pobreza

En el primer trimestre, la desigualdad pegó un salto y trepó a un nivel récord desde 2016

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El coeficiente de Gini, que mide la disparidad del ingreso per cápita familiar, fue de 0,467 en el 1° trimestre de 2024, lo que significa un salto significativo respecto al mismo trimestre de 2023, cuando el valor fue de 0,446, lo que muestra un importante aumento de la desigualdad en la comparación interanual, informó esta tarde el INDEC.

Según el INDEC, es un indicador de la desigualdad en la distribución del ingreso. El coeficiente toma valores comprendidos entre 0 y 1. El valor 0 corresponde al caso de “igualdad absoluta de todos los ingresos” y el valor 1, al caso extremo contrario, donde todas las personas tienen ingreso 0 y una sola persona se lleva el total. Puede calcularse con datos desagregados o agrupados; por ejemplo, en deciles. El INDEC lo calcula con los datos desagregados. Se lo utiliza, a veces, para comparar la distribución del ingreso entre países o para mostrar la evolución de la distribución del ingreso de un país. Para su cálculo, se toma en cuenta el conjunto de la población, lo que lo diferencia de otros indicadores, como el cociente entre los deciles 10 y 1, que toma en cuenta la diferencia entre los extremos de la distribución. 

El informe de hoy sobre evolución de la distribución del ingreso es otro indicador que muestra el impacto que están teniendo las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Javier Milei, que asumió a partir del 10 de diciembre del año pasado. Otro ejemplo de este impacto se verificó ayer, cuando el INDEC dio a conocer la caída de 5,1% interanual del Producto Bruto Interno, también en el primer trimestre de 2024. Y otro cuando dio a conocer el Informe sobre la incidencia de la pobreza y la indigencia en correspondiente al segundo semestre de 2023, el que, aunque apenas muestra el comienzo de la administración actual, logró capturar más deterioro en diciembre por la devaluación, entre otras medidas. Los datos de pobreza revelaron un aumento en ambos indicadores con respecto al primer semestre del mismo año. Según el INDEC, el 31,8% de los hogares se encuentran bajo la línea de pobreza (LP), lo que representa un aumento de 2,2 puntos porcentuales (p.p.) con respecto al primer semestre. Eso significa que 41,7% de las personas son pobres, un aumento de 1,6 p.p. en el mismo período. A su vez, 8,7% de los hogares se encuentran bajo la línea de indigencia (LI), lo que representa un aumento de 1,9 p.p. Esto se traduce en que 11,9% de las personas son indigentes, un aumento de 2,6 p.p.

Ese anticipo del impacto de las medidas gubernamentales en la pobreza se verificó, aunque con otros criterios de medición, cuando Cáritas Argentina y el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) de la Universidad Católica Argentina presentaron, hace tres semanas, el informe “Radiografía de la pobreza en Argentina: realidad social y solidaridad que es esperanza”, donde se señala que “la aceleración de la espiral inflacionaria generó un notable incremento en los índices de pobreza e indigencia. Entre el tercer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, el indicador de pobreza subió del 44,7% al 55,5%, mientras que la indigencia pasó del 9,6% al 17,5%. Esto implica que en los primeros meses de 2024, aproximadamente 24,9 millones de personas en áreas urbanas se encontraban en situación de pobreza, de las cuales 7,8 millones vivían en la indigencia”.

El Gobierno, que en estos momentos celebra un proceso de desinflación, atribuye todos estos indicadores a la herencia recibida, que está siendo encarada mediante políticas de ajuste con una intensidad de shock: suba inflacionaria, despidos en la administración pública y en el sector privado, recortes en la ayuda social, recesión, entre  otras. La administración de Milei considera que estos flagelos son un precio inevitable para que el país derrote la inflación, y recupere el crecimiento, a partir de los cual  estos números se mejorarían. 

Más datos del informe de hoy

El informe del INDEC consigna, además, que la suma total de ingresos para el total de la población de referencia fue de $6.915.757 millones, lo que significó un incremento de 198,4% en relación con igual trimestre de 2023. El ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 29.593.119 personas, alcanzó los $233.695, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $155.000.

Además, señala que el 62,2% de la población total (18.416.828 personas) percibió algún ingreso, cuyo promedio es igual a $369.085. Analizado según la escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles 1 a 4) fue de $122.529; el del estrato medio (deciles 5 a 8), de $327.862 y el del estrato alto (deciles 9 y 10), de $945.325. Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de $429.741, mientras que el de las mujeres fue de $310.064.

Respecto a la población ocupada, se registró un ingreso promedio de $350.593 y un ingreso mediano de $260.000, equivalente al límite superior de ingresos del decil 5, bajo el cual se sitúa el 50% de las personas ocupadas. El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población, ordenada según ingreso de la ocupación principal, fue de $118.759. El ingreso promedio del estrato medio (deciles del 5 a 8) fue de $329.826, mientras que el ingreso de los deciles 9 y 10 fue de $855.881.

Más datos 

Respecto a la población asalariada, se registraron 9.620.037 personas con ingreso promedio de $361.445. El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $449.382 (+196,1% interanual), mientras que, en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivale a $197.467 (+200,8% interanual).

En el caso de los hogares, los ingresos laborales representaron el 76,8% de los ingresos totales, mientras que los ingresos no laborales alcanzaron el 23,2% restante. El peso de los ingresos no laborales fue mayor para los deciles de ingreso total familiar más bajos: fue igual al 62,6% en el primero y 13,6% en el décimo. 

Respecto a la relación de dependencia de los hogares, la cantidad de personas no ocupadas fue de 125 por cada 100 ocupadas, mientras que la cantidad de no perceptoras de ingreso fue de 60 por cada 100 perceptoras. Esta relación es mayor en el caso de los deciles más bajos. Para el decil 1, por ejemplo, es igual a 267 personas no ocupadas cada 100 ocupadas y 144 no perceptoras cada 100 perceptoras, si se ordenan los hogares según ingreso per cápita familiar. En el mismo trimestre del año anterior, los valores eran de 271 y 155, respectivamente. En el caso del decil 10, los valores correspondientes son iguales a 36 no ocupados cada 100 ocupados y 18 no perceptores cada 100 perceptores.

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Según la UCA la pobreza subió al 55,5% de la población en el primer cuatrimestre

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En un contexto de décadas de pobreza estructural, la coyuntura de aceleración de la espiral inflacionaria generó un incremento de la población en situación de pobreza e indigencia. A partir de los datos del ODSA-UCA, entre las mediciones correspondientes al 3° trimestre de 2023 y las estimaciones –por micro simulaciones- para el 1° trimestre de 2024, el indicador de pobreza se habría incrementado de 44,7% de la población a 55,5% y el de indigencia de 9,6% a 17,5%.

Por lo que, en el primer trimestre de 2024, 24,9 millones de personas residentes en áreas urbanas del país
habrían estado en situación de pobreza (por debajo de la CBT), entre las cuales, 7,8 millones de personas en estado de pobreza extrema o indigencia (por debajo de la CBA).

  • Los bajos ingresos de los hogares impactan en elevados niveles de inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria total para áreas urbanas relevadas por la encuesta del ODSA-UCA, alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, se encuentran en una situación aún más grave, con inseguridad alimentaria severa el 10,9% de las personas, el 8,8% de los hogares y el 13,9% de los niños, niñas y adolescentes. Al considerar el AMBA, los valores de inseguridad alimentaria total se ubican en el 26,4% de las personas, el 21,8% de los hogares y el 35% de NNyA. Al considerar la inseguridad alimentaria severa se ubican en 9,9%, 12,7% y 16,5%, respectivamente.
  • Los elevados valores de privaciones alimentarias que sufre la población tratan de ser compensados con acciones realizadas desde los diferentes niveles del Estado. Considerando a los niños, niñas y adolescentes, el 42,6% de ellos reside en hogares que reciben la AUH+Tarjeta Alimentaria, el 50% asiste a comedores escolares, el 36,7% recibe caja o bolsones de alimentos de comedores y el 11,1% recibe caja o bolsones de alimentos de comedor no escolar; sumando muchos hogares más de un beneficio.
  • La tasa de mortalidad infantil, de menores de 1 año y de menores de 5 años, presenta una mejora general a través del tiempo, 2005 a 2022, pero una mayor heterogeneidad entre la situación de cada una de nuestras provincias. En general, al considerar los datos por provincias, se observa que los altos niveles de mortalidad infantil tienden a correlacionarse con altos niveles de indigencia monetaria.
  • El marcado déficit educacional de la población urbana de nuestro país es representado por los siguientes valores, el 23% de los NyN de 3 a 5 años no asiste a establecimientos educativos formales, el 9,1% de los NNyA de 6 a 12 años asiste con sobre edad a la escuela primaria y el 35,3% de los jóvenes de 18 a 29 años no termino la secundaria. Estos indicadores expresan valores adversos a pesar de que el sistema general de gestión pública (80,7% de los alumnos de menos de 18 años) se ve fortalecido por la acción de la gestión privada (12,6% en establecimientos privados laicos y 6,8% en establecimientos religiosos).
  • El escenario laboral expresada las desigualdades de la estructura productiva y la escasa generación de empleo y de empleo de calidad, el 32,5% de los ocupados son trabajadores que residen en hogares en situación de pobreza, el 30,9% de los ocupados trabaja en la economía social y, al considerar a la población económicamente activa el 26,5% tiene un empleo precario y el 24,3% un subempleo inestable.
  • La venta y el tráfico de drogas se ha vuelto un flagelo que se incrementa con el paso del tiempo. El porcentaje de referentes de hogares que expresaron que en la cercanía de su vivienda se vende droga paso del 22,8% en 2021, al 26,5% en 2022 y al 31,3% en 2023. En 2023, solo el 29,2% de los referentes de hogares de barrios con trazado urbano advertían venta de drogas, cuando sí lo hacían el 62% de los de asentamientos de emergencias y el 70,5% de los residentes en complejos de viviendas sociales monobloques, constituyéndose estas últimas en estructuras de múltiples particularidades adversas y objeto de especial atención.
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Brecha en Protección Social en América Latina: Un Desafío Urgente

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América Latina y el Caribe enfrentan un panorama preocupante en materia de protección social.

Un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela que la región tiene un déficit de financiación del 2,7% del PIB anual para alcanzar un nivel mínimo de protección social universal. Si bien este porcentaje es menor al de otras regiones como África (17,6%) o los países árabes (11,4%), sigue siendo una barrera significativa para garantizar el bienestar de millones de personas.

El informe destaca que el desempeño de América Latina se ve afectado por la situación extrema de Haití, país con el mayor déficit de financiación de la región (45,5% del PIB). Sin embargo, incluso excluyendo a Haití, la región aún tiene un camino largo por recorrer.

Brasil, con el mayor PIB de la región y un déficit de financiación del 1,4% (el quinto más bajo entre países de renta baja y media), es un ejemplo positivo. No obstante, aún necesita destinar el 0,8% adicional de su PIB para alcanzar la cobertura universal.

Los países con mayores déficits después de Haití son Venezuela (17,7%), Honduras (12,8%) y Nicaragua (9,9%).

En términos de áreas específicas, la atención sanitaria esencial tiene un déficit de financiación del 1% del PIB anual, mientras que las cinco principales prestaciones económicas de protección social presentan un déficit del 1,7%.

Las áreas más afectadas son la atención de niños (0,7% del PIB), las personas con discapacidad (0,3%), la maternidad (0,1%), la vejez (0,3%) y el desempleo (0,3%).

El listado de países con déficits de acuerdo a la OIT

  • Haití: 45,5
  • Venezuela: 17,7
  • Honduras: 12,8
  • Nicaragua: 9,9
  • Guatemala: 6,4
  • Surinam: 5,8
  • San Vicente y Granadinas: 5,1
  • Bolivia: 4,8
  • Belice: 4,7
  • Perú: 4,4
  • Cuba: 4,1
  • Colombia: 4
  • Paraguay: 3,7
  • Santa Lucía: 3,7
  • El Salvador: 3,4
  • Dominica: 3
  • Granada: 2,9
  • Ecuador: 2,8
  • Argentina: 2,7
  • Jamaica: 2,6
  • República Dominicana: 2,5
  • México: 1,9
  • Costa Rica: 1,9
  • Brasil: 1,4

¿Qué se puede hacer para cerrar esta brecha?

La OIT señala que se necesitan recursos adicionales por un valor de US$1,4 billones (el 3,3% del PIB global en 2024) para alcanzar la cobertura universal.

Para América Latina, esto significa triplicar la ayuda oficial al desarrollo destinada a la protección social. Adicionalmente, es fundamental movilizar recursos internos y explorar mecanismos innovadores de financiamiento.

Sin embargo, la mayor amenaza para la protección social en la región es el pago de la deuda pública. En América Latina y el Caribe, el 54% del gasto en protección social, el 64% del gasto en salud y el 63% del gasto en educación se destinan al pago de intereses de la deuda. Para evitar más deuda, 134 gobiernos en el mundo comenzaron a recortar el gasto público en 2021, una tendencia que se espera continúe hasta 2025.

Lamentablemente, esto incluye la focalización y racionalización del gasto en protección social, lo que podría profundizar aún más las desigualdades.

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La UCA reveló que se triplicó la cantidad de trabajadores en hogares pobres en la última década

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El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) dio a conocer el informe “Informalidad y trabajadores pobres (2023)”

Los trabajadores que viven en hogares pobres se triplicaron entre 2012 y 2023, un fenómeno que atacó con más virulencia a las personas con menor nivel educativo completo.

El informe se difundió luego de los polémicos dichos del diputado nacional de LLA Bertie Benegas Lynch, sobre la libertad y la educación. “Libertad es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”, en una frase que provocó la reacción del Gobierno, que se diferenció a través de la ministra Sandra Pettovello y del vocero Manuel Adorni.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) que dirige Agustín Salvia, dio a conocer el informe Informalidad y trabajadores pobres (2023), que indica que la insuficiencia de recursos se focaliza sobre todo en los jóvenes y en los adultos, más que en los adultos mayores.

Las conclusiones del informe coinciden con el período de la última década en el que la economía dejó de crecer en forma robusta y continua, mientras se estancaba la creación de empleo de calidad registrado en el sector privado. En paralelo, hubo un aumento sostenido de la inflación -a medida que se deterioraban los indicadores fiscales- y del gasto público con más planes sociales (que no derivó en una mejora de los indicadores sociales, sino todo lo contrario).

Según el estudio del equipo dirigido por Eduardo Donza, “en el período 2012-2023, a pesar de efímeros años de bonanza, se observa un incremento del porcentaje de ocupados en situación de pobreza”, luego de la caída registrada en el período posterior a la crisis económica 2001-2004.

Por este declive, que toma como punto de inicio el segundo mandato presidencial de Cristina Kirchner y el final de Alberto Fernández, la cantidad de pobres con un trabajo llegó al 32,5%, frente al 11,5% registrado en 2012.

De este modo, en 2023, “el 17,8% de los trabajadores del sector público y el 19,7% de los asalariado del sector privado formal se encontraban en esta situación”.

“Para el mismo año, la incidencia de la pobreza es menor en los trabajadores por cuenta propia del sector privado formal, 4,9%”, señaló.

“Contrariamente, se incrementa marcadamente al disminuir la calidad y la productividad del establecimiento en el que trabajan, el 37,5% de los asalariados del sector micro-informal, el 44,2% de los cuentapropistas del sector micro-informal y el 78% de los destinatarios de los programas de empleo, se encontraban en situación de pobreza”, aclaró. El sector privado micro-informal es aquel que tiene actividades laborales caracterizadas por la baja productividad, alta rotación de trabajadores y poca participación en el mercado formal o estructurado; en términos operativos, son ocupaciones en establecimientos pequeños, de servicio doméstico o independientes no profesionales.

Respecto de este punto, indicó que “en 2023, el 33,1% de las mujeres ocupadas y el 31,9% de los varones ocupados residían en hogares en situación de pobreza”.

“Especificado por el sector y la condición laboral, se observa que en el sector público, en el sector formal asalariado y en el sector formal no asalariado, las mujeres sufren un menor nivel de incidencia de la pobreza que los varones”, apuntó.

“Esta relación se invierte en el sector micro-informal asalariado y casi desaparece la diferencia en los ocupados en el sector micro-informal no asalariado y en los destinatarios de programas de empleo”, aclaró.

“Con respecto a la edad, en el mismo año, el 33,7% de los jóvenes ocupados, el 33,8% de adultos ocupados y el 21,5% de los adultos mayores ocupados se encontraban afectados por la pobreza”, detalló.

“La incidencia de la pobreza según las edades es relativamente similar al especificar a los ocupados según el sector y la condición laboral, excepto entre los adultos mayores destinatarios de programas de empleo en los cuales se observa una tendencia a encontrarse en su totalidad en situación de pobreza”, indicó.

Brecha educativa y pobreza

Además, “en 2023 siguieron verificándose las brechas según el nivel educativo alcanzado: sólo el 21,3% de los ocupados que culminaron los estudios secundarios vivían en hogares en situación de pobreza mientras que este valor llegaba al 53,5% de los que tenían secundario incompleto”.

“La diferencia en la incidencia de la pobreza según el nivel de instrucción tiende a replicarse al agrupar a los trabajadores según sector y condición laboral”, subrayó.

La excepción se da en “la posible inexistencia de cuentapropistas del sector privado formal que no hayan culminado el secundario y entre los destinatarios de los programas sociales, grupo en el cual casi se ve igualado el nivel de pobreza, independientemente del nivel de instrucción”, concluyó la UCA en este informe. Así, como muestran los datos de la mayoría de la población, a mayor nivel de instrucción educativa, menor nivel de pobreza.

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Qué dicen los datos de la pobreza

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Más de 12,3 millones de personas que vivían en los aglomerados urbanos del país eran consideradas pobres hacia finales del 2023, según el INDEC en su reporte semestral que se conoció estos días. Es decir, el 41,7% de la población. Extrapolando este dato al total nacional, podría decirse que la pobreza afecta a 19,3 millones de personas en toda la Argentina. 

Esa tasa de pobreza mostró una suba de 1,6 puntos porcentuales respecto al semestre anterior y de 2,5 puntos contra finales del 2022. Por ende, 835 mil personas pasaron a ser pobres en los aglomerados urbanos de la Argentina en el último año, de los cuales 531 mil cayeron a la pobreza en los últimos seis meses. Si volvemos a extrapolar esos datos al total nacional, estamos hablando de que en la Argentina se generaron 1.200.000 nuevos pobres en el último año.

Nada de esto fue ni azaroso, ni sorpresivo. El muy fuerte deterioro de la economía generalizada, que se profundizó en el segundo semestre del 2023, permitía avizorar un escenario como el que finalmente se confirmó. En clave económica, la gestión de, por lo menos, los últimos seis meses de gobierno de Alberto Fernández terminó por desequilibrar toda la macro con su consecuente impacto en la economía real. En clave política, ese desequilibrio permitió (podemos discutir en qué volumen) el triunfo electoral de un personaje como Javier Milei. 

La tasa de pobreza de finales del 2023 se ubica, de este modo, como la segunda más alta desde la normalización del INDEC producida en 2016 cuando asumió el gobierno de Macri y cuya primera publicación de la incidencia de la pobreza correspondió al segundo semestre del 2016. Ese 41,7% quedó a tiro del mayor nivel de pobreza registrado en la nueva serie histórica, que corresponde al segundo semestre del 2020, un período altamente impactado por la recesión heredada y los golpes producidos por las restricciones sanitarias en el marco de la pandemia del Covid.

Si tomamos punta a punta esa serie histórica, vemos que en el segundo semestre del 2023 la tasa de pobreza creció 11,4 puntos porcentuales respecto a igual semestre del 2016, cuando marcó 30,3% y afectaba a 8,3 millones de personas en los aglomerados urbanos nacionales. Entonces, en ocho años, se crearon 4 millones de pobres en el país. Puesto de otro modo: entre 2016 y 2023, la población en los aglomerados urbanos creció en 8,1%; pero las personas consideradas pobres crecieron en 48,6%.

La falta de un criterio unificado en la elaboración de estadísticas argentinas no nos permite comparar de pleno los resultados de hoy contra los de, por ejemplo, el año 2001. En el medio, hubo cambios de metodología, intervención política del organismo y períodos en los que directamente no se publicó la información (2013 a 2015). Por caso, si se toman los datos publicados por el organismo nacional, vemos que el récord de pobreza en la Argentina está en octubre de 2002 con el 57,5%, cifra a la que se llegó tras el estallido económico y social del 2001 y la salida de la Convertibilidad con devaluación del 2002. Ahora la Universidad Católica Argentina estima que la pobreza saltó al 57,4 por ciento desde que asumió Milei, pero no se trata de un dato comparable en un sentido estrictamente técnico por contar con metodologías distintas. Pero, en términos políticos, se lo puede tener como una referencia. 

La pregunta que surge hoy es: a la luz del presente, ¿Qué tan lejos estamos de un 57%? Si, estamos lejos, pero no tanto. 

En este contexto, el aglomerado de Posadas mostró subas esperables en los niveles de pobreza, aunque en ritmos menores. La tasa, que fue del 38,4%, creció en 2,5 puntos respecto al semestre anterior. Estos datos nos muestran una serie de particularidades para el caso misionero. 

En primer lugar, tiene la tasa de pobreza más baja de todo el Norte Grande y la décima menor de país. Además, es uno de los únicos 12 aglomerados (sobre un total de 31) que sostiene tasas inferiores al 40%. 

Por otro lado, la variación de 2,5 puntos intersemestral es la séptima más baja del país, lo que equivale a decir que la aceleración de la pobreza fue notoriamente menor en Posadas que en la gran mayoría de los aglomerados urbanos del país. En el Norte Grande, Posadas mostró la segunda suba más leve de la tasa, sólo detrás de Jujuy-Palpalá (+1,4 p.p.). 

En la comparación estrictamente regional del NEA, se verifica entonces que Posadas tiene la menor tasa de pobreza y la menor suba. Esto evidencia ciertas potencialidades propias que protegen en mayor medida a los habitantes posadeños en contexto de crisis como el que vivimos. 

Cuando se analizan los cuadros de ingresos de los hogares, se observa que Posadas muestra un papel muy destacado dentro de la macrorregión, situación que explica su posicionamiento detallado previamente. En relación con el ingreso medio per cápita familiar, el aglomerado misionero exhibe el más alto del Norte Grande; en relación con la evolución semestral de ese ingreso medio per cápita familiar, mostró la segunda mayor suba del Norte Grande (detrás de Jujuy) y la más fuerte en el NEA. 

Similar situación se observa respecto a la media del ingreso de la ocupación principal: Posadas muestra el mayor ingreso medio de todo el Norte Grande y la segunda suba más alta en el semestre

Considerando que la medición de pobreza del INDEC es estrictamente monetaria, se entiende el posicionamiento final de Posadas en el plano regional, macro regional y nacional. El aglomerado misionero muestra no solo los mayores ingresos medios sino también las mayores evoluciones; aunque la variación fue menor a la suba de la canasta regional, la brecha entre ingresos y canastas en Posadas fue significativamente menor que en los otros aglomerados de la región. 

¿Qué nos muestra la serie histórica de la medición de pobreza en Posadas? Analizando la serie iniciada en 2016, se observa que en todos los semestres, con la sola excepción del segundo del 2019, la tasa de pobreza de Posadas es menor a la del NEA, lo que muestra una marcada y sostenida diferenciación respecto a los otros aglomerados del nordeste. Pero además, desde 2020, la tasa posadeña es menor también a la nacional, una situación que podría explicarse por una recuperación más rápida y fortalecida tras la pandemia. De hecho, mientras que el nivel nacional mostró récord de pobreza justamente en el medio de la pandemia, Posadas registró disminución en ese 2020, reduciendo los niveles de pobreza tras el pico de 2019. 

No son solo números, es una realidad provincial de fortalecimiento del Estado junto a una robustez de la actividad productiva y de los principales actores de la economía provincial que permiten tener un escudo mucho más grande de protección en etapas de crisis; y de impulso en épocas de crecimiento. 

Es importante destacar este proceso porque a nivel histórico no siempre fue igual. Si nos remontamos al principio de siglo, con la repetida aclaración que los números no son comparables técnicamente con los de hoy, el contraste es evidente. El aglomerado de Posadas exhibía niveles de pobreza superiores a los del total país. A finales del 2002, así como el país veía un récord de pobreza con el 57,5%, también se veía lo mismo en Posadas con el 71,5%. Casi quince porcentuales separaban la realidad socioeconómica misionera con la nacional; hoy, esa relación se invierte con Posadas mostrando niveles menores al país. 

Aún con todo esto, lejos está de celebrarse el dato. La pobreza sigue golpeando a lo largo y lo ancho del país y no tenemos un presente que nos permita creer que existe un camino a la baja de esa tasa; por el contrario, no puede negarse que hoy el número podría ser mayor a los conocidos estos días. Justamente en este contexto tan complejo, cobra relevancia la acción del Estado como actor central no sólo del ordenamiento de la vida social y económica, sino también como impulsor de medidas tendientes a la protección de la ciudadanía.

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