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No perder centralidad. Encuentro Misionero comenzó a encender la chispa política, esa que permite discutir posiciones, buscar coincidencias y dejar de lado las disidencias en pos del bienestar general. El jueves último, antes del inicio de las sesiones de la Cámara de Diputados, en la Legislatura se vivió una reunión inusual, en la que los protagonistas fueron jóvenes, empresarios y profesionales. 

Desde un jóven médico que lleva su voluntariado a las colonias -encontró rápida sociedad con un oftalmólogo que se ofreció a sumarse-, escritores, influencers hasta empresarios, con un denominador común: pensar y priorizar el desarrollo de Misiones. En ese escenario se presentó el manifiesto fundacional de Encuentro Misionero, en el que se proclama que es posible otra forma de hacer política: con proximidad, con gestión continua y “despreciando las disputas del poder central”. 

Varios puntos resaltan en el manifiesto. La identidad que nace “desde la selva bordeada por ríos” y una definición que descarta la idea de “periferia”, y construye un espacio con rasgos propios con la determinación  de seguir avanzando sin tutelas impuestas desde el país central. 

Esa rebeldía atraviesa, destacó Carlos Rovira, los cimientos de la provincia, que fue una de las que declaró la Independencia un año antes que el país central, en el Congreso del Arroyo La China, en territorio oriental, donde hoy es Entre Ríos. Lejos de renegar de ese pasado, la propuesta de Encuentro Misionero se basa en capitalizar lo logrado, incorporando nuevas voces  “sin abandonar lo que funciona”. 

Es un reposicionamiento, una (re) evolución de la propia Renovación, que nació con la unidad de peronistas, radicales e independientes, superó la transversalidad y experimentó con fallidos blends y refresh.

La irrupción en el escenario político de esa evolución renovadora contrasta con la parálisis que exhibe hoy el Gobierno nacional, atado a la suerte de Manuel Adorni, envuelto en un escándalo de enriquecimiento, frivolidades y secretos palaciegos. “No lo voy a ejecutar para ganar una elección”, lo defendió el Presidente. El [reiterado] respaldo al funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción, a esta altura preocupa hasta a los más convencidos por las consecuencias electorales que genera el desplome en las encuestas, que arrastra al propio Javier Milei. La primera advertencia fue de Patricia Bullrich, en un intento por despegarse del deterioro acelerado en las encuestas. 

La desaprobación nacional alcanza el 64,5%, mientras que apenas el 34,3% aprueba la gestión libertaria. Siete de cada diez argentinos consideran que hace falta un cambio de gobierno, un dato que en cualquier otro contexto sería leído como una señal de crisis terminal. Sin embargo, la singularidad del escenario argentino reside en que ese rechazo no se traduce todavía en una alternativa consolidada, revela el último informe “Domingo de Datos” de la consultora Zuban & Córdoba.

Milei registra 64,5% de rechazo contra 34,3% de aprobación, prácticamente sin señales de recuperación respecto de meses anteriores. La serie comparada muestra que desde octubre de 2025 el oficialismo fue perdiendo respaldo de manera sostenida: pasó de 37,1% de aprobación a apenas 34,3%, mientras la desaprobación saltó de 62,8% a 64,5%. Manuel Adorni exhibe uno de los peores registros del tablero: apenas 16,5% de imagen positiva frente a 72,1% negativa. La corrupción que venían a desterrar, se convirtió en el principal foco de conflicto en el Gobierno, con Adorni como emblema que eclipsa otras causas, como $Libra, Andis o el 3% para la Primera Hermana.

Demian Reidel, con un pasado en JP Morgan y Goldman Sachs, amigo y economista más influyente del círculo íntimo de Javier Milei acaba de ser imputado por los gastos exorbitantes y lujosos realizados con la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica, empresa que presidía. Entre los gastos observados figuran 45 compras en free shops por un total de 5.957 dólares y 1,1 millones de pesos; 13 pagos a la firma Mar y Sombra SL, una empresa de servicios de playa en Valencia, por 212 dólares; además de transferencias por Mercado Pago, hoteles, pasajes aéreos, indumentaria y consumos en distintos países.

También aparecen adelantos en efectivo por 56 millones de pesos y gastos en el pub El Pirata, de Madrid, por 765 dólares.

La denuncia original fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien sostuvo que incluso si los gastos hubiesen estado vinculados a viajes oficiales, los consumos resultarían incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos.

Pagano -una de las libertarias más arrepentidas- también afirmó que Adorni es “el cajero de Karina Milei” y sugirió que cobró tres millones de dólares de la estafa con la criptomoneda Libra que promocionó Milei.

La legisladora del monobloque Coherencia, una de las denunciantes del jefe de Gabinete en la justicia federal, también le apuntó al secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, a quien tildó de “bolsero de Adorni”. Lanari es misionero, hijo de Carlos Lanari, ex presidente de la Sociedad Rural Misiones y hermano de Enrique, quien también entró a trabajar en el Estado con la gestión libertaria. Es un apellido que se escuchó mucho en estos últimos años. 

La Sociedad Rural de Lanari se alineó al proyecto macrista de convertir a Misiones en tierra a conquistar por la corporación Maizar, con el objetivo de exportar maíz a Brasil. Pretendían plantar 250 mil hectáreas, pero el proyecto quedó trunco por la resistencia de ambientalistas y la caída de Cambiemos. Ahora ese proyecto se retoma con los herederos libertarios -muchos ex macristas-, que quieren imponer el mismo plan, junto a soja y trigo para abastecer los pooles de siembra. El problema no es la soja ni el trigo, sino lo que trae aparejado. El macrismo, que también impulsaba la desregulación yerbatera que concretó la versión libertaria, nunca pudo explicar el impacto ambiental que traería aparejado ampliar la producción de maíz. Serían miles de litros de glifosato, lo mismo que demandaría la incorporación de trigo y de soja, que hoy no aparecen en el mapa productivo de Misiones. La dosis típica de glifosato oscila entre 2 y 4 litros por hectárea para malezas anuales, aunque puede aumentar hasta 15 o más litros en casos de alta resistencia o cultivos específicos 

Misiones inició un camino inverso, con el objetivo de erradicar el uso de agroquímicos. Pero no es el único punto de fricción: el modelo sojero no es compatible con el minifundio misionero y sólo tiene rentabilidad en grandes extensiones. Y la renta no se quedaría en la chacra, sino en los capitales inversores. 

Significaría la expulsión del pequeño productor de la chacra para darle entrada a dos o tres grandes grupos. Y también un profundo cambio de la provincia, tal como se la conoce, con rentabilidad para unos pocos. Pero de eso prefieren no hablar los promotores del modelo, ahora Adrián Núñez, antes Jerónimo Lagier. Sin embargo, están haciendo un trabajo de hormiga para sumar adhesiones, particularmente en el Alto Paraná, con el diputado Miguel Núñez como avanzada. Aunque la facción libertaria promete quedarse con el armado de “Misiones Productiva”.

Adorni, ex vocero devenido en Jefe de Gabinete está virtualmente callado, porque cada vez que enfrenta un micrófono -que no sea de los amigos-, es inevitable una pregunta sobre su nivel de gastos, la cascada de su piscina pagada cash en dólares black, sus flamantes propiedades o, incluso, su reciente distanciamiento con su esposa, que tomó distancia… por redes sociales. Una decadente novela libertaria con final incierto. Los únicos que todavía celebran al ex vocero son los misioneros Diego Hartfield, Adrián Núñez y Valeria Soczyuk.

En un intento desesperado por recuperar la iniciativa, el viernes hubo una conferencia de prensa encabezada por Adorni, junto al ministro de Economía, Luis Caputo y la de Seguridad, Alejandra Monteoliva. “Los empresarios hablan del riesgo Adorni”, inquirió un periodista. Y fue más allá: “¿Ustedes cobran sobresueldos? No hubo respuestas. Ni negativas.

El nuevo Super Rigi, anunciado de apuro y sin muchos detalles, no es otra cosa que más beneficios fiscales para los grandes capitales que inviertan en la Argentina, mientras que la economía real sufre una inédita caída, por la pérdida del poder adquisitivo y el aumento exponencial de los costos de producción.

El Rigi original no tuvo la explosión esperada y se concentró únicamente en minerales o petróleo, mientras que el resto de las economías regionales sobrevive en una extensa agonía, tanta que hasta la Confederación Económica de la Mediana Empresa, que hasta ahora había mantenido un piadoso silencio, salió a pedir que el Gobierno tome medidas de reactivación y baje la presión impositiva. 

Pese a los beneficios prometidos, de las 36 iniciativas presentadas en el Rigi original, hasta el momento, 22 continúan en evaluación oficial. En contraste, la Inversión Extranjera Directa está en niveles mínimos. Entre octubre y diciembre de 2025 hubo una salida neta de capitales de empresas extranjeras por 4.687 millones de dólares y la fuga de capitales en Argentina ha registrado niveles históricos en 2025 y principios de 2026 superando los US$ 23.000-25.000 millones, por encima de 2018 y aproximándose a crisis severas.

Caputo no tiene respuestas más que evasivas y atribuye la desconfianza al “riesgo Kuka”, al mismo tiempo que niega cualquier posibilidad de que vuelvan a ganar las elecciones. Incluso culpó a la sociedad por el explosivo crecimiento de la morosidad bancaria. “La gente pensó que la inflación iba a licuar las deudas“, dijo sin atender la pérdida del poder adquisitivo generalizada.

Esa caída de la actividad, obviamente se traduce en menor recaudación -ya van nueve meses consecutivos de caída real- y menos distribución de recursos federales a las provincias. 

Sin embargo, la decisión política en Misiones es sostener la actividad económica con todas las herramientas disponibles. En esa línea se inscriben el Ahora Chacra, el Ahora Verdulería y la continuidad de medidas de alivio fiscal para inyectar flujo de caja, particularmente a las pequeñas y medianas empresas, aunque las grandes también están recibiendo atención. 

La reedición de la línea de descuento de cheques a tasa cero con el Banco Macro para mejorar el precio de la materia prima yerbatera fue bien recibido por la industria, que necesita financiamiento barato. El objetivo es elevar el piso de la hoja verde a 301 pesos y el de la canchada 1.160 pesos. Además, este año se incorporó una nueva herramienta: los molinos que paguen el precio mínimo de la canchada también podrán descontar los cheques provenientes de supermercados por la venta de yerba elaborada. Pese a la urgencia libertaria por mostrar datos positivos que justifiquen los bemoles de la desregulación, la yerba mate atraviesa un momento crítico en el sector productivo y de expectativa en el consumo interno, que está por debajo de 2025 y de 2023, que fue el año récord y el último del mercado “regulado”. Solo las exportaciones salvan la ropa, aunque con una rentabilidad en jaque.

En el Gobierno provincial entienden que la yerba no será atendida por la Nación -lo descartó el propio Adorni- y que la estabilidad -difícil hablar de recuperación- es vital en el terreno, por eso las medidas de contención.

Nuevamente, es recuperar el centro de la escena, la iniciativa, que no haya reacciones, sino acciones. Esa parece ser la premisa en esta etapa preelectoral que vio nacer a Encuentro Misionero. Marcar la agenda política, parlamentaria y económica y ahí radica una de las principales diferencias con las oposiciones, que responden a una agenda externa, en la que Misiones aparece poco y nada o es considerada una zona “periférica” en los excel de Nación.

El año en la Legislatura arrancó con la toma de estado parlamentario del proyecto de Ficha Limpia, impulsado por Carlos Rovira, que es mucho más severo que el que se discute en Nación. El proyecto establece que no podrán ser candidatos quienes tengan condenas a pena privativa de libertad -aunque la sentencia no esté firme y aun cuando la pena sea de cumplimiento en suspenso- por delitos contra la administración pública, el orden económico y financiero, el orden democrático, la seguridad pública, delitos contra las personas, contra la propiedad, la fe pública, el ambiente y también por crueldad o maltrato animal.

Esto implica que quedarían alcanzados delitos como cohecho, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito, además de delitos económicos, corrupción institucional y ataques al sistema democrático. También quedarán excluidos quienes figuren como deudores alimentarios morosos, quienes mantengan deudas exigibles con el fisco provincial o municipal y quienes tengan tres o más infracciones graves de tránsito acreditadas en los últimos dos años previos a la oficialización de listas. Uno de los puntos más novedosos es la incorporación de los ciberdelitos como causal de inelegibilidad automática. El proyecto prevé que no podrán competir quienes tengan requerimiento de elevación a juicio o prisión preventiva por delitos vinculados al mundo digital, como grooming, distribución de material de abuso sexual infantil, acceso ilegítimo a sistemas, fraudes informáticos y otros delitos tipificados en el Código Penal.

La propuesta suma además una exigencia inédita: un certificado de aptitud toxicológica obligatorio al momento de oficializar listas. El postulante deberá presentar estudios integrales sobre al menos cuatro matrices biológicas -orina, saliva, folículo piloso y sangre- para acreditar la presencia o ausencia de consumo de sustancias psicoactivas. En caso de antecedentes de consumo problemático, deberá acompañar certificación de alta terapéutica o rehabilitación exitosa. El gobernador Hugo Passalacqua se adelantó y decretó la obligatoriedad de narcotests preventivos para descartar el consumo de sustancias psicoactivas ilegales en los niveles de decisión política y fuerzas de seguridad. “Esta es una decisión directa para garantizar que cada persona con poder de decisión tenga la idoneidad y la ética que la familia misionera merece”.

No será la única iniciativa que causará revuelo. Rovira, quien anticipó que Encuentro Misionero acompañará la eliminación de las PASO, deslizó la posibilidad de discutir la ley de Lemas actual para transformarla en una boleta única con ley de lemas por partido. El ex gobernador recordó que la ley de Lemas surgió de un acuerdo del viejo peronismo con el viejo radicalismo y que con él en el Gobierno, se suprimió el capítulo para gobernador, posibilidad que incorporó ahora Salta, curiosamente cuyo gobernador, Gustavo Saenz, es aliado libertario.

El contraste con la agenda opositora es notable. El jueves los libertarios debutaron con una gaffe llamativa: pretendían que un dictamen ya aprobado vuelva a comisión porque ellos no integraban la Cámara cuando se trató originalmente. Un capricho que se da de bruces contra los principios democráticos.

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Poder Judicial de Misiones: gestión, carga de trabajo y transformación institucional marcaron el año

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El Anuario 2024/2025 del Poder Judicial de Misiones ofrece una radiografía integral del funcionamiento del sistema judicial provincial, con datos consolidados sobre gestión, volumen de causas, organización interna y políticas de modernización. El informe permite dimensionar el rol institucional del Poder Judicial en un contexto de alta demanda social, restricciones presupuestarias y creciente exigencia de eficiencia, transparencia y acceso a justicia.

El documento sistematiza información correspondiente al período analizado y constituye una herramienta clave para evaluar el desempeño del servicio de justicia, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, en todas sus instancias y fueros.

Volumen de causas, estructura judicial y respuesta institucional

El Anuario detalla la evolución de la carga judicial, desagregada por fueros, circunscripciones y tipos de procesos, reflejando el nivel de litigiosidad y la presión sostenida sobre los órganos jurisdiccionales. La información expone el flujo de ingresos, resoluciones y stock de expedientes, lo que permite observar la dinámica real del sistema y la capacidad de respuesta frente a la demanda ciudadana.

Asimismo, el informe describe la estructura organizativa del Poder Judicial, incluyendo juzgados, tribunales, fiscalías, defensorías y áreas administrativas, junto con su distribución territorial. Esta arquitectura institucional resulta central para comprender cómo se articula la prestación del servicio de justicia en una provincia con diversidad geográfica y social.

El relevamiento también incorpora datos sobre tiempos de tramitación, modalidades procesales y utilización de herramientas digitales, evidenciando los esfuerzos orientados a mejorar la eficiencia y reducir demoras estructurales.

Modernización, digitalización y gestión judicial

Uno de los ejes centrales del Anuario es la transformación tecnológica y administrativa del Poder Judicial de Misiones. El documento da cuenta del avance de sistemas informáticos, expedientes digitales, notificaciones electrónicas y mecanismos de gestión que apuntan a optimizar recursos y mejorar la trazabilidad de los procesos judiciales.

En este sentido, la información presentada permite analizar el impacto de estas herramientas en la organización interna, en la relación con abogados, auxiliares de la justicia y ciudadanía, y en la capacidad institucional para sostener el funcionamiento del sistema en contextos de alta carga operativa.

El informe también sistematiza acciones vinculadas a capacitación, planificación y control de gestión, lo que refuerza una mirada integral sobre el Poder Judicial no solo como órgano jurisdiccional, sino como institución pública compleja.

Acceso a justicia, transparencia y desafíos pendientes

El Anuario incorpora indicadores vinculados al acceso a justicia, la actuación de defensorías, mecanismos de atención al público y políticas orientadas a garantizar derechos, especialmente en sectores vulnerables. Desde una perspectiva institucional, estos datos permiten evaluar el alcance real del servicio judicial y su capilaridad en el territorio.

Al mismo tiempo, la publicación funciona como una herramienta de transparencia y rendición de cuentas, al poner a disposición información sistematizada sobre el desempeño del Poder Judicial. En clave de análisis, el informe también deja planteados desafíos estructurales vinculados a la sostenibilidad del sistema, la adecuación de recursos y la necesidad de continuar profundizando procesos de modernización.

En conjunto, el Anuario 2024/2025 configura una radiografía precisa del estado del Poder Judicial de Misiones, útil tanto para el análisis institucional como para el debate público sobre el rol de la justicia en la provincia y su articulación con el resto del sistema democrático.

Anuario Poder Judicial Misiones 2024-2025 by CristianMilciades

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El Gobierno reglamentó la Ley de Defensa de la Competencia y activó la Autoridad Nacional Antimonopolio

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El Gobierno reglamentó la Ley de Defensa de la Competencia, se activa la Autoridad Nacional y el Tribunal Antimonopolio

Con el Decreto 803/2025, el Poder Ejecutivo dispuso la entrada en funciones inmediata de la Autoridad Nacional de la Competencia y del Tribunal de Defensa de la Competencia, organismos clave para la regulación de mercados y control de prácticas monopólicas. La medida actualiza la reglamentación de la Ley 27.442 y busca garantizar la continuidad administrativa y la transparencia en su implementación.

La nueva reglamentación acelera la puesta en marcha del sistema antimonopolio

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó este 12 de noviembre de 2025 el Decreto 803/2025, mediante el cual se modifica la reglamentación de la Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442, aprobada originalmente por el Decreto 480/2018.

El nuevo texto redefine los artículos 18 y 28 del reglamento, eliminando el período de transición previo a la operatividad del organismo y disponiendo que la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) —junto con el Tribunal de Defensa de la Competencia— comience a ejercer sus funciones de manera inmediata una vez constituida.

Esta decisión marca un cambio sustancial respecto del régimen anterior, que establecía un lapso de sesenta días antes del inicio de sus funciones. Según el decreto, la medida busca “evitar dilaciones en la puesta en marcha y operatividad de la Autoridad Nacional de la Competencia” y “garantizar la continuidad administrativa necesaria para proteger la libre competencia y el interés económico general”.

El decreto también establece que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) supervisarán el accionar del organismo, con obligación de publicidad y transparencia en todos sus actos vinculados a recursos, gastos, contrataciones y nombramientos de personal.

Un paso clave en la institucionalización del control de mercados

La Ley 27.442, sancionada en 2018, introdujo un esquema integral de prevención y sanción de conductas anticompetitivas, como acuerdos colusorios, abusos de posición dominante o concentraciones económicas que afecten el interés general. Su implementación plena, sin embargo, permanecía demorada por la falta de constitución formal de la Autoridad Nacional de la Competencia, prevista como un ente autárquico y descentralizado del Poder Ejecutivo.

Con el Decreto 803/2025, el Gobierno busca destrabar ese proceso institucional y consolidar la aplicación de una ley considerada estructural para el funcionamiento transparente de los mercados.

En su artículo 1°, el decreto sustituye completamente el texto del artículo 18 de la reglamentación anterior, disponiendo que la Autoridad se considerará legalmente constituida “con el nombramiento de su presidente, dos primeros vocales del Tribunal y los secretarios instructores de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas”, quienes iniciarán sus funciones inmediatamente.

Además, hasta tanto se reglamente el régimen laboral previsto por el artículo 18 de la Ley 27.442, el personal mantendrá las condiciones laborales vigentes. Esto garantiza continuidad operativa y estabilidad para los empleados en transición desde la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.

El artículo 2° del decreto también actualiza la reglamentación del artículo 28, reafirmando que el Tribunal de Defensa de la Competencia “comenzará a ejercer las funciones establecidas en la ley inmediatamente después de constituida la Autoridad Nacional”, y que deberá dictar su reglamento interno y las normas necesarias para su funcionamiento.

Proyección del cambio

La entrada en vigencia del Decreto 803/2025 implica un reordenamiento institucional relevante en la política de defensa de la competencia. Desde 2018, las funciones de control antimonopolio eran ejercidas en forma transitoria por la Secretaría de Comercio Interior, lo que limitaba la independencia del proceso y generaba críticas por la falta de autonomía técnica.

Con la constitución formal de la Autoridad Nacional de la Competencia, el Gobierno busca descentralizar la regulación del mercado, otorgando al nuevo ente capacidad sancionatoria y regulatoria propia, un elemento crucial en un contexto de reconfiguración estructural de la economía argentina.

El decreto señala explícitamente que esta medida “coadyuvará a la observancia de la libre competencia y la protección del interés económico general”, en línea con los objetivos de la Ley 27.442. En términos institucionales, representa un paso hacia la consolidación de un sistema moderno de control de mercado, comparable con los organismos antimonopolio de la Unión Europea o la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC).

Si bien el texto no define plazos concretos para los nombramientos, la designación de autoridades será determinante para la efectividad del cambio. La creación de una estructura autónoma permitirá monitorear operaciones de concentración económica, fusiones y adquisiciones, así como sancionar prácticas abusivas o colusorias entre empresas de distintos sectores estratégicos: energía, alimentos, telecomunicaciones y transporte, entre otros.

En términos económicos, la puesta en marcha del nuevo ente podría fortalecer la transparencia en la formación de precios, mejorar el clima de inversiones y otorgar previsibilidad a los mercados. A su vez, introduce un marco más estable para el control de fusiones empresarias y posiciones dominantes, temas sensibles en sectores con alta concentración.

Transparencia y rapidez institucional

La decisión del Poder Ejecutivo de acelerar la entrada en funciones de la Autoridad Nacional de la Competencia responde a un objetivo institucional de eficiencia y transparencia en la aplicación de la política de competencia.
El Decreto 803/2025 no crea nuevas estructuras, pero habilita su operatividad efectiva, cerrando una vacancia normativa de más de siete años desde la sanción de la Ley 27.442.

En un contexto de reformas estructurales, el fortalecimiento del marco antimonopolio constituye una señal de compromiso con las reglas de mercado, la protección del consumidor y la transparencia económica.

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El Poder Judicial de Misiones digitaliza el Fuero Penal con nuevas herramientas tecnológicas del SIGED

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El Poder Judicial de Misiones incorpora nuevas herramientas digitales para optimizar la gestión en el Fuero Penal. La implementación de la funcionalidad “Perfil de usuario no vinculado” y la digitalización de presentaciones de exención de prisión y excarcelación marcan un paso clave hacia la modernización del sistema judicial misionero.

Innovación judicial: digitalización en el fuero penal

El Poder Judicial de Misiones avanza en su proceso de transformación tecnológica con la incorporación de nuevas herramientas digitales dentro de la plataforma SIGED (Sistema de Gestión Electrónica de Documentos), específicamente destinadas al Fuero Penal.

Este martes, en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales, se presentó oficialmente el desarrollo denominado “Perfil de usuario no vinculado, presentación de Exención de Prisión y Excarcelación”, que permitirá agilizar la interacción entre la ciudadanía, la defensa y los organismos judiciales, mediante un acceso digital seguro y simplificado.

La actividad fue encabezada por el ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de enlace con el Fuero Penal, Juan Manuel Díaz, acompañado por Natalia Skeppstedt, responsable del Departamento Jurídico Informático de la Secretaría de Tecnología Informática (STI), y Daniel Viglianco, integrante del Gabinete Informático Jurisdiccional.

Participaron alrededor de 30 profesionales de manera presencial y representantes de las cinco circunscripciones judiciales vía Zoom. El encuentro constituyó la etapa de capacitación técnica para su puesta en marcha, prevista a partir del 1 de diciembre, luego de una fase piloto de prueba y validación funcional.

Un modelo de gestión abierto, participativo y transparente

Durante la presentación, el ministro Juan Manuel Díaz destacó que el nuevo desarrollo forma parte de un plan integral de modernización tecnológica del fuero penal, con un enfoque “abierto y participativo”, que involucra activamente a magistrados, funcionarios y personal técnico en la construcción de soluciones digitales para el sistema judicial.

“Creemos no solo en la capacidad demostrada por nuestros magistrados y funcionarios que llevan adelante el fuero penal, sino también en su potencial para transmitir ideas que signifiquen un aporte altamente valorativo al desarrollo de herramientas innovadoras”, expresó Díaz.

El ministro remarcó que la innovación judicial “no se limita al uso eficiente de la tecnología”, sino que implica también “derribar barreras en la gestión, desburocratizar procesos y acercar la justicia a la ciudadanía”, promoviendo una mayor accesibilidad y transparencia institucional.

Además, agradeció el trabajo conjunto de la presidenta del STJ y directora ejecutiva del Centro de Capacitación Judicial, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, y del ministro de enlace ante la Secretaría de Tecnología Informática, Cristian Marcelo Benítez, quienes acompañaron la ejecución técnica y metodológica del proyecto.

“El esfuerzo por legitimar nuestra función es parte esencial del desarrollo del Poder Judicial como institución. Este proceso de continuo fortalecimiento reafirma el valor de nuestra tarea y consolida los principios de transparencia y responsabilidad”, subrayó Díaz al cierre de su exposición.

Tecnología e institucionalidad: un cambio estructural

La Secretaría de Tecnología Informática (STI) del Poder Judicial de Misiones, a través de su equipo técnico y jurídico, viene implementando un proceso progresivo de digitalización en los distintos fueros. En el ámbito penal, la incorporación de esta nueva herramienta representa un salto cualitativo, ya que permitirá:

  • Optimizar los tiempos procesales en las presentaciones de exención de prisión y excarcelación.
  • Ampliar el acceso digital mediante el perfil de “usuario no vinculado”, garantizando que personas externas al sistema judicial puedan realizar gestiones con trazabilidad y seguridad.
  • Reducir la burocracia administrativa y los traslados físicos de documentación.
  • Fortalecer la trazabilidad de las actuaciones judiciales y la integridad de los expedientes electrónicos.

La implementación de la funcionalidad se inscribe en la política de modernización judicial impulsada por el STJ de Misiones, que busca integrar innovación tecnológica, gestión participativa y transparencia pública como pilares de su estrategia institucional.

De acuerdo con fuentes del organismo, la fase piloto permitirá evaluar la usabilidad del sistema, su interoperabilidad con otros módulos del SIGED y la capacitación continua de los usuarios finales antes de su despliegue completo.

Hacia una justicia más ágil y accesible

La experiencia del Poder Judicial de Misiones en materia de innovación digital se ha convertido en un modelo de referencia regional. La integración del expediente electrónico, las notificaciones digitales y las plataformas de gestión remota son parte de un ecosistema tecnológico en expansión que busca consolidar una justicia moderna, ágil y al servicio del ciudadano.

El nuevo módulo para el Fuero Penal representa un avance sustantivo en esa dirección, alineado con los estándares nacionales e internacionales en gobierno digital judicial y con la tendencia global hacia la despapelización y la eficiencia institucional.

La implementación plena del sistema a partir de diciembre fortalecerá la capacidad operativa de los juzgados penales y reducirá los tiempos de tramitación en instancias sensibles para la libertad de las personas, consolidando a Misiones como una de las provincias pioneras en innovación judicial.

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Policía de Misiones separó a dos suboficiales tras denuncias por delitos de instancia privada y causas federales

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La Policía de Misiones dispuso medidas disciplinarias inmediatas ante denuncias por delitos de instancia privada y causas federales.

La Jefatura de la Policía de Misiones resolvió separar preventivamente del servicio a dos suboficiales, tras denuncias judiciales por hechos de distinta naturaleza. En el primer caso, un sargento ayudante fue denunciado en San Ignacio por un presunto delito de instancia privada; en el segundo, un efectivo fue detenido por Gendarmería Nacional en el marco de una investigación federal vinculada a estupefacientes. Ambas medidas se enmarcan en los protocolos institucionales de control y transparencia que rigen en la fuerza.

Disponibilidad preventiva por denuncia en San Ignacio

El 27 de octubre, una joven de 18 años formalizó una denuncia en la Comisaría de la Mujer de San Ignacio, dependiente de la Unidad Regional XIII, por un presunto hecho de instancia privada.

Ante la presentación, la Policía de Misiones activó los protocolos de atención integral, que incluyeron asistencia psicológica, médica y asesoramiento jurídico a la denunciante.

En paralelo, la Jefatura de la Policía provincial dispuso el pase a disponibilidad preventiva del suboficial denunciado, un Sargento Ayudante, y ordenó la intervención inmediata de la Dirección de Asuntos Internos, para garantizar el debido proceso administrativo y judicial.

El hecho fue comunicado a la autoridad judicial competente, que instruyó la realización de pericias médicas y la recolección de pruebas. Por el momento, el efectivo permanece separado de sus funciones y a disposición de la Justicia, mientras se sustancia la investigación.

Desde la institución informaron que todos los elementos reunidos fueron puestos a disposición del Poder Judicial, en cumplimiento de los procedimientos internos de actuación frente a denuncias de carácter penal.

Separación del cargo en una causa judicial federal

En otro procedimiento, la Jefatura de Policía de Misiones resolvió el pase a disponibilidad inmediata y separación del cargo de un Suboficial detenido en el marco de una causa federal, vinculada a presuntas irregularidades en una investigación por estupefacientes.

El caso se originó el 29 de octubre, tras una denuncia formal presentada ante la Dirección General de Drogas Peligrosas, en la que un ciudadano advirtió sobre posibles irregularidades cometidas por el efectivo investigado.

En cumplimiento de los protocolos de transparencia y control institucional, la Jefatura informó de inmediato a la Justicia Federal. Remitiendo todos los antecedentes y elementos recabados.

Por disposición del magistrado interviniente, la Gendarmería Nacional ejecutó el procedimiento que derivó en la detención del suboficial. Mientras que la Dirección de Asuntos Internos inició las actuaciones administrativas correspondientes.

El efectivo permanecerá en situación de disponibilidad preventiva hasta que se determine su responsabilidad en sede judicial.

Transparencia y control institucional

Las decisiones adoptadas por la Jefatura de Policía se inscriben en la política de “tolerancia cero” ante conductas irregulares y en la aplicación estricta del Reglamento de Disciplina Policial. Que establece la separación preventiva de los agentes involucrados en causas penales, a fin de garantizar imparcialidad y preservar la integridad institucional.

En ambos casos, la fuerza reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas. Y la cooperación plena con la Justicia, tanto provincial como federal.

De esta manera, la Policía de Misiones busca sostener estándares de integridad y control interno. En línea con la política pública de fortalecimiento institucional y confianza ciudadana impulsada por el Gobierno provincial.

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