pobreza

El nexo entre el cambio climático y la pobreza es cada vez más visible

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Escribe AKIHIKO NISHIO – Las personas más pobres son las que menos contribuyen al cambio climático, sin embargo, son las más afectadas por sus impactos. El próximo ciclo de reposición de recursos de la AIF — el fondo del Banco Mundial para los países más pobres— concluirá un año antes de lo previsto para satisfacer necesidades históricas y brindar una oportunidad justa de recuperación y resiliencia a los países más necesitados. 

Esta semana, todas las miradas están puestas en la Conferencia sobre el Cambio Climático (la COP26), que se lleva a cabo en Glasgow. Es mucho lo que está en juego, ya que ningún país es inmune a los impactos del cambio climático. El nexo entre el cambio climático y su efecto en el bienestar humano es cada vez más visible.  Este empujará a más de 130 millones de personas a la pobreza en los próximos 10 años, deshaciendo los avances en materia de desarrollo logrados con tanto esfuerzo, y obligará a 200 millones de personas a migrar dentro de sus propios países para 2050.

La crisis climática es profundamente injusta: las personas más pobres del mundo son las que menos contribuyen al cambio climático.  De hecho, 74 de los países más pobres del mundo —los que reciben asistencia de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el fondo multimillonario del Banco Mundial para los países más pobres— representan menos de una décima parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. También son los más afectados por sus impactos.

“La crisis climática es profundamente injusta: las personas más pobres del mundo son las que menos contribuyen al cambio climático”.

Hoy en día, el Banco Mundial es la principal fuente de financiamiento multilateral para la acción climática en los países en desarrollo.  Este financiamiento incluye el apoyo de la AIF (i), que se centra en inversiones en energía limpia a gran escala para evitar que los países queden atrapados en infraestructura contaminante y ayudarles a alcanzar sus objetivos en materia de acceso a la energía.

Al mismo tiempo, ya se están produciendo algunos impactos climáticos, que afectan a países y comunidades de todo el mundo. Por lo que, en el ejercicio de 2021, la mitad de todo el financiamiento de la AIF se destinó a la adaptación y la resiliencia. Con la mirada puesta en las necesidades locales y específicas de cada país, la AIF está financiando proyectos que priorizan un enfoque sistémico y reconocen la interconexión de los desafíos.

En la última década, los países clientes de la AIF se han visto azotados por desastres naturales casi ocho veces (PDF, en inglés) más que en la década de 1980. Los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países frágiles y afectados por conflictos se enfrentan a un alto riesgo climático por razones únicas pero igualmente urgentes. Mientras tanto, los países de la AIF se esfuerzan por ser competitivos en una economía mundial que cambia rápidamente y que valora cada vez más el crecimiento verde y los empleos y los sectores ecológicos. Es una tarea difícil: trabajar simultáneamente para abordar el aumento de los impactos climáticos, fortalecer la resiliencia frente a las conmociones y aprovechar nuevas oportunidades para prosperar en un mundo posterior a la COVID-19.

Por cierto, esta no es la primera crisis durante la cual la AIF ha sido llamada a apoyar a los países. De hecho, la institución se basa en ciclos sucesivos de preparación frente a crisis, respuesta a estas y recuperación de ellas, como el ébola, las sequías que afectan a millones de personas o las pandemias mundiales. Sin embargo, el cambio climático es sin duda la más compleja y de mayor alcance hasta el momento, y no puede abordarse con soluciones simples de un solo sector, un solo país o una sola organización.  En lugar de ello, se requiere colaboración e intercambio de conocimientos entre los grupos de interés y a través de las fronteras. Desde hace mucho tiempo, la AIF ha proporcionado este tipo de liderazgo y ha reunido a las partes interesadas en torno a una causa común.

Esta confluencia de desafíos sin precedentes ha impulsado a la AIF a aprovechar décadas de enseñanzas y sistemas para ayudar a los países a reducir las emisiones, adaptarse al cambio climático y mitigar los impactos de los desastres. Por ejemplo, en el ejercicio de 2021, el 61 % del total del financiamiento climático de la AIF se destinó a la adaptación y la AIF ayudó a 62 países a institucionalizar la reducción del riesgo de desastres como una prioridad nacional. En Níger (i), una mejor gestión de la tierra produjo un aumento del 62 % en el rendimiento de los cultivos para ayudar a enfrentar los efectos de la variabilidad climática. En Mozambique (i), una rápida respuesta ayudó a reducir los daños causados por dos grandes ciclones consecutivos que afectaron a 1,8 millones de personas. Y muchas inversiones de la AIF también respaldan soluciones basadas en la naturaleza: en Bangladesh (i), un proyecto ha ampliado los manglares para proteger las zonas costeras de las tormentas y un proyecto de resiliencia climática en Kiribati (i), que mejoró la infraestructura en el litoral, está también recolectando agua de lluvia para detener la intrusión de agua salada debido al aumento del nivel del mar.

Darse cuenta de la naturaleza holística y la interconexión de los retos —y de las soluciones— también ha sido un punto de inflexión. El fortalecimiento de los sistemas de vigilancia de enfermedades y de la capacidad de los laboratorios (i) para enfrentar casos de pandemia también aumenta la capacidad de un país para responder a las amenazas de enfermedades transmisibles relacionadas con el clima. Un desarrollo resiliente y con bajas emisiones de carbono proporciona enormes oportunidades para el desarrollo de tecnologías limpias y la creación de empleos ecológicos.  Invertir en formas limpias de cocinar y acceso a energía sostenible puede tener un impacto positivo en las mujeres y las niñas. La lista de proyectos beneficiosos para todos continúa, y la AIF está en condiciones de implementarlos.

A mediados de diciembre, el próximo ciclo de reposición de recursos de la AIF —conocido como AIF-20 (i)— concluirá un año antes de lo previsto para satisfacer necesidades históricas de los países. La AIF y sus asociados se encuentran en una posición única para abordar esta extraordinaria intersección de desafíos, y las partes interesadas están preparadas para redoblar sus esfuerzos y proporcionar a las personas más vulnerables una oportunidad justa de recuperación y resiliencia. 

 
Este blog forma parte de una serie de artículos sobre las formas de garantizar una recuperación resiliente de la COVID-19 en los países más pobres del mundo (i). Para informarse de las últimas novedades, siga a @WBG_IDA y #IDAWorks.
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La ONU denunció que 160 millones de niños son sometidos a trabajo infantil

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La ONU destacó hoy que acabar con las labores de los niños en el campo es clave para erradicar “la lacra del trabajo infantil” antes del 2025 y puntualizó que ese objetivo “requerirá acciones eficaces y un fuerte liderazgo”.

A través de una publicación en su sitio web, la ONU apuntó que muchas familias no tienen otra opción, por lo que proponen ayudarlas para escapar al círculo y la trampa de la pobreza.

“Terminar con la lacra del trabajo infantil para el año 2025 requerirá acciones eficaces y un fuerte liderazgo”, aseguró este martes el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, QU Dongyu.

Durante el discurso inaugural del Foro de Soluciones Globales sobre el Trabajo Infantil que se celebra de forma virtual entre hoy y mañana, QU Dongyu, destacó que en todo el mundo hay 160 millones de niños que sufren este flagelo, una cifra que representa a uno de cada diez menores.

Según los últimos datos, la mayoría de ellos, unos 112 millones, trabajan en producción agrícola, ganadería, silvicultura, pesca y acuicultura.

Por definición, se considera trabajo infantil al que priva a los niños de su infancia, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y mental.

Es una grave violación de los derechos humanos, pero muchas familias vulnerables no cuentan con ninguna otra opción.

Aunque no toda ocupación laboral que realizan los niños se considera trabajo infantil, gran parte de él no es apropiado para su edad y puede ser peligroso o interferir en su educación, como los niños que trabajan en campos donde se han empleado plaguicidas o los que transportan cargas pesadas que atentan contra el desarrollo de su cuerpo.

Algunos de los factores clave que contribuyen al trabajo infantil en las zonas rurales son los bajos ingresos de las familias, las escasas alternativas de subsistencia y el limitado acceso a la educación, entre otros.

La eliminación del trabajo infantil para 2025 es el propósito de la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Cuando solo quedan cuatro temporadas agrícolas para alcanzar esa meta, QU Dongyu destacó que es fundamental emprender acciones eficaces y “un liderazgo fuerte y coherente de las partes interesadas del sector agroalimentario de todo el mundo” para alcanzarla.

Por su parte, la directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia esbozó algunas soluciones, que pasan por proporcionar apoyo a los ingresos de las familias vulnerables, mejorar la atención sanitaria y la educación, y ampliar la protección social y de la infancia.

“Si queremos marcar la diferencia para acabar con el trabajo infantil, debemos centrar los esfuerzos significativos en las zonas rurales y con las familias, donde la agricultura es una importante fuente de sustento”, subrayó Henrietta Fore.

La organización del Foro de Soluciones Globales corre a cargo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en estrecha colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Asociación Internacional para la Cooperación sobre el Trabajo Infantil en la Agricultura y la Alianza 8.7.

Su objetivo es promover acciones a nivel mundial e identificar y ampliar soluciones concretas para erradicar el trabajo infantil en la agricultura.

El mensaje del papa Francisco difundido en el evento, pronunciado en su nombre por monseñor Fernando Chica Arellano, destacó que “proteger a los niños significa tomar medidas decisivas para apoyar a los pequeños agricultores, de modo que no se vean obligados a enviar a sus hijos al campo para aumentar sus ingresos, que, al ser tan bajos, no permiten a las familias agrícolas vulnerables mantener sus hogares con dignidad”.

Por su parte, el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, dijo que el trabajo infantil no es un hecho inevitable.

“El trabajo infantil no es una vía de escape de la pobreza, en realidad la prolonga; hace que la pobreza sea intergeneracional. Tenemos que ayudar a la gente a salir de este círculo vicioso de la pobreza y eso no es una tarea fácil”, concluyó.

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Devaluación y pobreza: impactos del acuerdo con el FMI

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La mirada dela consultora Analytica de esta semana pone el foco en los acuerdos con el FMI y el impacto que genera en la política domestica, además analiza el crecimiento de la pobreza y la estrategia del gobierno en tiempo de elecciones de utilizar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria y medio de contención de los aumentos de precios en los alimentos

La Mirada Analytica #6:

 Es permanente la tensión entre la sostenibilidad de las cuentas externas y la situación social. La pandemia agravó el cuadro, llevando a la pobreza a 2 millones de habitantes más, por sobre los diez millones que ya se encontraban en ella como resultado de las tres fuertes devaluaciones de 2018 y 2019.

 La pobreza alcanzó al 40,6% de las personas en el primer semestre de 2021, después de tocar 42% en los meses más duros de la cuarentena. Semejantes porcentajes no dan margen para el error en la política económica.

 Una estrategia central del gobierno en tiempo de elecciones ha sido utilizar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria y medio de contención de los aumentos de precios en los alimentos. Claramente, esta política resulta incompatible para cumplir con los objetivos clásicos de los acuerdos con el FMI: reducir el cepo cambiario y la brecha entre el dólar oficial y los paralelos, hoy entre el 70 y 90% según el mercado que se mire.

 Cualquier corrección eventual del tipo de cambio implicaría nuevas subas en los precios de los alimentos y bienes esenciales, claves para las líneas de indigencia y pobreza. ¿Significa entonces que el nuevo acuerdo con el Fondo provocará un nuevo deterioro en las condiciones sociales? Y de ser así, ¿de qué orden de magnitud? La lógica sería compensar a las familias ante una eventual devaluación; ¿cuál sería el costo fiscal de una política paliativa? ¿Y por cuánto tiempo debería implementarse?

 En esta Mirada Analytica tratamos de responder a estos interrogantes sobre la base de una simulación de impacto que considera tres elementos:
a. El orden de magnitud de la devaluación y su traslado a precios.
b. El impacto sobre la línea de pobreza.
c. El costo fiscal de la compensación, que depende del incremento de la línea de pobreza y la duración de la recesión.

 Se asume que los ingresos en pesos no crecen y que los efectos sobre el empleo son nulos. Esto es así debido a la naturaleza “instantánea” del ejercicio. Se muestra una “foto” del cuadro social si los precios de la canasta básica y de la canasta total aumentasen en el mes siguiente a la devaluación. Al incorporar dinámicas de precios y empleo, variables que se mueven en sentido opuesto, las consecuencias sociales de una devaluación podrían diferir: el aumento de los ingresos nominales por nuevas paritarias mejoraría el cuadro y la reducción del empleo, dada la recesión resultante, por el contrario, lo empeoraría.

 La política económica siempre debe pensarse de manera integral. Seria esperable que la respuesta a un salto del tipo de cambio se acompañe con una política fiscal expansiva que compense a quienes resulten perjudicados. Por caso, para evitar un nuevo escalón en la pobreza el gobierno debería subsidiar a todos aquellos que hoy son pobres. El problema es que una política así atenta contra la reducción del déficit fiscal que exige el FMI y dificulta aún más el financiamiento en pesos. Este aumento del gasto encontraría severas restricciones para monetizarse y a su vez el financiamiento en el mercado de pesos no sería muy receptivo luego de una devaluación.

 Otro dilema es durante cuánto tiempo debería expandirse el gasto. En principio, depende de la duración de la recesión. Si tomamos el evento de 2016, la recesión duró cuatro meses (medida en la serie sin estacionalidad del EMAE). En 2013 la situación fue algo distinta: la economía empezó a caer en septiembre y mantuvo esa tendencia en 9 de los 11 meses comprendidos entre esa fecha y julio del 2014. En 2017, la recesión comenzó en diciembre y se extendió por 7 meses. Por lo tanto, como mínimo podemos asumir compensaciones necesarias durante 6 meses.

 En el ejercicio estimamos un subsidio mensual durante seis meses que compense el aumento en el precio de la canasta básica total1. Por ejemplo, de $2.000 para el caso de una devaluación del 20%. De esta forma se mantendría la pobreza en los niveles previos al salto cambiario, y además podría reducirse la brecha de ingresos de cada pobre respecto de la línea de base (hoy en $ 22.123). A nuestro juicio, éste es un indicador más robusto de la situación social que se vincula íntimamente con la indigencia, en especial dado que este año hay 137.000 indigentes más que en 2020, a pesar de la leve reducción de la pobreza.

 Por caso, un aumento del tipo de cambio del 20% supone un traslado a los precios de los alimentos cercano al 10% en un periodo de entre 3 y 9 meses. En este escenario, como muestra el cuadro el ingreso individual requerido para no caer por debajo de la línea de pobreza pasaría de $22.123 a $25.879 mensuales, generando 2,1 millones de nuevos pobres. Así el porcentaje de personas en situación de pobreza llegaría a 45,1%, 4,5 puntos más que en la última medición.

 De la simulación también surge una conclusión muy contundente: no es posible salir del cepo de manera instantánea. Un salto del 50% del tipo de cambio, que llevaría la brecha a la zona del 20%, supondría niveles de pobreza propios de la crisis del 2001-02, en torno al 50%. En este sentido, aunque involucre devaluaciones de “shock” la salida de las restricciones cambiarias tendrá que ser gradual.

 La simulación da cuenta de la complejidad de la actual situación. Cualquier decisión que tome el gobierno para estabilizar la macro va a tener costos. El desafío es reducirlos y evitar un nuevo empeoramiento de los delicados indicadores socioeconómicos.


1 Para compensar la brecha de pobreza no solamente se requiere una transferencia de $2.000 en términos de adulto equivalente, cómo simulamos, sino también incrementar el ingreso de cada una de las personas en un porcentaje idéntico al que aumentó la línea de pobreza. Teniendo en cuenta que esto es imposible de implementar, asumimos una transferencia fija por persona equivalente al incremento de la canasta básica total por adulto equivalente. Por lo tanto, la brecha de pobreza y la tasa de indigencia, ambas íntimamente relacionadas, se reducirían respecto a los niveles del primer semestre de 2021 debido a que se compensaría por el aumento en la canasta básica total, lo cual sobre compensaría el aumento en la canasta básica alimentaria.

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Fuerte baja de la pobreza durante el primer trimestre en Misiones

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El efecto fronteras cerradas tuvo un impacto directo en la reactivación de la economía misionera y la creación de empleo, particularmente en la capital provincial. Al mismo tiempo, varios meses de desaceleración de la inflación se conjugaron para que esos recursos que quedaron en Misiones, tengan correlato en una caída de la pobreza en medio de la pandemia.

Según los datos oficiales del Instituto Provincial de Estadística y Censos, durante los primeros tres meses de este año se produjo un importante descenso de la pobreza multicausal, así como una notoria caída de la indigencia. Los datos deben complementarse con el informe semestral que emitirá este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

En el último trimestre de 2020, la pobreza e indigencia multicausal alcanzó al 29,1% y 13,5% de los hogares del aglomerado Posadas, respectivamente. Esto significó un descenso de la pobreza de 4,5 puntos porcentuales (pp), comparándolo con trimestre inmediatamente anterior. 

Asimismo, la indigencia multicausal disminuyó 1,3 pp, de acuerdo con el último informe del IPEC al respecto.

Por otro lado, si se compara el último dato disponible con el del primer trimestre de 2020 (variación interanual), se observa un descenso de la pobreza de 3,0 puntos porcentuales en Gran Posadas. 

En cuanto al indicador de indigencia, y en contraste con el mismo período de 2019, el decrecimiento también fue de 0,3 puntos porcentuales. 

En términos absolutos, en el primer trimestre de 2021 la cantidad de hogares pobres en el aglomerado Posadas fue de 35.114. Por su parte, la cantidad de hogares indigentes fue de 16.350.

Respecto al cuarto trimestre de 2020, la cantidad de hogares pobres disminuyó en 6.830 hogares, lo que implica que esos hogares pasaron de ser “hogares pobres” a ser “hogares no pobres”. A su vez, 2.125 hogares pasaron de ser pobres indigentes a pobres “no indigentes”.

Al respecto, es necesario recordar que un hogar puede ser pobre o no pobre. Pero aquel hogar que es considerado pobre puede ser no indigente o indigente.

En el primer trimestre de 2021 la pobreza mostró una disminución de 4,5 puntos porcentuales; la indigencia a su vez registró una disminución de 1,3 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, es decir, respecto al cuarto trimestre de 2020. En cuanto al análisis interanual, es decir, respecto al primer trimestre de 2020, la pobreza cayó 3,0 puntos porcentuales en el aglomerado Posadas; mientras que la indigencia, también registró una disminución, pero de 0,3 puntos porcentuales.

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Pobreza, coronavirus y cambio climático, en la agenda de la Asamblea General de la ONU

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Gran parte de los líderes del mundo volvió hoy a encontrarse en Nueva York tras casi dos años de pandemia de coronavirus para la apertura de la Asamblea General de la ONU, en la que se debaten las múltiples crisis que enfrenta el planeta, y por las que el titular del organismo, António Guterres, advirtió que está “al borde de un abismo”.

Guterres señaló que esta Asamblea -que tendrá la vista puesta en Afganistán, la desigual distribución de vacunas, los efectos del cambio climático y la profunda crisis económica, entre otros temas- lanzará un “grito de alarma” por la situación “muy peligrosa” en la que está el mundo.

“Pasamos la prueba de ciencia, pero sacamos una F en ética”, agregó, según la transmisión oficial de la ONU.

En total, más de 30 Estados estaban inscriptos en la lista de oradores de hoy, primer día de la 76ta. Asamblea General. Algunos representantes participaron presencialmente y otros a través de mensajes grabados.

Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, país que tiene la tradición de abrir todas las asambleas de la ONU, seguido por el país anfitrión, Estados Unidos, retomó en su discurso la aspiración de tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad del organismo.

Además, repitió las tesis atribuidas al negacionismo de que existen remedios preventivos contra la Covid-19, repudió la existencia de los “pasaportes de vacunas” y acusó por la inflación en su país a los gobernadores e intendentes que aplicaron cuarentenas.

También defendió sus políticas hacia la selva amazónica: “Nuestra agricultura moderna y sostenible con bajas emisiones de carbono alimenta a más de 1.000 millones de personas en el mundo y utiliza solo 8% del territorio nacional; ningún país tiene una legislación ambiental tan completa”, sostuvo.

El discurso de Biden, en cambio, fue más conciliador, pues se centró en la reivindicación del multilateralismo y el fortalecimiento de las organizaciones internacionales.

Aseguró asimismo que no busca “una nueva Guerra Fría”, en medio de la creciente tensión con China e incluso con algunos de sus socios tradicionales por su nuevo acuerdo militar en el Indo-Pacífico, “una de las regiones más significativas para el presente y para mañana”.

“Estoy aquí para reafirmar el compromiso de mi gobierno hacia un futuro más pacifico y próspero para todas las personas”, dijo y agregó: “Trabajaremos para salvar vidas frente la Covid-19, enfrentaremos la amenaza del desafío ambiental y defenderemos la dignidad humanidad y los derechos que se forjaron en esta institución, o dejaremos esos valores universales en la búsqueda del poder político”.

Biden, quien destacó sus políticas dirigidas a una “transición verde”, llamó a defender los derechos de las mujeres, comprometió 10.000 millones de dólares para “terminar con el hambre” y prometió respetar el acuerdo nuclear con Irán si la república islámica “hace lo mismo”.

Irán, por su parte, también se refirió a las conversaciones con las potencias mundiales para que se eliminen las sanciones impuestas por el entonces presidente Donald Trump cuando decidió retirar a Estados Unidos del acuerdo en 2018.

“La república islámica considera las conversaciones útiles” siempre y cuando el resultado sea “el levantamiento de todas las sanciones opresivas (estadounidenses)”, sostuvo el presidente Ebrahim Raisi en un discurso grabado.

Las conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos para reactivar el pacto nuclear de 2015 se detuvieron dos días después de que Raisi fuera elegido presidente en junio y aún no fue anunciado cuándo se reanudarán.

Otro que interpeló a Estados Unidos fue el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-In, quien pidió una “rápida reanudación” del diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte.

Los diálogos entre Pyongyang y Washington están estancados desde el fracaso en 2019 de una cumbre entre el líder Kim Jong Un y Trump.

Mediante un discurso grabado, el presidente de China, Xi Jinping, anunció que su país dejará de construir centrales de carbón en el extranjero para luchar contra el calentamiento climático.

“China va a reforzar su apoyo a otros países en desarrollo para favorecer las energías verdes o de bajo contenido de emisiones, y no construirá nuevas centrales de carbón en el extranjero”, explicó, en respuesta a las demandas de varias organizaciones de defensa del ambiente, según la agencia de noticias AFP.

Por otra parte, el presidente Alberto Fernández afirmó por teleconferencia que la pandemia “impone” al mundo “trabajar en un esquema solidario” que permita “avanzar hacia un desarrollo sostenible” con el fin de “construir sociedades más justas e igualitarias”.

Fernández advirtió que “la justicia climática será una quimera sin justicia financiera que contribuya a una justicia social”.

Asimismo, calificó como “tóxico e irresponsable” al crédito tomado por la Argentina ante el FMI durante el gobierno anterior, sostuvo que “gran parte” de esos recursos fueron “fugados” en la administración que lo precedió, y respaldó “un acuerdo global sobre las reestructuraciones de deudas soberanas”.

El presidente de Colombia, Iván Duque, remarcó que el acuerdo entre el Gobierno y las ex-FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) “es débil”, pidió mayor distribución equitativa de vacunas, y cuestionó los diálogos entre el oficialismo y la oposición venezolanos.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, respaldó y se comprometió con la construcción de “una agenda común global que en el mundo pospandemia establezca un nuevo contrato social, que asegure la gobernabilidad democrática, con paz y cohesión social, y que logre reducir la pobreza y eliminar la pobreza extrema”.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se sumó a la cruzada contra el cambio climático durante la pandemia del coronavirus y a evitar un “apocalipsis ambiental”.

“La pandemia nos obligó a restringir nuestras libertades pero el cambio climático no está en cuarentena”, afirmó, y prometió que en 2030 el 70% de la matriz chilena estará “basada en energías limpias y renovables”.

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