Todos los fuegos el fuego
El fuego, implacable, arrasa con todo a su paso. Destruye en minutos años de esfuerzo en una plantación o invaluables riquezas de la biodiversidad que tardarán mucho más en recuperarse. Se asiste a su hipnótico avance y, casi siempre, se reacciona en consecuencia, cuando el daño ya está hecho. En lo que va del año en la Argentina se quemaron 1.080.846,98 hectáreas, el equivalente a un tercio de la provincia de Misiones. Hasta esta semana aciaga, la tierra colorada, con todos sus montes, se mantenía casi indemne. Ahora acumula 1.731,75 hectáreas quemadas en el año, según el reporte nacional. Poco en el contexto, mucho para la biodiversidad. Córdoba lidera el ranking negro con 326.800,22 hectáreas arrasadas y Entre Ríos suma otras 309.460 hectáreas quemadas.
Durante esta semana caliente, hubo 1005 focos de incendios en Misiones, la mayoría concentrada en el departamento San Ignacio -249 focos- y en San Pedro -159 focos-, donde la reserva de la Biósfera de Yabotí y el famoso lote 8 fueron alcanzados por llamas descontroladas. Hasta el jueves por la tarde guardaparques realizaron procedimientos en distintos puntos de la provincia para sofocar los últimos puntos de fuego que resistieron a la bendita lluvia. En Andresito hubo multas y se secuestraron motosierras y herramientas usadas en los rozados prohibidos.
El Instituto Misionero de la Biodiversidad advirtió que estuvieron -están- en riesgo de desaparecer 25 especies en peligro de extinción por los fuegos que se desataron en la reserva de Yabotí.
Al fuego, en algún momento, se lo apaga, pero poco y nada se hace para que no se prenda. Y las sequías seguirán con igual o mayor intensidad al ritmo del cambio climático.
La reacción y la indignación aparecen recién cuando se ven las imágenes de las llamas. Entre 2019 y este interminable 2020, incendios en Australia, incendios en California, incendios en Amazonas. Incendios en la Argentina.
El fuego en el pulmón verde del mundo representó el primer chispazo entre el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden y el desbocado capitán Jair Bolsonaro, que amenazó a duelo a la potencia militar del norte: “Cuando acabar a saliva tem que ter pólvora”, disparó el brasileño ante la advertencia de sanciones económicas si no protegía el Amazonas.
En el Brasil de Bolsonaro este año aumentó 85 por ciento la deforestación, el equivalente a 9.166 kilómetros cuadrados, siempre para expandir las fronteras agrarias hasta más allá de los límites imaginables. Desde su llegada al poder, Bolsonaro desmanteló organismos de protección ambiental y redujo las multas al mínimo.
A mil kilómetros del monte misionero, pero casi sin prensa ni ninguna condena mundial, el Pantanal del Mato Grosso nunca se quemó tanto.
Según el Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales, 32.910 kilómetros cuadrados fueron afectados por el fuego, lo que equivale al 22 por ciento del famoso Pantanal que se extiende hasta Bolivia y Paraguay. Los 32.910 kilómetros cuadrados son una superficie superior a la de toda Misiones.
Allá, como acá, el fuego se inicia generalmente por “causas antrópicas”: negligencia, fogón mal apagado o fuegos intencionales para deforestar. Allá como acá, hay escasas sanciones reales que eviten los fuegos o tengan un efecto disuasivo a los infractores.
Misiones es vanguardia en leyes y organismos ambientales. Sumó este año al único ministerio de Cambio Climático de América Latina. Pero, como todo el país, carece de herramientas severas para combatir el daño ambiental. Argentina, desde María Julia en adelante, nunca se tomó demasiado en serio la protección y los recursos siempre son escasos en proporción a la demanda.
Las experiencias de preservación y recreación de la naturaleza son, esencialmente privadas y cuentan con poco y nada de recursos estatales. Conservation Land Trust en Corrientes, el Impenetrable chaqueño y la Patagonia y un puñado de chacras en Misiones, como Rubichana y San Sebastián de la Selva, son algunos casos de éxito. El rewilding va desde la reintroducción de especies animales como el yaguareté en Corrientes a la reforestación de bosques nativos en Misiones.
El peso de la ley
“Vamos a ser inflexibles”, repitió el gobernador Oscar Herrera Ahuad en relación con los dos responsables identificados de los focos de incendios que serán acusados por el delito de estragos, que tiene como castigo la pena de prisión de uno a cuatro años. El Gobernador estuvo a la cabeza de los operativos de lucha contra el fuego, junto al ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, el de Ecología, Mario Vialey y el de Salud, Oscar Alarcón.
Dos hombres, de 31 y 19 años, ambos indocumentados y residentes de Colonia Pepirí de El Soberbio, fueron identificados por la policía como los presuntos responsables del inicio del incendio en la reserva.
Dos hombres. Mil focos. A los responsables, identificados y denunciados, les caben “sumarios y multas”, señaló el ministro de Ecología, Mario Vialey.
Pero las multas son mínimas en comparación con el daño causado y generalmente, los que se identifican como causantes no son siquiera dueños de la tierra.
“Hoy estos incendios en Yabotí se sospecha que fueron intencionales y todo el mundo apunta a dos personas que ocuparon las tierras ilegalmente y en su momento estuvieron respaldadas políticamente”, explicó a Economis, Silvio Contreras, abogado de Juan Alberto S.A, que representa a la familia Harriet.
“Al parecer los que comenzaron el incendio serían dos ocupantes del predio que habrían querido hacer un rozado con fuego. Son los que habían sido desalojados del lugar con un operativo policial meses atrás”, incluso “les habían encontrado armas de fuego”, precisó Contreras.
Las multas, según la ley de Manejo del Fuego a la que adhirió Misiones, van de uno a 50 sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional, clausura de establecimientos, pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios. Un sueldo básico para la administración nacional está entre 45 y 55 mil pesos, según el convenio colectivo. La máxima sanción sería de 2.250.000 pesos.
La ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para control de actividades de quema es un poco más severa: las multas van de 50 a diez mil sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional. La sanción máxima sería de más de 500.000.000 de pesos.
Para avanzar un poco más allá hacen falta reformas en el Código Penal que desde hace años se discuten pero no se tratan.
Hasta ahora se aplica la ley de áreas naturales protegidas y la ley de ordenamiento de bosques nativos y eventualmente se puede aplicar la ley general de Ambiente, pero depende de la interpretación del momento, señaló Verónica Derna, abogada y ex ministra de Ecología de Misiones.
La actual funcionaria de la Nación admite la necesidad de contar con normas específicas para combatir los delitos ambientales dentro del Código Penal. Misiones logró que se incorpore la tala de bosque nativo como delito en una condena pero nunca avanzó la reforma en el Congreso. Este año el ministerio de Ambiente que conduce Juan Cabandié, pidió el proyecto para reflotarlo. Ante el vacío, Misiones planteaba la tala como robo para que sea un delito penal. Para el fuego no hay normativa específica.
“Todo daño genera dos respuestas. Una es la civil y ambiental y la otra la penal y ambiental. La respuesta penal puede ser un delito si hay víctimas u otro si es estrago. Pero son mínimos, no son importantes”, explica Leonardo Villafañe, doctor en Derecho y Magister en Administración de Justicia.
“Acá lo importante es la recomposición del ambiente desde la perspectiva del daño ambiental, desde lo civil, que está en el Código Civil, la Constitución y la ley de Ambiente: el responsable deberá hacerse cargo de la recomposición del ambiente dañado, es decir volver las cosas al estado anterior. Cuando no puede volver las cosas al estado anterior, como en el caso del bosque nativo, debe reparar en especies y eventualmente en dinero. Esto es lo que correspondería. La sanción penal está muy verde, si se me permite el término, no avanza, no prevé sanciones fuertes. Un Código Penal en materia ambiental debe contener sanciones fuertes, porque eso es lo que asusta al que tiene dinero, le asusta ir a la cárcel, la plata no le asusta. Lo mismo pasa con el que atropella un animal en la ruta, no hay que mirar sólo desde el punto de vista penal, sino desde la perspectiva civil, pero nadie lo mira desde ahí”, explicó.
En otras palabras, nadie va preso.
El uso del suelo
El Senado se apresta a aprobar una ley clave para la protección ambiental. Se trata de una norma que prohíbe la modificación del uso del suelo de una zona incendiada, así sea de modo accidental o deliberada. La ley, firmada por el misionero Ricardo Wellbach, entre otros, prohíbe por 60 años realizar modificaciones en el uso y destino que las superficies poseían con anterioridad al incendio. También se frena la división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares.
En la misma línea, prohíbe la venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento, de tierras fiscales; y cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio.
La iniciativa, muy similar a la de otros país que buscaron proteger sus ecosistemas, establece que la prohibición podrá ser extendida si así lo indicase el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la jurisdicción correspondiente.
Asimismo, marca que en caso de incendios, provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, se prohíbe por 30 años la realización de emprendimientos inmobiliarios y cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio.
También frena la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas de agricultura intensiva, excepto en los casos que dichas prácticas antecedan al evento. Pero nuevamente, aunque revolucionaria, el proyecto que tiene media sanción de Diputados, actúa sobre las consecuencias y no sobre la prevención, aunque se desaliente la especulación inmobiliaria. Sigue faltando una legislación que sancione al responsable.
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