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Pianesi de campaña en Pinamar, prometió reforma laboral con Tetaz

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El diputado Ariel Pianesi, uno de los que coquetea con la candidatura a gobernador de la alianza Cambiemos, ocupó el fin de semana para hacer campaña muy lejos de Misiones. Participó de una “maratón” de Martín Tetaz en Pinamar, uno de los balnearios más exclusivos de la Argentina, donde el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires fue a promocionar sus propuestas. 

El diputado dijo que “preguntó” a los misioneros y la principal preocupación es la economía, a lo que Tetaz respondió que “hay hambre por la inflación” y “porque hace once años no hay creación de empleo privado” y “que la economía está estancada”. Llamativa resultó la respuesta de Tetaz, ya que es acérrimo defensor de Mauricio Macri, pero también responsabilizó a su gobierno por la falta de nuevos empleos. 

“Cualquiera que tiene una Pyme sabe que tiene pánico de contratar trabajadores por el temor a juicios laborales”, definió el legislador porteño.

“Necesitamos una moneda estable, lo primero que quiere la gente. Una reforma monetaria radical y una emergencia laboral para las Pymes, para que todos los microemprendedores y empresarios Pymes puedan contratar trabajo y tengamos trabajo en vez de planes sociales”, prometió el economista porteño. 

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Tetaz y su desprecio a las provincias: “El impuesto de los brutos”

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Martín Tetaz, diputado radical de la alianza Cambiemos, mostró todo su desprecio a las provincias en el debate por la ratificación del Pacto Fiscal, firmado por los gobernadores y la Nación. En su negativa al nuevo consenso, el diputado calificó como “impuesto de los brutos” a los Ingresos Brutos que cobran las provincias por la producción en sus jurisdicciones. 

“Hoy en el Congreso firmamos el dictamen de la oposición en contra del consenso fiscal para no permitir que las provincias aumenten el impuesto a los ingresos brutos, que es el impuesto de los brutos, porque promueve el subdesarrollo”, apuntó el verborrágico macrista.

Lo curioso es que Tetaz, compañero de bancada de Martín Arjol, Alfredo Schiavoni y Florencia Klipauka, parece desconocer el funcionamiento de las políticas fiscales, ya que Capital Federal, manejada por Horacio Rodríguez Larreta, cobra Ingresos Brutos con una alícuota del 3%, mientras que Corrientes o Jujuy, ambas gobernadas por el radicalismo de Cambiemos, votaron a favor del Consenso Fiscal, lo mismo que Mendoza y Córdoba. La provincia gobernada por Gustavo Valdés tiene un tope de 3,5 por ciento de Ingresos Brutos.

El radical fue cruzado en la comisión de Presupuesto por el misionero Diego Sartori, ya que Tetaz también apuntó a Misiones por tener una “aduana paralela”, latiguillo repetido por los representantes de la alianza Cambiemos. 

“Ingresos Brutos es un impuesto discutible, pero cuando debamos discutir la baja de impuestos, también debemos discutir la igualdad de oportunidades, el crecimiento sostenido y distribuciones parejas, con federalismo en serio”, replicó Sartori, quien invitó a Tetaz a venir a recorrer las industrias de Misiones para conocer de primera mano el desarrollo económico.

“Yo quiero discutir la coparticipación federal que me permita sacar o bajar los impuestos, y no ver como hago para llegar a fin de mes, sino viendo cómo hago para crecer. Ojalá pudieramos vivir con lo que producimos y no coparticipar acá y que nos devuelvan después. Los misioneros aportamos como la octava economía y recibimos como la 20”, explicó el misionero. 

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Prioridades y posibilidades

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¿Puede haber un mejor diálogo político que la conversación sincera con los vecinos al visitar un barrio y analizar las prioridades y posibilidades? La frase del intendente posadeño, Leonardo Stelatto, durante la lectura del mensaje de apertura de las sesiones del Concejo Deliberante, resume con simpleza la sustancia de la política. Escuchar, dialogar, evaluar, resolver. El concepto está en las antípodas de la grieta que domina la política argentina y que no distingue problemas ni soluciones. 

Los representantes del macrismo explícito exacerban ese polo opuesto. Casi como una confesión de parte, entre gritos e insultos, abandonaron la sesión de apertura del Congreso, cuando el presidente Alberto Fernández advirtió que el acuerdo con el FMI para renegociar la deuda tomada por Mauricio Macri, no obstaculiza el avance de la causa judicial para determinar las responsabilidades penales por endeudar a la Argentina por la friolera de 57 mil millones de dólares. Uno a uno, entre ellos el misionero Humberto Schiavoni, fueron dejando el recinto, ofuscados por recordárseles que fueron parte del gobierno responsable del mayor endeudamiento de la Argentina y del mayor préstamo en la historia del propio Fondo Monetario. 

En un esfuerzo de negación, se ofendieron por la sola mención de que la Justicia independiente puede investigar las responsabilidades de su Gobierno por un endeudamiento que condena (nuevamente) a la Argentina a la dependencia del FMI. No deberían preocuparse tanto. La Justicia suele ser lenta con algunos temas, como reflejó el Papa Francisco en un mensaje desde la cumbre de magistrados que sesionó en Misiones: pidió “reemplazar los discursos por las prácticas” frente al “drama de la injusticia estructural”. 

En un desparpajo a prueba de medios complacientes, ahora Cambiemos duda en respaldar el acuerdo porque es “una bomba de tiempo” para la Argentina. La renegociación, no la deuda de 57 mil millones de dólares, ni la deuda a cien años, ni los 19 mil millones de dólares que había que pagar este año o el monto similar que había que pagar el año que viene. La renegociación. 

“No podemos avalar con nuestro voto un acuerdo con el FMI que es perjudicial para los argentinos”, definió el diputado Luciano Laspina, uno de los principales referentes económicos de Pro. Frase seguida, culpó al FMI, al que fueron a pedirle auxilio hace apenas cuatro años, por darle “dos años de sobrevida a un modelo que está agotado”.

Paradójicamente, las críticas del macrismo extremo se confunden con las del ala dura del kirchnerismo, que también se opone a sellar el acuerdo con el FMI y juega a una guerra de desgaste interno con final incierto. 

El purismo lo lidera Máximo Kirchner. Parece olvidar lecciones de su propio padre, que en 2005 pagó toda la deuda del FMI, cuyos orígenes se remontaban a la dictadura o la cuestionada década de los 90. “Hay que desdramatizar y en ese momento histórico, en la acumulación de poder político que teníamos nosotros, en la relación de fuerza que teníamos, todavía no habíamos resuelto el tema del Fondo Monetario Internacional. Lo importante era no castrar un proceso”, decía Néstor Kirchner en referencia a Martín Redrado como parte del primer gobierno k. Cualquier parecido es pura coincidencia. 

Es momento de soluciones y no de dogmas que no ofrecen alternativas superadoras.

El problema no es el acuerdo, sino tener al Fondo dentro de la casa. El acuerdo tiene algunos elementos inéditos hasta para el propio FMI. 

El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034. Eso implica un ahorro para este año de 19 mil millones de dólares y otro tanto en 2023. 

También cambia el cómo enfrentar los problemas de la economía argentina. El principal, entender que la inflación es un fenómeno multicausal y no únicamente obedece a la emisión monetaria. 

Se apunta a fortalecer las reservas y hay un compromiso de estabilidad cambiaria, que evitará una devaluación en la que siempre pierden los de menores recursos. Por eso, las tarifas subirán de modo segmentado: para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo el coeficiente de variación salarial y quienes pagan  tarifa social, el aumento será equivalente al 40% del CVS del año anterior,  mientras que para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior.

 En esa línea, se pretende anclar expectativas en pos de una desinflación gradual junto a una continuidad de la recuperación de los ingresos reales. Se proyecta un déficit primario del 2,5% del PIB en 2022, cayendo al 1,9% del PIB en 2023 y al 0,9% del PIB para el 2024. 

Finalmente, el FMI no exige ni reforma laboral ni previsional, aunque se revisarán dos regímenes en particular: jueces y diplomáticos. 

No es menor ese compromiso público. En Cambiemos insisten en imponer ambas reformas. El mediático economista devenido en diputado, Martín Tetaz vino a Posadas a hacer campaña con el radicalismo y promocionar sus intenciones de reformas impositivas y laborales. A su lado, el diputado provincial Ariel Pianesi asentía sonriente, mientras algunos empresarios escucharon azorados una de las respuestas del diputado porteño. Cuando le preguntaron por la reglamentación del artículo 10 de la ley Pymes, contestó lo mismo que Mauricio Macri en Puerto Iguazú: “Desconozco el tema“.

Sin ponerse colorado, desde Twitter contó que “visitamos misiones (sic) para fortalecer la UCR, en el marco de un Juntos por el Cambio cada vez más competitivo, con el objetivo de traer dos senadores en 2023; clave para avanzar en el programa de reformas que le conté a empresarios y comerciantes”, disparó como señal de largada de su campaña.

Al igual que Laspina, Tetaz anticipó a los empresarios reunidos en la Confederación Económica de Misiones, que “con las opiniones divididas se puede presumir la negativa” de Cambiemos a aprobar en el Congreso la renegociación de la deuda tomada por Macri. 

Lejos de la grieta está la previsibilidad. El gobernador Oscar Herrera Ahuad ratificó durante la visita del ministro de Economía, Martín Guzmán, la primera oficial a Misiones, que los diputados del misionerismo iban a respaldar el acuerdo con el FMI. 

Durante la visita del ministro de Economía, quien vino a firmar un acuerdo de financiamiento por dos mil millones para obras hídricas y de infraestructura, el Gobernador reiteró la palabra “previsibilidad” que es marca registrada de la Renovación en las últimas dos décadas. Esa previsibilidad es la que permite construir políticas de transformación. Misiones dejó atrás el endeudamiento y concentró esfuerzos en mejorar infraestructura sanitaria y educativa como nunca antes. Los resultados están a la vista: es una de las provincias con menor cantidad de contagios durante la pandemia, lo mismo que el número da fallecidos. Al mismo tiempo, la vuelta a clases encontró a Misiones con las escuelas abiertas y presencialidad plena, con un acuerdo salarial que terminó siendo mejor al firmado por la Nación con los gremios docentes. 

Un ejercicio de memoria es necesario. Tanto la salud como la educación eran manchas negras de la política misionera hasta fines del siglo pasado. Hoy la infraestructura sanitaria es un espejo en el que se miran otras provincias, con más recursos económicos, pero menos hospitales y mal equipados. 

Solo este mes se inaugurarán 24 escuelas. Hace 19 años que Misiones inicia las clases con normalidad y ahora con un salario inicial mejor que en muchas otras provincias. Por normalidad se entiende la enorme mayoría de docentes en las aulas, mientras que un grupo de escasa representatividad sindical tiene como única bandera el paro, dejando sin clases a quien es la razón de ser de la educación. No es casual que entre los huelguistas estén quienes durante el Gobierno de Cambiemos no hicieron ninguna protesta. 

Lo cierto es que de los 24 mil docentes del sector público, apenas 3.175 con cargos con menos de quince horas o menos de 30 días, ganan por debajo del mínimo de 54 mil pesos (la Nación ofreció 50 mil) o menos si tienen menos horas. El resto, más de 21 mil, cobran entre 54 y hasta 300 mil pesos por cargo, aunque el 45 por ciento de los docentes tiene dos en Misiones. 

En los últimos dos años hubo una fuerte recomposición del salario básico, lo que mejoró las condiciones de los activos, pero también de los jubilados, una vieja lucha de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones. 

Esa evolución fue posible por la continuidad de las políticas trazadas, incólumes más allá de las coyunturas, lo que se valora en términos políticos. No es casual que Herrera Ahuad tenga la mejor imagen del país entre los gobernadores.

También se traduce en una economía robusta con un rol activo del Estado que no se corre en las malas, sino que ahí es cuando más presente está. En la crisis de los incendios, Misiones no sólo combatió los fuegos internos, sino que asistió a Corrientes, que dejó en evidencia todas sus flaquezas. Ahora, a pedido de los madereros misioneros, la Agencia Tributaria de Misiones acordó flexibilizar condiciones hasta que haya una estabilidad. El sector forestal no la está pasando mal, con un fuerte salto en las exportaciones, pero algunos pequeños productores que fueron afectados por los incendios. 

El Gobierno misionero juega fuerte en defensa de sus producciones. En el caso del tabaco presiona a la Nación para que se bajen o quiten retenciones, dinero que bien podría quedarse en manos de los productores. En la yerba mate, impulsa un aumento del precio de la materia prima y que se flexibilicen los precios en góndola para aliviar a la industria. Este lunes habrá una nueva sesión de precios y el informe de la consultora Nielsen reveló un aumento del 26,08 por ciento en todas las marcas en góndola, lo que concuerda con las proyecciones de un precio por encima de los 50 pesos, como pedían los productores. ¿Respetará sus palabras el gobernador correntino Gustavo Valdés? Después del laudo de Nación que fijó el precio de la materia prima en 36,83 pesos, el correntino había dicho que “el valor por kilogramo no debería ser menor a los 52 pesos para el productor yerbatero”. Es un buen momento para que sus directores en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, acompañen la moción. 

Los indicadores inéditos de producción y consumo sientan a Misiones en la misma mesa que las “grandes provincias” tradicionales. Misiones supera con creces a las economías del NEA y por primera vez en la historia, tuvo un volumen de ventas de combustible (en valores absolutos, es decir, medido en metros cúbicos) superior a provincias como Mendoza y Entre Ríos, y se convirtió así en la quinta provincia del país con el mayor volumen vendido al público de combustible, solo debajo de las grandes jurisdicciones (Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe). 

Esos datos se transforman en argumentos clave para insistir con una de las demandas centrales de Misiones a la Nación: la creación de una Zona Aduanera Especial para potenciar una economía que hoy muestra todo su potencial. Pese al voto negativo de Cambiemos .con los misioneros Martín Arjol, Alfredo Schiavoni y Florencia Klipauka- que frustró el Presupuesto que contenía un artículo con ese objetivo, en ningún momento se dejó de insistir. Ahora trascendió que el presidente Alberto Fernández ordenó al ministro de Producción, Matías Kulfas, que encuentre un atajo formal para que se establezca un beneficio en base al proyecto Misiones, que pueda salir por decreto.

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Sintonía verde

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La teatralización del speaker Martín Tetaz en la mesa de la nieta de la diva televisiva, con una pistolita que dispara miles de pesos falsos, desnudó la obscena abstracción de una política que está alejada de los problemas de la sociedad. El economista de Cambiemos, especialista en errar casi todos sus pronósticos, quería graficar la “falta de un plan” económico y la idea de la “platita” en el bolsillo. Los invitados, todos amarillos, a carcajadas festejaron la gula. El lujo, es vulgaridad. 

La bobería no es exclusividad de los bufones de un lado de la grieta. El revenant Aníbal Fernández, traído al gabinete para aportar experiencia y dinamismo a un área sensible, bravuconeó en redes sociales en defensa de los (correctos) subsidios a los viajes de egresados que dará Axel Kicillof. Pero, ya en el barro, el flamante ministro de Seguridad no tuvo mejor argumento que dar a conocer el colegio al que van los hijos de un conocido artista antik. El Estado –el Estado que debe brindar seguridad– donde no debe estar, revelando datos privados. Un ministro de la Nación, perdiendo tiempo valioso en una discusión por redes sociales, termómetro minúsculo del humor social. 

La política berreta del golpe por golpe se libra en un cuadrilátero que no se sale de las dimensiones geográficas de Capital Federal, pero cuyas consecuencias se extienden por todo el territorio marcando ritmos de agendas que nada tienen que ver con los problemas y las soluciones que requieren quienes viven más allá de la General Paz. 

Le pasó a Jorge Capitanich, el gobernador de El Chaco, objeto de burla por emocionarse en la inauguración de una red de agua potable que llegó, por fin, a una lejana localidad chaqueña. “Lloró por una canilla”, fue la síntesis absurda de los medios porteños y tuiteros picantes que hicieron viral el momento. La otra realidad bien podría ser que un gobernador, después de 107 años de existencia de una localidad, cumplió con su deber de brindar un servicio básico, pero eso no suma clicks. Para quien vive en la ciudad, puede no significar nada, pero poder abrir una canilla, para alguien que nunca tuvo agua, es un cambio de vida. 

Fortalecer las autonomías, que no es sinónimo de separatismo, debe ser el norte de la política lejos de esa tensión permanente que agranda la grieta. Por eso es vital alimentar debates como los que impulsa el Gobierno de Misiones y al que deberían sumarse las fuerzas opositoras, aún cuando deben obedecer la verticalidad de la Nación. 

Misiones hoy se planta en demanda de recursos y leyes con una autonomía inédita. Por un lado, una compensación de 144 mil millones de pesos por el cuidado de la biodiversidad, con argumentos clave que le ponen valor económico a un esfuerzo que atraviesa generaciones. El monte vale, el agua vale. Y cobra mucho más valor con el nuevo argumento que pone la Provincia en la demanda ante la administración de Alberto Fernández: con el cuidado de la última reserva relevante de bosque atlántico, Misiones está garantizando la humedad que hace rica a la Pampa húmeda, millonaria en soja y carne de exportación. 

No hay que ser un experto ambiental para entender las consecuencias de no hacerlo. Los incendios y el avance de la deforestación del Amazonas, con la complacencia de Jair Bolsonaro, están provocando una desertificación al sur de Brasil que se expande a un ritmo acelerado. 

Pero es la Pampa húmeda, la zona núcleo de la Argentina, la que goza de mejor infraestructura, de subsidios al combustible, de energía barata y de gas natural. Misiones carece de gas y paga la nafta más cara del país. Tampoco tiene subsidios a la energía para abaratar el uso obligado de aires acondicionados en los sofocantes veranos. 

El bolsillo del misionero también es castigado por la ineficacia en domar a la inflación, que carcome salarios. La inflación de los últimos años se devoró alevosamente al poder adquisitivo y a la capacidad de consumo de los trabajadores. Los asalariados privados registrados perdieron en 4 años el equivalente a 6,3 salarios mensuales (de agosto 2017), los empleados públicos 7,5 salarios y los trabajadores informales 9,1 salarios.

Con 3,5% de inflación de septiembre, se quebró la tendencia de cinco meses consecutivos de disminución, con una gran distorsión de precios relativos: mientras la inflación de alimentos de los últimos 4 años supera en 5.8% a la general, la de servicios públicos está 23.3% abajo. Eso complejiza las operaciones de las empresas que deben arreglarse y especialmente las que están más lejos de los grandes centros de consumo.

Por ejemplo, la yerba mate está hoy pendiente de la definición de su nuevo precio. Pero la desbocada suba de precios, que no tiene nada que ver con Misiones, pone en jaque a la producción y a la industria por igual. 

El nuevo secretario de Comercio, Roberto Feletti, llamado de urgencia para intentar contener los precios ante la pasividad que significó la gestión de Paula Español, amenaza con congelar precios hasta enero. Pero esa negociación con las grandes alimenticias, seguramente derivará en un laudo muy bajo de acuerdo a las expectativas de los productores, y al mismo tiempo en una nueva traba a la suba del producto en góndola, que requieren los industriales, muchos de ellos asfixiados por deudas bancarias, para poder adquirir la materia prima, cuyo valor de mercado está bastante por encima de los precios oficiales. En esto, la tradición no cambia: cada vez que la Nación tuvo que laudar, tiró para abajo los precios de la yerba mate.

Esa misma continuidad se refleja en la reticencia de la Nación en atender y entender las demandas de Misiones en relación con la economía de las fronteras. El año de la pandemia, con las fronteras cerradas, sirvió para demostrar que la riqueza que se fugaba por los puentes o pasos habilitados, representaba un enorme potencial que transformó a la provincia en una de las pocas que pudo crecer y generar empleo en medio de la recesión que la crisis sanitaria profundizó. Pero en el fondo, las mismas condiciones estructurales que favorecían la fuga, siguen existiendo y no hubo siquiera un amago de la administración Fernández de corregir algunas distorsiones.

Los impuestos nacionales significan el 83 por ciento de la presión tributaria que impacta en los precios, bastante más que en Paraguay, lo que perjudica especialmente a Misiones. 

Por caso, el IVA en Argentina es del 21. En Paraguay, entre 5 y 10 por ciento. Ganancias se paga el 30 por ciento en Argentina y sólo 10 o 15 en la vecina orilla. Las cargas sociales representan para el empresario un 24 por ciento extra, mientras que en Paraguay solo 16,5%. Entonces, más allá de que hoy el tipo de cambio provocará que sean los guaraníes los que ingresen a comprar a la Argentina -la nafta está casi el doble que en Posadas-, la diferencia estructural sigue existiendo. Eso es lo que motiva la insistencia de Misiones en conseguir la zona aduanera especial, proyecto que los diputados de la Renovación tienen la misión de incluir en el Presupuesto nacional 2022 con el texto justo para contrarrestar cualquier zancadilla de las otras provincias y, sobre todo, un nuevo veto de Alberto Fernández. 

“Misiones es un yaguareté negociando, hambriento. Hacemos valer derechos como nadie. Misiones consiguió la sanción de una ley que es inmodificable. El resto es una facultad del Presidente. Pero la ley está votada. Solo puede ser reemplazada por otra ley. Acá hay alta jerarquía política, que discute lo que quiere la gente. Por eso fuimos con boleta corta, porque es la que lleva la agenda de los misioneros, mientras las oposiciones responden a la verticalidad de Buenos Aires”, aseguró el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira. El conductor de la Renovación habló el jueves en la previa de la sesión de la Cámara de Diputados, donde dio a conocer que Misiones entró formalmente al mercado global de los bonos de carbono en la búsqueda de generar ingresos que sirvan para mejorar la protección de la biodiversidad. 

Fue una negociación silenciosa y de largo aliento. El gobernador Oscar Herrera Ahuad firmó un acuerdo con Mercuria Energy Trading, una firma especializada en la transacción de commodities a nivel global, para la compra de créditos de carbono derivados del servicio que presta la selva misionera. 

El acuerdo implica un estudio para identificar el capital ambiental que tiene la provincia, para después implementar un Programa Provincial de Reducción de las Emisiones de la deforestación y la degradación de bosques nativos (REED). El objetivo final es la venta de reducciones de emisiones o certificados de reducción de emisiones al mercado de carbono. 

También están avanzadas las negociaciones con BP plc (British Petroleum), la compañía británica que paga por las emisiones de su negocio de gas y petróleo. La petrolera asumió hace un año la meta de convertirse en cero emisiones de gases de efecto invernadero para 2050. Ese acuerdo además abre las puertas a otros jugadores en la explotación del gas y petróleo en Vaca Muerta. 

Rovira consideró que Misiones está ante una oportunidad global, porque el mundo acelera medidas para frenar el cambio climático, con China y Europa como principales motores de esas acciones. El Papa Francisco es uno de los promotores de un capitalismo más amigable con el ambiente y un aliado clave de la tierra roja en esta búsqueda de financiamiento. El documento de demanda de la compensación a Nación, apunta justamente a esto: el presidente Alberto Fernández aboga por un canje de deuda por servicios ambientales de la Argentina. ¿Cómo no atender el pedido de la provincia que más hace por proteger la biodiversidad?

La demanda ambiental y la entrada al mercado de bonos de carbono marcan un nuevo estadio en la política misionera. Los diputados nacionales jugarán un rol clave para conseguir la reivindicación y la concreción de la zona aduanera especial. Los de la Renovación -y los candidatos Claudia Gauto y Carlos Fernández- tienen el mandato de gestionar para que el Presupuesto 2022 contenga esas reivindicaciones. 

Las oposiciones andan en las suyas. El radical Martín Arjol, ahora en dupla con Pedro Puerta, busca votos para “derrotar al kirchnerismo”. La agenda de la nueva alianza no deja de ser la que le marcan desde Buenos Aires: flexibilización laboral y rebaja de impuestos para las empresas. Nada que no se haya probado y ya no haya fracasado en la Argentina y en el mundo. 

Del otro lado, Isaac Lenguaza intenta recomponer la tropa k para al menos no perder más votos. 

En la Renovación intensificaron la tarea política en las últimas semanas y entienden que noviembre seguramente tendrá un resultado distinto, ya que en junio se hizo sentir el voto bronca contra el gobierno de Alberto Fernández y ahora la sociedad pondrá más en la balanza la situación provincial. 

Con una sociedad que ya recuperó casi toda la normalidad prepandemia, Carlos Fernández y Claudia Gauto, junto a Fernando Meza, ahora relanzaron la campaña y las reuniones muestran un intercambio distendido de ideas con el dueño del voto.

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