Desde el 1° de junio, el Gobierno de Misiones pondrá en marcha el programa Ahora Chacra, una nueva herramienta destinada a acompañar y fortalecer a los productores primarios y agropecuarios de la provincia, con reintegros del 20% en la compra de insumos esenciales para la actividad rural.
El anuncio fue realizado por el gobernador Hugo Passalacqua, quien explicó que el beneficio estará vigente todos los viernes y alcanzará a quienes utilicen tarjetas de débito de Banco Macro vinculadas a la cuenta de productor primario.
La iniciativa fue articulada entre los ministerios del Agro y de Hacienda, la Agencia Tributaria Misiones (ATM) y Banco Macro, con el objetivo de aliviar costos y sostener la actividad de sectores estratégicos como la producción yerbatera, tealera, tabacalera y otras economías regionales.
El programa establece que los reintegros se acreditarán únicamente en las cuentas donde los productores reciben los ingresos por la comercialización de su producción. Por eso, para acceder al beneficio será indispensable realizar la compra con la tarjeta de débito de Banco Macro asociada a esa cuenta bancaria específica.
El esquema prevé un reintegro del 20% sobre el monto de las compras realizadas en agroveterinarias y ferreterías adheridas de toda la provincia. El tope mensual de reintegro será de 100.000 pesos por tarjeta y por comercio, mientras que el límite de compra mensual alcanzará los 500.000 pesos.
Entre los productos incluidos figuran media sombras, plásticos, alambres, caños, grampas, biofertilizantes, biocontroladores, alimentos balanceados, sistemas de riego por goteo, mangueras, bombas, conectores, semillas certificadas, plantines, palas, tijeras, motoguadañas y carretillas, entre otros insumos fundamentales para la producción.
Desde los ministerios de Hacienda y Agro adelantaron que se impulsará una campaña de adhesión en ferreterías y agroveterinarias de todo el interior misionero para ampliar el alcance territorial del programa y garantizar que el beneficio llegue a la mayor cantidad posible de productores.
Además, remarcaron que las tarjetas alcanzadas serán exclusivamente aquellas vinculadas a cuentas de productor primario por venta de yerba mate, té, tabaco u otras actividades agropecuarias registradas, consolidando así una herramienta específicamente diseñada para el agro misionero.
Para acceder al beneficio, los productores deberán verificar en su perfil de la ATM que la tarjeta de débito de Banco Macro esté correctamente asociada a su cuenta de productor primario, condición indispensable para que el reintegro se aplique de manera automática.
Al presentar el programa, Passalacqua señaló que la medida responde al complejo contexto económico nacional y sostuvo que “invertir recursos provinciales para cuidar el bolsillo de quienes trabajan la tierra todos los días” es una decisión estratégica. “Para nosotros la mejor forma de decir es hacer, acompañamos el esfuerzo de nuestra familia productora para que Misiones siga creciendo”, afirmó.
En las próximas semanas, el Gobierno provincial brindará más precisiones sobre los comercios adheridos y sobre el procedimiento para que los productores puedan confirmar si cumplen con las condiciones necesarias para acceder al beneficio.
La batalla judicial contra la desregulación del mercado yerbatero entró en una nueva etapa: la del desgaste por el tiempo. Mientras productores, cooperativas y asociaciones reclaman la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 164 al 168 del DNU 70/2023 -norma que eliminó las principales facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)-, la Justicia Federal decidió no avanzar sobre el fondo del planteo y optó por fragmentar las causas según la competencia territorial.
La consecuencia práctica es inmediata: no hay definición sobre la medida cautelar solicitada para suspender los efectos del decreto y el esquema desregulado sigue plenamente vigente.
Los expedientes, patrocinados por el abogado José Federico Padolsky, buscaban que se declarara la nulidad e inaplicabilidad de los artículos cuestionados del DNU y también del Decreto 812/2025, que profundizó la reglamentación del nuevo régimen y consolidó la imposibilidad del INYM de fijar precios de referencia para la hoja verde y la yerba canchada.
En el expediente 2764/2026, promovido por Jorge Skripczuk (Impulso Yerbatero), Edgar Hein (Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones), Antonio Rodríguez Franza (Asociación de Productores Yerbateros y Tareferos del Alto Uruguay) y Hugo Sand (APAM), el Juzgado Federal de Posadas declaró su incompetencia territorial y ordenó remitir la causa al Juzgado Federal de Oberá, argumentando que los domicilios de las entidades actoras se encuentran fuera de su jurisdicción.
En paralelo, en la causa 2765/2026, iniciada por Salvador María Torres (Cooperativa Río Paraná) y Julio Alfredo Petterson (Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte), la Justicia resolvió dividir aún más el expediente: Torres deberá litigar en Oberá y Petterson en Puerto Iguazú.
La Fiscalía Federal acompañó ese criterio y sostuvo que, aunque corresponde la jurisdicción federal, Posadas no sería territorialmente competente conforme a los artículos 4 y 5 del Código Procesal Civil y Comercial.
Pero el principal cuestionamiento no pasa sólo por el cambio de tribunal. Los productores habían solicitado una medida cautelar urgente para suspender la aplicación de los artículos del DNU 70/23 y del Decreto 812/2025 hasta que exista sentencia definitiva.
Sin embargo, el juzgado evitó pronunciarse sobre esa medida y resolvió primero la incompetencia. Para la parte actora, eso constituye una “verdadera denegación de justicia”.
En la apelación presentada, Padolsky sostiene que “aun en el hipotético caso de admitirse la declinatoria de competencia”, el juzgado debía resolver primero la cautelar, ya que existe una situación de urgencia manifiesta y la omisión deja a los productores sin protección frente a un régimen que ya está generando consecuencias económicas graves y de difícil reparación ulterior.
La presentación agrega que remitir el expediente sin tratar la cautelar implica “una postergación indefinida de la tutela solicitada”, desnaturalizando el instituto preventivo y consolidando de hecho el nuevo régimen impuesto por Nación.
El argumento de fondo: el juez ya había prevenido
La apelación también cuestiona la declaración de incompetencia por considerar que viola los principios de prevención, conexidad procesal y economía judicial.
Según los productores, el mismo Juzgado Federal de Posadas ya había intervenido previamente en la causa Gertel (Expte. 174/2024), vinculada al mismo conflicto yerbatero, donde incluso dictó medidas cautelares y ordenó la reconducción procesal hacia la actual acción declarativa de inconstitucionalidad.
Por eso sostienen que existía una “prevención” consolidada: el tribunal ya conocía el caso, sus antecedentes, su plataforma jurídica y los efectos concretos de la desregulación.
“Fragmentar el conocimiento jurisdiccional genera riesgo cierto de decisiones contradictorias”, advierte la apelación.
En uno de los escritos incorporados al expediente, los actores además presentaron como “hecho nuevo” una entrevista periodística donde un representante de la industria dentro del directorio del INYM reconoció que “el INYM cambió su naturaleza a partir del decreto 70/2023, y después reforzado con el decreto 812”.
Ese reconocimiento fue utilizado como prueba adicional para reforzar la verosimilitud del derecho invocado, ya que confirma que el organismo quedó impedido de cumplir funciones esenciales como la fijación de precios de referencia.
Para los demandantes, esto prueba que el DNU no fue una mera reforma administrativa sino una alteración sustancial del régimen legal previsto por la Ley 25.564.
Mientras la Cámara Federal analiza las apelaciones, el problema central sigue siendo político y económico: cada semana sin cautelar consolida la desregulación.
Sin precio sostén, con un mercado completamente liberado y con la industria pagando valores muy por debajo de los costos de producción denunciados por los productores, el litigio judicial empieza a convertirse también en una carrera contra el reloj.
El Gobierno nacional dejó una definición contundente sobre el conflicto yerbatero: no habrá regreso a la regulación de precios, no se prevén medidas extraordinarias para sostener a pequeños y medianos productores y la salida financiera para la industria deberá buscarse en el sistema privado.
La postura fue explicitada en las respuestas oficiales elevadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados, donde defendió el modelo de desregulación aplicado tras el DNU 70/23 y los decretos reglamentarios que limitaron las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
“La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informa que el sector ha ingresado en una fase de sinceramiento y recuperación”, sostiene la respuesta oficial, apoyándose en los datos del propio INYM. Según el Gobierno, la salida de molino con destino al mercado interno en 2025 alcanzó las 266.834 toneladas, un 3,11% más que las 258.790 toneladas de 2024.Sin embargo, ese mismo dato contrasta con la evolución del mercado: entre 2023 y 2025, las ventas en el mercado interno pasaron de 285,3 millones de kilos a 266,8 millones, lo que representa una caída acumulada del 7,1%.
“No intervención” y defensa del libre mercado
La Casa Rosada sostiene que la desregulación permitió corregir distorsiones históricas y liberar a la industria de un sistema que, según su visión, producía para acumular stock y no para vender.
“Esto demuestra que la desregulación permitió a la industria movilizar sus elevados stocks acumulados para satisfacer una demanda creciente, eliminando la ineficiencia de producir solo para stockearse bajo precios artificiales”, respondió Agricultura.
Además, el Gobierno ratificó que el INYM ya no tiene herramientas legales para fijar precios mínimos.
“Bajo este nuevo paradigma de libertad de mercado, el INYM no cuenta con facultades legales para intervenir en la fijación de precios mínimos”, afirmó la respuesta enviada al Congreso.
La conclusión oficial es directa: “No se adoptaron medidas de corrección porque la ‘no intervención’ ha permitido alcanzar indicadores récord que el modelo regulado nunca logró”.
Nación no asistirá a los pequeños productores
Uno de los puntos más sensibles fue la consulta sobre los productores medianos -establecimientos de 30 a 40 hectáreas con contratación de mano de obra y fuerte exposición a los costos- y qué políticas específicas se aplicarán para evitar su desaparición. La respuesta fue que la rentabilidad no vendrá por asistencia estatal sino por competitividad.
“El respaldo se completa con la mejora del 14,9% en el valor de las ventas externas, el acceso a crédito productivo (Línea BNA Agroactiva) y la continuidad del Programa Intercosecha, garantizando rentabilidad basada en la eficiencia y no en el asistencialismo estatal”, señaló Agricultura.
Es decir: el Gobierno no prevé un esquema diferencial para sostener a los productores más chicos ni mecanismos de compensación frente a la caída del precio de la hoja verde. La apuesta oficial es que el crecimiento exportador y la apertura del mercado permitan que los productores se adapten a la nueva lógica competitiva.
La industria deberá financiarse con deuda nueva
Frente a otra consulta sobre las pérdidas estimadas en $276.000 millones por parte de los productores y el crecimiento de 53 por ciento de la deuda de los principales molinos, el Ejecutivo tampoco anunció herramientas específicas de rescate.
La respuesta oficial fue que existen líneas de financiamiento generales, como la Línea BNA Agroactiva 2025, con tasas bonificadas para maquinaria agrícola.
“Financiamiento: para acompañar este proceso, se encuentran vigentes líneas como la Línea BNA Agroactiva 2025, con tasas bonificadas para maquinaria agrícola, fomentando la inversión genuina”, respondió Adorni.
La señal política es clara: no habrá salvataje sectorial. La industria deberá buscar capital de trabajo y refinanciación en el crédito privado, es decir, tomar nueva deuda para sostener la operatoria.
A pesar de que productores denuncian que la hoja verde se paga entre 180 y 240 pesos por kilo -por debajo de los costos de producción estimados-, la respuesta oficial sostiene que el mercado “se autorregula” y que los indicadores demuestran rentabilidad.
“El mercado yerbatero ha demostrado una notable capacidad de autorregulación, lo que invalida los argumentos a favor de la intervención estatal”, respondió el jefe de Gabinete de Javier Milei.
Incluso, el Ejecutivo afirma que “el mercado libre reconoce el valor de la producción y cubre los costos operativos mediante el dinamismo comercial y la reducción de stocks excedentes”.
En esa lógica, la crisis denunciada desde Misiones no sería consecuencia de la desregulación, sino parte de una transición hacia un sistema más eficiente, exportador y menos dependiente del Estado.
La posición nacional choca de frente con el diagnóstico de productores, cooperativas y del propio Gobierno de Misiones, que vienen reclamando un precio de referencia para la hoja verde y una recuperación de herramientas regulatorias para evitar el deterioro del ingreso primario. Para la Nación, la solución pasa por exportar más, tomar crédito y ganar eficiencia. Para los productores, el problema sigue siendo el mismo: vender por debajo del costo.
Orlando Stvass, vicepresidente de la cooperativa Agrícola de Colonia Liebig, cuya principal marca comercial es Playadito, sorprendió al avalar que el Instituto Nacional de la Yerba Mate sugiera un precio de referencia, aunque no sea obligatoria, medida que fue rechazada por el resto de la industria y por el presidente del organismo, el libertario Rodrigo Correa. La voz de Stvass tiene peso específico: Playadito es hoy la yerba más vendida dentro de la Argentina. El ejecutivo planteó un diagnóstico crítico sobre la situación del mercado yerbatero: “la sobreoferta de materia prima y la debilidad del consumo están presionando a la baja los precios al productor y no se prevén mejoras en el corto plazo”.
En una entrevista radial en La Red Rural, el referente de la firma que comercializa la marca Playadito describió un escenario de cambio abrupto respecto a años anteriores. “Hoy el mercado está sobreofrecido y eso tira todo para atrás”, explicó, al tiempo que vinculó la situación con el aumento de plantaciones en Misiones y Corrientes y una demanda que no logró expandirse al mismo ritmo.
“Comparto que el productor está en una situación difícil, pero la realidad de todo esto es que hubo una oferta enorme. En su momento, con el pleno auge que tuvo la yerba, con eso del ‘oro verde’, vinieron muchos inversores a la zona y muchas plantaciones nuevas”, señaló.
“Corrientes y Misiones plantaron cincuenta y cinco mil hectáreas nuevas, toda alta densidad, alta producción, y el mercado está sobreofrecido. Cuando el mercado está sobreofrecido genera esta situación“, apuntó.
“La única solución hoy es que haya algún factor climático, que es lo que pasó anteriormente: hubo tres o cuatro años de sequía y eso fue lo que realmente cambió la situación. Ahí el productor tenía todo el poder para defender el precio”, advirtió.
El rol del INYM en un mercado tensionado
Stvass se refirió al funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en medio de cuestionamientos de productores por la falta de regulación efectiva.
Según su visión, el organismo “es una herramienta fundamental” para ordenar el sector, aunque señaló que no logró cumplir plenamente su función de promoción y desarrollo del mercado. En particular, planteó que el instituto debe fijar precios de referencia y fortalecer la estadística y el control de producción, pero advirtió sobre las limitaciones de imponer valores en un contexto de exceso de oferta.
“No me metería en el tema de regular precio, porque el Instituto lo que tiene que fijar es un precio de referencia. Ahí es donde está la competencia del productor. No es bueno en ningún lado fijar un precio por ley. Porque si te falta materia prima, se paga sobre el precio que fija el Instituto. Y cuando sobra materia prima, hay todo un artilugio para no pagar ese precio. El Instituto tiene que cumplir sus funciones: marcar un precio de referencia, hacer la estadística, la promoción, el desarrollo y el control de producción”, describió.
El planteo introduce una tensión con el resto de la industria y la política económica del presidente Javier Milei, que a través del DNU 70/23 le quitó al INYM todas las facultades de regulación de precios y de producción.
“Decime qué herramienta puede tener el gobierno nacional o provincial para solucionar un tema de sobreoferta. Nos gustaría que la soja valga 600 dólares, que el maíz valga 300 o 400 dólares, pero cuando tenés un commodity, el mercado te marca el piso y el techo. Yo entiendo a todos los productores, yo soy productor también y a mí me gustaría que la yerba valga por lo menos lo que cubra los costos de producción hoy, pero no se está dando por la sobreoferta”.
El eje del problema, de acuerdo al diagnóstico, es el incremento de la producción. Stvass indicó que se incorporaron unas 55.000 hectáreas nuevas en la región, lo que derivó en un excedente de materia prima.
Ese cambio de escenario generó: dificultades para absorber toda la cosecha (parte no se levantó el año pasado y ahora está sucediendo lo mismo en Misiones), presión a la baja sobre el precio pagado al productor y reducción de márgenes en toda la cadena.
En paralelo, la industria ajustó su estrategia. Según lo informado, se aplicaron bajas de entre 20% y 25% en precios de góndola en años recientes y se redujeron márgenes operativos para sostener la comercialización.
El consumo interno, sin embargo, “no bajó”, aunque se registró una absorción de stocks acumulados en mayoristas y supermercados, lo que también impactó en la dinámica del mercado.
Productores presionan, pero el mercado fija límites
El conflicto expone una puja interna dentro de la cadena yerbatera. Por un lado, productores -especialmente los no integrados- reclaman mejores precios. Por otro, las cooperativas y la industria advierten que el margen de maniobra es limitado.
Stvass, en su doble rol de productor e industrial, reconoció la situación social del sector, pero sostuvo que el problema excede la capacidad de intervención directa. “Cuando hay sobreoferta, el mercado marca el piso y el techo”, planteó.
El escenario descrito combina varios factores económicos: caída del precio de la materia prima. Incremento de costos operativos (energía, impuestos). Endeudamiento elevado en la industria.
Según el dirigente, gran parte de las industrias del sector enfrenta niveles altos de deuda, en un contexto donde anteriormente debían pagar precios elevados por la hoja verde para asegurar abastecimiento. “El productor tenía todo el poder y no te entregaba la materia prima si no pagabas de contado. “Después cambió la política nacional, se cortó la expectativa de suba permanente y los mayoristas empezaron a consumir el sobrestock que tenían. Eso generó una contracción de todo el mercado”, precisó.
A esto se suma el impacto impositivo. Entre las medidas sugeridas, mencionó la necesidad de revisar tributos como Ingresos Brutos y el impuesto al cheque, además de avanzar en un fondo anticíclico para amortiguar crisis de sobreproducción.
El núcleo del problema se concentra en Misiones y Corrientes, donde se expandió la superficie cultivada. La sobreoferta impacta de manera directa en las economías regionales, especialmente en pequeños productores que no están integrados a estructuras cooperativas o industriales.
En ese contexto, las cooperativas aparecen como actores con mayor capacidad de amortiguar la crisis, al capturar valor en toda la cadena productiva.
El corto plazo aparece condicionado por factores que no dependen exclusivamente de decisiones internas del sector. Stvass señaló dos posibles vías de ajuste: un evento climático que reduzca la producción, como ocurrió en años de sequía, o la apertura o consolidación de nuevos mercados de exportación.
También dejó abierta la necesidad de intervención estatal, aunque con herramientas indirectas, como alivio fiscal o instrumentos financieros.
Mientras tanto, el sector transita un período de reacomodamiento, con reuniones entre actores para sostener a los productores más afectados y evitar una salida masiva del sistema.
En medio de un escenario de protestas, reclamos por precios y advertencias de una “crisis terminal” en el sector yerbatero, el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Rodrigo Correa, trazó una lectura diametralmente distinta: negó que se trate de una crisis estructural y sostuvo que la actividad atraviesa una transición derivada de la desregulación.
“Hay un cambio de modelo (…) la desregulación trajo buenas noticias, como por ejemplo, el frente exportadores creció, tuvo récord, el consumo interno se estabilizó (…) pero hay variables que se están corrigiendo”, señaló en una entrevista concedida a Radio Rivadavia. Sin embargo, los datos no convalidan esa tesis. Si bien hubo un récord de exportaciones, el consumo interno está por debajo de 2023, el último año con el mercado regulado, que cerró con 285.430.373 de kilos, el volumen más alto de la historia. El año pasado se vendieron en el mercado interno 266 millones de kilos.
Lejos de convalidar el diagnóstico de los productores, Correa encuadró el momento actual como un proceso de ajuste tras años de intervención estatal.
El funcionario apuntó directamente al esquema previo de regulación de precios como origen de los desequilibrios actuales.
“Venimos de un proceso de intervención estatal (…) donde el Estado intervenía mediante la fijación de un precio. Eso trajo a colación que muchos oportunistas se metieran en el rubro porque el Estado les garantizaba una rentabilidad”, argumentó.
Según su mirada, esa lógica distorsionó el mercado. “Eso benefició a algunos y a la gran mayoría de los argentinos le trajo un perjuicio, sobre todo al productor genuino (…) porque eso trajo sobreproducción de yerba mate”.
Correa detalló que “del 2016 al 2025 crecieron casi un 40% de las superficies implantadas de yerba mate. Eso denota el oportunismo”. Ante esa expansión el INYM había emitido la resolución 170, que limitaba las nuevas plantaciones a cinco hectáreas por productor, pero las grandes industrias, de Corrientes y de Misiones lograron que la Justicia frene esa medida.
Correa en cambio, sin identificar actores puntuales, remarcó que las nuevas plantaciones pertenecen a “nuevos jugadores” atraídos por un negocio con rentabilidad asegurada.
Correa defendió el nuevo esquema sin intervención estatal, donde los valores se determinan entre privados. “Estamos en un modelo que se rige por oferta y demanda y ahí se establecen los precios”, resaltó en defensa del DNU presidencial que provocó un desplome del valor de la hoja verde, que se paga hoy menos que hace dos años.
Y fue enfático respecto al rol del organismo: “EI Instituto hoy no cuenta con facultades para intervenir en los precios (…) y yo como representante del Ejecutivo nacional apoyo esa idea”.
Para el titular del INYM, la caída del precio de la hoja verde responde a un reacomodamiento tras la sobreoferta generada en años previos.
“Cuando las cosas iban bien, no se quejaron y hoy día (…) al establecer los precios entre privados hay resistencia y la distribución se modificó”, remarcó.
En respuesta a los reclamos de los sectores productivos, Correa también relativizó la dimensión del universo afectado. “Tenemos registrados productores por 14.200, pero en los últimos 6 años entregaron hoja verde 9.200 (…) pequeños productores no tenemos más de 5.000”, criticó.
“Cuando digo pequeños productores, digo productores que van de 5 hasta 10 hectáreas (…) y hasta 15 hectáreas”, diferenció.
En línea con la política de desregulación que emana del Gobierno, el presidente del INYM planteó que la solución pasa por expandir el consumo. “La solución acá es trabajar en la demanda de producto, es aumentar la demanda”.
Y vinculó directamente la desregulación con un cambio en la estructura comercial. “Históricamente las exportaciones representaban un 10% (…) hoy representan cercano al 20% a dos años de implementación”.
“Eso nos está mostrando el camino por donde debemos encauzar esta situación”, aseguró. Sin embargo, las principales industrias advierten que el aumento de las exportaciones no es sinónimo de rentabilidad, afectada por la suba de tarifas y el combustible. De hecho, Argentina exporta a un valor menor por tonelada que Brasil, el principal competidor global.
Correa planteó que el futuro del sector no pasa sólo por el consumo tradicional, sino que “tenemos que ir detrás de las necesidades del mundo y abrir otros rubros como el energizante, cosmético, farmacéutico”.
En paralelo, propuso una transformación del rol del productor que “tiene que integrar todo el ciclo productivo y eso se está dando con pequeñas marcas”.
Sobre el debate por los costos, cuestionó los esquemas homogéneos: “Hay una resolución (…) que establece una única modal productiva y eso es lo que nos oponemos (…) debería haber tantas modalidades productivas como productores haya”.
Para Correa, la eficiencia individual será clave en los nuevos tiempos de la yerba. “Va a depender el costo real de cuán eficiente es cada productor”.
Finalmente, el titular del INYM dejó en claro que no espera soluciones inmediatas: “Acá no hay soluciones de la noche a la mañana. Acá es trabajo y tenemos que incrementar la demanda”.
