio colectivo petrolero con (Guillermo) Pereyra, y eso le permitió expandirse y multiplicar la cantidad de trabajadores en un segmento donde la inversión vino, y se desarrolló”, expresó el funcionario.

Y agregó: “Ese es el camino, hacia ahí apunta la modernización laboralA no alterar los derechos de los que están, pero darle derechos a los que están afuera. Son más los que están afuera que los que están adentro, son más los informales que los formales”.

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Javier Milei desmintió que se vaya a dar de baja al monotributo

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El presidente Javier Milei atribuyó esta tarde las versiones de eliminación del monotributo a “mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodistas”.

Están trabajando los equipos y eso corresponde a la reforma tributaria y la modernización laboral, pero bajen un poco la ansiedad, los proyectos van a estar cuando tengan que estar”, añadió.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó hoy que la reforma laboral modifique la Ley de Empleo Público, en respuesta al titular de ATE, Rodolfo Aguiar, según expresó hoy en una conferencia en la Casa Rosada. 

“Las declaraciones de un ruidoso gremialista quien convocó un paro sin haber leído la modernización laboral, que aún no se presentó. No va a contemplar modificaciones en la ley de empleo público, lo cual llama todavía mucho más la atención que haya llamado a un paro cuando no se va a modificar la ley“, dijo Adorni. 

Adorni negó que la reforma laboral modifique la Ley de Empleo Público

Luego, Adorni recordó que Aguiar afirmó que trabaja para generarle una “crisis” al gobierno del presidente Javier Milei. “De hecho, lo recordarán también porque hace poco dijo que su trabajo es provocarle una crisis al Gobierno. Bueno, suerte con ello”, arremetió Adorni durante la conferencia en Casa de Gobierno. 

“Si hay un Gobierno que está trabajando en revertir el lamentable estado del sector formal en la Argentina, es este, el del Presidente Javier Milei. Por supuesto, aclarar que cualquier afirmación sobre alguna medida que no haya salido, que no se haya conocido o que no la hayamos comunicado por canales oficiales, a priori es falsa”, agregó. 

También puso paños fríos a la discusión laboral y tributaria, con foco en el monotributo: “Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos, monotributo. Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, les pido que no digan cosas que no son

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Acuerdo entre Argentina y EEUU impulsará la previsibilidad y la competitividad, según AmCham

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Las empresas norteamericanas enroladas en la cámara AmCham Argentina celebraron el anuncio del marco Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos entre los Estados Unidos y la Argentina, y dijeron que representa una “señal contundente de confianza mutua y de la visión estratégica compartida hacia una mayor apertura e integración con las economías occidentales”. 

“En un contexto global cada vez más fragmentado, competitivo e incierto, este paso demuestra que nuestro país tiene las condiciones necesarias para volver a ocupar un rol protagónico en el comercio internacional”, señaló la Ancham en un comunicado, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

“Estados Unidos es la principal economía y el mayor importador del mundo. En este escenario, el nuevo acuerdo coloca a la Argentina en una posición favorable, especialmente frente a los cambios que atraviesa el comercio global”, indicaron.

Afirmaron que el acuerdo anunciado “abre la puerta a la consolidación de un canal bilateral de incentivos que permitirá dinamizar el comercio exterior, facilitar el intercambio y fortalecer el acceso a un mercado clave como el de los Estados Unidos”. 

“La potencial eliminación de barreras arancelarias y paraarancelarias mejorará la competitividad del sector exportador argentino, impulsando su internacionalización y posicionando al país como un destino atractivo para nuevas inversiones, especialmente en sectores estratégicos”, indicaron.

Asimismo, señalaron que este marco “resulta coherente con la reconfiguración global de las cadenas de valor y con la creciente demanda de proveedores alternativos. En línea con las tendencias de nearshoring y friendshoring promovidas por los Estados Unidos. La competitividad relativa de la Argentina, combinada con sus ventajas sectoriales, crea una oportunidad concreta para integrarse a estos nuevos flujos comerciales y de inversión”.

En este escenario, desde AmCham destacaron la relevancia de “promover acuerdos que refuercen la previsibilidad, la cooperación y la confianza entre países”.

“Instrumentos como este contribuyen a crear no solo condiciones más favorables para la producción. Agregar valor a las cadenas ya existentes y generar empleo genuino. Sino a bajar sustancialmente los costos para el consumidor argentino, potenciando de esa manera el crecimiento de nuestra economía”, señalaron.

Además, AmCham Argentina reafirmó su “compromiso de continuar acompañando y facilitando todos los esfuerzos orientados a atraer inversiones. Modernizar la estructura productiva y capitalizar las oportunidades que ofrece este nuevo mapa económico global. Contribuyendo al desarrollo sostenible del país y al fortalecimiento del vínculo bilateral”.

AmCham Argentina representa a más de 700 empresas que emplean directamente a 420.000 personas y representan 42 rubros de la actividad económica. Aportando el 24% del PBI, el 39% de la recaudación fiscal, el 35% de las importaciones y el 45%de las exportaciones de nuestro país.

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Un nuevo acuerdo Nación-Provincias para sostener las reformas de largo plazo

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Por Marcelo Capello y Martín Fiore, Fundación Mediterránea. Si hubiera que resumir en tres aspectos clave las necesidades del programa económico en el actual y próximos años, para su éxito a largo plazo, podrían plantearse los siguientes:
Viabilidad fiscal: Equilibrio fiscal en Nación y Provincias;
Viabilidad externa: Aumento sostenido de las exportaciones, financiamiento externo para afrontar los vencimientos de capital de la deuda y régimen cambiario de largo plazo;
Reformas estructurales: para apalancar la competitividad local y la viabilidad fiscal a largo plazo

Por lo acontecido en los primeros dos años de la actual administración de gobierno, pero especialmente por las novedades pre y post electorales de octubre pasado, creció la probabilidad de que dichos aspectos clave puedan consolidarse o encauzarse en la segunda mitad del mandato. Al equilibrio fiscal en Nación y Provincias que existía desde el inicio de la actual administración, y a la evolución observada en los últimos años y esperada a futuro en las exportaciones de energía y minería, se agregó la asistencia financiera del Tesoro de EE. UU., la reducción del riesgo país y la posibilidad cada vez más cercana de volver a los mercados voluntarios de deuda, que aseguraría el cumplimiento de las obligaciones externas, como mínimo en 2026.
Por otra parte, el resultado electoral del 26 de octubre y la conformación del nuevo Congreso, aumentaron la probabilidad que se aprueben las principales reformas estructurales, como son la laboral, la tributaria y la previsional, necesarias no sólo para incentivar inversiones y consolidar la evolución de los sectores con más posibilidades de expandirse a futuro, sino también para morigerar los inconvenientes en las ramas industriales que compiten con las importaciones en una economía más abierta y con tipo de cambio que no será alto, y en las regiones y áreas en que dicha industria se halla mayormente ubicada, como son los grandes aglomerados urbanos, especialmente el Gran Buenos Aires.
Por supuesto, las reformas deben ser aprobadas en el Congreso de la Nación, y eso implica negociaciones con fuerzas de la oposición más permeables al diálogo, incluyendo legisladores que responden a gobernadores que no hace mucho tiempo atrás solían acompañar algunas iniciativas del gobierno. Claro que estas negociaciones suelen implicar compensaciones económicas para las jurisdicciones de los legisladores que aportan sus votos para las reformas, de modo que surge la necesidad de transitar un estrecho sendero en que se alcanzan los acuerdos necesarios sin perder el necesario equilibrio fiscal.
Por un lado, se tiene la necesidad de una reforma tributaria que elimine o sustituya los impuestos más distorsivos que minan las posibilidades de crecimiento económico, como son los Derechos de Exportaciones (1% del PIB) y el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (1,6%), a nivel nacional; Ingresos Brutos (4%) y Sellos (0,4%), a nivel provincial; y la Tasa de Seguridad e Higiene (0,6%), a nivel municipal. En conjunto, representan 7,6% del PIB, un 2,6% del PIB los tributos nacionales, 4,4% los provinciales y 0,6% los municipales.
Tras una reducción del gasto público consolidado de poco más 5 puntos del PIB en lo que va de la actual administración, no existe chance de que se pueda reducir en shock el gasto de los tres niveles de gobierno en otros 8 puntos del PIB, para dar lugar a la eliminación de los mencionados tributos. Más bien hay que pensar en un mix de reducción gradual del gasto junto a la sustitución de impuestos malos por menos malos, para que la reforma tributaria resulte viable.

Por otra parte, están los reclamos de los gobernadores por mayores fondos, que seguramente pondrán en estos días sobre la mesa de negociaciones con los funcionarios nacionales. Aquí pueden mencionarse, entre otros:
– Los reclamos plasmados en proyectos de ley que se tratan o han tratado recientemente en el Congreso de la Nación (distribución de ATN, con un costo fiscal para la nación de 0,06% del PIB, y distribución del impuesto a los Combustibles, con un costo para Nación de 0,12% del PIB);
– La vieja disputa por los fondos que ANSES debiera transferir a las Cajas de Jubilaciones de 13 jurisdicciones con sistemas propios, que podría implicar un costo anual de 0,2% del PIB (sin considerar deudas por períodos anteriores);
– Los fondos de coparticipación que reclama CABA, con un costo fiscal anual de alrededor de 0,18% del PIB
– Las transferencias nacionales para la ejecución de obras públicas en provincias, que sufrieron un recorte de cerca de 0,3% del PIB si se compara la situación actual contra el promedio observado en 2015-23.
Se trata de reclamos provinciales por al menos 0,8% del PIB, que sumados a la pérdida de recursos fiscales para el gobierno nacional que podría significar una reforma tributaria, no resultarían compatibles con el objetivo de viabilidad fiscal, antes planteado como uno de los requerimientos centrales del programa.
Probablemente la solución a este rompecabezas surja de priorizar los siguientes criterios:
– Reconocer aquellos reclamos provinciales que más probablemente la Justicia termine convalidando, o ya lo ha hecho en el pasado (Cajas de Jubilaciones, coparticipación de CABA);
– Transferir recursos a provincias por convenios para que se hagan cargo de la ejecución y/o mantenimiento de infraestructura nacional que de todos modos se deberá afrontar en el corto o largo plazo, dado su progresivo deterioro, y que no se concesione a privados;
Dado que se parte de una situación inicial de equilibrio fiscal en Nación y Provincias, y que existe necesidad de otras reformas, como la tributaria, con su consecuente costo fiscal, los mayores recursos que reciban las provincias por sus cajas de jubilaciones o la coparticipación de CABA, debieran derivar en reducciones tributarias en esas provincias por montos equivalentes a los recursos extras recibidos.
Claro que lo anterior requiere de un nuevo pacto entre Nación y Provincias, con objetivos fiscales y de competitividad de la economía. Dicho pacto anual debiera contener un elemento central que permita financiar en forma gradual las reformas pendientes, como es aprobar un tope al aumento anual del gasto público en ambos niveles de gobierno, por una cierta cantidad de años, para que no supere a la tasa de inflación. Con crecimiento económico, dicho tope a la suba del gasto liberaría recursos para la reforma tributaria y otros fines.
Tal regla resulta vital desde 2026 para que, si el PIB crece, no aumente demasiado el gasto público, especialmente en provincias. Debe tenerse en cuenta que, en el primer semestre de 2025, el gasto provincial consolidado aumentó un 6% anual, en valores constantes, cuando se ha mantenido prácticamente igual a nivel nacional. Así, si se considera la situación acumulada en los dos últimos años (entre 2023 y 2025), el gasto nacional cayó un 30% real, contra 19% en el conjunto de provincias.

La experiencia histórica muestra que el gasto provincial generalmente se expande cuando lo hace la producción, y que los únicos años en que se ajusta el gasto en términos reales, son los recesivos, en que habitualmente una fuerte devaluación de la moneda local acelera la inflación y licua salarios y jubilaciones provinciales. En 6 de los 8 de los años en que se observó una caída del gasto provincial real entre 2006 y 2024, coincidió con una baja del PIB nacional. De otro modo, de los 10 años en que creció el PIB entre 2006 y 2024, sólo en una oportunidad (2010), el gasto provincial exhibió una caída real, aunque sólo del 0,17%.

Lo ocurrido con la política fiscal en Argentina va a contramano de lo que la teoría y el sentido común aconsejan: los ajustes del gasto ocurren en años recesivos, mientras en los expansivos el gasto aumenta. En lugar de apelar a reformas del estado bien planificadas, a ejecutar en años en que la producción crece, siempre los ajustes han ocurrido por licuación salarial y de jubilaciones en años recesivos e inflacionarios. Es decir, una política procíclica.
Dada la secuencia histórica, si en los próximos años existe crecimiento económico en Argentina, como es muy probable que ocurra dadas las condiciones que se están gestando, resultaría sumamente necesario establecer un tope al aumento del gasto público en Nación y Provincias, para que no supere la tasa de inflación anual, y así liberar recursos para realizar las vitales reformas económicas. Tal tope permitiría llevar a cabo una reforma del estado planificada, con algunas erogaciones que bajan y otras que suben, pero sin que el aumento del gasto total supere a la inflación anual. Se trata de una regla fácil de explicar, que serviría a los ministros de economía para justificar restricciones al gasto en años donde los recursos aumentan, y que permitiría mantener en valores reales los salarios y jubilaciones.
Por ejemplo, si el PIB creciera un 3% anual entre 2026 y 2031, con inflación decreciente, el gasto nacional podría pasar de 16,6% del PIB en 2025 a 13,9% en 2031, con una reducción adicional de 2,7 puntos del PIB. En el caso de las provincias, podrían pasar de un gasto de 16,5% del PIB en 2025 a 13,7% en 2031, con una reducción punta a punta de 2,8 puntos del PIB. Un recorte extra del gasto del orden de los 5,5 puntos del PIB en 6 años, cerca de 1 punto por año.

En suma, la posibilidad de avanzar en reformas estructurales y de encarar una modernización tributaria y productiva depende de un nuevo entendimiento entre Nación y Provincias que combine responsabilidad fiscal, reglas claras y visión de largo plazo. Establecer un tope al crecimiento real del gasto —para que no supere la inflación— aparece como la herramienta central para generar el espacio necesario sin comprometer la estabilidad lograda. Si el país retoma un sendero de crecimiento, esta regla permitirá financiar gradualmente los cambios pendientes, fortalecer la competitividad y aprovechar una coyuntura externa y política más favorable que en el pasado.

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