pobreza

Según un relevamiento la canasta básica de alimentos de Misiones aumentó casi un 40% en 2021

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Según el Índice Barrial de Precios (IBP) realizado mensualmente por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) en Misiones la Canasta Básica Alimentaria aumentó entre enero y diciembre 2021 un 39.46%, en este sentido, en enero la misma costaba $ 23,539.82, y en diciembre $ 32,828.04, este último monto que representó la línea de indigencia en la provincia de Misiones en diciembre 2021.

El relevamiento se realiza todos los meses en los distintos barrios populares de las localidades de Posadas, Garupá, Candelaria, San Vicente, Leandro N. Alem, Puerto Rico, Puerto Esperanza y Eldorado.

La reiterada historia de todos los meses, precios por las nubes y cada vez más población bajo la línea de pobreza e indigencia- así fue el 2021. “Los datos del IBP junto a otros indicadores mostraron un escenario de incertidumbre para el futuro del país, el panorama indica que ni siquiera nos asomamos a un inicio de una recuperación de la economía nacional. Hay que trabajar en alternativas reales para frenar la escalada inflacionaria que golpea a los/as argentinos/as y en especial a los sectores populares”, planteó la directora provincial del ISEPCi, Lic. Belén Wagner

“Durante todo el año 2021, desde enero a diciembre se transitó un escenario devastador, por la permanente inquietud de las familias por los precios de los alimentos, sobre todo de aquellos que componen la Canasta Básica Alimentaria. Cada mes con el Índice Barrial de Precios, vimos como siempre alguno de los productos esenciales se disparaba y nuevamente el presupuesto calculado quedaba desequilibrado, sino eran los productos del rubro carnicería (que sólo un par de meses dejó de aumentar), eran los lácteos, o harinas”, indicó.

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Informe de la UCA: El 65% de los niños y adolescentes son pobres

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Según su Observatorio de la Deuda Social, la UCA estima que la pobreza en menores es del 65%, mientras que la pobreza del país alcanza al 43,8% de la población.

La UCA emitió en el día de hoy sus estimaciones de pobreza realizadas por su Observatorio de la Deuda Social, mediante el cual, mide la desigualdad social en el país a través de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), que se lleva a cabo en el segundo semestre de cada año. El dato más significativo es el de la pobreza infantil, en niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad que llegó a un doloroso 64,9%, cifra que se incrementó con respecto a las mediciones del año 2020.

Según la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) realizada por el Observatorio de la Deuda Social, el porcentaje de argentinos debajo de la línea de pobreza se estima en un 43,8%, estando éste compuesto por dos grupos esenciales: indigentes y pobres no-indigentes. El porcentaje de argentinos que vive bajo la línea de indigencia en el país es del 8,8%, una cifra que ha sido reducida con respecto a 2020, año en el cual se encontraba en el 9,8%. Lo que llama en especial la atención, es que el porcentaje de argentinos que vive en la pobreza no-indigente, es mayor al del año pasado, el 34,9%, dato que se tapa de manera llamativa en la documentación emitida por la UCA con un cartel que reza “29,6% experimentó una pobreza crónica”. Si bien la indigencia se redujo en un 1%, la pobreza se redujo en menor medida, por lo cual, menos argentinos lograron salir de ese segmento a pesar de la aparente mejora de las condiciones económicas.

Con lo que respecta a la segmentación por rangos etarios, la pobreza en menores de 17 años se incrementó con respecto a la medición del año anterior, ubicándose en el 64,9%. El resto de las mediciones tuvieron decrecimientos marginales, como es el de la pobreza medida en aquellos adultos de 18 a 29 años, en el cual el 42,7% es pobre, mientras que aquellos adultos entre las edades de 30 a 59 años, sólo el 39,7% fue considerado pobre. Para los adultos mayores, la variación también fue marginal, cayendo la pobreza en un 0,5% al nivel de 14%.

Para el Observatorio de la Deuda Social de la UCA “los programas sociales y las asistencias alimentarias no fueron suficientes para compensar el deterioro del bienestar durante el escenario COVID19”, lo cual queda en evidencia en los siguientes gráficos, en especial en la medición de la pobreza. El porcentaje actual de pobreza del 43,8% se hubiera incrementado al 48,9% sin subsidios como las AU H, otros programas ni pensiones no contributivas.

En el segmento que más impacto positivo las transferencias y subsidios como la AUH, otros programas y pensiones no contributivas, fue en la indigencia. La indigencia en Argentina se vio reducida del 9,8% en el año 2020 al 8,8% al año 2021, pero tales porcentajes fueron relativamente bajos para el contexto nacional debido a las transferencias que realiza el estado a los argentinos en emergencia económica, y de no haber brindado tales asistencias, la indigencia se hubiera situado en el 27,7% en 2020 y en el 18,8% en lo que va del 2021.

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El nexo entre el cambio climático y la pobreza es cada vez más visible

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Escribe AKIHIKO NISHIO – Las personas más pobres son las que menos contribuyen al cambio climático, sin embargo, son las más afectadas por sus impactos. El próximo ciclo de reposición de recursos de la AIF — el fondo del Banco Mundial para los países más pobres— concluirá un año antes de lo previsto para satisfacer necesidades históricas y brindar una oportunidad justa de recuperación y resiliencia a los países más necesitados. 

Esta semana, todas las miradas están puestas en la Conferencia sobre el Cambio Climático (la COP26), que se lleva a cabo en Glasgow. Es mucho lo que está en juego, ya que ningún país es inmune a los impactos del cambio climático. El nexo entre el cambio climático y su efecto en el bienestar humano es cada vez más visible.  Este empujará a más de 130 millones de personas a la pobreza en los próximos 10 años, deshaciendo los avances en materia de desarrollo logrados con tanto esfuerzo, y obligará a 200 millones de personas a migrar dentro de sus propios países para 2050.

La crisis climática es profundamente injusta: las personas más pobres del mundo son las que menos contribuyen al cambio climático.  De hecho, 74 de los países más pobres del mundo —los que reciben asistencia de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el fondo multimillonario del Banco Mundial para los países más pobres— representan menos de una décima parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. También son los más afectados por sus impactos.

“La crisis climática es profundamente injusta: las personas más pobres del mundo son las que menos contribuyen al cambio climático”.

Hoy en día, el Banco Mundial es la principal fuente de financiamiento multilateral para la acción climática en los países en desarrollo.  Este financiamiento incluye el apoyo de la AIF (i), que se centra en inversiones en energía limpia a gran escala para evitar que los países queden atrapados en infraestructura contaminante y ayudarles a alcanzar sus objetivos en materia de acceso a la energía.

Al mismo tiempo, ya se están produciendo algunos impactos climáticos, que afectan a países y comunidades de todo el mundo. Por lo que, en el ejercicio de 2021, la mitad de todo el financiamiento de la AIF se destinó a la adaptación y la resiliencia. Con la mirada puesta en las necesidades locales y específicas de cada país, la AIF está financiando proyectos que priorizan un enfoque sistémico y reconocen la interconexión de los desafíos.

En la última década, los países clientes de la AIF se han visto azotados por desastres naturales casi ocho veces (PDF, en inglés) más que en la década de 1980. Los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países frágiles y afectados por conflictos se enfrentan a un alto riesgo climático por razones únicas pero igualmente urgentes. Mientras tanto, los países de la AIF se esfuerzan por ser competitivos en una economía mundial que cambia rápidamente y que valora cada vez más el crecimiento verde y los empleos y los sectores ecológicos. Es una tarea difícil: trabajar simultáneamente para abordar el aumento de los impactos climáticos, fortalecer la resiliencia frente a las conmociones y aprovechar nuevas oportunidades para prosperar en un mundo posterior a la COVID-19.

Por cierto, esta no es la primera crisis durante la cual la AIF ha sido llamada a apoyar a los países. De hecho, la institución se basa en ciclos sucesivos de preparación frente a crisis, respuesta a estas y recuperación de ellas, como el ébola, las sequías que afectan a millones de personas o las pandemias mundiales. Sin embargo, el cambio climático es sin duda la más compleja y de mayor alcance hasta el momento, y no puede abordarse con soluciones simples de un solo sector, un solo país o una sola organización.  En lugar de ello, se requiere colaboración e intercambio de conocimientos entre los grupos de interés y a través de las fronteras. Desde hace mucho tiempo, la AIF ha proporcionado este tipo de liderazgo y ha reunido a las partes interesadas en torno a una causa común.

Esta confluencia de desafíos sin precedentes ha impulsado a la AIF a aprovechar décadas de enseñanzas y sistemas para ayudar a los países a reducir las emisiones, adaptarse al cambio climático y mitigar los impactos de los desastres. Por ejemplo, en el ejercicio de 2021, el 61 % del total del financiamiento climático de la AIF se destinó a la adaptación y la AIF ayudó a 62 países a institucionalizar la reducción del riesgo de desastres como una prioridad nacional. En Níger (i), una mejor gestión de la tierra produjo un aumento del 62 % en el rendimiento de los cultivos para ayudar a enfrentar los efectos de la variabilidad climática. En Mozambique (i), una rápida respuesta ayudó a reducir los daños causados por dos grandes ciclones consecutivos que afectaron a 1,8 millones de personas. Y muchas inversiones de la AIF también respaldan soluciones basadas en la naturaleza: en Bangladesh (i), un proyecto ha ampliado los manglares para proteger las zonas costeras de las tormentas y un proyecto de resiliencia climática en Kiribati (i), que mejoró la infraestructura en el litoral, está también recolectando agua de lluvia para detener la intrusión de agua salada debido al aumento del nivel del mar.

Darse cuenta de la naturaleza holística y la interconexión de los retos —y de las soluciones— también ha sido un punto de inflexión. El fortalecimiento de los sistemas de vigilancia de enfermedades y de la capacidad de los laboratorios (i) para enfrentar casos de pandemia también aumenta la capacidad de un país para responder a las amenazas de enfermedades transmisibles relacionadas con el clima. Un desarrollo resiliente y con bajas emisiones de carbono proporciona enormes oportunidades para el desarrollo de tecnologías limpias y la creación de empleos ecológicos.  Invertir en formas limpias de cocinar y acceso a energía sostenible puede tener un impacto positivo en las mujeres y las niñas. La lista de proyectos beneficiosos para todos continúa, y la AIF está en condiciones de implementarlos.

A mediados de diciembre, el próximo ciclo de reposición de recursos de la AIF —conocido como AIF-20 (i)— concluirá un año antes de lo previsto para satisfacer necesidades históricas de los países. La AIF y sus asociados se encuentran en una posición única para abordar esta extraordinaria intersección de desafíos, y las partes interesadas están preparadas para redoblar sus esfuerzos y proporcionar a las personas más vulnerables una oportunidad justa de recuperación y resiliencia. 

 
Este blog forma parte de una serie de artículos sobre las formas de garantizar una recuperación resiliente de la COVID-19 en los países más pobres del mundo (i). Para informarse de las últimas novedades, siga a @WBG_IDA y #IDAWorks.
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La ONU denunció que 160 millones de niños son sometidos a trabajo infantil

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La ONU destacó hoy que acabar con las labores de los niños en el campo es clave para erradicar “la lacra del trabajo infantil” antes del 2025 y puntualizó que ese objetivo “requerirá acciones eficaces y un fuerte liderazgo”.

A través de una publicación en su sitio web, la ONU apuntó que muchas familias no tienen otra opción, por lo que proponen ayudarlas para escapar al círculo y la trampa de la pobreza.

“Terminar con la lacra del trabajo infantil para el año 2025 requerirá acciones eficaces y un fuerte liderazgo”, aseguró este martes el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, QU Dongyu.

Durante el discurso inaugural del Foro de Soluciones Globales sobre el Trabajo Infantil que se celebra de forma virtual entre hoy y mañana, QU Dongyu, destacó que en todo el mundo hay 160 millones de niños que sufren este flagelo, una cifra que representa a uno de cada diez menores.

Según los últimos datos, la mayoría de ellos, unos 112 millones, trabajan en producción agrícola, ganadería, silvicultura, pesca y acuicultura.

Por definición, se considera trabajo infantil al que priva a los niños de su infancia, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y mental.

Es una grave violación de los derechos humanos, pero muchas familias vulnerables no cuentan con ninguna otra opción.

Aunque no toda ocupación laboral que realizan los niños se considera trabajo infantil, gran parte de él no es apropiado para su edad y puede ser peligroso o interferir en su educación, como los niños que trabajan en campos donde se han empleado plaguicidas o los que transportan cargas pesadas que atentan contra el desarrollo de su cuerpo.

Algunos de los factores clave que contribuyen al trabajo infantil en las zonas rurales son los bajos ingresos de las familias, las escasas alternativas de subsistencia y el limitado acceso a la educación, entre otros.

La eliminación del trabajo infantil para 2025 es el propósito de la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Cuando solo quedan cuatro temporadas agrícolas para alcanzar esa meta, QU Dongyu destacó que es fundamental emprender acciones eficaces y “un liderazgo fuerte y coherente de las partes interesadas del sector agroalimentario de todo el mundo” para alcanzarla.

Por su parte, la directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia esbozó algunas soluciones, que pasan por proporcionar apoyo a los ingresos de las familias vulnerables, mejorar la atención sanitaria y la educación, y ampliar la protección social y de la infancia.

“Si queremos marcar la diferencia para acabar con el trabajo infantil, debemos centrar los esfuerzos significativos en las zonas rurales y con las familias, donde la agricultura es una importante fuente de sustento”, subrayó Henrietta Fore.

La organización del Foro de Soluciones Globales corre a cargo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en estrecha colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Asociación Internacional para la Cooperación sobre el Trabajo Infantil en la Agricultura y la Alianza 8.7.

Su objetivo es promover acciones a nivel mundial e identificar y ampliar soluciones concretas para erradicar el trabajo infantil en la agricultura.

El mensaje del papa Francisco difundido en el evento, pronunciado en su nombre por monseñor Fernando Chica Arellano, destacó que “proteger a los niños significa tomar medidas decisivas para apoyar a los pequeños agricultores, de modo que no se vean obligados a enviar a sus hijos al campo para aumentar sus ingresos, que, al ser tan bajos, no permiten a las familias agrícolas vulnerables mantener sus hogares con dignidad”.

Por su parte, el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, dijo que el trabajo infantil no es un hecho inevitable.

“El trabajo infantil no es una vía de escape de la pobreza, en realidad la prolonga; hace que la pobreza sea intergeneracional. Tenemos que ayudar a la gente a salir de este círculo vicioso de la pobreza y eso no es una tarea fácil”, concluyó.

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Devaluación y pobreza: impactos del acuerdo con el FMI

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La mirada dela consultora Analytica de esta semana pone el foco en los acuerdos con el FMI y el impacto que genera en la política domestica, además analiza el crecimiento de la pobreza y la estrategia del gobierno en tiempo de elecciones de utilizar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria y medio de contención de los aumentos de precios en los alimentos

La Mirada Analytica #6:

 Es permanente la tensión entre la sostenibilidad de las cuentas externas y la situación social. La pandemia agravó el cuadro, llevando a la pobreza a 2 millones de habitantes más, por sobre los diez millones que ya se encontraban en ella como resultado de las tres fuertes devaluaciones de 2018 y 2019.

 La pobreza alcanzó al 40,6% de las personas en el primer semestre de 2021, después de tocar 42% en los meses más duros de la cuarentena. Semejantes porcentajes no dan margen para el error en la política económica.

 Una estrategia central del gobierno en tiempo de elecciones ha sido utilizar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria y medio de contención de los aumentos de precios en los alimentos. Claramente, esta política resulta incompatible para cumplir con los objetivos clásicos de los acuerdos con el FMI: reducir el cepo cambiario y la brecha entre el dólar oficial y los paralelos, hoy entre el 70 y 90% según el mercado que se mire.

 Cualquier corrección eventual del tipo de cambio implicaría nuevas subas en los precios de los alimentos y bienes esenciales, claves para las líneas de indigencia y pobreza. ¿Significa entonces que el nuevo acuerdo con el Fondo provocará un nuevo deterioro en las condiciones sociales? Y de ser así, ¿de qué orden de magnitud? La lógica sería compensar a las familias ante una eventual devaluación; ¿cuál sería el costo fiscal de una política paliativa? ¿Y por cuánto tiempo debería implementarse?

 En esta Mirada Analytica tratamos de responder a estos interrogantes sobre la base de una simulación de impacto que considera tres elementos:
a. El orden de magnitud de la devaluación y su traslado a precios.
b. El impacto sobre la línea de pobreza.
c. El costo fiscal de la compensación, que depende del incremento de la línea de pobreza y la duración de la recesión.

 Se asume que los ingresos en pesos no crecen y que los efectos sobre el empleo son nulos. Esto es así debido a la naturaleza “instantánea” del ejercicio. Se muestra una “foto” del cuadro social si los precios de la canasta básica y de la canasta total aumentasen en el mes siguiente a la devaluación. Al incorporar dinámicas de precios y empleo, variables que se mueven en sentido opuesto, las consecuencias sociales de una devaluación podrían diferir: el aumento de los ingresos nominales por nuevas paritarias mejoraría el cuadro y la reducción del empleo, dada la recesión resultante, por el contrario, lo empeoraría.

 La política económica siempre debe pensarse de manera integral. Seria esperable que la respuesta a un salto del tipo de cambio se acompañe con una política fiscal expansiva que compense a quienes resulten perjudicados. Por caso, para evitar un nuevo escalón en la pobreza el gobierno debería subsidiar a todos aquellos que hoy son pobres. El problema es que una política así atenta contra la reducción del déficit fiscal que exige el FMI y dificulta aún más el financiamiento en pesos. Este aumento del gasto encontraría severas restricciones para monetizarse y a su vez el financiamiento en el mercado de pesos no sería muy receptivo luego de una devaluación.

 Otro dilema es durante cuánto tiempo debería expandirse el gasto. En principio, depende de la duración de la recesión. Si tomamos el evento de 2016, la recesión duró cuatro meses (medida en la serie sin estacionalidad del EMAE). En 2013 la situación fue algo distinta: la economía empezó a caer en septiembre y mantuvo esa tendencia en 9 de los 11 meses comprendidos entre esa fecha y julio del 2014. En 2017, la recesión comenzó en diciembre y se extendió por 7 meses. Por lo tanto, como mínimo podemos asumir compensaciones necesarias durante 6 meses.

 En el ejercicio estimamos un subsidio mensual durante seis meses que compense el aumento en el precio de la canasta básica total1. Por ejemplo, de $2.000 para el caso de una devaluación del 20%. De esta forma se mantendría la pobreza en los niveles previos al salto cambiario, y además podría reducirse la brecha de ingresos de cada pobre respecto de la línea de base (hoy en $ 22.123). A nuestro juicio, éste es un indicador más robusto de la situación social que se vincula íntimamente con la indigencia, en especial dado que este año hay 137.000 indigentes más que en 2020, a pesar de la leve reducción de la pobreza.

 Por caso, un aumento del tipo de cambio del 20% supone un traslado a los precios de los alimentos cercano al 10% en un periodo de entre 3 y 9 meses. En este escenario, como muestra el cuadro el ingreso individual requerido para no caer por debajo de la línea de pobreza pasaría de $22.123 a $25.879 mensuales, generando 2,1 millones de nuevos pobres. Así el porcentaje de personas en situación de pobreza llegaría a 45,1%, 4,5 puntos más que en la última medición.

 De la simulación también surge una conclusión muy contundente: no es posible salir del cepo de manera instantánea. Un salto del 50% del tipo de cambio, que llevaría la brecha a la zona del 20%, supondría niveles de pobreza propios de la crisis del 2001-02, en torno al 50%. En este sentido, aunque involucre devaluaciones de “shock” la salida de las restricciones cambiarias tendrá que ser gradual.

 La simulación da cuenta de la complejidad de la actual situación. Cualquier decisión que tome el gobierno para estabilizar la macro va a tener costos. El desafío es reducirlos y evitar un nuevo empeoramiento de los delicados indicadores socioeconómicos.


1 Para compensar la brecha de pobreza no solamente se requiere una transferencia de $2.000 en términos de adulto equivalente, cómo simulamos, sino también incrementar el ingreso de cada una de las personas en un porcentaje idéntico al que aumentó la línea de pobreza. Teniendo en cuenta que esto es imposible de implementar, asumimos una transferencia fija por persona equivalente al incremento de la canasta básica total por adulto equivalente. Por lo tanto, la brecha de pobreza y la tasa de indigencia, ambas íntimamente relacionadas, se reducirían respecto a los niveles del primer semestre de 2021 debido a que se compensaría por el aumento en la canasta básica total, lo cual sobre compensaría el aumento en la canasta básica alimentaria.

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