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El impacto de la recesión en el mercado de trabajo posadeño

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Esta semana el INDEC difundió las principales tasas del mercado de trabajo que se relevan a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para los aglomerados urbanos. Los resultados observados permiten llegar a varias conclusiones. En primer lugar, la tasa de Empleo para el total nacional mostró una mejora, pasando del 44,6% del segundo trimestre de 2023 al 44,8% en el segundo trimestre del 2024. Sin embargo cabe señalar que esta mejora está explicada, en su totalidad, por el incremento que existió en el Gran Buenos Aires. Ante esto, cabe la pregunta de por qué sucede ello. Lógicamente, por una cuestión de escalas. 

En el Gran Buenos Aires habita el 54,5% del total de los ocupados que releva la EPH en los aglomerados urbanos; ante esto, una mejora significativa (como lo fue en este caso, ya que la tasa de empleo allí creció en 0,9 puntos porcentuales) empuja la media nacional aún en un escenario en el que el resto de las regiones tuvo caídas. También, hubo períodos en los que fue al revés, con igual efectos: las regiones crecían pero, si el GBA caía con considerable magnitud, la media nacional tendía hacia abajo. 

Por ende, la mejora de la tasa de empleo en el total nacional debe tomarse necesariamente con reservas, justamente por el hecho de que en todo el país, salvo en el GBA, tuvo retrocesos. Esto no es menor y no se trata solamente de una cuestión metodológica: es signo del impacto de la recesión y de las políticas de ajuste llevadas adelante por el Gobierno nacional, que impactan de maneras diferentes según en qué parte del país nos paremos.

En ese contexto, la tasa de desocupación del primer semestre de la era Javier Milei, marcó 7,6%. Habrá algunos que celebren que fue menor a la del primer trimestre (7,7%) pero la realidad es que está 1,4 puntos por encima del registro de igual período del 2023 (fue 6,2% en ese momento). La desocupación creció en un escenario de alza del empleo, pero porque la población activa también creció y no se pudo atender toda esa demanda por empleo. 

Ahora bien, en términos generales y como se ha dicho muchas veces, si la desocupación crece en un contexto de alza de actividad y empleo, es el menos malo de los escenarios: el desafío, en ese caso, está en lograr ampliar la demanda de trabajo para absorber a los “nuevos activos”. Pero muy distinto es el otro escenario, que se vio en muchos aglomerados del país: crecimiento de la desocupación con caída del empleo. Esto significa que hay personas que se quedaron sin trabajo y que tuvieron que volver a buscar uno, sin encontrar aún. Ya no se trata de contener a aquellos que quieren ingresar al mundo del trabajo, se trata en este caso de contener a los “nuevos”, al mismo tiempo que hay que reinsertar a los que se quedaron afuera. 

Ese fue el panorama que se vio particularmente en el NEA. La región mostró considerables desmejoras: si bien la población activa creció, lo hizo de manera muy leve (apenas 0,1 punto porcentual en la comparación interanual). A su vez, el empleo cayó en 1,3 puntos y la desocupación saltó 3,5 puntos. Veamos esto en valores absolutos que nos van a permitir graficar mejor la problemática. 

La población total en los cuatros aglomerados del NEA, para el segundo trimestre de 2024, fue de casi un millón y medio de personas y creció en 12 mil personas respecto a igual período del 2023. Por su parte, la población activa pasó de 645 mil a 653 mil personas: creció en 8 mil personas. 

La población ocupada era de 618 mil personas en 2023 y cayó a 603 mil en 2024: hay 15 mil ocupados menos. Finalmente, la población desocupada pasó de 28 mil en 2023 a 51 mil en 2024: es decir, 23 mil nuevos desocupados

¿Pero por qué hay 23 mil nuevos desocupados si la cantidad de personas ocupadas cayó en solo 15 mil personas? Esto se responde de manera sencilla: las 15 mil personas que perdieron su empleo pasaron a ser desocupados (es decir, tuvieron que ponerse a buscar un nuevo empleo) al mismo tiempo que los 8 mil nuevos activos que se volcaron al mercado a buscar empleo aún no lo consiguieron. La conclusión es contundente: el mercado de trabajo se achicó (por despidos) y se cerró (por falta de nueva oferta)

Ese fue el escenario que se vio en Posadas. Si bien dentro del NEA el Gran Resistencia fue el que más sufrió, el aglomerado misionero también mostró desmejoras. La tasa de empleo fue del 44,5% y si bien sigue siendo (y por lejos) la más alta de la región, se contrajo en 2,8 puntos y marcó su menor nivel desde el tercer trimestre del 2021. A su vez, la tasa de desocupación fue del 6,3%, la más alta desde el cuarto trimestre 2020, y creció 2,3 puntos. Si traducimos esto a valores absolutos, hay 9 mil ocupados menos y 5 mil desocupados más. ¿Y las 4 mil personas restantes? Pasaron a ser inactivos, ya que la tasa de actividad también mermó en 1,8 puntos. 

Con eso en consideración, la situación de Posadas no es ajena al escenario global que se ve en el resto del país. Si bien hubo algunos aglomerados con mejoras en sus indicadores, la mayor porción tuvo desempeños similares y esto ratifica la postura de que el escenario económico nacional impactó de manera fuerte en el mercado de trabajo. Nada que no se anticipara a la publicación de los datos, pero ahora con información concreta que permite analizar más profundamente la situación.

Pero el análisis y la identificación de problemas no se agota allí. Existen otros indicadores que no suelen ser tan analizados pero que permiten ver un poco más allá las complejidades y de los desafíos en torno al mercado de trabajo. Uno de ellos es la tasa de ocupados demandantes de empleo, que se define como las personas que cuentan con una ocupación, pero buscan activamente otro empleo. ¿Por qué lo harían? Principalmente, por una cuestión de ingresos: buscan tener mejores salarios, incluso si tuviesen que trabajar más horas. En el NEA, la tasa de ocupados demandantes de empleo fue de 10,7% creciendo en 0,7 puntos contra igual período del 2023 (+6 mil ocupados que demandan otro empleo). En Posadas, esta tasa fue del 14,2% y una expansión mayor: +1,9 puntos, pasando de 23 mil a 26 mil personas en esta condición. Lógicamente, la situación generalizada de contracción de los salarios genera este escenario y pone presión sobre un mercado de trabajo que está vulnerable. 

Otro indicador al que hay que prestar atención es de los subocupados, definidos como personas que tienen empleo pero trabajan menos de 35 horas semanales (es decir, menos que una jornada full-time) por razones involuntarias. La subocupación en Posadas es del 15,1% (vs. 8,4% del NEA) y creció en 3,5 puntos, afectando a 28 mil personas (seis mil más que un año atrás). 

Así solo puede no indicar nada, ya que podría haber casos en que esta modalidad le resulte apropiada a una persona (pensemos por ejemplo un estudiante que trabaja y estudia part-time). Lo verdaderamente relevante de la subocupación está en el segmento que se denomina subocupados demandantes de empleo: estas son las personas que desearían trabajar más y se encuentran en búsqueda activa. Aquí encontramos casos de personas que trabajan a medio tiempo no por elección sino por imposibilidad de extender la jornada de trabajo y buscan cambiar ese estado, también motivado por una cuestión de ingresos principalmente. En Posadas, la subocupación demandante se ubicó en 11,6% creciendo 2,3 puntos contra el año pasado. Esto significa que hay personas que tienen empleo pero necesitan trabajar más horas para, sobre todo, poder tener mejores ingresos. Esta situación es muy típica de momentos de crisis de los ingresos, ya sea por recesión, por alta inflación o por una combinación de ambos. Un dato no menor al respecto es que la tasa de subocupados demandantes de empleo de Posadas es la cuarta más alta del país, solo detrás de La Rioja, Gran Mendoza y Gran Córdoba. 

En resumen, la situación de Posadas se puede ver desde dos aristas: en primer lugar, hay que destacar que la capital de Misiones sigue siendo el aglomerado del NEA con el mercado de trabajo más consolidado, amplio y diversificado. Esto no es menor para los escenarios de crisis, porque genera un escudo de contención fundamental para sostener la economía y poder repuntar con mayor fuerza en épocas de recuperación. 

En segundo lugar, aun con lo anteriormente dicho, Posadas sufre los efectos del escenario general: la caída del empleo y la suba de desocupación producidos por la recesión, y aumentos en la demanda de empleo a través de los ocupados y subocupados demandantes como efecto de la crisis inflacionaria. 

Por otro parte, y para cerrar, las tasas del mercado de trabajo permiten entender mejor los datos sobre la incidencia de pobreza e indigencia que se conocerán el próximo 26 de septiembre, día que el INDEC difundirá los resultados para el primer semestre del año. El hecho de que el mercado de trabajo se haya achicado no es un dato menor y puede impactar directamente en las condiciones de pobreza de los hogares, sumado por supuesto a la caída real del poder de compra de los trabajadores. Esto es importante debido a que muchas veces, para hacer proyecciones de pobreza, se sigue solamente la evolución de ingresos, pero el tamaño del mercado de trabajo es determinante: si sobre un total de 10 hogares, en cinco sus ingresos crecen en términos reales pero en los otros cinco no hay más ingresos porque ya no tienen empleo, esto repercute directamente en niveles de pobreza. 

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Un antes y un después de diciembre: según la UCA, el 55% de la población es pobre y uno de cada cinco argentinos ya es indigente

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La pobreza llegó al 54,9% y la indigencia al 20,3% de la población en el primer trimestre, según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicados por el Indec.

En su último informe, realizado en el período abril-mayo, el Observatorio se había acercado a la tasa de pobreza (55,5%) pero sus cálculos respecto a la indigencia se ubicaron un tanto por debajo (18,5%).

Con los datos oficiales del Indec, y por aglomerado urbano, las estimaciones de la UCA ubican a la región de Gran Resistencia, Chaco, como la más pobre del país con una tasa del 79,5%. La indigencia alcanza al 38,6% de la población. Le sigue Formosa con un 72% de pobres y Santiago del Estero- La Banda con casi 30% de indigentes. Pero la mayoría de las regiones tienen niveles de pobreza por encima del 50% y del 15%, en el caso de la indigencia.

También, Agustín Salvia, director del ODSA, resaltó, teniendo en cuenta la concentración de población, las tasas de pobreza e indigencia del Conurbano Bonaerense, que son del 62% y 25%, respectivamente.

Además, el especialista destacó el hecho de que más del 44% de los trabajadores residen en hogares pobres. “Todo ello a pesar de la sustantiva mejora que registraron la Asignación Universal por Hijo y las transferencias por Tarjeta Alimentar durante los primeros tres meses del año”, dijo.

A su vez, señaló: “Las tasas de indigencia y de pobreza infantil habrían alcanzado niveles casi récord: 7 de cada 10 niños viven en un hogar pobre, mientras que 3 de cada 10 lo hacen en un hogar indigente, es decir, con ingresos que no cubren el valor de una Canasta Básica Alimentaria”.

Cabe recordar que en el cuarto trimestre de 2023 la pobreza era del 45,2% y la indigencia del 14,6 por ciento. “Casi la mitad del incremento interanual registrado en ambas tasas, con respecto a los primeros 3 meses de 2023 (con tasas de 38,7% y 8,9% respectivamente), tuvo lugar antes de finalizar el año”, subrayó Salvia.

Las causas del agravamiento de la situación social a lo largo del año son variadas, pero desde el ODSA atribuyen el fenómeno principalmente a las diferentes devaluaciones y su impacto en los precios, sin que se hayan generado subas inmediatas y similares en los salarios.

Aseguran que hubo un antes y un después en diciembre de 2023, cuando se redujo fuertemente el consumo, se agravó la recesión y en consecuencia, cayó la demanda de bienes y servicios a los trabajadores autónomos, especialmente en el sector informal.

“Esto explica la caída en la pobreza de trabajadores asalariados formales y clases medias cuyas remuneraciones no lograron acompañar a la inflación (incluidos los jubilados y pensionados), al mismo tiempo que caían en la indigencia trabajadores informales pobres ante la falta de demanda de trabajo y mayor competencia de precios; o, incluso, jubilados con haberes mínimos sin otros ingresos”, consideró Salvia.

Por su parte, Martín González Rozada, economista y profesor titular del Departamento y Director de la Maestría en Econometría de la Universidad Torcuato Di Tella, precisó en su cuenta de X: “Usando los microdatos de la EPH del primer trimestre de 2024, la pobreza del semestre octubre 2023- marzo 2024 se estima en 50%, unas décimas por encima del límite superior del intervalo de confianza estimado por el nowcast en abril”.

Qué se espera

En lo que respecta al segundo trimestre, en marzo y abril la pobreza y la indigencia tendieron al amesetamiento debido tanto a una caída significativa de la tasa de inflación como al aumento de las remuneraciones de trabajadores formales por sobre esta.

“A ello cabe sumar los incrementos en los haberes jubilatorios y en los programas sociales, los cuales, si bien no lograron alcanzar los niveles de 2023, lograron mejoras efectivas con respecto al primer trimestre. Se encuentra también el pago de aguinaldos de junio, y acuerdos salariales formales o informales entre empleadores y trabajadores”, aseguró Salvia.

En este marco, según los pronósticos del ODSA, tanto la indigencia como la pobreza habrían caído durante el segundo trimestre del año, ubicándose en la zona del 17-18% y 49-50%, respectivamente.

Hacia delante, “dado que cabría esperar que inflación siga bajando y que las remuneraciones continúen lentamente ajustándose al alza, lo cual permitiría cierta reactivación del consumo; se puede suponer una cierta caída de ambos indicadores pero todavía muy lenta, sin cambio alguno en la matriz económico-ocupacional que genera los niveles estructurales de pobreza que registra la Argentina”, afirmó el director del observatorio.

“Para superar estas privaciones necesitamos creación de más y mejores empleos, lo cual se genera a través del crecimiento económico genuino y continuo, mayores tasas de inversión y más pymes. Ese horizonte todavía no está a la vista”, agregó.

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El impacto de la crisis en los ingresos de las familias misioneras

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No quedan dudas, mirando con el diario del lunes, que el golpe más fuerte del escenario inflacionario y recesivo de la economía nacional estuvo principalmente en el primer trimestre. Aún sin la certeza de cuándo se comenzará a sentir una posible recuperación, los embates más profundos se dieron justamente en los tres primeros meses que combinaron inflación en doble dígito, parate de la actividad, freno brusco del consumo y pérdida de empleos en importante magnitud. Una vez cerrado el primer trimestre no existió una recuperación como tal, pero algunos indicadores mostraron algo más de moderación respecto al inicio de año.

Por ello, es relevante analizar el impacto que todo eso produjo en las familias, en este caso, de Posadas, a partir de los datos que brindó esta semana el INDEC, que abrió los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares. Si bien estos microdatos permiten analizar una amplia gama de variables, nos detendremos particularmente en lo referido a los ingresos individuales y de las familias para determinar no solamente su evolución global sino también los desempeños según los diferentes estratos sociales y sus impactos sobre los niveles de pobreza. 

El ingreso promedio total familiar en Posadas, de acuerdo con estos datos de la EPH INDEC, rondó los $522.367, aunque como todo promedio, tiene extremos bien marcados. Tomando este valor promedio total, se observa que registra un descenso del 19,8% real en el período, menor al promedio del NEA cuya caída superó el 22%

Sin embargo, como toda crisis económica en la Argentina, los más afectados son los sectores de menores ingresos, una situación vinculada a la informalidad laboral, desocupación y dependencia de contención monetaria a través de programas sociales. 

Si observamos la evolución de los ingresos de las familias de Posadas por deciles, se evidencia una caída generalizada pero con mayor impacto en los sectores más postergados. 

El ingreso total familiar comprende, como el nombre indica, a la totalidad de los ingresos que tuvo una familia sean de origen laboral como no laboral (pensiones, rentas, programas sociales, etc.). 

Ahora sí, retomando la línea anterior, viendo los extremos en Posadas, en el decil 1, que representa a la población con la condición socioeconómica más vulnerable, la caída de los ingresos totales familiares fue del 23,1%, mientras que en el decil 10, la de personas de mayores ingresos, el descenso fue “solo” del 13,8%. 

Los deciles 1 a 4 conforman lo que se conoce como el Estrato Bajo. En Posadas, los ingresos totales familiares del decil 1, sufrieron una caída del 23,1% real interanual al primer trimestre; los del decil 2, de 26,6%; los del decil 3, de 24,5% y los del decil 4, de 24,6%. 

De esta forma, el agrupado del Estrato Bajo exhibe una merma de ingresos totales familiares del 24,8% real en los primeros tres meses del año. 

Los deciles 5 y 6 conforman el Estrato Medio Bajo y sufrieron descensos similares: los del decil 5,23,5% y los de decil 6, 24,0%. En promedio, el Estrato Medio Bajo registró una baja de los ingresos totales familiares del 23,8%, es decir, levemente por debajo de la caída del Estrato Bajo. 

Por su parte, los deciles 7 y 8 son los denominados de Estrato Medio Alto y las bajas fueron algo más moderadas en el decil 7 (-21,1%) pero más fuertes en el decil 8 (-25,5%). Así, el Estrato Medio Alto registró una merma consolidada del 23,6%, levemente por debajo de los dos anteriores.

Finalmente, los deciles 9 y 10 son los que conforman el Estrato Alto y sufrieron caídas fuertes, pero muy menores a las de los anteriores. En el decil 9 la baja fue del -14,2% y en el decil 10 de -13,8%. Así, los ingresos familiares totales del Estrato Alto cayeron -14%, muy por debajo de los estratos previamente detallados. 

Estos datos confirman una situación que se observó históricamente en la Argentina: los sectores más acomodados resisten con mayor éxito los embates de una crisis profunda que mezcla recesión con inflación al tiempo que los sectores más vulnerables la sufren con más fuerza. De hecho, volviendo a lo detallado párrafos atrás, una buena parte de la baja inferior al 20% del ingreso total familiar de Posadas se explica por la disminución más moderada en los sectores más acomodados. 

En este marco, es fundamental identificar como los resultados antes detallados impactan en la estructura socioeconómica del aglomerado misionero. 

A partir del análisis de los microdatos de la EPH, se puede identificar que el 47% de las personas se catalogan como lo que comúnmente denominados “Clase Baja”, a partir justamente de la categorización de los ingresos. A su vez, el 28% entre en la categoría de Clase Media Baja; el 13% en Clase Media Alta y el 12% en Clase Alta. Si se compara esta estructura población respecto a la del primer trimestre del 2023, hay una clara y esperable desmejora: en aquel momento, las personas categorizadas como de ingresos bajos alcanzaban al 43% de la población; la media baja 23%, la media alta 18% y la alta 16%. 

Por ende, se observa un ensanchamiento de la población de bajos ingresos (de 43% a 47%); también de la media baja (de 23% al 28%) y un achicamiento de la media alta (18% a 13%) y de la alta (16% a 12%).

Ahora bien, no debe confundirse estrato o ingresos bajos con situación de pobreza, necesariamente, aunque vayan muy de la mano. Al ser una media de los ingresos totales familiares, afectan los extremos por un lado y, por otro, el tamaño de los hogares. No es lo mismo un hogar de clase media baja con ingresos cercanos a los $800 mil mensuales que tenga dos integrantes a uno con igual ingreso pero con cuatro o cinco integrantes. Los cálculos de costo de las canastas básicas contemplan, para su valoración, el tamaño del hogar, justamente para poder medir de manera efectiva si un hogar es o no pobre, en términos monetarios, aun pudiendo tener un ingreso similar. 

Pero así como no deben ser asimilados estrictamente, también dijimos que van de la mano. Los microdatos de la EPH permiten aproximarnos a una tasa de pobreza para el período. En este marco, INDEC mide pobreza e indigencia de manera semestral y no trimestral, entre otras cosas, para que no haya alteraciones de impactos de ingresos (por ejemplo, aguinaldo, que está presente en ambos semestres mientras que no lo estarían al medirlo por trimestre). Pero aun con eso se puede hacer una estimación, aclarando por supuesto estas particularidades.

Los microdatos de la EPH del primer trimestre 2024 nos permiten concluir que la tasa de pobreza en personas en el país estaría en torno al 55%, subiendo de manera muy importante respecto al cierre 2023, 41,7%, aunque ese dato es semestral. 

De acuerdo con cálculos propios, estimamos que en Posadas la pobreza se ubicaría en torno al 46%, poco menos de diez puntos por encima del registro del cierre del 2023. En el NEA, saltaría del 48,4% del 2023 al 59% según estimaciones propias. La diferencia en la evolución respecto al total país (cuyo salto sería de casi 15 puntos) se explica principalmente por la alta incidencia que tienen grandes centros urbanos sobre el total nacional (como el Gran Buenos Aires); en el NEA, por el fuerte peso de las tasas de pobreza del Gran Resistencia.

Posadas suele tener niveles de pobreza inferiores a los totales regional y nacional, como se observa sobre todo desde 2018 a la fecha. Según nuestras proyecciones, mantendría esa posición pero no evitaría dar un importante salto como ocurre en todo el país. El segundo trimestre podría moderar levemente el resultado final, aunque no consideramos que de manera demasiado significativa. En septiembre recién el INDEC dará a conocer los resultados para el primer semestre y allí podremos determinar con exactitud el impacto de la crisis actual sobre los hogares de la Argentina,

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En el primer trimestre, la desigualdad pegó un salto y trepó a un nivel récord desde 2016

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El coeficiente de Gini, que mide la disparidad del ingreso per cápita familiar, fue de 0,467 en el 1° trimestre de 2024, lo que significa un salto significativo respecto al mismo trimestre de 2023, cuando el valor fue de 0,446, lo que muestra un importante aumento de la desigualdad en la comparación interanual, informó esta tarde el INDEC.

Según el INDEC, es un indicador de la desigualdad en la distribución del ingreso. El coeficiente toma valores comprendidos entre 0 y 1. El valor 0 corresponde al caso de “igualdad absoluta de todos los ingresos” y el valor 1, al caso extremo contrario, donde todas las personas tienen ingreso 0 y una sola persona se lleva el total. Puede calcularse con datos desagregados o agrupados; por ejemplo, en deciles. El INDEC lo calcula con los datos desagregados. Se lo utiliza, a veces, para comparar la distribución del ingreso entre países o para mostrar la evolución de la distribución del ingreso de un país. Para su cálculo, se toma en cuenta el conjunto de la población, lo que lo diferencia de otros indicadores, como el cociente entre los deciles 10 y 1, que toma en cuenta la diferencia entre los extremos de la distribución. 

El informe de hoy sobre evolución de la distribución del ingreso es otro indicador que muestra el impacto que están teniendo las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Javier Milei, que asumió a partir del 10 de diciembre del año pasado. Otro ejemplo de este impacto se verificó ayer, cuando el INDEC dio a conocer la caída de 5,1% interanual del Producto Bruto Interno, también en el primer trimestre de 2024. Y otro cuando dio a conocer el Informe sobre la incidencia de la pobreza y la indigencia en correspondiente al segundo semestre de 2023, el que, aunque apenas muestra el comienzo de la administración actual, logró capturar más deterioro en diciembre por la devaluación, entre otras medidas. Los datos de pobreza revelaron un aumento en ambos indicadores con respecto al primer semestre del mismo año. Según el INDEC, el 31,8% de los hogares se encuentran bajo la línea de pobreza (LP), lo que representa un aumento de 2,2 puntos porcentuales (p.p.) con respecto al primer semestre. Eso significa que 41,7% de las personas son pobres, un aumento de 1,6 p.p. en el mismo período. A su vez, 8,7% de los hogares se encuentran bajo la línea de indigencia (LI), lo que representa un aumento de 1,9 p.p. Esto se traduce en que 11,9% de las personas son indigentes, un aumento de 2,6 p.p.

Ese anticipo del impacto de las medidas gubernamentales en la pobreza se verificó, aunque con otros criterios de medición, cuando Cáritas Argentina y el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) de la Universidad Católica Argentina presentaron, hace tres semanas, el informe “Radiografía de la pobreza en Argentina: realidad social y solidaridad que es esperanza”, donde se señala que “la aceleración de la espiral inflacionaria generó un notable incremento en los índices de pobreza e indigencia. Entre el tercer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, el indicador de pobreza subió del 44,7% al 55,5%, mientras que la indigencia pasó del 9,6% al 17,5%. Esto implica que en los primeros meses de 2024, aproximadamente 24,9 millones de personas en áreas urbanas se encontraban en situación de pobreza, de las cuales 7,8 millones vivían en la indigencia”.

El Gobierno, que en estos momentos celebra un proceso de desinflación, atribuye todos estos indicadores a la herencia recibida, que está siendo encarada mediante políticas de ajuste con una intensidad de shock: suba inflacionaria, despidos en la administración pública y en el sector privado, recortes en la ayuda social, recesión, entre  otras. La administración de Milei considera que estos flagelos son un precio inevitable para que el país derrote la inflación, y recupere el crecimiento, a partir de los cual  estos números se mejorarían. 

Más datos del informe de hoy

El informe del INDEC consigna, además, que la suma total de ingresos para el total de la población de referencia fue de $6.915.757 millones, lo que significó un incremento de 198,4% en relación con igual trimestre de 2023. El ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 29.593.119 personas, alcanzó los $233.695, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $155.000.

Además, señala que el 62,2% de la población total (18.416.828 personas) percibió algún ingreso, cuyo promedio es igual a $369.085. Analizado según la escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles 1 a 4) fue de $122.529; el del estrato medio (deciles 5 a 8), de $327.862 y el del estrato alto (deciles 9 y 10), de $945.325. Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de $429.741, mientras que el de las mujeres fue de $310.064.

Respecto a la población ocupada, se registró un ingreso promedio de $350.593 y un ingreso mediano de $260.000, equivalente al límite superior de ingresos del decil 5, bajo el cual se sitúa el 50% de las personas ocupadas. El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población, ordenada según ingreso de la ocupación principal, fue de $118.759. El ingreso promedio del estrato medio (deciles del 5 a 8) fue de $329.826, mientras que el ingreso de los deciles 9 y 10 fue de $855.881.

Más datos 

Respecto a la población asalariada, se registraron 9.620.037 personas con ingreso promedio de $361.445. El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $449.382 (+196,1% interanual), mientras que, en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivale a $197.467 (+200,8% interanual).

En el caso de los hogares, los ingresos laborales representaron el 76,8% de los ingresos totales, mientras que los ingresos no laborales alcanzaron el 23,2% restante. El peso de los ingresos no laborales fue mayor para los deciles de ingreso total familiar más bajos: fue igual al 62,6% en el primero y 13,6% en el décimo. 

Respecto a la relación de dependencia de los hogares, la cantidad de personas no ocupadas fue de 125 por cada 100 ocupadas, mientras que la cantidad de no perceptoras de ingreso fue de 60 por cada 100 perceptoras. Esta relación es mayor en el caso de los deciles más bajos. Para el decil 1, por ejemplo, es igual a 267 personas no ocupadas cada 100 ocupadas y 144 no perceptoras cada 100 perceptoras, si se ordenan los hogares según ingreso per cápita familiar. En el mismo trimestre del año anterior, los valores eran de 271 y 155, respectivamente. En el caso del decil 10, los valores correspondientes son iguales a 36 no ocupados cada 100 ocupados y 18 no perceptores cada 100 perceptores.

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Según la UCA la pobreza subió al 55,5% de la población en el primer cuatrimestre

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En un contexto de décadas de pobreza estructural, la coyuntura de aceleración de la espiral inflacionaria generó un incremento de la población en situación de pobreza e indigencia. A partir de los datos del ODSA-UCA, entre las mediciones correspondientes al 3° trimestre de 2023 y las estimaciones –por micro simulaciones- para el 1° trimestre de 2024, el indicador de pobreza se habría incrementado de 44,7% de la población a 55,5% y el de indigencia de 9,6% a 17,5%.

Por lo que, en el primer trimestre de 2024, 24,9 millones de personas residentes en áreas urbanas del país
habrían estado en situación de pobreza (por debajo de la CBT), entre las cuales, 7,8 millones de personas en estado de pobreza extrema o indigencia (por debajo de la CBA).

  • Los bajos ingresos de los hogares impactan en elevados niveles de inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria total para áreas urbanas relevadas por la encuesta del ODSA-UCA, alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, se encuentran en una situación aún más grave, con inseguridad alimentaria severa el 10,9% de las personas, el 8,8% de los hogares y el 13,9% de los niños, niñas y adolescentes. Al considerar el AMBA, los valores de inseguridad alimentaria total se ubican en el 26,4% de las personas, el 21,8% de los hogares y el 35% de NNyA. Al considerar la inseguridad alimentaria severa se ubican en 9,9%, 12,7% y 16,5%, respectivamente.
  • Los elevados valores de privaciones alimentarias que sufre la población tratan de ser compensados con acciones realizadas desde los diferentes niveles del Estado. Considerando a los niños, niñas y adolescentes, el 42,6% de ellos reside en hogares que reciben la AUH+Tarjeta Alimentaria, el 50% asiste a comedores escolares, el 36,7% recibe caja o bolsones de alimentos de comedores y el 11,1% recibe caja o bolsones de alimentos de comedor no escolar; sumando muchos hogares más de un beneficio.
  • La tasa de mortalidad infantil, de menores de 1 año y de menores de 5 años, presenta una mejora general a través del tiempo, 2005 a 2022, pero una mayor heterogeneidad entre la situación de cada una de nuestras provincias. En general, al considerar los datos por provincias, se observa que los altos niveles de mortalidad infantil tienden a correlacionarse con altos niveles de indigencia monetaria.
  • El marcado déficit educacional de la población urbana de nuestro país es representado por los siguientes valores, el 23% de los NyN de 3 a 5 años no asiste a establecimientos educativos formales, el 9,1% de los NNyA de 6 a 12 años asiste con sobre edad a la escuela primaria y el 35,3% de los jóvenes de 18 a 29 años no termino la secundaria. Estos indicadores expresan valores adversos a pesar de que el sistema general de gestión pública (80,7% de los alumnos de menos de 18 años) se ve fortalecido por la acción de la gestión privada (12,6% en establecimientos privados laicos y 6,8% en establecimientos religiosos).
  • El escenario laboral expresada las desigualdades de la estructura productiva y la escasa generación de empleo y de empleo de calidad, el 32,5% de los ocupados son trabajadores que residen en hogares en situación de pobreza, el 30,9% de los ocupados trabaja en la economía social y, al considerar a la población económicamente activa el 26,5% tiene un empleo precario y el 24,3% un subempleo inestable.
  • La venta y el tráfico de drogas se ha vuelto un flagelo que se incrementa con el paso del tiempo. El porcentaje de referentes de hogares que expresaron que en la cercanía de su vivienda se vende droga paso del 22,8% en 2021, al 26,5% en 2022 y al 31,3% en 2023. En 2023, solo el 29,2% de los referentes de hogares de barrios con trazado urbano advertían venta de drogas, cuando sí lo hacían el 62% de los de asentamientos de emergencias y el 70,5% de los residentes en complejos de viviendas sociales monobloques, constituyéndose estas últimas en estructuras de múltiples particularidades adversas y objeto de especial atención.
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