El gobernador Juan Pablo Valdés confirmó en Estados Unidos el desembarco de Central Puerto con una inversión de USD 40 millones para construir un mega aserradero en el Parque Industrial de Santa Rosa, y en paralelo abrió un frente político con el Gobierno nacional: pidió modificar el piso de acceso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La doble jugada —captar capital y cuestionar el diseño del régimen— instala una pregunta de fondo: ¿Corrientes busca consolidarse como polo forestal o tensionar las reglas del esquema de inversiones que impulsa la Casa Rosada?

El anuncio se dio tras la participación de la delegación correntina en foros internacionales y reuniones con el sector energético y el equipo económico nacional. El dato central no es solo el monto, sino el timing: la provincia busca acelerar obras durante este año bajo un marco legal que combina beneficios provinciales por 15 años y estabilidad fiscal nacional por 30 años.

El “modelo Corrientes” como plataforma institucional

La inversión se apoyará en la ley provincial 5470, que garantiza exenciones impositivas y seguridad jurídica. En términos políticos, Valdés intenta consolidar un esquema propio de atracción de inversiones, articulado con la adhesión al RIGI, pero con capacidad de negociación sobre sus condiciones.

El proyecto de Central Puerto no es aislado. La compañía ya controla más de 160.000 hectáreas en la región tras la adquisición de activos de Masisa y EVASA. La nueva planta buscará industrializar madera sólida con destino exportador y, en paralelo, generar energía a partir de biomasa. Esa integración productiva traduce un objetivo estratégico: agregar valor en origen y reducir la dependencia de exportaciones primarias.

El Parque Industrial de Santa Rosa aparece como nodo central de esa estrategia. Allí, la provincia despliega infraestructura dentro de un esquema más amplio que incluye 18 parques industriales, diseñados para captar inversiones con mayor componente tecnológico.

En ese marco, el planteo ante el ministro de Economía, Luis Caputo, introduce una dimensión política adicional. El pedido de bajar el umbral de USD 200 millones del RIGI apunta a que sectores como el forestal, el arrocero y el ganadero —con inversiones de menor escala relativa— puedan acceder a los beneficios del régimen.

Inversión, PyMEs y disputa por el alcance del RIGI

El desembarco de Central Puerto fortalece la narrativa oficial de Corrientes como destino competitivo para capitales productivos. La provincia gana volumen en un sector donde ya exhibe liderazgo en generación de energía por biomasa, con 100 MW instalados.

Sin embargo, la clave no está solo en la llegada de grandes jugadores. Desde el sector privado advierten que el impacto real dependerá de la integración con las PyMEs locales. La propuesta de crear un “Punto Verde” para gestionar exportaciones en origen refleja esa preocupación: reducir costos logísticos y evitar que el valor agregado se diluya fuera de la provincia.

En términos de correlación de fuerzas, el movimiento posiciona a Corrientes como interlocutor activo frente al Gobierno nacional en materia de política productiva. Mientras la Nación impulsa el RIGI como herramienta macro para atraer inversiones, la provincia plantea ajustes que contemplen las particularidades de las economías regionales.

El equilibrio es delicado. Acompañar el régimen, pero discutir su diseño. Captar inversiones, pero exigir reglas más flexibles.

Un tablero abierto entre desarrollo y regulación

La confirmación de la inversión abre un escenario de ejecución. El inicio de obras previsto para este año será el primer test de la capacidad provincial para transformar anuncios en actividad económica concreta.

Al mismo tiempo, la discusión sobre el RIGI recién comienza. Si el Gobierno nacional mantiene el piso de USD 200 millones, muchos proyectos regionales quedarán fuera del esquema. Si lo modifica, el régimen podría ampliarse, pero también cambiar su lógica original.

En ese cruce se jugará parte de la estrategia de desarrollo del interior productivo. Corrientes ya movió ficha: aseguró un desembarco relevante y planteó condiciones. Resta ver si el esquema nacional se adapta o si la tensión entre diseño macro y necesidades regionales se profundiza.